Sentencia 15578 de junio 14 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación 66001-23-31-000-2003-000781-01-15578

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Federico Alberto Botero Gaviria

C./Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Impuesto ventas - 4º bimestre de 1999

Fallo

Bogotá, D.C., catorce de junio de dos mil siete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación del demandante el problema jurídico que debe resolver la Sala es si la declaración del impuesto sobre las ventas presentada por el cuarto bimestre de 1999 se encuentra en firme, como consecuencia de haber operado el beneficio especial de auditoría consagrado en el artículo 4º de la Ley 633 de 2000.

La sustentación del recurso de apelación se centra en los reiterados pronunciamientos por los cuales en casos similares se accede a dar aplicación al beneficio de auditoría para la declaración del impuesto sobre las ventas que queda en firme si transcurrido un año no se ha proferido liquidación oficial. Sin embargo, el demandante no da ningún dato para verificar su afirmación, máxime cuando por el contrario, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala en considerar que el beneficio especial de auditoría consagrado en el artículo 4º de la Ley 633 de 2000 no aplica al impuesto sobre las ventas (1) .

En efecto, no obstante el demandante en la apelación se refiere al término de un año de firmeza, que es propio de otra clase de beneficio de auditoría (2) , lo cierto es que ha solicitado la aplicación del beneficio especial de auditoría referente a la repatriación de activos, consagrado en el citado artículo 4º ibídem los siguientes términos:

“ART. 4º—Las liquidaciones privadas de los años gravables 2000 y anteriores de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que incluyan en su declaración correspondiente al año gravable 2000, activos representados en moneda extranjera, poseídos en el exterior a 31 de diciembre del año 1999 y no declarados, quedarán en firme dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de presentación de la declaración del año 2000, en relación con la posible renta por diferencia patrimonial, con la adición de ingresos correspondientes a tales bienes y a los ingresos que les dieron origen, siempre y cuando no se haya notificado requerimiento especial en relación con ingresos diferentes o los originados por comparación patrimonial y se cumpla con las siguientes condiciones:

(...).

Cumplidos los supuestos señalados en el presente artículo y en firme las liquidaciones privadas en relación con los conceptos señalados en el inciso primero de este artículo, el contribuyente no podrá ser objeto de investigaciones ni sanciones cambiarias, por infracciones derivadas de divisas que estuvieren en el exterior antes del primero de agosto del año 2000, siempre y cuando a la fecha de vigencia de esta ley no se hubiere notificado pliego de cargos respecto de tales infracciones” (negrillas de la Sala).

Esta norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional siguiendo el criterio de que este tipo de medidas viola el principio de igualdad ante las cargas públicas y la equidad tributaria. Consideró que la única justificación de la amnistía tributaria era la calidad de moroso del contribuyente beneficiario “porque el contribuyente entró en mora desde el momento en que debió declarar dichos activos y no lo hizo, luego, en virtud de una norma posterior, se le autoriza “legalizar” estas partidas y como contraprestación, como ya se dijo, se disminuye el impuesto a la renta al 2% y la sanción por omisión de activos al 1%, colocándolo en una situación privilegiada frente al contribuyente cumplido, que canceló oportunamente el impuesto a cargo sometiéndose a tarifas más altas” (3) .

Sin embargo aclaró que la inexequibilidad no tenía efectos retroactivos, ya que en desarrollo del principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 superior, no podían afectarse situaciones jurídicas consolidadas, de aquellos contribuyentes que se acogieron a lo dispuesto en la norma, durante el término de su vigencia.

Entonces, mientras estuvo vigente, el beneficio consistía en que el término de firmeza de las declaraciones de renta del año gravable 2000 y anteriores se reducía de 2 años a 4 meses, como contraprestación para que se incluyeran en la declaración de renta del año gravable 2000, los activos en moneda extranjera poseídos en el exterior a 31 de diciembre de 1999 que no habían sido declarados.

Pero la firmeza no operaba sobre la totalidad de la declaración de renta, sino en relación con la posible renta por diferencia patrimonial, con la adición de ingresos correspondientes a tales bienes y a los ingresos que les dieron origen, por lo tanto, los demás conceptos de la liquidación privada no quedaban cobijados con el beneficio.

Además otra ventaja era la reducción del valor a pagar por dichos activos: 3% del valor patrimonial bruto de los mismos, de los cuales 2 puntos correspondían al impuesto de renta y 1 punto como sanción por la omisión de activos (sanción que según el artículo 649 del estatuto tributario es del 5%).

Finalmente, una vez cumplidos los requisitos y su liquidación en firme por los conceptos mencionados, exoneraba a los contribuyentes de investigaciones y sanciones cambiarias, por infracciones derivadas de divisas que estuvieren en el exterior antes del primero de agosto del año 2000.

De acuerdo con lo anterior, no es posible aplicar este beneficio al impuesto sobre las ventas porque los conceptos que allí se “protegían” eran exclusivos del impuesto de renta y ajenos por tanto a la depuración del impuesto sobre las ventas.

En efecto, la Sala en la sentencia de 30 de marzo de 2006 citada anteriormente, consideró:

“Conforme a dicha norma, el beneficio solo operaba en relación con la posible renta por diferencia patrimonial, con la adición de ingresos correspondientes a tales bienes y a los ingresos que les dieron origen, beneficio que está previsto para el impuesto sobre la renta y toda vez que se discute el impuesto sobre las ventas por el sexto bimestre de 1998, no es procedente su aplicación”.

En el caso bajo análisis, la adición de ingresos por las operaciones gravadas, se originó luego de una investigación tributaria donde se estableció que el contribuyente había declarado ingresos por valor menor al real y existieron valores consignados en sus cuentas bancarias, no registradas en la contabilidad, correspondientes a ingresos obtenidos por su actividad de venta de muebles para el hogar, conforme al artículo 755-3 del estatuto tributario.

De manera que el beneficio especial de auditoría consagrado en el artículo 4º de la Ley 633 de 2000 no tenía efectos en relación con su declaración del impuesto sobre las ventas por el 4º bimestre de 1999, pues era exclusivo para la liquidación privada del impuesto de renta y solo por los conceptos relacionados con los activos declarados.

Lo anterior, no debe tampoco confundirse con el artículo 705-1 del estatuto tributario cuando dispone que los términos de firmeza de las declaraciones de ventas y retención en la fuente son las mismas que corresponden a su declaración de renta respecto de aquellos periodos que coincidan con el correspondiente año gravable, que se aplica en situaciones de normalidad, y que remite a los artículos 705 y 714, que consagran 2 años para notificar el requerimiento especial y 6 meses para la liquidación de revisión.

Pero cuando se está frente al régimen de auditoría en el que precisamente no se aplican los términos generales de firmeza sino los especiales, no tiene cabida esta disposición, salvo que el legislador haya previsto esos efectos.

Así las cosas, no está llamado a prosperar el recurso de apelación del demandante por lo que se confirmará la sentencia que denegó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

RECONÓCESE a la abogada Patricia del Pilar Romero Angulo como apoderada de la demandada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Sentencia de 30 de marzo de 2006, expediente 15418, C.P. Ligia López Díaz, reiterada en las sentencias de 30 de agosto de 2006 y 18 de octubre de 2006, expedientes 15068 y 15066, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, entre otras.

(2) El artículo 689-1 del estatuto tributario consagra el beneficio de auditoría como una forma más eficiente de recaudar el impuesto de renta, estableciendo como contraprestación por el aumento del impuesto a pagar, la firmeza de la declaración tributaria en el término de 12 meses. El artículo 17 de la Ley 633 de 2000 disponía que este término de firmeza sería igualmente aplicable para las declaraciones de retención en la fuente y del impuesto a las ventas, correspondientes a los periodos contenidos en el año gravable del impuesto sobre la renta sometido al beneficio. Sin embargo esta norma fue derogada por el artículo 69 de la Ley 863 de 2003.

En la actualidad la Ley 1111 de 2006 prorrogó el beneficio de auditoría por cuatro años a partir del año gravable de 2007, pues la Ley 788 de 2002 lo había establecido por los años gravables 2004, 2005 y 2006.

(3) Sentencia C-992 de 19 de septiembre de 2001.

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