Sentencia 15601 de octubre 10 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 05001-23-31-000-1996-00564-01 (15601)

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Eduardo Londoño e Hijos Sucesores Limitada Eduardoño Limitada / DIAN

Sanción por no informar

Fallo

Bogotá, D.C., diez de octubre dos mil siete.

EXTRACTOS: «Antecedentes

La Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales realizó una inspección tributaria para la vigencia fiscal de 1991, ordenada a la Sociedad Eduardo Londoño e Hijos Sucesores Limitada - Eduardoño Ltda., a través de Auto de Inspección Tributaria 2060008 de 3 de febrero de 1993.

La Administración de Impuestos el 14 de septiembre de 1993 profirió el Requerimiento Ordinario U.A.E., DIAN 1-067-6-10431, solicitándole poner a disposición de la entidad, una serie de facturas que soportaban el libro auxiliar de inventarios y explicar las razones por las cuales no fueron exhibidas en el desarrollo de la inspección tributaria, concediéndole un plazo de ocho días para el efecto.

Por no obtener respuesta, la división de fiscalización el 15 de marzo de 1994 profirió el pliego de cargos 10675128 contra la sociedad actora, proponiendo la sanción conforme al artículo 651 del estatuto tributario en la suma de $ 61.007.745. Actuación notificada el mismo día de su expedición, por correo certificado.

Mediante Resolución 1521 de octubre 5 de 1994, la DIAN impuso la sanción toda vez que la sociedad no dio respuesta al pliego de cargos ni suministró la información solicitada.

Interpuesto por la sociedad actora el recurso de reconsideración el día 1º de diciembre de 1994, la administración tributaria profirió la Resolución 395 de octubre 27 de 1995, confirmando la resolución anterior. Notificada por edicto desfijado el 29 de noviembre de 1995.

(...).

Consideraciones

En términos del recurso de apelación, la controversia planteada se centra en establecer si en el caso de los autos operó el fenómeno jurídico del silencio positivo, toda vez que los actos administrativos no fueron notificados a la sociedad demandante.

Para resolver se considera:

De conformidad con lo expuesto en el artículo 565 del estatuto tributario, las liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse por correo o personalmente.

Lo anterior, en concordancia con el artículo 564 del estatuto tributario, significa que la administración debía enviar el aviso de citación a la dirección informada por la sociedad contribuyente.

Al respecto se observa que las notificaciones del requerimiento ordinario, pliego de cargos, y las resoluciones sancionatorias fueron enviadas a la finca denominada El Porvenir, ubicada en la vereda Las Cruces, municipio de Chocontá, camino que de la cabecera municipal va hacia El Pedregal —vereda Las Cruces— vereda Chinatá” idéntica dirección suministró al interponer el recurso de reconsideración contra la Resolución 1521 del 5 de octubre de 1994.

En efecto, al interponer el recurso de reconsideración contra la resolución sancionatoria, la parte actora informó que “recibiré notificaciones en la finca denominada El Porvenir, ubicada en la vereda Las Cruces, municipio de Chocontá, camino que de la cabecera municipal va hacia El Pedregal —vereda Las Cruces— vereda Chinatá.” (fl. 19, cdno. ppal.).

La Sala advierte que frente a los hechos análogos a los expuestos con ocasión de la presente demanda, esta corporación se pronunció en similar sentido en la sentencia del 2 de diciembre de 2004, Exp. 13013, consejera ponente Dra. María Inés Ortiz Barbosa en el cual el demandante es el mismo del sub judice, y que en su parte pertinente dice:

Cuando se suministra una dirección rural, es un hecho conocido que no hay servicio de correo hasta el predio, por lo tanto es deber de la persona recoger en la oficina de ad postal en la cabecera municipal la correspondencia. Su conducta negligente al no reclamarla y los efectos derivados de ella, debe sufrirlos quien incurre en ese descuido.

Más grave aún cuando el contribuyente confiere a un apoderado la representación ante la autoridad tributaria y este informa como dirección procesal la rural señalada, pero incumple su deber profesional de estar atento al desarrollo del proceso encomendado, que incluía entre otras gestiones, reclamar la correspondencia en la oficina postal de Chocontá, a sabiendas de que para la época, la notificación de las providencias de la administración tributaria se hacía por correo, en los términos previstos en el artículo 566 del estatuto tributario (1) .

Esgrimir el apoderado en este caso, la indebida notificación y por consiguiente la violación del debido proceso, es pretender obtener beneficio de su propia negligencia, lo cual es inadmisible.

Reitera la Sala lo expuesto en otras oportunidades sobre notificaciones por correo en zonas rurales (2) , en particular en la sentencia de 9 de octubre de 2003, M.P. Dr. Germán Ayala Mantilla, Expediente 10506, en el cual el demandante es el mismo del sub judice. En esta oportunidad se dijo:

Pues bien, en relación con la notificación por correo y el aviso de citación a direcciones rurales, en las cuales no existe el servicio de correo, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala en el sentido de señalar que tal circunstancia, más que conducir a la falta de notificación, evidencia un error o negligencia del administrado, que además de obstruir el procedimiento administrativo de determinación y discusión del tributo, implica la falta de legitimación para desvirtuar la notificación postal.

De manera que como en el caso que se analiza, las circunstancias fácticas que se plantean en torno a la indebida notificación corresponden a las que dieran origen al anterior pronunciamiento, hasta el punto que la dirección procesal informada por la demandante, es exactamente la misma que se ha venido informando en otros procesos objeto de decisión por parte de la jurisdicción, como el que diera origen a la sentencia de octubre 24 de 2002. Exp.13014, actor Luis Eduardo Andrés Martínez, consejera ponente Dra. Ligia López, debe concluirse que la notificación enviada a la dirección informada por la apoderada de la actora se efectúo en debida forma, como quiera que el hecho de su devolución no es imputable a la administración tributaria, sino a la apoderada de la demandante, quien informando una dirección rural debió estar atenta de su correspondencia en la oficina postal de Chocontá.

Estima la Sala que si el apoderado no reclamó la correspondencia, ello se debió a su propio descuido y por consiguiente no puede imputársele tal hecho a la administración, ya que esta envió los actos a la dirección procesal suministrada por él.

En el caso de autos, consta en el expediente el oficio de noviembre 14 de 1995 (3) , en el cual el jefe de la división documentación le comunica a la jefe de la división jurídica de la DIAN que “los pliegos de cargos 126 a 129 de marzo 15 de 1994, fueron devueltos por el correo en mayo 31 de 1994” por no haber sido reclamados; “luego se enviaron por segunda vez con planilla 1901 de agosto 2 de 1994 y no se dio segunda devolución…”. El requerimiento ordinario 10431 de septiembre 14 de 1993, fue devuelto por primera vez el 3 de noviembre de 1993 “por no haber sido reclamado”. Se envió por segunda vez al correo con planilla 223 de noviembre 30 de 1993, no se tuvo segunda devolución”.

Ahora, la Resolución 1521 de octubre 5 de 1994, fue notificada en la misma fecha, según consta en el mismo acto (fl. 12, cdno. ppal.).

En lo que se refiere al recurso de reconsideración 0395 del 27 de octubre de 1995, su notificación se hizo por edicto fijado el 16 de noviembre y desfijado el 29 de noviembre de 1995 (fl. 137), procedimiento al cual acudió la administración en virtud de que al apoderado de la sociedad le fue enviada por correo el 30 de octubre de 1995, la citación para notificación personal a la dirección procesal (150 cdno. ppal.), que fue devuelta por no haber sido reclamada.

La administración tenía plazo para decidir y notificar el recurso hasta el 1º de diciembre de 1995, cuando se cumplía un año de haberse interpuesto. Luego la notificación se hizo dentro del término previsto por el artículo 732 del estatuto tributario.

Es evidente la intención del apoderado del demandante de obstruir el proceso administrativo al cambiar la dirección tributaria localizada en la ciudad de Medellín, por la dirección procesal ubicada en zona rural del municipio de Chocontá, Cundinamarca, hecho que atenta contra el principio de lealtad procesal, como lo ha sostenido la entidad demandada, pues aún en el caso en que se pretendió hacer la notificación personal de uno de los actos, tampoco fue reclamada en el correo la respectiva citación.

En consecuencia no hay la indebida notificación que esgrime el actor y por ende carece de fundamento sostener que operó el silencio administrativo positivo y que por falta de notificación los actos sancionatorios son extemporáneos.

Por lo analizado no prospera el recurso de apelación, la Sala en consecuencia procederá a la revocatoria de la sentencia impugnada, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE, el fallo apelado. En su lugar, DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. RECONÓCESE personería para actuar a la doctora Sandra Patricia Moreno Serrano, como apoderada de la parte demandada, a términos del poder que debidamente conferido obra a folio 402 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Se deja constancia de que la presente providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-096 de enero 31 de 2001.

(2) En este sentido se ha pronunciado la Sala en reiteradas oportunidades: sentencia del 23 de agosto de 1996, Expediente 7759, con ponencia del doctor Delio Gómez Leyva, reiterada en el fallo del 2 de julio de 1999, Expediente 9234, actor: Inversiones Martínez y Villegas y Cía S en C., sentencia de diciembre 1º de 1.994, Expediente 6095, actor Rafael Espinosa Hermanos y Cía., SCA, magistrada ponente, doctora Consuelo Sarria O.

(3) Ver folio 152, cdno. ppal.

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