Sentencia 15608 de noviembre 30 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 76000-12331-000-2002-02141-02

Radicado 15608

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Jaime Andrés Girón Medina y otro

Impuesto de Industria y Comercio

Fallo

Bogotá, D.C., treinta de noviembre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Se controvierte la legalidad de las expresiones “hospitales”, “clínicas y similares” e “IPS” contenidas en el artículo 1º del Acuerdo 57 del 31 de diciembre de 1991 expedido por el Concejo Municipal de Cali, en relación con el tema del impuesto de industria y comercio sobre los ingresos de las entidades del sistema general de seguridad social en salud.

La Sala precisa que de conformidad con el artículo 32 de la Ley 14 de 1983, el impuesto de industria y comercio grava el ejercicio en una jurisdicción municipal de una actividad comercial, industrial o de servicios por parte de las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho, salvo que la ley las excluya como ocurre con el artículo 39 de la misma norma (1) que prohíbe gravar con el impuesto de industria y comercio los servicios que prestan “los hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud”.

Se estableció así la prohibición para las entidades municipales de someter al gravamen de industria y comercio a los establecimientos, entidades, asociaciones y hospitales indicados en la norma, restringiendo la facultad impositiva de los concejos municipales, pues las entidades descritas dentro del tratamiento exceptivo señalado, en la medida en que cumplan las características señaladas en la disposición, quedaron excluidas inclusive de los deberes formales exigibles para los contribuyentes del tributo, que fueron determinados en el artículo 7º del Decreto Reglamentario 3070 de 1983 (2) . Se trata de una prohibición legal, general y obligatoria, que forma parte de la estructura del impuesto de industria y comercio y que es diferente de las exenciones.

El sistema nacional de salud existente para la época de la expedición de la Ley 14 de 1983, fue reemplazado por el “sistema de salud” que implantó la Ley 10 de 1990 “por la cual se reorganiza el sistema nacional de salud y se dictan otras disposiciones”, el cual en su artículo 4º dispuso:

“Para efectos de la presente ley, se entiende que el sistema de salud comprende los procesos de fomento, prevención, tratamiento y rehabilitación; que en él intervienen diversos factores tales como los de orden biológico, ambiental, de comportamiento y de atención propiamente dicha, y que de él forman parte, tanto el conjunto de entidades públicas y privadas del sector salud, como también en lo pertinente, las entidades de otros sectores que inciden en los factores de riesgo para la salud (...)” (resalta la Sala).

Por su parte, el artículo 5º de la misma ley señaló:

“El sector salud está integrado por:

El subsector privado, conformado por todas las entidades o personas privadas que presten servicios de salud y, específicamente por:

Entidades o instituciones de seguridad social y cajas de compensación familiar en lo pertinente a la prestación de servicios de salud.

Fundaciones o instituciones de utilidad común.

Corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, y

Personas privadas naturales o jurídicas (...)”.

(negrillas de la Sala).

Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se reorganizó nuevamente el sector salud, ahora bajo el nombre de “sistema de seguridad social en salud” en el cual, conforme al artículo 156, concurren entre otros en su conformación, el Gobierno Nacional, el Fosyga, las entidades promotoras de salud (EPS) y las instituciones prestadoras de salud (IPS).

Estas últimas están definidas en el literal i) del mismo artículo 156, en los siguientes términos:

“i) Las instituciones prestadoras de salud son entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, organizadas para la prestación de los servicios de salud a los afiliados del sistema general de seguridad social en salud, dentro de las entidades promotoras de salud o fuera de ellas. El Estado podrá establecer mecanismos para el fomento de estas organizaciones y abrir líneas de crédito para la organización de grupos de práctica profesional y para las instituciones prestadoras de servicios de tipo comunitario y solidario (...)”.

En consecuencia, los servicios de salud prestados por parte de entidades privadas que hacen parte del sistema nacional de salud no están sujetos al impuesto de industria, comercio y avisos, y en consecuencia al municipio le está prohibido gravar con este tributo sus actividades de servicios, no así las industriales y comerciales que realicen (1)(sic) .

La Sala ha señalado (2) que “... la prestación de servicios de salud por parte de entidades privadas, tales como las asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, hacen parte del sistema nacional de salud...”, toda vez que la ley que consagra la no sujeción al impuesto de industria y comercio no hace distinción alguna para las actividades de servicios de salud hospitalaria, tratándose de entidades adscritas o vinculadas al sistema nacional de salud, pues la intención del legislador al expedir el artículo 39 de la Ley 14 de 1983 “fue no someter al cumplimiento de ninguna de las obligaciones sustanciales ni formales relacionadas con el impuesto de industria y comercio, cuando las entidades de salud estuvieran organizadas como clínica u hospitales y se ocupan de un servicio público de salud”.

En tal sentido, el acto acusado resulta violatorio al considerar que se encuentran gravados con el impuesto de industria y comercio, los ingresos de los “hospitales”, “clínicas y similares” e “IPS”, pues tales entidades hacen parte del sistema general de seguridad social en salud, los cuales se encuentran excluidos conforme con lo previsto en el literal d) del numeral 2º del artículo 39 de la Ley 14 de 1983; sin embargo, se aclara (3) que por disposición del artículo 11 de la Ley 50 de 1984, están sujetos al impuesto, los recursos provenientes de actividades industriales y comerciales, que no son propias de las entidades hospitalarias.

Se advierte que la expresión “similares” hace referencia a aquellos establecimientos que prestan servicios de salud en donde se realiza el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad, siempre que hagan parte del sistema de seguridad social en salud en los términos del artículo 156 de la Ley 100 de 1993.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 29 de octubre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar:

2. DECLARASE la nulidad de las expresiones “hospitales”, “clínicas y similares” e “IPS” contenidas en el artículo 1º del Acuerdo 57 del 31 de diciembre de 1999 expedido por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) El artículo 39 de la Ley 14 de 1983 fue parcialmente modificado por el artículo 11 de la Ley 50 de 1984 según el cual cuando las entidades a que se refiere el artículo 39, numeral 2º, literal d) de la Ley 14 de 1983 realicen actividades industriales o comerciales serán sujetos del impuesto de industria y comercio en lo relativo a tales actividades.

(2) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 10 de junio de 2004, expediente 13299, M.P. Elizabeth Whittingham García.

(1) (sic) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 2 de marzo de 2001, Exp. 10888, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(2) Ibídem.

(3) En ese sentido sentencia del 9 de diciembre de 2004, Exp. 14174. M.P. Ligia López Díaz.

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