Sentencia 15612 de noviembre 17 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación 76001-23-31-000-2001-05752-01 (15612)

Consejera Ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa

Actor: Finca S.A.

Referencia: Apelación de la sentencia del 11 de febrero de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en juicio de nulidad y restablecimiento del derecho en materia tributaria.

Bogotá, D.C., diecisiete de noviembre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Antecedentes

La sociedad actora presentó las siguientes declaraciones de importación, en las que pagó IVA implícito por la introducción al país de soya, así:

Declaración de importaciónFecha de pagoIVA implícito cancelado
5513525002882-413 de agosto de 1999$ 16.948.473
5513525003011-013 de septiembre de 1999$ 24.655.117
5513525002959-213 de septiembre de 1999$ 13.462.086
5513525003190-021 de octubre de 1999$ 12.335.156
0784202017306-013 de enero del 2000$ 5.175.920
078420202015771-313 de diciembre de 1999$ 15.406.689
0901301059393-320 de marzo del 2000$ 13.224.851
0784202023726-519 de mayo del 2000$ 19.600.939
0636544083145-729 de junio del 2000$ 12.689.353
5513525004586-815 de junio del 2000$ 12.420.423
0784202026380-413 de julio del 2000$ 27.923.537
0784202027924-58 de agosto del 2000$ 26.397.716
0784202031300-525 de septiembre de 2000$ 28.940.296
0784202031136-321 de septiembre de 2000$ 28.940.296
06336544085446-820 de enero del 2001$ 2.523.161
Valor total $ 260.644.013

Con fundamento en sentencia del Consejo de Estado de fecha 7 de diciembre de 2000, M.P. doctor Germán Ayala Mantilla, que declaró la nulidad del IVA implícito en soya contenido en el artículo 1º del Decreto 1344 de 1999, solicitó el 5 de abril de 2001 la respectiva devolución.

La administración de aduanas de Buenaventura mediante la Resolución 286 del 23 de abril de 2001, rechazó la solicitud de devolución por tratarse de una situación jurídica consolidada conforme a lo expresado en el Concepto 12386 del 20 de febrero de 2001.

El 5 de junio de 2001, la actora interpuso recurso de reconsideración contra el acto mencionado, decidido con la Resolución 780 de julio 25 de 2001, en el sentido de confirmar en todas sus partes la decisión administrativa que negó la devolución del IVA implícito.

(...).

Consideraciones de la Sala

Debe la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 11 de febrero de 2005, mediante la cual se declaró la nulidad de los actos administrativos impugnados.

La controversia se concreta en determinar si procede la devolución del IVA implícito liquidado y pagado por la importación de soya realizada por la sociedad Finca S.A., en las siguientes declaraciones de importación:

Declaración de importaciónFecha de pagoIVA implícito cancelado
5513525002882-413 de agosto de 1999$ 16.948.473
5513525003011-013 de septiembre de 1999$ 24.655.117
5513525002959-213 de septiembre de 1999$ 13.462.086
5513525003190-021 de octubre de 1999$ 12.335.156
0784202017306-013 de enero del 2000$ 5.175.920
078420202015771-313 de diciembre de 1999$ 15.406.689
0901301059393-320 de marzo del 2000$ 13.224.851
0784202023726-519 de mayo del 2000$ 19.600.939
0636544083145-729 de junio del 2000$ 12.689.353
5513525004586-815 de junio del 2000$ 12.420.423
0784202026380-413 de julio del 2000$ 27.923.537
0784202027924-58 de agosto del 2000$ 26.397.716
0784202031300-525 de septiembre del 2000$ 28.940.296
0784202031136-321 de septiembre del 2000$ 28.940.296
06336544085446-820 de enero del 2001$ 2.523.161
Valor total $ 260.644.013

Los hechos que dieron origen a la solicitud de devolución y a los actos administrativos que la rechazaron, serán estudiados bajo la normatividad vigente en el momento en que se realizaron las respectivas importaciones, por lo cual son aplicables los decretos 1344 de julio 22 de 1999 y 2085 de octubre 18 de 2000, este último respecto a la declaración de importación del 20 de enero de 2001.

El artículo 1º del Decreto 1344 de 1999, que gravó con IVA implícito la importación de soya, fue declarado nulo por la sección mediante sentencia de diciembre 7 de 2000, M.P. doctor Germán Ayala Mantilla, Expediente 9896, por transgredir el parágrafo 1º del artículo 424 del estatuto tributario modificado por el artículo 43 de la Ley 488 de 1998.

En igual forma, la corporación declaró la nulidad del artículo 1º del Decreto 2085 del 2000 en cuanto determinó IVA implícito a la importación de soya, mediante providencia del 5 de febrero de 2004, Expediente 13000, consejero ponente Juan Ángel Palacio Hincapié, puesto que se demostró la insuficiencia de oferta de habas de soya para atender la demanda interna, por lo que en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 424 del estatuto tributario, su importación no era susceptible de ser gravada con el impuesto sobre las ventas a la tarifa promedio implícita en el costo de producción de bienes de la misma clase de producción nacional, resultando contrario al precepto superior.

En reiterada jurisprudencia de la corporación se ha expresado que los fallos de nulidad producen efectos “ex tunc”, es decir, desde el momento en que se profirió el acto anulado, por lo que las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban antes de su expedición. Así mismo se ha dicho que la sentencia de nulidad que verse sobre un acto de carácter general, afecta aquellas situaciones que no se encuentran consolidadas, esto es, que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa (1) .

Observa la Sala que con fundamento en la sentencia de nulidad del artículo 1º del Decreto 1344 de 1999, la actora solicitó el 5 de abril de 2001 la devolución de la suma de $ 260.644.013 (fl. 22 c.a.), valor cancelado por concepto de IVA implícito en las declaraciones de importación citadas en otro acápite.

Dicha solicitud fue rechazada por la DIAN al estimar que se trataba de una situación jurídica consolidada por el pago de los tributos aduaneros y la obtención del respectivo levante, por lo que no eran aplicables los efectos de la sentencia de nulidad, aspecto que la Sala no comparte por los siguientes motivos:

El artículo 131 del estatuto aduanero dispone que: “La declaración de importación quedará en firme transcurridos tres (3) años contados a partir de la fecha de su presentación y aceptación, salvo que se haya notificado requerimiento especial aduanero (...)”. Lo anterior implica que la declaración de importación queda en firme transcurridos tres años contados desde su presentación y aceptación, siempre que en dicho término no se notifique requerimiento especial aduanero.

Ahora bien, el levante es una autorización administrativa otorgada por la autoridad aduanera que se surte en las distintas modalidades de importación, que permite a los interesados la disposición de mercancía (2) , por lo que su firmeza está condicionada al cumplimiento del mismo plazo que cubre la declaración de importación.

Es por ello que la situación jurídica no se consolida al obtenerse la autorización de levante de la mercancía, sino cuando adquiere firmeza la declaración de importación y, por tanto, el levante accesorio a ella (3) .

En el caso en estudio, la Sala observa que la actora presentó las declaraciones de importación entre los meses de agosto de 1999 y enero de 2001, por tanto, la solicitud de devolución del 5 de abril del 2001, se efectuó antes de que adquirieran firmeza, razón por la cual no se configura una situación jurídica consolidada, porque ni las importaciones ni el levante habían quedado en firme.

La administración basó su decisión de negar la devolución en el concepto de la DIAN 12386 del 20 de febrero de 2001, declarado nulo por la corporación en sentencia de 5 de mayo de 2003, Expediente 12248, C.P. doctora María Inés Ortiz Barbosa, precisamente en consideración a que el levante por ser un acto de trámite, no consolida la situación respecto de la declaración de importación.

Así las cosas, la Sala observa que el valor cancelado por la sociedad constituye un pago de lo no debido al haber desaparecido la causal legal para realizarlo, precisamente por los efectos ex tunc de los fallos de nulidad del 7 de diciembre del 2000 sobre el artículo 1º del Decreto 1344 de 1999 y del 5 de febrero de 2004, frente al artículo 1º del Decreto 2085 de 2000, respecto al producto “habas de soya”, lo cual le otorga el derecho al demandante a la devolución del IVA implícito pagado por su importación, al no encontrarse dentro de una situación jurídica consolidada.

Precisamente en un caso similar al debatido, entre las mismas partes y por idéntico asunto, la Sala expresó: “La devolución del pago de lo no debido no se encuentra regulada de manera especial por la norma aduanera, por lo que se rige por los artículos 11 y 12 del Decreto 1000 de 1997. Así las cosas, el demandante contaba con diez (10) años para solicitar la devolución del pago de lo no debido, que era el término vigente al tiempo de la solicitud de devolución, para la prescripción de la acción ejecutiva establecida por el artículo 2536 del Código Civil (4)(5) .

En este orden de ideas, la solicitud por pago de lo no debido se encuentra dentro del término legal y procede el reintegro de las sumas canceladas por IVA implícito en la importación de soya, como lo reconoció el fallador de primera instancia, lo que conduce a confirmar su decisión.

Ahora bien, la Sala no comparte la apreciación del ministerio público en el sentido de modificar el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, para ordenar la devolución de la suma de $ 260.644.013, toda vez que obra en el informativo memorial sobre el desistimiento parcial de las pretensiones junto con el poder expreso para tal fin, motivado en el hecho de que la administración mediante la Resolución 100 del 18 de noviembre de 2003 le devolvió a la actora la suma de $ 54.828.662, desistimiento aceptado por el tribunal mediante auto del 13 de febrero de 2004 (fls. 128 a 147 e.).

Por ello, en la providencia de primer grado se indicó que del total a devolver ($ 260.644.013) se restaría los $ 54.828.662, en atención al desistimiento parcial de la pretensión, de donde resultaba un valor a reintegrar de $ 205.815.351 más los intereses solicitados de conformidad con los artículos 863 y 864 del estatuto tributario.

De tal manera, que no es posible desconocer tal desistimiento, pues implicó una renuncia parcial a las pretensiones de la demanda (CPC, art. 342), es decir, disminuyó el derecho reclamado, fue aceptado por el tribunal, y por supuesto tenido en cuenta en la respectiva decisión judicial, independientemente de que la devolución que lo motivó, verse sobre declaraciones de importación distintas a las discutidas en el presente proceso.

Unido a lo anterior, no puede perderse de vista que el superior no puede enmendar la providencia para agravar la situación del apelante único (principio prohibitorio de la reformatio in pejus, art. 357 ib.), en este caso, el ente fiscal, al ordenar un mayor valor a devolver al realmente delimitado y pretendido por la sociedad actora.

Por lo anterior, el objeto propio de la alzada se circunscribe a la parte adversa al apelante y en lo que desfavorece a este, y dentro de este límite de competencia actúa el ad quem, para no desbordar sus facultades, razón por la cual se mantiene la decisión de confirmar la sentencia impugnada, incluido el numeral segundo del fallo apelado, frente a la suma de IVA implícito que ordenó devolver.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Se reconoce a la doctora Amparo Palacios Cortés como apoderada de la entidad demandada.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) Sentencia 05 de mayo de 2003, Expediente 12248, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(2) Ver al respecto sentencia de 14 de noviembre de 1997, C.P. Delio Gómez Leiva, Expediente 8460.

(3) Sentencias 5 de mayo de 2003, Expediente 12248, C.P. María Inés Ortiz Barbosa y del 29 de septiembre de 2005, Expediente 15420, C.P. Héctor J. Romero Díaz.

(4) Modificado por el artículo 8º de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: “La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).

Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término”.

(5) Sentencias de 29 de septiembre de 2005, ob. cit.; (sic)

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