Sentencia 15613 de febrero 13 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO

REBAJA DE PENA POR REPARACIÓN

EXTRACTOS: «Disponía el artículo 374 del anterior Código Penal, que reproduce de manera casi idéntica el 269 del actual estatuto, que “el juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las tres cuartas parte, si antes de dictarse sentencia de primera instancia, el responsable restituyere el objeto materia del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado”.

El entendimiento actual que de esta disposición ha hecho la jurisprudencia de la Sala (1) , aclarados algunos equívocos que en el pasado surgieron, puede compendiarse así:

(1) De manera especial, se puedan consultar las sentencias que con ponencia del magistrado Fernando Enrique Arboleda Ripoll profirió la Sala el 23 de noviembre de 1998, radicado 9.657, y del 7 de marzo de 2002, radicado 14.459, así como la del 28 de septiembre de 2001, radicado 16.562, M.P. Carlos Eduardo Mejía Escobar.

1. Se trata de un mecanismo de reducción de pena, no de una atenuante de responsabilidad. Por lo tanto, no incide en el término de prescripción de la acción penal ni en la determinación de la cantidad máxima de pena que hace procedente el recurso de casación.

2. La rebaja de pena no es facultativa del juez. Cumplido el supuesto fáctico, se aplica la consecuencia jurídica correspondiente sin que interese determinar el motivo que indujo a la restitución o indemnización, valoraciones subjetivas que no hacen parte de los requisitos consagrados en la ley.

3. Si el objeto material del delito desaparece, se destruye o el imputado no está en condiciones de recuperarlo, la exigencia legal se cumple si paga su valor e indemniza el perjuicio causado.

4. Si no se logra el apoderamiento del objeto material —como ocurre en la tentativa— o éste es recuperado por las autoridades, la rebaja opera si el responsable resarce los perjuicios causados con el hecho punible.

5. La reducción es extensiva a los copartícipes, aunque no necesariamente en la misma proporción dadas las particularidades que se deben observar en el proceso de dosificación de la pena.

6. La estimación de perjuicios hecha por el ofendido sólo puede ser objetada por los demás sujetos procesales, de manera que si aquél no reclama por daño moral es porque lo consideró inexistente. Sin embargo, aunque el funcionario judicial no puede cuestionar la pretensión indemnizatoria, debe verificar que recoja el querer de la ley para que sea integral y se estime de manera razonada, no como consecuencia de una intervención rutinaria y superficial de la víctima del delito.

7. Su reconocimiento no concurre con circunstancias genéricas de menor punibilidad.

De otro lado, ha dicho la Sala que las personas jurídicas no sufren perjuicios morales subjetivos (pretium doloris) porque no pueden experimentar dolor físico o moral, lo cual no obsta para que se les pueda reconocer otros de carácter extrapatrimonial, que se derivan por ejemplo de la afectación del buen nombre (2) , obviamente en la medida en que aparezcan demostrados en el proceso.

(2) Auto del 11 de febrero de 1999, radicado 14.523, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.

De lo expuesto, se deducen con claridad los plurales errores que condujeron al ad quem a violar de manera directa la ley sustancial, pues restituido en su integridad el objeto material al Colegio Panamericano Colombosueco —una parte recuperada por los policías y otra devuelta por los imputados— e indemnizados los perjuicios materiales que el representante legal de la persona jurídica afectada dijo haber sufrido, es evidente que se cumplen las exigencias para que proceda la reducción punitiva, contenidas en el artículo 374 del anterior Código Penal, como acertadamente lo había dispuesto el a quo.

La posterior condena a pagar 200 gramos de oro a título de perjuicios morales impuesta por el tribunal no consulta la realidad procesal, porque si se entendiera como reparación de la aflicción ocasionada por la acción violenta, ya se ha dicho que las personas jurídicas no experimentan semejante dolor; si se asumiera, como lo dice el fallo cuestionado, que tales perjuicios "se desprenden de la angustia, el temor, y la zozobra padecidos por las personas que estaban dentro del centro educativo, quienes sintieron sus vidas seriamente amenazadas por obra de los delincuentes", aquellas no sólo carecen de la calidad de perjudicadas directas sino que no aparecen siquiera individualizadas en el proceso y tampoco se acreditó que en efecto el daño se hubiere producido.

En estas condiciones, la condena al pago de los perjuicios morales vulnera el debido proceso.

En consecuencia, se casará parcialmente la sentencia en cuanto al incremento punitivo deducido por el tribunal y también, de oficio, en lo que se refiere a los perjuicios morales y, en su lugar, se confirmará el fallo de primera instancia».

(Sentencia de casación, febrero 13 de 2003. Radicación 15.613. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón).

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