Sentencia 15627 de mayo 22 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 57

Magistrado Ponente:

Dr. Herman Galán Castellanos

Bogotá, D.C., veintidós de mayo de dos mil tres.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Como lo afirma el Ministerio Público, la demanda carece del mérito para socavar la sentencia de la Sala Penal del Tribunal de Pereira, protegida por presunción de acierto y legalidad, puesto que es tal su informalidad, que no sólo elude el compromiso de observar las exigencias técnicas que rigen el recurso de casación, sino que además, el argumento de fondo carece de fundamentación.

En efecto, en aquellos eventos en que el delito erróneamente imputado en la resolución de acusación y el que se ha debido deducir, a juicio del censor, corresponden a distinto capítulo del Código Penal, en el espíritu del código anterior vigente para la época de los hechos y presentación de la demanda, el yerro debía denunciarse al amparo de la causal tercera, empero, su desarrollo debía estar ligado a la técnica propia de la causal primera, dado que la equivocación podría provenir de la errada aplicación de la ley llamada a regir el caso o derivado de errores de derecho o de hecho en la apreciación probatoria, haciéndose imprescindible señalar la forma de quebrantamiento de la ley sustancial, esto es, si de manera directa o indirecta y, en este último caso, si se originaba en un error de hecho por falso juicio de identidad o falso juicio de existencia ora falso raciocinio o, a la sumo, en un error de derecho por falso juicio de legalidad o convicción. Adicionalmente, debía indicar las pruebas comprometidas y su trascendencia en las conclusiones del fallo.

Así mismo, para demostrar este cambio de adecuación típica, el casacionista estaba jurídicamente obligado a tomar como herramienta la crítica probatoria, ubicándose para ello en la violación indirecta de la ley, prevista en el artículo 220, cuerpo 2º del Código de Procedimiento Penal anterior.

Sin embargo, el actor orienta su ejercicio argumentativo al estilo de un alegato de instancia, dado que adopta su personal criterio oponiéndolo al expuesto por el tribunal sobre el mérito de las pruebas, concluyendo en la inexistencia del delito de homicidio en grado de tentativa, incurriendo, de esta manera, en evidente yerro en el sentido de que esa disparidad de criterios no constituye por sí misma ningún desatino demandable en casación, habida consideración de que dentro del método de la persuasión racional que regenta la apreciación de la prueba, prevalece el criterio expuesto por el juzgador, atendiendo que la sentencia está privilegiada por la doble presunción de acierto y legalidad.

En consecuencia, si el recurrente mediante su argumentación no logra desvirtuar esa presunción, es comprensible que permanezcan, entonces, incólumes los razonados planteamientos dados en las instancias para enmarcar el comportamiento del procesado dentro del homicidio en el grado de tentativa como en su oportunidad lo hiciera la Fiscalía General de la Nación para edificar la resolución de acusación en su contra.

En estas condiciones el cargo no prospera.

De este modo se desestima la demanda y como quiera que la Sala pierde competencia a partir de la presente decisión, no le es dable ocuparse de asuntos atinentes a la redosificación de la pena por eventual favorabilidad de la Ley 599 de 2000 que de ser procedente, su consideración radica en el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad (art. 79-7 ).

Casación oficiosa

El actual artículo 216 del Código de Procedimiento Penal (anterior 228) faculta a la Corte para declarar la nulidad y casar la sentencia impugnada cuando advierta que las garantías fundamentales que le asisten a los sujetos procesales han sido conculcadas, como ocurre en el presente caso, en el que en el juez de instancia al dosificar la pena, le impuso la accesoria de pérdida de la patria potestad a los procesados sin la debida motivación que se patentiza en una irregularidad de carácter insubsanable,

En efecto, adviértase que el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, expresó:

“Como pena accesoria también se impone a ambos procesados la suspensión de la patria potestad por un término de quince (15) años, toda vez que son padres de unos menores de edad y cometiendo delitos contra la vida, no van a ser los mejores orientadores de sus niños” (fl. 285, c.1).

La pena accesoria consistente en la suspensión de la patria potestad para su imposición no depende de ninguna principal, como sí sucede con la ahora denominada inhabilitación de derechos y funciones públicas, pues, conforme lo regulaba el artículo 52 del estatuto penal anterior, su aplicabilidad dependía de la discrecionalidad del juez limitada por los parámetros del artículo 61 ibídem.

En vigencia de la legislación anterior constituía tradición en la jurisprudencia de la Corte, que hoy en día aparece integrada a la normatividad, que la imposición de una pena accesoria como lo es la suspensión de la patria potestad debe tener una motivación específica, consistente en la demostración de una relación directa con la conducta punible, además de que su aplicación debe consultar los fines y funciones de la pena (1) .

(1) CSJ. M.P. Arboleda Ripoll, Fernando. Sentencia casación 13620; Lombana Trujillo, Édgar, Sentencia casación 15927; Ramírez Bastidas, Yesid, Sentencia casación 12394; Pulido de Barón, Marina, Sentencia casación 14899, entre otras.

En el presente caso, si bien el juez de primera instancia pretendió motivar la imposición de la pena accesoria de suspensión de la patria potestad que Luis Alfonso y Edison de Jesús Rodríguez López tienen sobre sus hijos, es evidente que no argumentó sobre la relación directa entre la comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa y hurto calificado y agravado, por los cuales fueron condenados y el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos; pues tan sólo se limitó a señalar que no iban a ser los “mejores orientadores de sus niños”, lo que resulta insuficiente para afectar los derechos de paternidad, como tampoco se precisó la incidencia de los delitos en el seno de la familia y, específicamente, en relación con los menores. Así mismo, no asoma que la imposición de la pena accesoria estuviera fundamentada en el cumplimiento de las funciones y finalidades de la pena.

En las condiciones expuestas, como la imposición de la pena accesoria de suspensión de la patria potestad aparece como un agravio a las garantías fundamentales por no haber sido debidamente motivada, se subsanará tal irregularidad a través de la declaratoria de nulidad parcial y oficiosa.

Esta decisión queda en firme en el momento de suscribirse por los magistrados que integran la Sala y contra ella no procede recurso alguno.

Atendidas las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR OFICIOSA Y PARCIALMENTE la sentencia impugnada para revocar la pena accesoria de suspensión de la patria potestad que le fuera impuesta a los procesados Luis Alfonso y Edison de Jesús Rodríguez López.

2. NO CASAR, en lo demás, la sentencia impugnada, de fecha, origen y contenido consignados en esta providencia.

Devuélvase al tribunal de origen

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

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