Sentencia 15636 de noviembre 15 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 41001 23 31 000 2001 01254 01 (15636)

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Indira Escobar Guzmán contra la Nación, Dirección Nacional de Impuestos

Renta año 1996

Fallo

Bogotá, D.C., quince de noviembre de dos mil siete.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila el 10 de marzo de 2005, estimatoria de las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos de determinación del impuesto de renta, año gravable 1996.

EXTRACTOS: «Antecedentes

La contribuyente, presentó el 2 de julio de 1997, declaración de impuesto de renta, año gravable 1996, radicada con el stiker (sic) Nº 0345402052579-2.

La Administración de Impuestos de Neiva, con el Oficio 4491 de junio 4 de 1990 manifestó que hay una diferencia entre el valor informado en la declaración de renta, y el valor arrojado en los extractos bancarios de la contribuyente aumentando sus ingresos en $ 155.043.600.

La dependencia de control y penalización tributaria profirió Auto de Inspección Tributaria 0226 de junio 30 de 1999 con el fin de verificar la exactitud de la declaración de renta y complementarios correspondiente al año 1996.

La división de fiscalización levantó Acta de Inspección Tributaria 105 del 28 de septiembre de 1999, donde se verifica que la declaración de renta correspondiente al año 1996 fue presentada oportunamente con actividad económica 0090 “Rentista de capital”, la diligencia fue atendida por el señor Ricardo Rozo, asesor tributario de la demandante, quien argumentó que no poseía información para aclarar la diferencia por la cual se adelanta el proceso ya que la contribuyente no le había suministrado los extractos de la cuenta corriente. Además se depuran los ingresos reportados por la Cifín, de acuerdo al extracto fiscal, sugiriendo proponer una modificación a la declaración aplicando la presunción de que trata el artículo 755-3 del estatuto tributario (fls. 76 a 81 c.a.)

Mediante el Requerimiento Especial 0073 de octubre 1º de 1999, se propone modificar la declaración de renta del año 1996 de conformidad con el artículo 755-3 incrementando sus ingresos en la suma de $ 142.815.750 (fls. 68 a 75 c.a.).

El 30 de diciembre de 1999, la contribuyente dio respuesta al Requerimiento 0073, rechazando los ingresos asignados y reprochando la falta de diligencia de la administración de impuestos para aplicar el artículo 755-3 del estatuto tributario.

La división de liquidación, expidió la Liquidación Oficial de Revisión 116 del 29 de junio del 2000, modificando la declaración de renta y complementarios correspondiente al año 1996, adicionando ingresos por $ 131.886.000 y arrojando un saldo a pagar por $ 44.664.000.

La liquidación de revisión fue objeto del recurso de reconsideración, impugnación que fue decidida mediante Resolución 900030 del 25 de julio de 2001, confirmándola en todas sus partes.

(...).

Consideraciones de la Sala

En los términos de la apelación se decide si se dieron los presupuestos de la presunción de renta por consignaciones bancarias y de ahorro, consagrada en el artículo 755-3 del estatuto tributario, con base en la cual se determinó el impuesto de renta de 1996 a cargo del demandante.

El citado artículo 755-3 (1) dispone:

“Renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorro. Cuando existan indicios graves de que los valores consignados en cuentas bancarias o de ahorro, que figuren a nombre de terceros o no correspondan a las registradas en la contabilidad, pertenecen a ingresos originados en operaciones realizadas por el contribuyente, se presumirá legalmente que el monto de las consignaciones realizadas en dichas cuentas durante el período gravable ha originado una renta líquida gravable equivalente a un 15% del valor total de las mismas. Esta presunción admite prueba en contrario...”.

La presunción a que se refiere la norma transcrita, tiene como presupuestos principales, la existencia de indicios graves de los cuales se pueda interpretar que las consignaciones realizadas en las cuentas de terceros, o en cuentas que no correspondan a las registradas en la contabilidad, pertenecen a ingresos derivados de las operaciones realizadas por el contribuyente, estos son, ingresos propios del contribuyente.

La Sala ha dado alcance a esta presunción y ha señalado los presupuestos determinantes de la misma (2) . En relación con la titularidad de las cuentas para la aplicación de la presunción se basa en dos circunstancias:

1. Que figuren a nombre de un tercero, en cuyo caso se parte de la base de que formalmente su titular no es el contribuyente, pero se establece mediante la prueba indiciaria, que real y materialmente el contribuyente las utiliza para consignar sus propios ingresos.

2. O, que figuren a nombre del propio contribuyente pero que no correspondan a las registradas en la contabilidad. Es claro que son las cuentas corrientes o de ahorro que pertenecen al contribuyente, no a terceros, las que deben ser registradas en su contabilidad.

En relación con los supuestos fácticos de la presunción, no basta la comprobación de las consignaciones, sino que es necesario exponer que existen indicios graves, debidamente probados, de que los valores consignados corresponden a ingresos originados en operaciones realizadas por el propio contribuyente. Solo así se puede concluir el hecho presumido, que consiste en que el monto de tales consignaciones “ha originado una renta líquida gravable equivalente a un 15% del valor total de las mismas”. La demandada apeló la sentencia argumentando que la actividad desarrollada por el contribuyente “cambio de cheques” por comisión, es catalogada como mercantil de conformidad con el artículo 20 del Código de Comercio y que por lo tanto la actora se encontraba obligada a llevar libros de contabilidad, de tal manera que al carecer de ellos no pudo desvirtuar la presunción de que trata el artículo 755-3 del estatuto tributario.

La liquidación oficial demandada tuvo como fundamento probatorio la certificación del Banco de Colombia en la que se informó movimiento crédito de la contribuyente durante el año 1996 en la cuenta corriente Nº 4546-103339-3 y de ahorros números 4546400883-0 y 4546601103-4 por $ 1.045.862.000 el cual una vez depurado por la administración (consignaciones menos cheques devueltos en cuentas corriente y de ahorro), arrojó unas consignaciones por valor de $ 891.479.000, cifra que frente a los ingresos declarados ($ 12.238.000) arrojaron una diferencia de $ 879.241.000, estableciendo una presunción de ingresos sobre las consignaciones bancarias realizadas a nombre de la contribuyente con base en el artículo 755-3 del estatuto tributario, invirtiendo de esta manera la carga de la prueba a la parte actora.

En la declaración de renta presentada por la contribuyente informó como actividad económica principal la 0090 que equivale a “Rentista de capital”; igualmente en la declaración juramentada realizada a la actora el 27 de junio de 2000 que obra a folio 110 del cuaderno anexo, manifiesta que los ingresos obtenidos en el año gravable de 1996, corresponden a los movimientos de la rotación del dinero que tiene a interés en las diferentes entidades financieras, como producto de la liquidación de los CDT y a los rendimientos del dinero que prestaba a personas naturales; además indica que no tuvo otros ingresos.

De otro lado, en el escrito de la demanda expone que en vía gubernativa mediante conciliaciones bancarias demostró que los valores consignados en las cuentas de ahorro tuvieron su origen en el desarrollo de su actividad económica “cambio de cheques” a cambio de una comisión.

Es decir, se encuentra plenamente probado que la actividad principal de la contribuyente era el “cambio de cheques” a cambio de una comisión, lo cual conduce a considerar que conforme al artículo 10 del Código de Comercio, es un comerciante, pues se ocupa habitualmente a realizar una actividad descrita como mercantil en el artículo 20 (6) ibídem: “giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos valores, así como la compra para reventa, permuta, etc., de los mismos”.

De acuerdo con lo anterior, el contribuyente estaba obligado a matricularse en el registro mercantil y llevar contabilidad regular de sus negocios (C.Co., art. 19), por lo que no podía pretender la inaplicación de la presunción por consignaciones bancarias con fundamento en la omisión a los deberes como comerciante. Además, conforme al artículo 781 del estatuto tributario “la existencia de la contabilidad se presume en todos los casos en que la ley impone la obligación de llevarla” (3) .

Las pruebas recaudadas por la administración constituyeron indicios graves de que los valores consignados en las cuentas bancarias del demandante correspondían a ingresos por operaciones llevadas a cabo por él, es decir, se relacionaban con los cambios de cheques que realizaba para terceros y que le generaba un ingreso; sin embargo, su falta de contabilidad, exigía que la demostración de los ingresos realmente recibidos se sustentara en pruebas contundentes y concretas.

En efecto, para que el contribuyente desvirtuara la presunción de renta líquida gravable del 15% sobre el valor de las consignaciones bancarias, debió demostrar el monto real de los ingresos percibidos por esa actividad, aspecto sobre el cual, el demandante no adelantó ninguna actividad probatoria conducente.

Así las cosas, se cumplieron los presupuestos normativos de la presunción de renta por consignaciones bancarias, por lo que la determinación de los ingresos gravables por la actividad económica del contribuyente, en el 15% del valor de las consignaciones, previa la disminución de los ingresos declarados por esa actividad, se efectuó conforme al artículo 755-3 del estatuto tributario.

Las anteriores razones son suficientes para concluir que el demandante no desvirtuó la legalidad de los actos demandados, razón por la cual se impone la revocatoria de la sentencia apelada, como se hará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de Io Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 10 de marzo de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, en su lugar dispone:

DENIÉNGASE las pretensiones de la demanda.

RECONÓCESE a la abogada Sandra Patricia Moreno Serrano, como apoderada de la demandada.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) Antes de la modificación efectuada por la Ley 863 de 2003.

(2) Sentencias de 1º de marzo de 2002, expediente 12354, C.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié y 18 de septiembre de 2002, expediente 13023, C.P. Dra. Ligia López Díaz.

(3) En este sentido la Sala se pronunció en sentencia de 3 marzo de 2005, expediente 13978, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

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