Sentencia 15650 de noviembre 28 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

RENUNCIA A BENEFICIOS DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA

POR PARTE DE TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS

EXTRACTOS: «II.a. En efecto, partiendo del supuesto de que la organización sindical demandante agrupa más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa accionada (ver dictamen de fls. 421 y ss, y cuaderno anexo Nº 1), se observa que un grupo de trabajadores no sindicalizados renunció a los beneficios de las convenciones colectivas, según las comunicaciones que obran en el cuaderno anexo Nº 2, y de esta forma no se hicieron los aportes por cuotas con destino al sindicato, reclamadas en el juicio.

Al respecto cuestiona la parte actora en primer lugar que las dimisiones corresponden a fechas posteriores a la firma y depósito de los respectivos convenios colectivos de trabajo. Sin embargo, tal argumentación carece de sentido en tanto, por obvias razones, solo podría renunciarse de beneficios existentes y actuales, esto es, los que surgen de convenciones firmadas y depositadas ante el Ministerio de Trabajo.

lI.b. En segundo lugar la demandada objeta la eficacia de las renuncias, en tanto estima que los beneficios convencionales son irrenunciables. A este respecto se advierte que el inciso 2º del artículo 39 del Decreto Legislativo 2351 de 1965 previó que cuando el sindicato celebrante del convenio colectivo agrupase más de la tercera parte del personal de la empresa, los trabajadores no sindicalizados, por el hecho de beneficiarse de la convención, debían pagar la misma cuota ordinaria de los sindicalizados, a menos que renunciaran a los beneficios de la misma. Aun cuando en un principio podría pensarse que por no haber sido reproducida esta última previsión por el artículo 68 de la Ley 50 de 1990, que se ocupó del mismo tema, habría sido eliminada de forma absoluta la posibilidad de renuncia a beneficios convencionales, una interpretación sistemática de la legislación laboral conduce indudablemente a una conclusión distinta.

En efecto, el artículo 39 de la Carta Política de 1991 elevó a rango constitucional el derecho de asociación sindical previsto desde antaño en el estatuto del trabajo. Apareja este derecho la libertad de escoger entre las opciones de afiliarse o no afiliarse a una organización sindical, de retirarse cuando a bien tenga el inicialmente afiliado o de escoger el sindicato de sus preferencias, sin que el empleador ni ninguna persona natural o jurídica pueda constreñir al trabajador o injerir de algún modo en esa determinación libérrima. Obligar a beneficiarse de una convención a quien espontánea y libremente expresa que no lo desea, es tanto como desconocer la libertad de asociación sindical; lo contrario equivale a imponer indirectamente una sindicalización obligatoria proscrita por nuestro ordenamiento positivo. Pero es claro que no puede el empleador a pretexto de esa incuestionable facultad individual promover la renuncia masiva de beneficios convencionales por parte de los no sindicalizados, porque ese comportamiento no está cohonestado por la legislación laboral, y debidamente demostrado podría constituir un censurable acto antisindical. Ello no se opone a que los no sindicalizados celebren pactos colectivos en los que se concierten beneficios prestacionales realmente diferentes de los que gobiernan los acuerdos colectivos de los sindicalizados. Estos últimos integralmente analizados no pueden ser menos favorables.

Pero se insiste que dentro del contexto normativo colombiano la imposibilidad de renuncia de beneficios convencionales no es absoluta para los no sindicalizados, dado que la jurisprudencia ha precisado que los contratos colectivos no se aplican a los representantes del empleador en la negociación; que las propias convenciones colectivas pueden excluir de su campo de aplicación a algunos trabajadores, además de que sería un contrasentido admitir la figura del salario integral que en principio excluye la aplicación de beneficios prestacionales y por otro lado imponer obligatoriamente los convenios colectivos a los trabajadores no afiliados al sindicato que hubiesen pactado tal modalidad salarial.

No sobra agregar que dentro del Régimen Laboral Colombiano los derechos irrenunciables son los que están consagrados en las disposiciones legales (C.S.T., art. 13 y 14) y no los que emanan de acuerdos de las partes que superan los beneficios y prerrogativas contenidos en aquellas.

II. c. También en atención a lo afirmado en la demanda interesa advertir que el sindicato conoció por información de la demandada las renuncias a los beneficios de las convenciones colectivas a que se contrae el proceso, conforme se desprende de los hechos 6º y 7º de los 2 escritos demandatorios, de forma que ningún asidero encuentra el reparo relativo al incumplimiento de un supuesto procedimiento de aviso directo a esa organización por los trabajadores renunciantes. Además, el argumento de la asociación sindical para exigir tal aviso radica en resaltar su condición de parte de la contratación colectiva, pero resulta que tal carácter no lo tienen los beneficiarios por extensión, de ahí que para manifestar su voluntad de apartarse del régimen convencional, normalmente no pudieran entenderse sometidos a una reglamentación que les es ajena.

II. d. De otra parte, denuncia la accionante que la empresa en realidad siguió reconociendo los beneficios convencionales a los trabajadores no sindicalizados que renunciaron a ellos, con lo cual se hizo un fraude a la organización sindical que se vio privada de los aportes que se establecieron en las cláusulas 29 y 30 de la convención. Sin embargo, a éste respecto no se demostró una completa coincidencia de los beneficios extralegales que dichos trabajadores recibieron, frente de los obtenidos por los afiliados a Sintrautos, por virtud de las convenciones colectivas de trabajo.

Ello es así, puesto que la única prueba que obra en el expediente a éste propósito, esto es, el dictamen ordenado junto con la práctica de la inspección judicial, da cuenta, entre otras cosas, de que “...al personal no convencionado no le aparecen pagos por concepto de primas extralegales tal y como están pactadas en la convención, es decir, como “primas”. Figuran pagos en junio y diciembre por concepto de “Bonificaciones” (...) No aparecen pagos ni por prima ni por bonificación de Semana Santa. Aparecen pagos por bonificaciones de vacaciones (...) Tampoco se encontraron pagos por concepto de auxilio educativo, ni auxilio de casino, ni auxilio de drogas..” (fls. 421 y ss). Luego, en la aclaración y complementación del experticio, estableció los valores sufragados por bonificaciones de junio, equivalentes a 8, 10 o 12 días de salario básico, según el ingreso del trabajador y, de diciembre, por valor de 34 días de salario; igual monto para prima de vacaciones y la de antigüedad correspondiente a 15, 18 y 20 días para 5 años de labores, de 7 a 9 y más de 10, respectivamente (fls. 446 a 448).

De forma que confrontadas las estipulaciones de las convenciones colectivas con la prueba en mención, no se concluye que los pagos efectuados a trabajadores no sindicalizados, que renunciaron a sus beneficios, sean completamente coincidentes con los que consagra esa fuente, porque existen diferencias, como la falta de percepción de los auxilios mencionados, así como de la prima o bonificación de Semana Santa previstos en las cláusulas octava, décima, décima cuarta (fls. 466 y ss), o el reconocimiento de la prima o bonificación en junio, que en la primera de tales cláusulas se establece en 8 o 12 días, y no en 10 como lo paga la empresa, según la reseña que obra en el dictamen (fl. 446).

En consecuencia, desde este punto de vista tampoco se demuestra la obligación del pago de las cuotas reclamadas por el sindicato.

II. e. Por último importa advertir que los trabajadores renunciantes de la convención colectiva, debieron ser convocados como litisconsortes necesarios dentro del proceso, pues lo debatido los involucra en forma personal y patrimonial, ya que en la hipótesis de que se accediera a lo pretendido en la demanda se desconocería, sin oir su opinión, un acto jurídico suyo y se hallarían comprometidos a asumir por lo menos en parte las cuotas sindicales en litigio».

(Sentencia de casación, noviembre 28 de 2001. Radicación 15.650. Magistrados Ponentes: Dr. Francisco Escobar Henríquez - Dr. José Roberto Herrera Vergara).

ACLARACIÓN DE VOTO

De la ponencia que presenté a la Sala no fue admitido un aparte que figuraba bajo el ordinal 11 de las consideraciones en los siguientes términos:

“... En segundo lugar la demandada objeta la eficacia de las renuncias, en tanto estima que los beneficios convencionales son irrenunciables. A éste respecto se advierte que el artículo 39-2 del Decreto 2351 de 1965 autorizó en forma explícita la renuncia de los beneficios convencionales (1) extendidos en razón de que el sindicato agrupe más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa y es claro que en el presente caso gran número de las renuncias ocurrieron en vigencia de éste precepto, de modo que en principio solo podrían considerarse inválidas para los efectos de la cuota sindical, en el evento de comprobarse que fueran irritas por vicios del consentimiento, simulación o fraude.

(1) “2. Cuando el sindicato agrupe a más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa los trabajadores no sindicalizados por el hecho de beneficiarse de la convención deberán pagar al sindicato, durante su vigencia, una suma igual a la cuota ordinaria con que contribuyen los afiliados al sindicato amenos que el trabajador no sindicalizado renuncie expresamente a los beneficios de la convención.

De otra parte, es verdad que la Ley 50 de 1990 eliminó del texto legal la autorización expresa de renuncia (2) , lo cual implica que como regla no se contempla la posibilidad de resignar los beneficios de la convención colectiva de trabajo cuando el sindicato celebrante agrupe más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa. Con todo, es dable entender que aún bajo el régimen de la citada ley, debe admitirse la factibilidad de que determinados trabajadores excepcionalmente y por diversas razones justificadas se excluyan por iniciativa propia del régimen convencional, como podría ocurrir por ejemplo con los directivos de la empresa y los empleados sujetos al sistema de salario integral, entre otros casos. Por consiguiente, el hecho de que haya sobrevenido la reforma laboral de 1990, no implica forzosamente la invalidez de las renuncias presentadas, ni la extensión inmediata de los beneficios convencionales aún contra el querer expreso y en principio regular del empleado, pues como lo aconseja la Recomendación 91 de 1951 de la OIT, sobre los contratos colectivos, aparte IV, ordinal 2º, literal c, en los casos de extensión de convenios a personas no contratantes “debería darse una oportunidad a los empleadores y a los trabajadores a quienes vaya aplicarse el contrato colectivo para que presenten previamente sus observaciones”.

(2) ART. 68.—El artículo 39 del Decreto 2351 de 1965 quedará así:

Cuota por beneficio convencional:

Los trabajadores no sindicalizados, por el hecho de beneficiarse de la convención colectiva, deberán pagar al sindicato, durante su vigencia, una suma igual a la cuota ordinaria con que contribuyen los afiliados al sindicato.

Conforme puede advertirse mi posición difiere de la mayoritaria en cuanto estimo que el artículo 68 de la Ley 50 de 1990 eliminó la posibilidad de renuncia a los beneficios convencionales extendidos, de modo que solo en situaciones excepcionales podría admitirse, dado el principio laboral de la irrenunciabilidad. La Sala en cambio hizo caso omiso del evidente propósito de la ley y prácticamente dejó vigente el texto que había sido derogado y, de contera, en contravía de principios laborales básicos.

De otra parte observo que la extensión de los beneficios es un derecho que emana de una disposición legal cual es el artículo 38 del Decreto 2351 de 1965 (3) , de ahí que frente a él sin la menor duda han de predicarse las reglas relativas al mínimo de derechos y garantías (4) y a la irrenunciabilidad (5) . Y si bien es cierto que también se impone una carga al trabajador beneficiado, esto es el pago de la cuota al sindicato, considero que se trata de un gravamen que bien podía imponer el legislador, máxime en tratándose de apoyar y estimular la organización sindical como base para un adecuado desarrollo de las relaciones laborales.

(3) D.L. 2351/65. art. 38. Extensión a terceros. 1. Cuando en la convención colectiva sea parte un sindicato cuyos afiliados excedan de la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa, las normas de la convención se extienden a todos los trabajadores de la misma, sean o no sindicalizados.

(4) ART. 13.—Mínimo de derechos y garantías. Las disposiciones de este código contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores. No produce efecto alguno cualquiera estipulación que afecte o desconozca este mínimo.

(5) ART. 14.—Carácter de orden público. Irrenunciabilidad. Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.

En estos términos dejo aclarado mi voto.

Francisco Escobar Henríquez 

ACLARACIÓN DE VOTO

EXTRACTOS: «Ahora, frente al tema de la renuncia a los beneficios de una convención colectiva de trabajo, amén de las razones que se dan en el fallo de esta Sala, creo que aún después de la Ley 50 de 1990, tal facultad sigue existiendo por vía de las normas constitucionales que contemplan la libertad de asociación y el derecho de negociación, pues la primera supone la posibilidad de vincularse o no a una determinada agrupación, como también la de retirarse de la misma, y el segundo, como derecho, involucra la posibilidad de ejercerlo o no, por lo que nadie puede quedar vinculado en contra de su voluntad a los efectos de una negociación colectiva».

Germán G. Valdés Sánchez. 

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