Sentencia 15651 de diciembre 11 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

EXÁMEN SIQUIÁTRICO DEL PROCESADO

CASOS EN QUE ES NECESARIO

Aprobado Acta 193 (10/12/01)

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote

Bogotá, D.C., diciembre once de dos mil uno.

EXTRACTOS: «Consideraciones:

1. Por corresponder a los presupuestos del principio de prioridad que regenta este extraordinario medio de impugnación, la Sala respetará el orden en que fueron propuestos los cargos, no sólo por cuanto los que se postulan al amparo de la causal tercera ocupan el primer lugar, sino porque dada la cobertura procesal que tendría cada uno de ellos en el evento de prosperar, su secuencia resulta correcta.

2. Así, se tiene entonces que como primera y principal censura propone el demandante la nulidad de lo actuado a partir del cierre del ciclo instructivo porque no se practicó la prueba psiquiátrica para determinar el estado de inimputabilidad en que pudo obrar el sindicado al momento de cometer los delitos por los que fue condenado, no obstante haberse ordenado desde el mismo momento en que se resolvió la situación jurídica y existir elementos de juicio en el proceso que acreditaban la necesidad de su recaudo.

3. Siendo este, pues, el planteamiento medular del ataque, importa al respecto recordar que abundante y antigua es la jurisprudencia de esta Sala que ha sostenido, que el medio idóneo para corroborar si el sujeto al momento de cometer el hecho se encontraba en capacidad de comprender y autorregularse conforme a esa comprensión es el examen psiquiátrico, cuya práctica resulta necesaria en los eventos en que de acuerdo con los elementos de juicio que ofrece la actuación misma, se haga viable colegir que el acusado pudo estar afectado en sus esferas cognoscitiva y volitiva cuando cometió el delito, sin que una tal consideración implique que se esté creando una específica tarifa legal en relación con ese elemento de convicción ni que se deba desconocer el conjunto probatorio allegado al expediente, ya que estando nuestro sistema procesal regido en esta materia por la sana crítica, será el juez en últimas el que, luego de valorar en su integridad las diferentes evidencias del proceso, concluya si es dable o no reconocer un determinado estado psiquiátrico y de suyo, el estado de inimputabilidad, sino que por tratarse de un tema científico, quizá como pocos en el saber forense, tan especializado, es pertinente, que sean aquellos que poseen esos conocimientos quienes con los debidos análisis y profundizaciones, lo hagan, para así con una tal base, sea el juez quien colija si jurídico-legalmente concurre la afirmación de imputabilidad o su exclusión.

En efecto, en sentencia del primero de noviembre de 1994, sostuvo la Corte:

“... Para que el comportamiento de un procesado pueda ser ubicado dentro del marco de la inimputabilidad —ha dicho la doctrina y la jurisprudencia con reiteración— es preciso acreditar que al momento de realizar el hecho no tuvo la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, debido a inmadurez sicológica o trastorno mental, situación que por sus significativas consecuencias punitivas debe ser plenamente comprobada sin que basten para su exacto y cabal reconocimiento simples afirmaciones, conjeturas o meras alusiones sobre su existencia.

“El medio de convicción idóneo para su verificación es el examen psiquiátrico, inexcusable cuando en el expediente subsisten indicios reveladores de que el procesado pudo encontrarse al momento de realizar el injusto en estado de perturbación, desarreglo o alteración de la esfera emotiva de la personalidad, causados por factores patológicos permanentes o transitorios o por circunstancias ajenas a esos factores, sin que la experticia signifique plena prueba, pues la última palabra le corresponde emitirla al juzgador luego de confrontar esas conclusiones con los demás elementos probatorios arrimados al proceso” (M.P. Jorge Enrique Valencia Martínez).

4. Ese criterio jurisprudencial, que en vigencia del Código de Procedimiento Penal de 1971 tenía un claro fundamento legal, al estar expresamente señalado en el artículo 411 la exigencia de ordenar el examen psiquiátrico "desde el momento de la captura, y tan pronto como el funcionario judicial o el instructor observen en el procesado indicios de que se halla en cualquiera de las circunstancias del artículo 29 del Código Penal, o que se encuentra en estado de embriaguez, intoxicación aguda o inconsciencia”, continúa aplicándose con posterioridad, esto es, con los regímenes establecidos los decretos 50 de 1987 y 2700 de 1991, bajo el entendido que a pesar de no subsistir tal exigencia en la ley, la consagración en ambos estatutos del principio de investigación integral (arts. 358 y 333, respectivamente), armonizado con los artículos 266 y 264, en cada caso, atinentes a la procedencia de la prueba pericial cuando se requieran conocimientos científicos, técnicos o artísticos, así lo imponían a efectos de salvaguardar la legalidad del proceso, pues podría darse el caso en que se le impusiera condena a quien en realidad le correspondía una medida de seguridad. Por ello, si se trata de establecer la inimputabilidad o no del sindicado, sólo es posible y viable el decreto del examen psiquiátrico "frente a medios de convicción atendibles de los cuales surjan datos o antecedentes verosímiles relativos a la personalidad del presunto imputable o de su conducta” (Casación de nov. 4/92, M.P. Jorge Carreño Luengas).

5. De la misma manera, actualmente, cuando la normatividad que rige el sistema procesal colombiano se encuentra contenida en la Ley 600 de 2000, con mayor razón se puede afirmar la vigencia incólume que mantiene el criterio jurisprudencial atrás expuesto, si se tiene en cuenta que el principio de investigación integral se halla consagrado como norma rectora (art. 20) y de igual forma, la prueba pericial contiene las mismas exigencias para su procedencia (art. 249), siendo del caso destacar que en cuanto hace relación con los dos códigos de Procedimiento Penal anteriores (Ds. 50/87, 2700/91), el objeto de la investigación continúa siendo el mismo, y por ello, esa labor que le corresponde desarrollar al funcionario judicial —en especial a la Fiscalía— al encarnar la función punitiva del Estado corresponde, como imperativo, la carga de la prueba frente a la ocurrencia del delito y la responsabilidad del sindicado y las circunstancias que la atenúen, eximan o incluso, agraven y se dinamiza como es de esperarse con la labor de la defensa —material y técnica—, la cual no sólo ha de estar vigilante y atenta a su desarrollo, sino que, dependiendo de cada caso en particular, su ejercicio puede colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

6. De ahí que en los artículos 360, 334 y 331 de esas tres últimas codificaciones procesales mencionadas anteriormente se precisa —en particular en las dos primeras— que el funcionario "ordenará y practicará" aquellas pruebas que estime conducentes para el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos, "especialmente respecto de las siguientes cuestiones", haciendo relación todos ellos, incluido el actual, a: "... 3. Los motivos determinantes y demás factores que influyeron en la violación de la ley penal,... 5. Las condiciones familiares, o individuales que caracterizan la personalidad del imputado, su conducta anterior, sus antecedentes judiciales, sus condiciones de vida ...".

7. Así las cosas, se tiene, que en el presente asunto, le asiste la razón al demandante para impetrar la casación del fallo objeto de impugnación, para que como consecuencia de esta decisión se declare la nulidad del mismo por la pretermisión en la práctica del examen psiquiátrico a Raúl Pastrana Mañosca, no sólo porque a pesar de que la propia Fiscalía la decretó desde el momento en que se le definió la situación jurídica atendiendo la petición que en tal sentido elevara la defensa, precisamente porque la encontró procedente y conducente, sino porque surge palpable que de la información que se allegó a la pesquisa sobre los antecedentes personales, médico psiquiátricos y aún familiares y sociales del procesado, derivados no sólo de su historia clínica, la cual fue remitida por el hospital Militar, sino de lo vertido por los testigos sobre su comportamiento anterior con su familia, los memoriales que en tal sentido allegaron más de cien vecinos de su barrio, la forma inusitada como se presentaron los hechos y aun las manifestaciones posteriores de aquél, hacían suponer que cuando ejecutó las conductas que se le vienen reprochando pudo estar afectado mentalmente por un trastorno que le negará su capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento y de regir sus actos conforme a ella, lo cual, a no dudarlo, hacía imperativa la experticia psiquiátrica que en forma desleal fue birlada por completo durante la instrucción y desconocida durante la etapa del juicio.

8. En efecto, tal y como lo reseña el demandante, desde el mismo informe sobre la captura del aquí procesado (fl. 16), según las versiones suministradas por los propietarios del establecimiento donde se desencadenaron los hechos, Pastrana empezó a disparar "como un loco" en contra de Rodríguez luego de que al parecer tuviera un altercado con él, y sólo al parecer, pues la propia dueña del establecimiento donde sucedieron los hechos, ha sido enfática en aseverar cómo, cuando ya normalmente se despedían, a la hora de hacerlo entre los dos, los observó como entrelazados "haciendo un pulso", "como jugando", dirigiéndose luego hacia su casa, sitio a donde por indicaciones que suministrara Francisco Orlando Rosas, se trasladó la policía, siendo el propio Raúl el que pasados algunos minutos después de que la autoridad golpeara a la puerta, el que abrió, y cuando se le preguntó qué había sucedido, "manifestó no acordarse", y sobre el arma dijo que "no sabía dónde había quedado", lo que fue reiterado por el agente Hernando Huertas Ramírez (fl. 72), uno de los que suscribió dicho documento.

Se tiene, asimismo, que habiendo ocurrido los hechos aproximadamente a las nueve de la noche, a la 1:01 a.m. se le practicó examen de alcoholemia en el instituto de medicina legal, arrojando positivo para embriaguez aguda grado I, y por ello, a las 9:05 a.m. del día siguiente, esto es, el 7 de agosto de 1996, se dejó la constancia en el sentido de que el sindicado solicitaba que no se le escuchara en ese momento en indagatoria porque" aún no se encuentra plenamente recuperado de la alteración nerviosa que tiene y, de otro lado a que no se encuentra con lucidez (sic) total debido a que desde el día de ayer al medio día se encuentra tomando licor" (fl. 21), lo cual se encontraba acreditado con el aludido dictamen. Por ese motivo, entonces, es que se explica que la injurada no fuera evacuada por el fiscal 303, quien realizó las primeras diligencias, sino por el 62, luego de que le fueran asignadas por reparto las diligencias.

Además, en declaración rendida el 7 de agosto de 1996, María Anita Sora Hernández (fl. 26), una de las propietarias del local a donde llegó Raúl Pastrana desde las dos de la tarde del día 6 de ese mismo mes, dedicándose desde esa hora al consumo de licor, afirmó que el forcejeo que vio entre Alonso y Raúl "como jugando", se presentó después de que el aquí procesado se disponía a irse a su casa en compañía de su esposa, que además "no me explico por qué empezaron a igualar fuerzas el señor Pastrana y Alfonso porque ni se insultaban ni nada".

Por su parte, el otro dueño de la tienda Agustín Ortiz (f. 29), cuando refiere que la señora Luz Marina había ido a buscar a su esposo Pastrana, afirma que "... es buena persona el hombre", como igualmente lo enfatizan sus vecinos en las ya referidas comunicaciones que hicieron llegar al expediente, y al narrar el episodio en que resultó lesionada aquélla, sostiene el testigo, que "... se le disparó cuando ella lo jaló (sic), yo no creo que fuera a matarle ellos se querían mucho, ella siempre lo iba a recoger cuando él estaba borracho" y sobre el motivo por el que Raúl Pastrana hizo los disparos, dijo: "... yo no sé, porque fue cuando el salió y se pegó contra la puerta o si fue que el herido le pegó, no sé, fue cuando él sacó el arma, yo no me di cuenta de dónde ...".

Lo anterior, pone de presente que así tales deponentes hubieran aludido a que Alfonso Simón Rodríguez le dijo a Raúl: "usted es un pobre militar pendejo" y éste a su turno en la indagatoria manifestara que tuvo un altercado con él porque comenzó a insultar a los militares y a la justicia, dentro de un contexto que no resulta coherente con el de los testigos, no demuestra nada distinto a que en realidad los hechos se presentaron de manera confusa y casi sin explicación, debiéndose entender en ese sentido las expresiones a las que se refiere el informe policivo cuando anota que los propietarios de la tienda dijeron que el imputado en ese momento empezó a disparar como loco.

Y, en la historia clínica (fls. 135 a 149), muy al contrario de lo que consideraron fiscal, juez y tribunal, se da cuenta de las valoraciones de que fuera objeto Pastrana Mañosca desde el 11 de mayo de 1973 por el área de neurología del hospital Militar por motivo de las convulsiones que aquejaban a dicho paciente, quien reportó como antecedente un accidente ocurrido en 1958 con pérdida del conocimiento por espacio de 20 minutos, habiendo tenido esa clase de crisis hasta 1961. Así, en el control hecho el 9 de septiembre de 1973 se refiere que un mes antes presentó "aura y pérdida de conocimiento", razón por la cual en la misma fecha se le medicó epamín 3/d; nuevamente, el 31 de julio de ese mismo año, se reportó que otra vez había presentado episodios convulsivos y aunque había suspendido el epamín porque le generaba mareos, se le recetó esa droga (1 en la mañana) y cumatil L (una en la noche). El 22 de enero de 1974 tuvo más convulsiones "tónico clómicas generalizadas", medicándosele ½ camutil en la noche y epamín, una gragea diaria, droga esta última que le fue suprimida el 12 de julio de 1974, para que continuara tomando únicamente cumatil. El 13 de diciembre de 1974 se anotó, "paciente que presentó nueva crisis al tomar alcohol, está tomando cumatil 1 diaria". Para el 20 de junio de 1979 reportó convulsiones "hace 3 meses". El 7 de septiembre de ese se describen convulsiones tónico clómicas. El 12 de noviembre siguiente se le diagnosticó "síndrome convulsivo tipo gran mal", habiendo presentado su última crisis en enero de 1979, recetándosele 3 cápsulas de epamín por día. El 10 de abril de 1980 se le continúan calificando sus convulsiones como "tipo gran mal". El 4 de agosto también fue atendido por "s. convulsivo tipo gran mal" "y se le trata de D.H.F. 300 mgrs por día". El 30 de septiembre de 1980 volvió a consulta por "tipo gran mal" aunque se lo encontró asintomático desde enero de 1979, detectándosele una disrritmia cerebral. El 20 de mayo de 1981 recibió atención por haber perdido la conciencia y presentar convulsiones tónico clómicas con mordedura de la lengua. Finalmente recibió atención médica el 25 de abril de 1993 por cuanto fue agredido con machete y ladrillo, siendo lesionado en la región "temporal derecha".

9. Con un cuadro clínico psiquiátrico de esta naturaleza, el desconocimiento científico con que se valoró la historia clínica y la necesidad de que se contara con un criterio de esta naturaleza para mejor valorar los hechos y las pruebas aparece reflejada en las apreciaciones del fiscal en la resolución acusatoria, cuando expone sobre la insistencia de la defensa en cuanto a la necesidad de que se practicara el examen psiquiátrico, que el dicho medio no "contiene situaciones que hagan ver a la luz del aspecto probatorio que el señor Pastrana pudo haber actuado con trastorno mental", siendo que, por el contrario, de tales antecedentes la inferencia indiscutible debió ser la opuesta, esto es, que se tornaba imprescindible someter al procesado al análisis psiquiátrico pertinente, teniendo en cuenta para ello las circunstancias mismas en que se desarrollaron los hechos aquí investigados, para con todos esos elementos de juicio proceder, en su oportunidad procesal, a determinar el posible estado de inimputabilidad en que pudo haber actuado, o a descartarlo, según el caso, pero contando con la prueba científica que así se lo permitiera y no a priori y sin argumentación alguna, ya que, las simples afirmaciones nunca pueden suplir las argumentaciones que las fundamenten, como lo hizo aquí el Fiscal, sobre todo cuando con ellas lo que se está es incurriendo en una clara petición de principio, pues, el juicio de autoría y consiguiente responsabilidad delictual debía ser consecuencia del reconocimiento del estado de imputabilidad del procesado y no al contrario, esto es, darlo por descontado o suplirlo con un juicio que imperativamente es posterior, cuando lo que correspondía, previamente, era concluir probatoriamente si para el momento en que se exteriorizó el comportamiento típico objeto de investigación, Pastrana se encontraba en pleno goce de sus facultades mentales, o contrario sensu, afectado por algún trastorno mental.

10. Y en el mismo desatino incurrió la juez de la causa, cuando al explicar por qué no decretó dicha prueba de oficio, así la solicitud que en tal sentido elevara la defensa contractual del procesado se hubiera elevado extemporáneamente, afirma que nunca tuvo duda sobre la sanidad mental con la que actuó Pastrana Mañosca, deducción que extrae vagamente y con base en especulaciones inconsultas frente a los aspectos atrás reseñados, pues luego de referir lo manifestado por los testigos en cuanto a que aquél hizo los disparos que le causaron la muerte a su esposa y a Alfonso Rodríguez, coligiendo con base en eso el dolo para las dos muertes causadas por aquél, estimó, sin más, que no era viable en este asunto suponer siquiera que el incriminado hubiera actuado bajo la perturbación de un trastorno mental que le impidiera conocer la ilicitud de sus actos y autodeterminarse conforme a ello.

11. En cuanto se refiere al tribunal, en similar yerro incurrió ya que apresuradamente, y no obstante estar refiriéndose a la historia clínica, se abrevió a afirmar que de acuerdo con ella, el procesado únicamente reportaba antecedentes de haber sufrido convulsiones en los años 1971 y 1979 "pero sin que ello hubiese sido catalogado como epilepsia" (fl. 62 del cdno. del tribunal), razón que creyó suficiente para colegir que no existía el mínimo antecedente para que el incriminado fuera sometido a examen psiquiátrico y menos para afirmar su inimputabilidad, cuando como quedó visto, no sólo el estado convulsional venía abarcando un período considerable que va hasta mayo de 1981, sino que se lo catalogó como "síndrome convulsivo tipo gran mal", que de acuerdo con autorizada doctrina sobre la materia corresponde a una de las manifestaciones más severas de la epilepsia, la cual se trata con difenil hidratoina o epamín, droga que fue precisamente la que durante largo período se le medicó a Pastrana Mañosca, antecedente este que no podía dejarse pasar inadvertido, menos frente al estado de ebriedad en que se encontraba para cuando ejecutó los hechos que se le vienen imputando.

Es que el complejo cuadro clínico y psiquiátrico que presentaba este procesado no podía ser desconocido con ligeras y generales afirmaciones excluyentes como las empleadas por el fiscal, la juez y el tribunal, distantes, de suyo, del análisis científico que obligatoriamente se imponía, y éste, sólo podía lograrse con el ya referido examen psiquiátrico, pues ninguno de los funcionarios que intervino en este asunto se tomó la molestia por indagar siquiera mínimamente la información necesaria sobre la enfermedad que venía padeciendo el procesado, y lo que es más grave, sus manifestaciones para confrontarlas con los casos clínicamente admitidos como de inimputabilidad frente a los antecedentes patológicos del incriminado, sin perder de mira que en específicos eventos no siempre la epilepsia se expresa mediante ataques convulsivos y que es factible la concurrencia de las llamadas fugas epilépticas, en las cuales el individuo no obstante no perder el conocimiento, se desconecta de la realidad y actúa de manera incoherente y muchas veces con agresividad tal, que parece ensañarse, siendo común en todos los casos que una vez superada la crisis, o vuelto en sí del ataque, padezca de amnesia por varias horas e incluso días, o que tenga un recuerdo inmediato que después desaparece.

Estas posibilidades psiquiátricas no podían excluirse por simple criterio de autoridad, sino que por el contrario, de haberse considerado, ponían de presente, que de haberse practicado el referido examen a Pastrana Mañosca, las argumentaciones del instructor y de los falladores no se habrían suplido con especulaciones, sino que tendrían un fundamento científico válido razonablemente en cuanto que no puede concebirse que hubiera estado afectado psíquicamente por algún trastorno que le anulara su capacidad de comprensión porque en la indagatoria narró las actividades que desarrolló el día de los hechos desde que llegó a la tienda de Anita Sora y Agustín Hernández a tomar cerveza, hasta cuando se inicia el desarrollo de los mismos y se descarta su versión porque dice no acordarse de algunos apartes, precisamente porque no se cuenta con un criterio médico que permita cotejar con las demás pruebas, si la amnesia que en tal sentido presentó el procesado en relación a algunos episodios de los hechos es producto de una anomalía síquica o simplemente una equívoca forma de tratar de salir bien librado de la responsabilidad que le corresponde.

12. Pero además, y por ello, tampoco se puede dejar desapercibida la equívoca apreciación del procurador delegado cuando asumiendo como propias las consideraciones del tribunal afirma que “resulta indudable, que por virtud de una prueba testimonial que en términos coloquiales los declarantes expresaron que el procesado al momento de los hechos “se volvió como loco” y una historia clínica en la que se establece que desde el año de 1973, el sindicado no ha vuelto a desarrollar la patología a la que refiere el actor, no necesariamente debía ordenarse la prueba pericial de cara a la demostración del trastorno mental con carácter transitorio en la que con tesón insiste el actor; es un concepto que se torna relativo, no necesario, del cual se podría prescindir y por esa razón no se podrá colegir que la no práctica de esa prueba en forma exclusiva, puede llegar a vulnerar el principio de investigación integral, cuando además se evidencia objetivamente en el proceso, que los funcionarios tanto de instrucción como de juzgamiento con el mismo rigor recaudaron y ordenaron las pruebas tanto en contra como a favor del procesado” (fls. 36 y 37, cdno. de la Corte).

Nada más contrario a la realidad procesal que tales afirmaciones, pues tal y como lo dice el demandante, lo que aquí hacía imperiosa la prueba psiquiátrica no era solamente el hecho de que el procesado presentara antecedentes clínicos compatibles con epilepsia o que al momento de cometer el hecho se encontrara bajo el influjo de bebidas embriagantes, sino todos los demás indicios que confluían a hacer suponer razonablemente que cuando cometió los delitos objeto de condena pudiera encontrarse afectado por un trastorno mental transitorio que le hubiera anulado su capacidad de comprender y autodeterminarse, lo que se hacía aún más evidente si se tiene en cuenta que la historia clínica reporta que en diciembre de 1974 presentó una crisis por consumo de alcohol, más aún cuando como se comprobó fehacientemente en este asunto que Raúl Pastrana el fatídico día había ingerido cerveza y aguardiente desde aproximadamente las dos de la tarde hasta casi las nueve de la noche, situación que le impidió estar en condiciones de rendir la indagatoria en la mañana siguiente a su captura, como se hizo constar en la actuación. Que además de eso su reacción fue intempestiva como lo refieren los testigos, que para ese momento se trataba de una persona de 60 años de edad, la cual aparte del trauma sufrido en el año de 1958, en 1993, tres años antes de lo ocurrido tuvo otro incidente con lesión en la región temporal derecha y que, en términos generales, quienes presenciaron los hechos y además personas que lo conocían desde hacía 25 años como lo refirió Agustín Álvarez, e incluso los vecinos de su barrio lo califiquen como una persona pasiva y de buenas costumbres sociales y familiares, razón por la cual lo ocurrido el 6 de agosto de 1996, resulta sin explicación.

Igualmente, es también inconsulto con la literatura especializada en la materia, sostener como lo nace el delegado en alguno de los apartes del concepto, que como Pastrana Mañosca reportó un examen neurológico normal, entonces no es viable admitir la presencia de dicha enfermedad que afecta directamente el cerebro en su sistema neurológico, por manera que, atendiendo a los avances científicos sobre el tema y los permanentes estudios realizados sobre esta particular patología, no puede concluirse a partir de un electroencefalograma la presencia o no de la epilepsia, puesto que en estos casos, se requiere, además, de un diagnóstico clínico, dado que a pesar de que con ello se miden las descargas o impulsos eléctricos a que está sometido el cerebro humano, es posible que una persona normal arroje un resultado anormal y no padecer de epilepsia, en tanto que una que sí la sufre, presentar un resultado normal.

Por todo lo anterior, no puede ser de recibo el argumento del Procurador en cuanto a que la propia defensa convalidó la irregularidad al solicitar la misma prueba en la etapa del juicio pero por fuera del término del artículo 446 del Decreto 2700 de 2000, pues desconoce que una tal irregularidad, por los efectos sustanciales negativos que se revierten frente al derecho de defensa no es de las que se pueden convalidar, según así lo disponía el artículo 308.3 ibídem, el cual aparece en idénticos términos reproducido en el artículo 310.3 de la Ley 600 de 2000.

13. Es que, además de existir serios indicios que hacían latente la procedencia de un criterio científico sobre la sanidad mental de Pastrana Mañosca al momento de la ejecución de los delitos investigados, resulta repudiable y censurable, desde luego, el proceder antojadizo y tozudo del fiscal instructor no sólo para maniatar el ejercicio defensivo que sólo pretendía el esclarecimiento de esta especial circunstancia, desviando el objeto de la investigación a un enfrentamiento prácticamente personal con la defensa, sino el desdén con el que se ocupó de las razones dadas por el abogado del sindicado para negarse a la práctica de la aludida prueba, pues habiéndose vinculado a aquél mediante indagatoria el 9 de agosto de 1996 (fls. 57 a 63), el 12 siguiente su apoderado presentó memorial en el que solicitó, entre otras, oficiar al "... hospital militar para que envíen al sumario copia de la historia clínica que allí aparezca a nombre del señor Raúl Pastrana, incluyendo la parte que le fuera remitida del dispensario... 4. Al mismo hospital que se sirvan certificar si el señor Raúl Pastrana tiene problemas mentales, si ha presentado alteraciones epilépticas y en caso afirmativo qué tratamiento se le ha formulado... 5. Una vez recibida la información, remitirla a medicina legal para que conceptúen si el señor Raúl Pastrana se puede tener permanentemente como imputable, por tener libertad volitiva y dispositiva siempre... 6. Enviar al señor Raúl Pastrana a medicina legal para que se sirvan evaluarle el tumor que tiene en la cabeza, que presenta síntomas de crecerle paulatinamente. Que informen las consecuencias que tiene el mismo en su estado mental" (fl. 64). Por ello, al definirse la situación jurídica en proveído de la misma fecha, la fiscalía precisó que "Teniendo como base el escrito presentado por la defensa del señor Pastrana se dispone la práctica de las siguientes pruebas: ...Oficiar al hospital militar de la ciudad para que remitan fotocopia de la historia clínica de Raúl Pastrana, incluida la parte que fue remitida del antiguo dispensario, también la correspondiente del área de psiquiatría si la ha tenido... Obtenidos estos documentos y con remisión de copias de toda la actuación se remitirá al procesado al instituto de medicina legal de la ciudad —psiquiatría forense—, para que certifiquen si el señor Pastrana al momento de la comisión de los injustos era un sujeto imputable o no" (fls. 69 y 69 (sic)).

Posteriormente, cuando pidió varios testimonios con los que pretendía acreditar que su representado de tiempo atrás presentaba trastornos mentales por su larga permanencia en el ejército (fl. 76), en Resolución del 27 de agosto de 1996 se los negó con el argumento de que no eran necesarios porque ya había ordenado el dictamen psiquiátrico.

Por ello, al disponer el cierre de la investigación a petición de la representante del Ministerio Público encarnada por una funcionaria de la personería, inmediatamente después de que allegase la historia clínica, el abogado interpuso recurso de reposición que le fue resuelto adversamente, incluida la censura del instructor porque no podía "tolerar que la defensa se atenga a las pruebas decretadas de oficio", cuando como se vio en la actuación procesal y se recordó en precedencia, su decreto en la situación jurídica se hizo a instancias de solicitud del apoderado del sindicado.

14. De ahí que, en el mismo desatino incurriera la juez de la causa al afirmar en la sentencia que nunca tuvo duda sobre la sanidad mental con la que actuó Pastrana Mañosca para explicar por qué no la decretó de oficio, no obstante la extemporaneidad —en las circunstancias que quedaron vistas— de la solicitud hecha por la defensa, lo que se colige de las apreciaciones con base en las cuales dedujo el dolo para las dos muertes causadas por aquél, pero sin que logre en modo alguno explicar y menos responder a los planteamientos de la defensa sobre la incidencia de los demás factores externos que aunados a la enfermedad que padece el acusado, bien pudieron desencadenar una crisis que le impidiera autorregularse, lo cual, de haberse tramitado este asunto con respeto a los mandatos constitucionales y legales, se hubiera podido aclarar con la ayuda del experticio psiquiátrico.

15. En estas condiciones, entonces, aparece forzoso en este asunto la prosperidad del cargo, procediéndose, en consecuencia, a casar la sentencia impugnada en el sentido de declarar la nulidad de lo actuado a partir de la diligencia de la audiencia pública a efectos de que se practique la prueba psiquiátrica a Raúl Pastrana Mañosca, la cual como ya se ha dicho, fue decretada por la Fiscalía desde la resolución de situación jurídica. También procede ordenar la libertad provisional del procesado, pues como efecto de la presente decisión queda incurso en la causal quinta del artículo 365 del actual Código de Procedimiento Penal, por lo que se deberá consignar a título de caución prendaria de 3 salarios mínimos mensuales vigentes y suscribir diligencia de compromiso, en los términos dispuestos en el artículo 368 ibídem, luego de lo cual y una vez verificado que no se encuentre requerido por otra autoridad, se librará la correspondiente boleta de libertad.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar el fallo impugnado, en el sentido de decretar la nulidad de lo actuado a partir de la diligencia de audiencia pública, conforme quedó expuesto en la parte motiva de este fallo extraordinario.

2. Otorgar a Raúl Pastrana Mañosca la libertad provisional, para lo cual deberá consignar, a título de caución prendaria la suma equivalente a 3 salarios mínimos mensuales vigentes y suscribir diligencia de compromiso.

3. Cumplido lo anterior y verificado que no es requerido por otra autoridad, líbrese la correspondiente boleta de libertad.

Cópiese, notifíquese y cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

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