Sentencia 15653 de mayo 9 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 51

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll

Bogotá., D.C., nueve de mayo de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia de 22 de septiembre de 1998, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá condenó a la procesada Julieta Isabel Hernández de Rojas a la pena principal privativa de la libertad 30 meses de prisión, como “autora determinadora” responsable del delito de falsedad material de particular en documento público, agravado por el uso.

Hechos y actuación procesal

El 18 de marzo de 1991, Luz Marina Vergara Porras, funcionaria de la división de registro de diplomas de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Bogotá, denunció penalmente a varias personas que presentaron a la entidad certificados y diplomas de estudios falsos, entre ellas a Julieta Isabel Hernández de Rojas, con cédula de ciudadanía Nº 20.630.695 de Guaduas (Cundinamarca), quien fue sindicada de haber allegado “una constancia de registro de bachiller de pedagógico del Colegio denominado Normal Nuestra Señora de la Paz de fecha de grado noviembre 29 de 1981 anotado al folio 6H del libro 82, para que con base en ella se expidiera una actualizada”, que resultó ser falsa (fls. 8-13/1).

La fiscalía abrió investigación, vinculó al proceso mediante declaración de persona ausente a la imputada, y resolvió su situación jurídica con medida de aseguramiento de caución prendaria (fls. 44, 46, 47 y 54/1). Días después la escuchó en indagatoria, donde manifestó no haber estudiado en el colegio “Normal de la Señora de la Paz” ni conocerlo, y que el certificado de bachiller pedagógico lo obtuvo por intermedio de Miguel Ángel Sastoque Cortés, quien le manifestó que un hermano suyo tenía un amigo que los obtenía por la suma de cincuenta mil pesos. Ante ello, decidió hacer entrega de los documentos y el dinero requerido para el adelantamiento del trámite, convencida de que todo era legal (fls. 56-60/1).

Cerrada la investigación, la Fiscalía calificó el mérito del sumario el 30 de abril de 1997 con resolución de acusación en su contra por el delito de falsedad material de particular en documento público, agravado por el uso, en condición de “autora determinadora”, acorde con lo establecido en los artículos 220 y 222 del Código Penal entonces vigente (L. 100 de 1980). Esta decisión causó ejecutoria el 22 de mayo siguiente (fls. 84-88 vuelto/1).

En desarrollo de la audiencia pública se escuchó en declaratoria bajo juramento a Miguel Ángel Sastoque Cortés, quien corroboró lo dicho por la acusada en indagatoria en el sentido de haber sido a través suyo que consiguió los documentos apócrifos, agregando que los obtuvo de manos de un tercero que falleció, de nombre Alfonso Rozo, quien le aseguró que el trámite era legal (fls. 56-59/2).

Mediante sentencia de 7 de julio de 1998, el juzgado de conocimiento condenó a la acusada a la pena principal de 30 meses de prisión como “autora determinadora responsable” del delito imputado en la resolución de acusación (fls. 72-84/2). Apelado este fallo por la defensa, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante el suyo de 22 de septiembre de 1998, que ahora es objeto del recurso extraordinario de casación, lo confirmó en todas sus partes (fls. 18-22 cdno. del tribunal).

(...).

Se considera

Siguiendo el orden lógico que impone el principio de prevalencia de las causales, la Corte, al igual que lo hizo el procurador Delgado, en su concepto, iniciará el estudio de los cargos formulados contra la sentencia impugnada por los planteados al amparo de la tercera, puesto que de llegar a prosperar, tornarían improcedente el estudio de los restantes.

Causal tercera:

Varios son los motivos de nulidad que el casacionista plantea al interior de esta causal: (1) inobservancia del artículo 357 del estatuto procesal penal de 1991, que ordenaba juramentar al indagado cuando hacía cargos contra terceros; (2) indebido rompimiento de la unidad procesal; (3) violación del principio de investigación integral; y, (4) atipicidad de la conducta. Por separado, la Corte se referirá a cada uno de ellos.

1. Inobservancia del artículo 357 del estatuto procesal penal.

La omisión de juramentar al imputado en la indagatoria cuando en su desarrollo, presenta cargos contra terceros, no genera nulidad de esta diligencia, ni de proceso, puesto que el referido requerimiento no es condición de validez de dicho acto procesal. Todo lo contrario: la normatividad prohíbe que la indagatoria sea recibida bajo juramento (art. 357 citado), siendo su imposición violatoria del derecho a la no autoincriminación, consagrado en el artículo 33 de la Constitución Nacional.

Lo que ocurre es que cuando el imputado decide presentar cargos contra terceros, asume la condición de denunciante, y es en dicho carácter, y no de indagado, que debe prestar juramento. Por eso, los efectos que puedan derivarse de esta omisión, deben ser examinados frente a la validez o valor probatorio de las imputaciones realizadas sin el cumplimiento de esta exigencia, y no de cara a la indagatoria, porque el vicio recae sobre la imputación, o acto denuncia, por haber sido realizado sin el cumplimiento de las formalidades legales, no sobre la injurada.

La casacionista argumenta que la acusada hizo cargos a Miguel Ángel Sastoque Cortés en indagatoria, y no fue juramentada de ellos. Esto, aunque es cierto, carece de virtualidad para comprometer la validez de la indagatoria, por las razones anotadas. Y no es del caso entrar en el estado de las repercusiones que la omisión pudo haber tenido sobre la validez o valor probatorio de las imputaciones o acto denuncia, porque las mismas fueron realizadas por ella contra un tercero, y no en sentido contrario (contra ella), de donde se sigue que ninguna incidencia pudieron haber tenido en su condena.

Preciso es recordar que no toda informalidad procesal genera nulidad de la actuación, y que su declaración en materia penal se rige, entre otros principios, por el de trascendencia, de acuerdo con el cual no basta que el vicio se presente, sino que es necesario acreditar que es sustancial, y que afectó las garantías de los sujetos procesales, o desconoció las bases fundamentales de la instrucción o el juzgamiento, situación que la casacionista no se esfuerza en demostrar, y que tampoco surge de la irregularidad que plantea.

(...).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, oído el concepto del procurador segundo delegado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Devuélvase el tribunal de origen, cúmplase.

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