Sentencia 15657 de septiembre 11 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Aprobado Acta 155

Bogotá, D.C., once de septiembre de dos mil.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

En atención a que la demanda no reúne los requisitos formales, se declara desierta la solicitud de casación propuesta de acuerdo con las previsiones del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, por las siguientes consideraciones:

Inicialmente, es necesario observar que presentada la demanda el 22 de febrero de 1999, el actor debía acudir a la casación ordinaria y no a la excepcional como lo hizo. Y si lo hizo así, lo primero que debía hacer era demostrar la importancia del recurso frente al desarrollo de la jurisprudencia o de las garantías fundamentales.

No obstante el descuido, dígase:

Con relación al primer cargo:

1. El defensor olvidó que el trámite de la casación corresponde a un sistema rogado, en el cual compete a quien demanda acreditar cada uno de los fundamentos del cargo Invocado, es decir, en punto de la causal tercera, de petición de nulidad por la existencia de violación al derecho de defensa y al debido proceso, no basta señalar un desacuerdo con la forma en que el abogado condujo la defensa, o con la petición de pruebas, alegaciones o impugnaciones que omitió, pues era necesario señalar a esta corporación por qué se consideraba violado el derecho de defensa, cuáles fueron de manera específica y precisa las actuaciones omitidas y cuál fue la trascendencia de dichas omisiones en el proceso y en el fallo.

2. En ocasiones, incluso, el censor perdió completamente la ilación de su trabajo, como ocurrió cuando señaló que: "el defensor que tuvo durante toda la fase instructiva y la casi totalidad del juzgamiento fue sólo una oral formal, cuyo papel y algunas veces negligente no sólo puso a mi defendido de una mala defensa técnica, sino que tal actividad traducida su incurría, es indudable la razón por la que el proceso terminó en sentencia de condena contra mi defendido”, pues sustentó el cargo de manera tan ambigua, incomprensible y carente de sentido, que no dejó a esta corporación opción diversa a rechazarlo por incumplir con la claridad, precisión y deberes que el acceso a este trámite imponen.

3. Además, pretendió el censor acreditar la violación al derecho de defensa de su representado mediante la exposición de su personal forma de evaluar el recaudo probatorio, sin percatarse que con ocasión de invocar la causal tercera tenía el deber de dirigir sus esfuerzos a señalar las falencias en la defensa, sin que pudiera adentrarse en la evaluación de los medios probatorios en la forma que lo hizo. Por ejemplo, si el señor Cabrejo Murcia fue o no instrumentalizado por el supuesto determinador del delito, no corresponde al tema que debía ser sustentado en sede de la causal invocada.

4. Aunque el demandante planteó el desconocimiento del debido proceso, no hizo ninguna referencia a éste en el desarrollo del cargo, por lo cual, en virtud del principio de limitación que rige la competencia de la Corte, la imposibilitó para conocer de la censura, pues le está vedado suponer, inquirir, escudriñar o intuir el sentido de un cargo que ha sido enunciado, pero que no fue desarrollado y sustentado debidamente por el actor.

5. En síntesis, el censor falló de manera grave e insalvable en la técnica de casación, pues se limitó a exponer de manera bastante confusa e imprecisa lo que en su criterio debió ser la estrategia defensiva del señor Cabrejo Murcia y desarrolló de manera general e igualmente incomprensible el cargo, sin el rigor y la técnica propios de este procedimiento, lo que amerita su rechazo por incumplir los requisitos de forma, pues según el artículo 225 del Código de Procedimiento Penal, era su deber señalar la causal que se aduce para pedir la revocatoria del fallo, con indicación clara y precisa de los fundamentos de ella.

Con relación al segundo cargo:

1. También el censor faltó a la técnica en la formulación de este cargo subsidiario, pues aunque invocó la violación Indirecta de la ley por errores en la apreciación de las pruebas, dirigió la demostración a anteponer su personal forma de evaluar las pruebas, por encima del valor que a ellas otorgaron los falladores, sin detenerse a señalar a esta corporación, nítidamente, los errores en que éstos incurrieron.

2. Si bien el demandante relacionó las normas que en su criterio fueron violadas (C. P., art. 224, CPP, art. 247), no procedió a indicar la forma en que se produjeron los yerros que condujeron a la violación de cada una de ellas, como era su obligación. Como es obvio, no bastaba indicar las normas estimadas como violadas, sino que era menester detallar cuál fue el yerro, cómo se produjo, dónde se ubicó, cuál fue su injerencia en la aplicación indebida o en la falta de aplicación de la ley sustancial. Si no lo hizo así, se le imposibilita a la Corte un pronunciamiento de fondo, en virtud del principio de restricción que rige su competencia en materia de casación .

3. La violación indirecta de la ley por error de hecho puede presentarse por omitir la apreciación de pruebas obrantes en el proceso (falso juicio de existencia de la prueba por omisión), suponer pruebas que no figuran en el trámite (falso juicio de existencia de la prueba por suposición), tergiversar el alcance de la prueba (falso juicio de identidad), desconocer abierta y ostensiblemente las reglas de la sana crítica, esto es, las máximas de la experiencia, las leyes de la lógica o los principios de la ciencia (falso raciocinio), considerar pruebas ilegalmente aducidas (falso juicio de legalidad), o por darles un valor diferente al que la ley les señala (falso juicio de convicción). No obstante, el demandante no desarrolló ninguna de las hipótesis señaladas ni, obviamente, demostró que por tales errores no se aplicó la ley sustancial o se aplicó indebidamente, con lo cual erró de manera profunda en la técnica de casación, pues únicamente procedió a analizar de manera fragmentaria y sectorizada las declaraciones del denunciante según su personal forma de valorar.

Vale decir, el censor tomó segmentos de la denuncia y de su ampliación, y sin detenerse a evaluarla en conjunto y de manera coordinada con otras pruebas, pretendió desvirtuar la valoración que sobre tal elemento probatorio hicieron los falladores, lo que constituye defecto grande en el ámbito de la casación.

Con relación al tercer cargo:

1. Nuevamente el actor incurrió en incongruencia entre la causal anunciada y el cargo desarrollado. Invocó la violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho, pero, como antes, no señaló la clase de yerro que pregonaba, ni cómo ocurrió, ni cuál fue su trascendencia en el fallo.

2. Si de acuerdo con el artículo 225 del Código de Procedimiento Penal es obligación del demandante señalar la causal que se aduce para pedir la revocatoria del fallo, con indicación clara y precisa de los fundamentos de ella, el censor faltó a su deber, pues como si se tratara de un alegato de instancia, insistió sobre el alcance dado por los falladores a lo expuesto por el denunciante, sin detenerse a mostrar que tal valoración fue errada, y exponer los argumentos pertinentes para acreditarlo.

3. El censor criticó una vez más de manera confusa la valoración dada al documento que acreditó el recibo del cheque, sin precisar los alcances de su censura con relación a la eventual presencia de errores en la decisión, alcances que la Corte no puede establecer, por razones obvias, propias del rigor de la casación. Finalmente, nada hizo acerca del principio de duda. Lo mencionó, y nada más.

Si la demanda tiene graves errores de técnica tanto en su presentación formal, como en la formulación del cargo y su desarrollo, no satisface los requisitos legales para conocer de ella de fondo, y en consecuencia se declara desierta la casación interpuesta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Rechazar la demanda presentada por el defensor del señor Fernando de Jesús Cabrejo Murcia por no reunir los requisitos formales y, en consecuencia, declarar desierta la casación propuesta.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 197 del Código de Procedimiento Penal, contra este auto no procede ningún recurso».

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