Sentencia 15663 de marzo 14 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Anibal Gómez Gallego

Casación 15663

Aprobado Acta Nº 32

Bogotá, D.C., catorce de marzo de dos mil dos

HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL

SIGNIFICADO DEL ELEMENTO PREVISIBILIDAD

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Cuestión previa. Aspecto técnico.

Inconsistencia de carácter técnico encuentra la procuradora delegada en la sustentación del primer reparo que por violación directa plantea el actor, en el entendido de que si se dejó de aplicar la norma por virtud de su errónea interpretación, lo que debió postular fue su falta de aplicación “porque lo que cuenta finalmente es la posición que adopta el sentenciador, es decir, inaplicar la disposición, como lo ha dicho la Corte.

Advierte así el Ministerio Público, que el demandante alegó simultáneamente, dos de los sentidos de la violación respecto del mismo precepto sustancial —interpretación errónea y falta de aplicación—, no obstante lo cual considera que como el sustento demostrativo del yerro arguido “resulta acorde con el enunciado”, una tal circunstancia permite el examen de la censura.

Sobre el punto, es menester precisar que dicho cuestionamiento carece de fundamento, pues, como lo dijera la Sala en pronunciamiento del 26 de septiembre de 2000, radicado 13.466, M.P. Fernando Arboleda Ripoll:

“Dentro de la clasificación de los sentidos de la violación en aplicación indebida, falta de aplicación e interpretación errónea, denominada trimembre, de pacífica aceptación por la jurisprudencia de la Corte, la interpretación errónea tiene un marco de caracterización inconfundible: se estructura cuando al juzgador selecciona correctamente la norma que debe regir el caso, y la aplica, pero le otorgue unos alcances que no tiene, o unos efectos jurídicos que no causa.

Este concepto de la violación, desde el punto de vista de su estructura a la que como error debe corresponder, no puede ser confundido con las fallas de inteligencia, hermenéutica o equivocada comprensión del texto legal, que con frecuencia llevan al intérprete a la aplicación o inaplicación del precepto, y que por regla general subyacen en toda forma de violación de la ley por aplicación indebida. Cuando esta situación se presenta, es decir, cuando la norma es dejada de aplicar, o aplicada indebidamente en razón a un equivocado entendimiento de su alcance o significación jurídica, el concepto de la violación será, según el caso, falta de aplicación o aplicación indebida, más no interpretación errónea.

Lo que ocurre es que a los dos últimos conceptos de la violación (falta de aplicación y aplicación indebida), se puede llegar por distintos motivos: porque el juzgador se equivoca sobre la existencia del precepto; porque incurre en falsa apreciación sobre su vigencia en el tiempo o en el espacio; por dasaciertos de carácter hermenéutico, o por errores en la apreciación de la prueba. Por ende, si lo planteado es que al sentido de la violación (falta de aplicación o aplicación indebida) se llegó por razón de una cualquiera de estas razones, no habrá lugar a sostener que el planteamiento es contradictorio.

Cuestión distinta es que el demandante invoque, respecto de la misma norma, interpretación errónea y falta de aplicación como sentidos de la violación, sin establecer entre ellos relación de determinación del uno al otro, sino autónoma e independientemente, pues entonces el planteamiento será contradictorio y por tanto inaceptable desde el punto de vista técnico”.

Sin embargo, ésta no es la situación que aquí se presenta, puesto que de la formulación del cargo se establece con nitidez que el censor plantea como sentido de la violación falta de aplicación de la norma que estima infringida, cuya interpretación errónea aduce para explicar los motivos que conllevaron a su inaplicación, y no para invocar frente al mismo precepto otro sentido de violación, lo cual surge del propio contexto de la demanda cuando expresa:

“(...) acuso a la sentencia dictada por el tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Penal, (...) de haber violado directamente el artículo 325 del Código Penal, por interpretación errónea y, consecuencialmente, dejar de aplicarlo (...) el ad quem —sic— atrbuyó a la norma, reprocha, que termina por confundir el homicidio preterintencional (...) un sentido que no tiene, que le es extraño y contrario a su significado y por ello dejó de aplicarlo (...) en contravía de su significado natural y obvio, el Honorable Tribunal Superior de Montería sostuvo, en la sentencia impugnada, que el homicidio ultraintencional requiere que el agente prevea el resultado no querido, vale decir, la muerte de la víctima. —se ha subrayado—.

Por consiguiente, establecida esa relación de determinación entre la falta de aplicación de la norma cuya violación se aduce, y su equivocado entendimiento, la glosa de la procuraduría delegada, se retira, deviene infundada.

Respuesta a la demanda.

Errónea interpretación del artículo 325 del derogado Código Penal que llevó al tribunal a su inaplicación, es el fundamento del primer cargo que por violación directa formula el demandante, como ya se anunció, como quiera que por el equivocado entendimiento que tiene del precepto, al cual le asigna “un sentido que no tiene, que le es extraño y contrario a su significado”, dejó de aplicarlo.

El tribunal sostuvo, asegura el actor, que para la configuración del homicidio ultraintencional, se requiere que el agente prevea el resultado no querido, o sea, la muerte de la víctima, y para demostrar su aserto, el demandante transcribe en sus apartes pertinentes el fallo recurrido. Es tan mayúsculo el yerro del ad quem, reprocha, que termina por confundir el homicidio producido con dolo eventual, indeterminado o alternativo con el fenómeno de la preterintencionalidad.

Pues bien, el artículo 38 del antiguo Código Penal —Decreto 100 de 1980— normatividad vigente para la época de la consumación de los hechos, definía la preterintención de la siguiente manera:

“La conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención del agente”.

Esa preceptiva fue reproducida en los mismos términos como modalidad de la conducta punible, por el artículo 24 del actual Estatuto Penal Sustantivo —L. 599/2000—.

Y el derogado Código Penal en su artículo 325 disponía:

“Homicidio preterintencional. El que preterintencionalmente matare a otro, incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores, disminuida de una tercera parte a la mitad”.

En similares términos fue concebida la citada conducta punible en el artículo 105 de la Ley 599 de 2000.

Desde la época de los trabajos preparatorios para la redacción del Código Penal de 1980, los integrantes de la comisión de 1974 convinieron en que el fenómeno de la preterintencionalidad es una mezcla de dolo y culpa que se presenta en los tipos de doble resultado, el primero de los cuales debe ser imputado a título de dolo y el segundo a título de culpa. Es, por lo tanto, la realización de una acción que se inicia dolosamente y que produce unos resultados que exceden el querer de quien la ejecuta.

En relación con el tema de la previsión, materia origen del presente debate, la norma, cuya redacción inicial causó controversias por los términos “representado o previsto” utilizados para el resultado más grave —La conducta es preterintencional cuando el resultado excede la intención directa del agente, de modo que pudo ser representado o previsto—, fue modificada en el seno de la comisión a sugerencia de uno de sus integrantes, pues se consideró suficiente el empleo del vocablo previsto, en el entendido de que nadie puede prever sino lo que se ha representado. En igual sentido hubo pronunciamiento respecto de la palabra directa referida al propósito, pues se estimó que ella hacía alusión específica a esa clase de dolo.

Delimitado así el concepto de la preterintención, y con la advertencia de que al individuo se le podía atribuir como consecuencias de su acto sólo “aquellas que pudieron ser previsibles”, la redacción definitiva del texto se aprobó con la siguiente fórmula:

“La conducta es preterintencional cuando su resultado excede la intención del agente, pero era previsible”.

En las comisiones de 1978 y 1979 prácticamente imperó la misma fórmula, sólo que la expresión “pero era previsible” se varió por “siendo previsible”, la cual se antepuso a la alocución “excede la intención del agente”, modificaciones que en nada cambian el espíritu del precepto y antes, por el contrario, lo tornan más inteligible al intérprete, tal como aparece hoy definido en el artículo 24 de la Ley 599 de 2000, que como ya se dijo, fue fiel reproducción del 38 del Código Penal de 1980.

Realizada la anterior acotación a manera de antecedente legislativo, dígase que existe responsabilidad preterintencional cuando el resultado más grave es previsible para el agente, debiéndosele reprochar por no haber reparado en esa situación pudiendo haberlo hecho.

Luego, para la estructuración del homicidio preterintencional, se requiere de los siguientes elementos: a) Una acción dolosa tendiente a causar daño en el cuerpo o en la salud. b) Producción de la muerte de la víctima. c) Nexo de causalidad entre las lesiones y la muerte. d) Previsibilidad del resultado muerte. e) Identidad y homogeneidad del bien jurídico tutelado, en el entendido de que en nuestra legislación la muerte que se origina en unas lesiones personales dolosas se reprime como un tipo especial de homicidio.

Significa ello que respecto del elemento previsibilidad, lo que la ley exige en relación con el delito preterintencional es que el agente haya tenido la posibilidad de prever el resultado mayor, no que efectivamente lo haya previsto, valga decir, que a pesar de haber tenido la capacidad de prever ese resultado más grave al inicialmente propuesto, omita hacerlo.

Ahora bien, ¿Cuál es la concepción que del homicidio preterintencional tiene el tribunal? Expresamente consignó en su fallo:

“En el homicidio preterintencional hay un ánimo de lesionar y se da un resultado: muerte. Resultado este revisto por el agente activo del hecho”. —Se ha destacado—.

Seguidamente afirma que existe certeza en cuanto a que el hecho denunciado existió, que el mismo es típico de homicidio, y que el procesado lo cometió. Pero en cuanto a la culpabilidad preterintencional que quepa atribuírsele a Villalba González respecto del delito que se le imputó en la sentencia de primer grado, arguye que no ocurre lo mismo, como quiera que si bien está probado el resultado muerte, “su previsión es dudosa, la cual dieron por demostrada los funcionarios de la primera instancia, acusador y fallador, “sin exponer la prueba”. Y, sin más, salvo la apretada síntesis que de los fundamentos de los pronunciamientos de estos funcionarios realiza, concluye:

“Entonces como a criterio de la Sala no está probado que Julio César Villalba González previó el resultado, la culpabilidad atribuible a él en el homicidio de su hijo, es dable a título de culpa, puesto que ella es la imprevisión de lo previsible.

Así las cosas, estando probado el hecho típico, el daño de esa acción sobre el bien jurídico tutelado (antijuridicidad materia), y la imprevisión, la sentencia se confirmará pero con la variación de la culpabilidad que señaló el a quo” —fls. 53 a 55 del cuaderno de segunda instancia. Subrayas fuera del texto—.

Craso error el del ad quem, habida consideración de su equivocación acerca del entendimiento que tiene del homicidio preterintencional, al estimar que para su estructuración el resultado muerte debe ser previsto por el agente, cuando una tal conducta de lo que precisa es que exista el propósito de causarle daño a la persona que a la postre resulta muerta, muerte que no fue querida ni prevista, aunque hubiera podido preverse.

De ahí el yerro predicable en las premisas conclusivas del tribunal, pues, quien con dolo de lesiones prevé la muerte de su víctima, y sin embargo obra conforme a esa representación, el homicidio así producido sería doloso a título de dolo eventual, como con acierto lo pregonan el demandante y la agencia del Ministerio Público.

Irrefragable resulta que el aquí procesado hubiese actuado con dolo de lesiones, cuestión que el propio tribunal admite cuando al catalogar la conducta de Villalba González como grave reconoce que le produjo la muerte al menor a través de flagelaciones, muestra del maltrato infantil crónico al que se le venía sometiendo como lo dictaminaron los médicos forenses. Un tal castigo no se compagina con la facultad de imponer correctivos que con respecto de sus hijos les asiste a los padres, como bien lo acota el Ministerio Público en su concepto, “de modo o que optar por él, de suyo incorpora la intención de lesionar” y en cuya implementación, al acusado se “le fue la mano”, como se dijera en uno de los pronunciamientos de la primera instancia.

Por manera que, producida la muerte de la víctima, resultado no querido ni previsto por el justiciable, se impone reconocer que el tipo en el que debe enmarcarse su conducta es el que define y sanciona el homicidio preterintencional en el artículo 325 del anterior Código Penal, hoy 105 de la Ley 599 de 2000, como correctamente lo hiciera en el a quo, más no así el ad quem.

Debe aceptarse, entonces, que se violó en forma directa la ley sustancial por falta de aplicación del mentado precepto, y por consiguiente impera casar la sentencia impugnada con el fin de que produzca sus efectos, como lo demandan el censor y la procuradora delegada.

Ante la prosperidad de este reproche, deviene inane la consideración del segundo motivo de censura.

La punibilidad

Conforme con la acusación, el a quo realizó el correspondiente proceso de adecuación típica teniendo como marco punitivo el establecido en el artículo 325 del Código Penal de 1980, en armonía con el artículo 324-1 y 7º ibídem, modificado por el artículo 30 de la Ley 40 de 1993, cuya sanción oscilaba entre 40 y 60 años de prisión, pues la muerte de la víctima se perpetró en la persona de un descendiente, con el aprovechamiento de su situación de inferioridad. Como atenuante genérica se le reconoció al procesado su buena conducta anterior (art. 64.1). En consecuencia, la sanción corporal impuesta a Villalba González se contrajo a 16 años de prisión, cifra inexplicable porque si se quiso imponer el mínimo resultante de la proporción establecida en las normas infringidas, ese quantum tendría que haber sido de 20 años de prisión.

Obviamente que la penalidad que hoy apareja el homicidio preterintencional es más benigna, en cuanto la sanción entraña una pena cuyo mínimo es de 150 meses y su máximo de 320. Acorde con la regla establecida en el inciso primero o del actualmente vigente artículo 61 para la individualización de la pena, los cuatro cuartos en que debe dividirse el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley sería:

a) Uno mínimo que va de 150 meses a 192 meses y 15 días.

b) Dos medios, el primero de 192 meses y 16 días, a 235 meses; y el segundo de 235 meses, a 277 meses y 15 días.

c) Y uno máximo, de 277 meses y 16 días, a 320 meses.

Como solamente concurre una circunstancia de atenuación punitiva y ninguna agravante, de acuerdo con el inciso segundo del referido precepto la Sala para la dosificación de la pena pertinente únicamente podrá moverse dentro del cuarto mínimo, es decir, entre 150 meses y 192 meses y 15 días, la cual, dada la gravedad de la conducta imputada por el daño real causado —múltiples flagelaciones produjeron en la víctima desgarros de corazón e hígado, a más del maltrato infantil crónico al que se le tuvo sometida,— se establecerá en 170 meses de prisión.

En lo demás, regirá el fallo de primer grado.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CASAR el fallo impugnado. En consecuencia, se condena a Julio César Villalba González a purgar la pena principal privativa de la libertad de ciento setenta (170) meses de prisión, como responsable de la conducta punible de homicidio preterintencional de que hizo víctima a su menor hijo. En lo demás rige el fallo del a quo.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».

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