Sentencia 15665 de noviembre 5 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

CONTROL DE LEGALIDAD

MOMENTO HASTA EL CUAL SE PUEDE SOLICITAR

EXTRACTOS: «Para la Sala es claro que, en verdad, como lo sostuvo el juez en la decisión del 19 de diciembre, el artículo 414 A del Decreto 2700 de 1991 expresamente no señalaba el momento hasta el cual se podía solicitar el control de legalidad. La jurisprudencia señalada por el juez en la indagatoria (2) tampoco lo decía expresamente. Es más, tampoco el actual artículo 392 de la Ley 600 de 2000 lo señala, de ahí que haya tenido que advertir la jurisprudencia que:

(2) Auto de control de legalidad del 28 de agosto de 1996. M.P. Fernando Arboleda Ripoll.

“El artículo 392 del Código de Procedimiento Penal, es cierto, no estableció expresamente la condición de que la decisión está ejecutoriada (...).

El artículo 392 citado, de otro lado, no dispone el momento procesal hasta el cual es viable la petición del control de legalidad por parte de los sujetos procesales autorizados para hacerlo. Pero la interpretación más lógica, hecha a partir del entendimiento cabal de la estructura del proceso penal nacional, conduce a afirmar que la oportunidad para hacer uso del instrumento precluye con el proferimiento de la resolución de cierre de la instrucción“ (3) (destaca ahora la Corte).

(3) Auto del 16 de abril de 2002. M.P. Carlos Eduardo Mejía Escobar.

Es decir, entiende la Sala que la situación a la que el juez en su momento se enfrentó, no era otra que una problemática de interpretación, que para solventarla se apoyo en criterios que si bien es cierto posteriormente, y ahora, se revaluaron, no por ello se puede generar un reproche penal, pues en su momento admitía mayor discusión, de lo cual se colige que el comportamiento del funcionario judicial lo asistía un motivo meridianamente razonable y argumentativamente justificado que dilucidó a través de un ejercicio de hermenéutica jurídica.

Cuando la interpretación es motivo para llevar al convencimiento de que un determinado precepto no debe ser aplicado en un caso concreto, o debe ser aplicado en un determinado sentido, no puede aflorar para el servidor público, salvo que esa labor de hermenéutica se torne en ilógica, irracional, desproporcionada o desbordante del orden constitucional y legal, una reprochabilidad en su comportamiento».

(Sentencia de segunda instancia, 5 de noviembre de 2003. Radicación 15.665. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Luis Quintero Milanés).

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