Sentencia 15678 de agosto 30 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 66001-23-31-000-2002-01070-01 (15678)

Consejero Ponente:

Dr. María Inés Ortiz Barbosa

Actor: Procesadora Avícola de Risaralda Ltda.

Fallo

Bogotá D.C., treinta de agosto de dos mil siete.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de 28 de febrero del 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Risaralda, estimatoria de las súplicas de la demanda instaurada por la sociedad Procesadora Avícola de Risaralda Ltda., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos por medio de los cuales la Secretaría de Hacienda del municipio de Dosquebradas (Risaralda), negó la solicitud de corrección de la liquidación privada del impuesto de industria y comercio y el complementario de avisos y tableros correspondiente al periodo gravable de 1999, formulada por la sociedad actora.

Antecedentes

El 1º de noviembre del 2000, el representante legal de la sociedad Procesadora Avícola de Risaralda Ltda. presentó ante la Secretaría de Hacienda del municipio de Dosquebradas (Risaralda) “solicitud proyecto de corrección de la declaración privada del impuesto de industria y comercio correspondiente al periodo gravable 1999” (fls. 4 a 5 cdno. 1), la cual fue posteriormente ampliada el 20 de diciembre del 2000 (fls. 6 a 7 cdno. 1). La sociedad fundamentó su solicitud en que declaró el impuesto sobre el total de los ingresos que obtiene de su actividad principal de cría, cultivo y sacrificio de aves de corral y de la actividad secundaria que es la producción de carnes frías, por lo que debió liquidar el impuesto únicamente sobre esta última ya que la primera es una actividad primaria no gravable según el Acuerdo 18 de 1995 modificado por el 55 de 1995.

La administración municipal dio respuesta a la anterior solicitud mediante el Oficio SSTYC-OFIC-251-2001 de 15 de marzo del 2001 (fl. 8 cdno. 1) en el sentido de indicar que a la luz de los artículos 39 literal a) de la Ley 14 de 1983 y 45 del acuerdo 18 de 1995 es una actividad gravable la producción avícola puesto que es evidente la transformación del producto aunque el proceso sea elemental. Indicó que la proporción de la actividad que desarrolla la sociedad correspondiente a la suma de $ 2.999.939.663 es la parte que no puede ser gravada con impuesto de industria y comercio, por lo cual no ha sido incluida en la base gravable del tributo.

La sociedad reiteró su solicitud el 30 de abril del 2001 (fl. 9 cdno. 1) frente a la cual el ente municipal dio respuesta mediante oficio SSTYC-OFIC-402-2001 en el que insistió que la administración excluyó del impuesto de industria y comercio los valores que no son sujetos de este y que solo se facturan los ingresos que provienen de procesos en que la empresa tiene transformación por elemental que esta sea.

Mediante escrito de 5 de diciembre del 2001 (fls. 15 a 18, cdno. 1) el representante legal de la empresa presenta nueva solicitud en la que además manifiesta su inconformidad con las anteriores respuestas dadas por la administración municipal.

La secretaría administrativa y financiera de la Alcaldía Municipal de Dosquebradas niega la solicitud de corrección de la declaración de industria y comercio por el año gravable 1999 a través de la Resolución 1 de enero 4 del 2002 (fl. 19 cdno. 1) en la que señala que no es procedente la exoneración del impuesto de industria y comercio a favor de la sociedad, por cuanto la administración no está gravando la cría, el cultivo y el sacrificio de aves de corral por ser consideradas dichas actividades como primarias de la economía que no implican transformación. Indica que la actividad gravada a la empresa es la de producción y procesamiento de carnes en razón a que es realizada en el área urbana del municipio y el proceso de transformación posterior al sacrificio de las aves de corral es evidente el cual le aporta gran parte del valor agregado a los productos que comercializa la empresa.

Contra la anterior decisión la sociedad interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. El primero fue decidido mediante la Resolución 2 de 13 de marzo del 2002 en la que se indica que el artículo 50 del Acuerdo 18 de 1995 (Código de Rentas Municipales) prevé que los contribuyentes pueden modificar o adicionar su declaración de industria y comercio y complementarios dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar; el artículo 59 ibídem, establece que la liquidación privada del mencionado impuesto puede ser modificada por la sección de impuestos oficiosamente o a solicitud de parte antes de practicar la liquidación oficial, es decir dentro del año siguiente a la fecha de presentación de la declaración privada o de su adición, por lo que si dentro de este plazo no se notifica la liquidación oficial al contribuyente, quedará en firme la privada. (art. 61 ibídem). De acuerdo con lo anterior concluye que la solicitud de corrección se presentó extemporáneamente por lo que resulta imposible analizarla de fondo. El recurso de apelación fue decidido mediante la Resolución 314 de junio 14 del 2002 (fls. 36 a 41 cdno. 1) en el sentido de confirmar la actuación recurrida.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De acuerdo con los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si la sociedad actora es sujeto del impuesto de industria y comercio por la actividad que desarrolla.

La demandante solicitó ante el ente municipal la corrección de la declaración del impuesto de industria y comercio año gravable 1999 por cuanto consideró que por desarrollar una actividad primaria avícola, no debía cancelar suma alguna por tal concepto. El municipio ha insistido en que la empresa realiza un proceso de transformación del producto y que por tanto no le resulta aplicable la prohibición prevista en el artículo 39 de la Ley 14 de 1983, toda vez que la misma norma excluye a las fábricas de productos alimenticios, como lo es la sociedad actora.

El literal a) del numeral 2º del artículo 39 de la Ley 14 de 1983 (1) prevé:

ART. 39.—No obstante lo dispuesto en el artículo anterior continuarán vigentes:

1. Las obligaciones contraídas por el gobierno en virtud de tratados o convenios internacionales que haya celebrados en el futuro, y las contraídas por la Nación, los departamentos o los municipios, mediante contratos celebrados en desarrollo de la legislación anterior.

2. Las prohibiciones que consagra la Ley 26 de 1904; además, subsisten para los departamentos y municipales las siguientes prohibiciones:

a. La de imponer gravámenes de ninguna clase o denominación a la producción primaria, agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluyan en esta prohibición las fábricas de productos alimenticios o toda industria donde haya un proceso de transformación por elemental que esta sea;

b. La de gravar los artículos de producción, transformación por elemental que esta sea; (negrillas fuera de texto).

De acuerdo con la norma transcrita es claro que quienes desarrollen actividades primarias agrícolas o ganaderas quedan exoneradas del impuesto de industria y comercio. Frente a esta disposición la Sala (2) ha precisado que la consagrada prohibición no impide que si se demuestra que el contribuyente desarrolla una actividad industrial, es decir donde exista un proceso de transformación, sea considerado sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio en relación con los ingresos obtenidos por tal actividad.

Ahora bien, el tribunal decretó la práctica de una prueba pericial con el objeto de que un ingeniero industrial dictaminara sobre la actividad que cumple la sociedad actora e indicara “qué tipo de procesamiento de carnes se produce y si dicha actividad constituye una transformación de productos primarios” (fl. 91). Según el informe del perito (fls. 101 a 107) la sociedad actora desarrolla dentro de sus instalaciones una “actividad industrial primaria del sector de la avicultura donde el producto sufre una transformación simplemente en la presentación y no le son incorporadas sustancias para mantener su calidad ni para sacar derivados del mismo”.

De lo anterior la Sala concluye, al igual que lo hizo el a quo, que la sociedad demandante no se encuentra sujeta al impuesto de industria y comercio toda vez que la actividad que desarrolla no puede ser gravada por prohibición expresa del artículo 39 literal a) de la Ley 14 de 1983.

Ahora, bien, la parte recurrente alega que la sociedad actora es una fábrica y por tanto no está cobijada por la mencionada prohibición por cuanto la norma antes citada excluye a las “fábricas de productos alimenticios”.

Al respecto esta corporación advierte que del dictamen pericial realizado no se puede establecer que la actora realiza algún tipo de transformación del producto, es decir la fabricación de derivados, pues la actividad se concreta en el sacrificio, fraccionamiento y empaque del pollo y así ofrecerlo apto para el consumo humano.

Además la Sala ha señalado que:

“La conservación de los productos primarios mantienen la exclusión mientras los pollos, patos, gansos y demás aves se vendan manteniendo su naturaleza, bien sea con plumas, pelados o congelados y solo existe transformación cuando se venden productos como jamón, mortadela, salchichas, etc., de estos animales” (3) .

Así las cosas, esta corporación confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda que declaró la nulidad de los actos demandados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 28 de febrero del 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(1) Compilada en el artículo 259 literal a) del Decreto Extraordinario 1237 de 1986.

(2) Sentencia de mayo 16 del 2002, expediente 12118, C.P. Dr. Germán Ayala Mantilla.

(3) Sentencia de 25 de marzo del 2004, expediente 14019, actor: Procesadora Avícola del Valle S.A., C.P. Dra. Ligia López Díaz.

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