Sentencia de casación de septiembre 27 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

CERTIFICADO DE LA CÁMARA DE COMERCIO

DISCREPANCIA CON LA ESCRITURA SOCIAL

EXTRACTOS: “El recurrente le achaca al Tribunal haber incurrido en error de derecho que lo condujo a infringir normas de carácter sustancial por desconocimiento de reglas probatorias, al tomar como prueba de existencia y representación legal de la sociedad “Durán Cuéllar & Cía. S.C.” la escritura pública de constitución de dicha sociedad Nº 2933 de 1982 de la Notaría 2ª de Ibagué (fls. 39 a 43, cdno.1), desconociendo concretamente el certificado de la cámara de comercio de esa ciudad como el único medio probatorio que otorga ese carácter (fls. 2 y 3, cdno.1).

17. El certificado de la cámara de comercio anexo a la demanda introductiva de este proceso (fls. 2, 3, cdno.1), designa a los comanditarios y a los señores José Ignacio Durán Cuéllar y Saturia Cuéllar de Durán como socios colectivos o gestores. En la escritura de constitución de la sociedad, en su artículo décimo sexto, se estipuló que “La liquidación del patrimonio social, una vez disuelta la sociedad por cualquiera de las causas legales o convencionales, se hará directamente por los socios gestores o colectivos, quienes tendrán las facultades y las obligaciones establecidas por la ley para los liquidadores.

El procedimiento de la liquidación se iniciará una vez aprobadas por la junta de socios las cuentas de la gestión de estos y se sujetará a las reglas que para el efecto establecen los artículos 231 y 259 concordantes del Código de Comercio, debiendo actuar los liquidadores de consuno ...”.

Estando, pues, la sociedad “Durán Cuéllar” en liquidación, aquella liquidación “se hará directamente por los socios gestores o colectivos... debiendo actuar los liquidadores de consuno...” (art. 16 E. pública Nº 2933 del 18 de octubre de 1982, constitución de la sociedad) (fls. 39 a 43 cdno.1).

Pues bien. Como en la escritura de constitución consta que como gerente se nombró al señor Arturo Bernal Durán, a quien en caso de muerte lo reemplazaría el socio colectivo o gestor José Ignacio Durán Cuéllar y la señora Saturia Cuéllar de Durán, “quienes en su orden tendrán las calidades de primero y segundo suplente del gerente y para dicha representación obrarán independientemente el uno del otro y cada uno con las mismas facultades del administrador...”, síguese que ante el fallecimiento del primero (hecho 6º de la demanda, fl. 20 c-1), la representación de la sociedad quedó a cargo del socio colectivo José Ignacio Durán Cuéllar, quien también tiene el carácter de liquidador, sin perjuicio de que ésta pudiere representar la sociedad como segundo suplente en calidad de gerente, mas no como socia gestora.

La calidad de socia gestora o colectiva de la demandante Saturia Cuéllar de Durán aparece en el prementado certificado de la cámara de comercio de Ibagué, acompañado con la demanda, protocolizado con la escritura pública Nº 2295, objeto de la controversia. No obstante, en la escritura de constitución ni en la de su forma consta que hubiese adquirido tal calidad.

18. Frente a la inarmonía entre lo expresado en el certificado aludido y lo dicho en los actos de constitución y de reforma de la sociedad, es necesario averiguar si el fundamento que tuvo el Tribunal para negar las pretensiones de la demanda, “...no habiendo participado la señora Saturia Cuéllar de Durán en la constitución de la sociedad en comandita, mediante el otorgamiento de la escritura, como socio colectivo, carece de legitimación para invocar este carácter y por consiguiente el derecho a participar como liquidadora de la sociedad”, y en estas condiciones “el demandado José Ignacio Durán Cuéllar no estaba obligado a obrar de consuno con la demandante para efectuar negocios jurídicos, como el que ha sido atacado de nulidad”, encuentra sustento legal, caso en el cual el fallo impugnado permanecería incólume; o, por el contrario, el imperio de la regla 117 del Código. de Comercio sobre lo dicho por el ad quem, le resta el fundamento a la sentencia que se combate.

18.1. En materia mercantil, reitérase la entidad jurídica llamada sociedad se constituye mediante un contrato que la define con el nombre de sociedad, “por el cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social”, caracterizándose, porque “una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados” (art. 98, C. Co).

En desarrollo de ese precepto legal, el artículo 110 ibídem establece que “la sociedad comercial se constituirá por escritura pública”, en la cual deben expresarse entre otros requisitos:

“1. El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes (...) 2. La clase o tipo de sociedad que se constituya y el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este Código (...) 12. El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta función no corresponda, por la ley o por el contrato, a todos o a algunos de los mencionados (...) 14. Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato...”.

18.2. Tratándose de la sociedad en comandita simple, que define el artículo 323 ejusdem, como la que “se forma siempre entre uno o más socios que comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y otro o varios socios que limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes”, denominándose los primeros “socios gestores o colectivos y los segundos socios comanditarios”, el precepto 337 ibídem dispone que “la escritura constitutiva de la sociedad en comandita simple será otorgada por todos los socios colectivos, con o sin intervención de los comanditarios”.

Como el contrato social, siguiendo la regla 1602 del C.C., es ley para los contratantes —esto es para los intervinientes en dicho acto— en cuanto crea para ellos relaciones jurídicas de carácter patrimonial, con derechos y obligaciones entre ellos mismos y solamente entre ellos —pagar los aportes, intervenir en la administración de la sociedad, reclamar utilidades, demandar la nulidad del acto social, etc.— tiénese que quienes no se incorporaron en la condición referida, carecen de personería para reclamar derechos que sólo correspondan a los primeros, aunque estos aparezcan inscritos en el respectivo certificado de la cámara de comercio.

18.3. Dispone el artículo 111 del C. de Comercio que copia de la escritura social será inscrita en el registro mercantil de la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar donde la sociedad establezca su domicilio principal. El 117 íb. dispone:

“La existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con certificación de la cámara de comercio del domicilio principal, en la que constará el número, fecha y notaría de la escritura de constitución y de las reformas del contrato si las hubiere (...). Para probar la representación de una sociedad bastará la certificación de la cámara respectiva, con indicación del nombre de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a dichas facultades, en su caso” (subrayas de la Sala).

La transcripción precedente permite entender que el certificado de la cámara de comercio, en lo que toca con la existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato, así como con su representación, tiene su razón de ser en la inscripción que de copia de la escritura social debe hacerse ante la cámara de comercio del lugar donde la sociedad tiene establecido su domicilio social, para los fines indicados en los artículos 28-6, 112, 116, 117 del C. de Co. Luego generalmente su contenido ha de corresponder a la realidad jurídica y fáctica respecto de la calidad de los socios y de la sociedad, nombre de las personas que han intervenido en el acto de su constitución, cláusulas principales que la gobierna, representación ante terceros, entre otros aspectos. De modo que cuando el certificado discuerda con el instrumento de constitución de la sociedad, ha de prevalecer lo expresado en este acto, en lo que se refiere a la condición de los socios y a la clase de sociedad, porque el texto de la certificación difiere de la realidad que presenta la escritura de constitución, y de acuerdo con las reglas de ley es en la escritura donde deben señalarse los nombres de los socios y por supuesto en qué calidad crean la sociedad. Ahí está la expresión de la voluntad de los socios, mientras obviamente no lo está en el certificado. Por lo tanto si en relación con la tan traída calidad de los socios discrepan certificado y escritura pública de constitución, con fundamento cardinalmente en lo prevenido por el artículo 1602 del Código Civil en armonía con el 822 del C. de Co., prelación de credibilidad ha de darse a la escritura pública, sin que signifique desconocer el certificado, pues que la falta de impugnación del certificado no implica no poder darle valor de convicción prioritaria a la escritura de creación del ente social, pues se trata de que en certificado no se conoce la realidad del acto negocial.

18.4. Es por lo dicho por lo que, como en el presente caso, el certificado de la cámara de comercio que obra en los folios 13 y 14 del cuaderno principal, no se subordinó a las exigencias del artículo 111 del C. de Co., ya que en vez de contener un reflejo fiel y exacto de la auténtica situación de la sociedad Durán Cuéllar y Cía. S. en C. en cuanto al número de socios gestores o colectivos se refiere, como que presenta a la señora Saturia Cuéllar de Durán como socia colectiva o gestora, cuando ni en la escritura de constitución, ni en la de su reforma, consta que se hubiese incorporado a ese ente jurídico en la condición de tal y asumiendo los derechos y obligaciones que de ese acto emanan, ha de concluirse que como en verdad el ad quem debió hacer prevalecer la voluntad social contenida en la escritura de constitución, sobre lo expresado por el certificado de la cámara de comercio en relación, reitérase, con la calidad que invocó la aquí demandante, el yerro de valoración probatoria que se denuncia no existe. Por ende, resulta ineficaz el cargo que sobre él se montó.

De modo que confrontada escritura de constitución y certificado de la cámara de comercio, la Sala encuentra, de acuerdo con el artículo 118 del C. de Co., que probatoriamente y siendo el litigio entre partes del contrato social, prevalece lo expresado en la escritura, desde luego cuando desarmoniza ésta con el certificado.

18.5. Ni en la escritura de constitución Nº 2933 de la Notaría 2ª de Ibagué, ni en la de su reforma 2757 de la Notaría 1ª de ese lugar, se tiene como integrante de la sociedad Durán Cuéllar & Cía. S. en C. a Saturia Cuéllar de Durán. Y si bien es cierto que los socios en alguna acta la llamaron socia colectiva o gestora, esa manifestación no suple la exigencia impuesta por la ley en los artículos 98 y 110 del C. de Co.

19. De consiguiente, como en este litigio el ad quem actuó con subordinación a la norma últimamente citada (118), pues que por no haber encontrado probada la calidad de socia gestora o colectiva de la demandante en el acto de constitución de la sociedad, le negó legitimación en la causa para demandar la nulidad del acto jurídico de que habla la demanda, el yerro de derecho que se le enrostró no lo cometió”.

(Sentencia de casación, septiembre 27 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo García Sarmiento).

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