Sentencia 15689 de septiembre 27 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

MORA EN EL PAGO DE PENSIONES DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

SE APLICAN LOS INTERESES MORATORIOS DE LA LEY 100

EXTRACTOS: «El artículo 141 de la Ley 100 de 19993 estableció:

“A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés, moratoria vigente en el momento en que se efectúe el pago”.

Del texto reproducido, se advierte que el legislador previó el pago de intereses moratorios en caso de retardo en el pago de las mesadas pensionales, refiriéndose a éstas como las que trata dicha ley. Sin embargo en el inciso segundo del artículo 36 de la misma normatividad fue explícito en establecer un régimen de transición a favor de algunos trabajadores que al momento de entrar en vigencia el sistema de pensiones tuvieran quince o más años de servicios cotizados, o cuarenta o más años de edad en el caso de los hombres, o treinta y cinco o más años de edad si son mujeres. Dicha disposición es del siguiente tenor:

“La edad, para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley”, subraya la Corte.

De suerte que al acoger el tribunal la sentencia del a quo, en cuanto condenó a cancelar dichos intereses con base en el artículo 141 de esa normatividad, lejos de aplicarlo en forma indebida, lo hizo correctamente, según se deduce de su tenor literal, que conforme se vio, ordenó tomar en cuenta “las disposiciones contenidas en la presente ley”, respecto de “las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez”; o sea, que con prescindencia de la edad, tiempo de servicio y número de semanas cotizadas que de acuerdo a los parámetros del artículo 36 que contiene ese régimen de transición se rigen por la normatividad anterior a la cual se encuentren afiliados, toda otra cuestión se gobierna, repite la Corte, “por las disposiciones contenidas en la presente ley”, entre ellas, los intereses por mora, aunque la pensión concedida tenga su fuente en una normatividad anterior a la vigencia de esta última reglamentación. Obviamente con la condición, como aquí sucede, de que el demandante se encuentre en una de esas dos hipótesis a que se refiere la norma. Para el caso más de 40 años al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social.

Realmente el querer del legislador con la expedición del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no fue otro que el de hacer justicia a aquellos trabajadores que alcanzada determinada edad de su vida para acceder a la pensión, luego de haber aportado a la seguridad social, frente a la morosidad del pago de las mesadas, se vieran resarcidos económicamente mediante el reconocimiento de intereses moratorios.

Al respecto es pertinente traer a colación los considerandos de la Corte Constitucional expresados en la sentencia D-2663 del 24 de mayo de 2000, que al declarar exequibles las expresiones “a partir del 1º de enero de 1994”, y “de que trata esta ley”, del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sostuvo lo siguiente:

“Así las cosas, no observa la Corte que la disposición cuestionada parcialmente, cree privilegios entre grupos de pensionados que han adquirido su estatus bajo diferentes regímenes jurídicos, como lo aduce el demandante, pues la correcta interpretación de la norma demandada indica que a partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las pensiones a que se refiere la ley, esto es, las pensiones que tienen como origen el fenómeno laboral de la jubilación, la vejez, la enfermedad o la sustitución por causa de muerte, que se presente después de esa fecha, el pensionado afectado, sin importar bajo la vigencia de qué normatividad se le reconoce su condición de pensionado, tendrá derecho al pago de su mesada y sobre el importe de ella la tasa máxima del interés moratoria vigente. Es decir, la disposición acusada no distingue entre pensionados, pues, sólo alude al momento en el cual se produce la mora para efectos de su cálculo, de suerte que si ésta se produjo con anterioridad al 1º de enero de 1994, ésta se deberá calcular de conformidad con la normativa vigente hasta ese momento, esto es, el artículo 8º de la Ley 10 de 1972, reglamentada por el artículo 6º del Decreto 1672 de 1973, y eventualmente, por aplicación analógica de algunos criterios plasmados en el Código Civil colombiano, diferentes al artículo 1617 de la misma obra, y si la mora se produjo después de esa fecha su valor se deberá calcular con base en los lineamientos contenidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, como quiera que la disposición acusada no diferencia, como parece suponerlo el demandante, entre quienes adquirieron el derecho pensional antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y quienes lo adquieren con posterioridad a la misma, es decir, después de la vigencia de la ley de seguridad social, esta Corte en la parte resolutiva de su providencia la declarará exequible.

En este sentido también es oportuno precisar que tal indemnización a los titulares de las pensiones por la cancelación tardía de las mesadas pensionales atrasadas debe aplicárseles a los regímenes especiales anteriores y subsistentes con la Ley 100 de 1993, esto es, los que se encuentren en las excepciones previstas en el artículo 279 de la referida ley.

Finalmente, en cuanto a la acusación dirigida contra el segmento normativo “de que trata esta ley”, contenido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tampoco comparte la Corte el cargo formulado por el demandante, pues la disposición no se refiere a las personas que hayan adquirido el derecho al pago de su pensión con anterioridad al 1º de enero de 1994, sino que alude al hecho de que la Ley 100 de 1993 se refiere a las mesadas pensionales que se pagan con ocasión del reconocimiento de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, pues, repárese, que con la expedición de la Ley 100 de 1993, se creó un nuevo régimen de pensiones y de salud, que entró a regir el 1º de abril de 1994. Es decir, en principio esta norma derogó los regímenes especiales anteriores a su vigencia, pero sin duda subsisten algunos regímenes particulares y hay que precisar que la norma acusada tiene un carácter general, aplicable inclusive, para todo tipo de pensiones. Las excepciones expresamente contempladas en el estatuto de seguridad social, tal como lo dispone el artículo 11 de la Ley 100, conforme lo consagra la sentencia C-408 de 1994. Dicha disposición establece”:

“ART. 11.—Campo de aplicación. El sistema general de pensiones, con las excepciones previstas en el artículo 279 de la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en general.

“Para efectos de este artículo se respetarán y por tanto mantendrán su vigencia los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o convención colectiva de trabajo”.

Y en este mismo sentido el artículo 146 de la referida ley señaló:

“ART. 146.—Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales, Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales a favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.

“También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones.

“Lo dispuesto en la presente ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo.

“Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente ley”.

Esta última disposición fue declarada exequible mediante sentencias C-410 de 1997 y C-590 de 1997, salvo la expresión “...quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido o cumplan dentro de los dos años siguientes los requisitos exigidos en dichas normas”, del inciso segundo del artículo 146 de la ley de seguridad social.

En consecuencia de lo anterior, para la corporación, el artículo 141 parcialmente cuestionado, si bien es cierto, únicamente se limitó a regular los intereses de mora hacia el futuro en materia pensional, sin que distinguiera a los pensionados, de acuerdo con una fecha o con la obtención de sus derechos pensionales bajo una legislación vigente, y por ello no desconoce normas constitucionales, dicha disposición se debe aplicar para todo tipo de pensiones”.

Lo dicho es suficiente para concluir, igualmente, que el tribunal tampoco le dio erróneo entendimiento al contenido del artículo 141 de la Ley 100 de 1993».

(Sentencia de casación, septiembre 27 de 2001. Radicación 15.689. Magistrado Ponente: Dr. Luis Gonzalo Toro Correa).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto me aparto de la decisión mayoritaria por cuanto estimo que debió prosperar el segundo cargo, y como consecuencia de ello, se debió casar parcialmente la sentencia en cuanto confirmó el numeral 3º de la parte resolutiva de la de primer grado.

Las razones en que me apoyo son las siguientes:

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993, textualmente dice:

“Intereses de mora. A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”.

De acuerdo a ese texto claro y expreso, no puede haber duda, que los intereses que esa norma consagra están restringidos a las pensiones de que trata la Ley 100 de 1993, como con acierto lo indica el recurrente, luego al acoger el tribunal la sentencia del a quo, en cuanto condenó a cancelar dichos intereses con base en el artículo 141 de esa normatividad, rebasó su contenido al darle un entendimiento extensivo que no corresponde, porque esa codificación no es aplicable a pensiones reconocidas con fundamento en reglamentaciones diferentes, incurriendo así en la interpretación errónea de la norma aplicada que se denuncia.

En los anteriores términos, salvo el voto.

Carlos Isaac Nader 

SALVAMENTO DE VOTO

Reiteradamente he sostenido que las previsiones contenidas en la Ley 100 de 1993, en principio y salvo disposición expresa en contrario, son aplicables a los derechos contenidos y definidos en ella. Es decir, no considero que, sin remisión concreta, se pueda aplicar a otra clase o suerte de prestaciones, las previsiones de esta ley, que ha pretendido la implantación de un sistema integral y como tal dotado del mejor esfuerzo por lograr la mayor coherencia posible, lo cual conlleva naturalmente, a que no se considere por lo general, su aplicación a pensiones o auxilios que fueron diseñados dentro de un marco conceptual diferente.

Pero cuando además la disposición del caso alude en forma expresa a su aplicación sólo en relación con los derechos contemplados en esa precisa Ley 100 de 1993, creo que cualquier posibilidad de duda queda disipada, pues no solamente se trata de un argumento lógico sino que, adicionalmente, tiene un respaldo de orden literal. Tal situación se presenta con el artículo 141 en torno del cual gira el presente litigio, pues en él se señala que los intereses que contempla se aplicarán “en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley”, lo cual fácilmente permite entender que se refiere a las mesadas originadas en las pensiones que se contemplan en esta ley, de las cuales se excluyen todas las demás que ella misma no diseña.

Aunque se puede argumentar que la pensión de vejez antes a cargo del ISS como ente único vinculado a la atención de las pensiones propias de un sistema de seguridad social, es la misma que ahora se prevé en la Ley 100 de 1993 a cargo del régimen de prima media con prestación definida, la realidad es que si bien ambas cubren el riesgo de vejez, sus elementos de causación y de liquidación son diferentes, y por ello no puede concluirse que se trate de la misma pensión, en especial porque se trata de hacerle extensivo un régimen punitivo, el de los intereses de mora, que por su carácter de tal, sólo puede ser aplicable por indicación expresa de la norma y no por analogía.

Creo en consecuencia, que ha debido prosperar el segundo cargo.

Germán G. Valdés Sánchez 

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto salvo el voto en el fallo proferido por la Sala para resolver en este asunto el recurso de casación, en cuanto no quebró la decisión del tribunal de confirmar la condena que el juez de primera instancia impuso a la demandada de pagar intereses moratorios de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Y no comparto tal determinación porque no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-2663 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado artículo 141, en mi sentir esa disposición únicamente es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la ley de seguridad social y que sean reconocidas con sujeción a la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, respecto de una pensión que se reconoce con sustento en el artículo 1º del Acuerdo 029 de 1983, aprobado por el Decreto 1900 del mismo año, y la que estaba consolidada desde el 4 de marzo de 1991, fecha a partir de la cual se ordenó el pago de la mesada pensional.

Lo anterior implica, entonces, que como la pensión de vejez que se concedió al demandante no es de la que trata la Ley 100 de 1993, ni siquiera de las de régimen de transición de su artículo 36, no había lugar a condenar al pago de los intereses moratorios que consagra tal ley en su artículo 141 que claramente dispone: “(...) en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley (...)”. (Negrillas del salvamento).

Además, en este asunto tampoco se dio la situación prevista por el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 para que se pudiera dar aplicación a su artículo 141, pues la primera norma dispone:

“Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo por lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley”.

Fernando Vásquez Botero 

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