Sentencia de octubre 23 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

PENSIÓN ESPECIAL DE LA RAMA JUDICIAL

RELIQUIDACIÓN SIN LÍMITE MÁXIMO

EXTRACTOS: «Se controvierten las resoluciones 5919 de 11 de julio de 1994 y 342 de 9 de febrero de 1995 expedidas por la Caja Nacional de Previsión Social, por medio de las cuales reliquidó la pensión de jubilación a favor del doctor Samuel Buitrago Hurtado.

Registran los antecedentes que, la Caja Nacional de Previsión Social mediante Resolución 6581 de 30 de noviembre de 1989, siendo el actor Consejero de Estado, le reconoció la pensión de jubilación.

Sin haber percibido dicha prestación el Gobierno Nacional, mediante Decreto 255 de 25 de enero de 1990, lo designó notario cuarto del círculo de Cali, para el período comprendido entre el 1º de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1994.

Se retiró del Consejo de Estado el 15 de marzo de 1990 y tomó posesión como notario el 23 del mismo mes y año, el cual desempeñó hasta el 23 de enero de 1994.

El 16 de mazo de 1994 solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social la reliquidación de la pensión de jubilación.

La entidad de previsión mediante el primero de los actos acusados, con base en los promedios salariales de los últimos tres años estableció el monto de la pensión en $ 3.221 817.92 y con fundamento en la Ley 4a de 1976 limitó la pensión a 22 salarios, o sea, a $ 2.171.400; con efectividad a partir del 24 de enero de 1994. Recurrida dicha resolución la entidad de previsión la confirmó mediante el segundo de los actos acusados.

Reliquidó la pensión de jubilación en los citados términos, fundada en que el demandante no se había separado del cargo de Consejero de Estado por cumplir la edad de retiro forzoso, sino que renunció para desempeñarse en el cargo de notario, y durante los últimos tres años prestó sus servicios como notario, no como funcionario de la rama jurisdiccional. En ese orden, estimó que no se cumplían las exigencias señaladas en el artículo 8º del Decreto 546 de 1971.

El demandante estima que al haber sido reconocida la pensión de jubilación con base en las disposiciones especiales del Decreto 546 de 1971, la prestación no está sometida a límite alguno, puesto que ella debía liquidarse con el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio.

En sentir del demandante la aplicación del artículo 2° de la Ley 4a de 1976 para limitarla a 22 salarios mínimos, es indebida, pues se trataba de una simple reliquidación de la pensión de jubilación.

Obra en autos y no es materia de discusión, que Samuel Buitrago Hurtado, siendo Consejero de Estado, obtuvo el reconocimiento de la pensión de jubilación mediante Resolución Nº 6581 de 30 de noviembre de 1989, por haber acreditado más de 20 años al servicio de la rama jurisdiccional, y tener más de 60 años, pues nació el 14 de febrero de 1928.

Con base en los anteriores presupuestos la Caja Nacional de Previsión Social le reconoció la pensión vitalicia de jubilación, ciñéndose para el efecto a las previsiones consagradas en el Decreto 546 de 1971, el cual establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público, concretamente el artículo 6º que dispone:

“ART. 6º—Los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 de edad, si son hombres, y de 50 si son mujeres y cumplir 20 años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de las cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la rama jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas”.

Igualmente el artículo 15 del mismo decreto prescribe que, cumplidos los requisitos para acceder a la pensión, se puede solicitar su reconocimiento en cualquier tiempo, aunque el peticionario se halle en ejercicio del cargo, pero su pago sólo se iniciará con el retiro del servicio, previos los reajustes a que haya lugar. El demandante, hallándose en ejercicio del cargo de Consejero de Estado y cumplidos los requisitos de ley, obtuvo el reconocimiento de la pensión de jubilación. Se separo de la rama jurisdiccional para desempeñarse como notario cuarto del círculo de Cali, sin haber percibido mesada pensional alguna.

Finalmente al retirarse deportivamente del servicio y solicitar la reliquidación de la pensión de jubilación que la Caja Nacional de Previsión le había reconocido bajo el régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971, la entidad de previsión reliquidó la pensión de jubilación y limitó su cuantía a 22 salarios mínimos, en acatamiento de la ley 4a de 1976, cuyo artículo 2º dispone:

“ART. 2º—Las pensiones a que se refiere el artículo anterior no podrán ser inferiores al salario mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario”.

Se contrae pues la controversia a dilucidar si una pensión de jubilación que ha sido reconocida con sujeción al régimen especial para los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público previsto en el Decreto 546 de 1971, para el solo efecto de su reliquidación, puede aplicarse el tope de los 22 salarios mínimos consagrado en la Ley 4a de 1976. La Sala considera que no es posible por lo siguiente:

El artículo 15 del Decreto 546 de 1971 dispone que las pensiones se causan desde que se han cumplido la edad y el tiempo de servicios, si son ordinarias o especiales. O sea que la pensión de jubilación del demandante, se causó cuando ostentaba la calidad de Consejero de Estado. Al haberle sido reconocida la prestación mediante Resolución 6581 de 30 de noviembre de 1989, hallándose en ejercicio del cargo, el derecho pensional se consolidó bajo el régimen especial contemplado en el Decreto 546 de 1971. La pensión debe conservarse con sus características substanciales, sin que sea dable alterar elementos que la hacen “especial”.

Es por ello que consolidado el derecho bajo el régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971, la prestación adquiere firmeza y no puede estar sometida a modificaciones posteriores, sobre todo para imponerle límites no previstos en la norma especial. Sabido es que las reglas sobre aplicación del derecho enseñan que, “...la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general”. Igualmente la Carta Política en su artículo 53 consagra la “...situación más favorable al trabajador en caso de dada en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho...”. Se agrega también que por mandato constitucional el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones.

Consolidado el derecho pensional bajo el l régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971, dicho estatuto lo debe seguir gobernando, sin que sea procedente acudir a textos distintos, no sólo por respeto al principio de inescindibilidad de la norma, sino porque ninguna disposición prevé tal posibilidad.

La Ley 4ª de 1976 es una norma de carácter general que por ningún lado previó la aplicación del referido tope para las pensiones especiales.

El Decreto 546 de 1971 prevé que cumplidos los requisitos se puede solicitar el reconocimiento de la pensión en cualquier tiempo, aunque el funcionario se halle en ejercicio del cargo, su pago sólo se iniciará con el retiro del servicio, previos los reajustes a que haya lugar, sin que sea procedente para el solo efecto de su reliquidación, alterar los elementos substanciales que determinan el régimen especial de la pensión.

En el caso presente, si bien el demandante se retira del cargo de Consejero de Estado, no entró a disfrutar de inmediato de la pensión de jubilación, pues sólo lo hizo cuando definitivamente se desvinculó del empleo de notario, por haber llegado a la edad de retiro forzoso.

Por las razones que anteceden se confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual accedió a las súplicas de la demanda».

(Sentencia de octubre 23 de 1997. Expediente 15.693 Consejero Ponente. Dr. Javier Díaz Bueno).

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