•Sentencia 15715 dediciembre de 1998

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

ORDEN DE EMBARGO SOBRE RECURSOS DEL PRESUPUESTO

EL PAGADOR QUE LA CUMPLE NO INCURRE EN FALTA DISCIPLINARIA

EXTRACTOS: «Está probado en autos que mediante Resolución 02074 de junio 24 de 1992 (fl. 20-21), el Ministro de Hacienda y Crédito Público destituyó al actor del cargo de profesional especializado, 3010-13 del grupo contable de la división de presupuesto de la subsecretaría general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, inhabilitándolo para el ejercicio de cargos públicos por el término de un año.

Como antecedente de esta decisión se tiene que al actor el día 13 de agosto de 1991 (fl. 1, cdno. Nº 3), mediante auto 69 se le inició investigación administrativa para establecer las presuntas irregularidades presentadas en la sección de tesorería de la división de presupuesto de la dirección general de servicios administrativos, consistente en que continuó atendiendo órdenes de embargo a pesar de las previsiones contempladas en el artículo 16 de la Ley 38 de 1989.

La comisión de personal (fl. 40, cdno. Nº 1), tuvo como probada la responsabilidad del funcionario recomendando por mayoría sanción de destitución del cargo; ello en razón a que los recursos de la Caja Nacional de Previsión Social provenientes del presupuesto nacional son inembargables. Consideraron que el demandante, como pagador, incumplió expresas órdenes legales contenidas en la Ley 38 de 1989, Decreto 2980 de 1989, y la Ley 46 de 1990.

A folios 225 y siguientes del cuaderno Nº 1, obran los diferentes oficios remitidos por los juzgados laborales del circuito de Bogotá al pagador del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, comunicando el embargo y retención de los dineros que la Caja Nacional de Previsión Social posea en esa pagaduría.

De las anteriores probanzas se infiere que el actor en su calidad de pagador del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio estricto cumplimiento a las órdenes impartidas por los juzgados labores del circuito de Bogotá, en el sentido de embargar los dineros que en esa entidad poseía la Caja Nacional de Previsión Social.

Sobre este punto dirá la Sala que la resolución judicial que ordena el embargo de los recursos que integran el Presupuesto General de la Nación es de obligatorio cumplimiento para el tesorero o pagador de la entidad, y no puede ser desconocida so pena de incurrir en el delito de fraude a resolución judicial previsto en el artículo 184 del C.P.

En efecto, el artículo 184 del C.P. señala:

“El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial, incurrirá en arresto de seis (6) meses a cuatro (4) años y multa de dos mil a cien mil pesos”.

Así las cosas, corresponde al juez que profiere la medida preventiva verificar si el título reúne los requisitos y si los dineros son embargables o no, pues el pagador, como ya se dijo, únicamente se limita a dar cumplimiento a la orden judicial ya que no es parte en el proceso. En efecto, el artículo 513 del CPC, enseña el procedimiento en el evento en que llegaren a resultar embargados bienes incorporados en el Presupuesto General de la Nación, con el siguiente tenor literal:

“Desde que se presenta la demanda ejecutiva podrá el demandante pedir el embargo y secuestro de bienes del demandado.

Las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación son inembargables.

Si llegaren a resultar embargados bienes de esta índole bastará certificación del Director General de Presupuesto o su delegado para acreditar el mencionado carácter de los bienes y se efectuará desembargo de los mismos, a más tardar el día siguiente de haber sido presentada al juez dicha certificación...”.

En igual sentido, es obligación del juez al momento de proferir las órdenes de embargo judicial, establecer si tales dineros se encuentran dentro de la excepción de que trata el artículo 16 de la Ley 38 de 1989, que señala:

“Las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación son inembargables. La forma de pago de las sentencias a cargo de la Nación se efectuará de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo y demás disposiciones legales concordantes”.

En estas condiciones y de acuerdo con las normas transcritas es menester concluir que el desembargo de los bienes embargados lo debía solicitar la entidad embargada, en este caso la Caja Nacional de Previsión Social, acompañando para el efecto la certificación del director general de presupuesto o su delegado para acreditar el carácter de bienes inembargables.

El anterior trámite debe surtirse necesariamente ante el juez del conocimiento para que él decida sobre la viabilidad o no del desembargo; en ningún caso es potestativo del pagador embargar o desembargar bienes, ya que su función se limita únicamente a dar cumplimiento a las resoluciones judiciales.

Es evidente, además, que respecto a las medidas de embargo y a la inembargabilidad de los bienes incorporados dentro del presupuesto de la Nación se presentaron diferentes criterios; tanto es así que la Contraloría General de la República (oficina jurídica) al hacer el análisis del alcance del artículo 16 de la Ley 38 de 1989 (fl. 80), concluyó diciendo:

“2. La resolución judicial que ordena el embargo de los recursos que integran el presupuesto general de la Nación, es de obligatorio cumplimiento, para el tesorero o pagador de la entidad, y no puede ser desconocida por el auditor fiscal so pena de incurrir en el delito de fraude a resolución judicial previsto en el artículo 184 del Código Penal”.

Así las cosas y conforme a las razones expuestas, concluye la Sala que en el evento de marras el demandante no incurrió en falta disciplinaria, ni en violación de las normas legales, al dar cumplimiento a las medidas de embargo decretadas por los jueces de la República. A contrario sensu, hubiera incurrido en violación de la ley en el caso de que hubiera desobedecido la orden judicial, tipificando el delito de fraude a resolución judicial de que trata el artículo 184 del C.P.

En este orden de ideas, el proveído apelado que negó las pretensiones de la demanda debe ser revocado para en su lugar acceder a ellas».

(Sentencia de diciembre 10 de 1998. Expediente 15.715. Consejero Ponente: Dr. Carlos A. Orjuela Góngora).

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