Sentencia 1572 de noviembre 3 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 1572.

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Recurso de apelación contra la sentencia de 6 de febrero de 2004, proferida por el tribunal administrativo del Valle del Cauca.

Bogotá, D.C., tres de noviembre de dos mil cinco.

EXTRACTOS: « V. Consideraciones de la Sala

En la vía gubernativa la actora admitió que en el caso sub examine se produjo un incumplimiento del tránsito aduanero, solo que se debió a que la mercancía fue hurtada.

Comoquiera que a la demanda acompañó, con el fin de eximirse de responsabilidad, una copia de la denuncia presentada, sin que en la misma aparezca la firma del funcionario que la recibió ni de la persona que la formuló, asistió razón al a quo en haber considerado que el incumplimiento que halló probado la DIAN no fue desvirtuado; y ante la ocurrencia del incumplimiento de la obligación de entregar la mercancía en la aduana de destino en la fecha que le correspondía, la administración estaba facultada para declararlo.

Ahora bien, la inconformidad de la DIAN estriba en este caso en que no obstante haber reconocido el tribunal que hubo incumplimiento, declaró la nulidad parcial de los actos acusados, no obstante que las normas aduaneras autorizan la imposición de sanción por el incumplimiento, que es diferente de los tributos aduaneros derivados de la importación de mercancía.

Para la Sala asiste razón a la entidad demandada, por lo siguiente:

En este caso no hay lugar a declarar la nulidad parcial de los actos acusados, por cuanto la DIAN no le está haciendo exigible a la actora el pago de los tributos aduaneros, sino que al hacer efectiva la garantía que ella constituyó para asegurar la finalización del tránsito aduanero tomó como base el monto de los respectivos tributos. En otras palabras, al transportador no se le están cobrando los tributos, sino que se le está exigiendo el pago de una suma equivalente al valor de estos, por razón de su incumplimiento, que da lugar a la efectividad de la garantía otorgada.

En efecto, se lee a folio 7 en el texto de la Resolución 162 acusada:

“... La mencionada póliza fue constituida por un valor de trescientos millones ($ 300’000.000), moneda corriente y los tributos aduaneros a cobrar son de once millones cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y siete ($ 11’057.347) moneda corriente, por lo tanto la mencionada póliza deberá hacerse efectiva en la proporción de los tributos ya señalados...”.

De ahí que en el artículo segundo de la parte resolutiva, dispuso:

“Hacer efectiva la póliza de seguro ... en la proporción de once millones cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y siete pesos ($ 11’057.347) moneda corriente”.

Advierte la Sala que el tribunal interpretó erróneamente la sentencia de 18 de noviembre de 1999 de esta corporación, ya que dentro del expediente 5541 en que ella se profirió reaccedió a declarar la nulidad parcial de los actos acusados, porque los mismos no solo hicieron exigible la póliza por el incumplimiento del tránsito aduanero, sino que también exigieron el pago de los tributos aduaneros.

En efecto, se dijo en la precitada sentencia, en lo pertinente:

“... Asiste sí razón a la demandante en cuanto a que la única garantía que se le puede hacer efectiva fue la que se constituyó por la finalización del régimen.

En efecto, el artículo 4º del Decreto 2402 de 1991, es del siguiente tenor:

“La mercancía en tránsito no causará los derechos de importación o impuestos que corresponden a la importación para el consumo y el reglamento fijará el monto de la garantía que se deberá rendir por la terminación del régimen que no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía. Esta garantía podrá ser específica o global según ampare la obligación de una sola operación o las obligaciones de varias operaciones y se constituirá por medio de bancos, compañías de seguros, o prenda industrial sobre el medio de transporte.

En caso de incumplimiento del régimen, además de hacer efectiva la garantía, las propias mercancías en tránsito responderán por los derechos de importación y demás gravámenes que pudieren afectarles en su despacho para consumo.

Los vehículos de compañías de transporte debidamente inscritas para realizar el tránsito y autorizadas por la Dirección General de Aduanas, conforme al reglamento no requerirán de una garantía específica”.

El artículo 3º del Decreto 1909 de 1992, prevé:

“Responsables de la obligación aduanera. De conformidad con las normas correspondientes, serán responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el propietario, o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, depositario, intermediario y el declarante”.

Del texto de las normas transcritas se deduce que el transportador es responsable de las obligaciones que se deriven por su intervención, esto es, por la actividad que desarrolla. Luego, si su intervención se contrae a transportar una determinada mercancía de la aduana de partida para ser entregada en determinada fecha en la aduana de destino, conforme lo precisó el citado artículo 4º, la póliza se constituye para garantizar la terminación del régimen, esto es, para garantizar que la mercancía se entregará en la aduana de destino en la fecha autorizada para ello.

Y no podría entenderse de otra manera, pues no resulta lógico que el transportador se obligue a pagar los tributos aduaneros de una mercancía que no es suya, sino que simplemente transporta, a menos que también en él concurra la calidad de declarante.

De ahí que el Decreto 2295 de 1996 en sus artículos 13 y 14 haya señalado:

“ART. 13.—Garantía de tributos aduaneros. Toda operación de tránsito aduanero deberá estar amparada con una garantía bancaria o de compañía de seguros global o específica según el caso, constituida por el declarante en favor de la Nación - Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en la que se garantice el pago de los tributos aduaneros suspendidos...”.

“ART. 14.—Garantía por la finalización del régimen. Toda empresa que transporte mercancías sometidas al régimen de tránsito aduanero deberá constituir en favor de la Nación - Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, una garantía bancaria o de compañía de seguros, mediante la cual se ampare la finalización del régimen durante el tiempo autorizado por la aduana de partida.

La garantía que ampara la finalización del régimen es independiente a la que garantiza el pago de los tributos aduaneros suspendidos con ocasión de la operación de tránsito aduanero.

PAR. 1º—Las empresas transportadoras inscritas y autorizadas para realizar tránsitos aduaneros deberán garantizar sus operaciones mediante la constitución de una póliza global...”.

“... Cuando excepcionalmente la operación de tránsito aduanero se realice en medios de transporte pertenecientes a las empresas declarantes, estas deberán garantizar la finalización del régimen a través de la constitución de una garantía...”.

“... PAR. 2º—En todo caso, cuando el transportador o la empresa declarante que realiza la operación en sus propios medios incumpla su obligación de finalizar el régimen en tiempo autorizado, la aduana de p artida impondrá a la empresa transportadora o declarante una multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes por operación incumplida, los cuales se harán efectivos mediante la exigibilidad de la garantía... Lo anterior sin perjuicio de la efectividad de la garantía que ampara el pago de tributos aduaneros suspendidos, cuando a ello hubiere lugar”.

Entonces, concluye la Sala, que el declarante, que no sea a la vez transportador, debe responder por el pago de los tributos suspendidos; en tanto que el transportador, cuya actividad se limita únicamente al traslado de la mercancía, porque no es propietario ni importador, ni declarante, debe responder únicamente por la finalización del régimen.

Cabe resaltar que el artículo 1º del Decreto 2295 de 1996 trae las definiciones que permiten interpretar las normas aduaneras y, que, no obstante que es posterior a la expedición de los actos administrativos acusados, sirve de ilustración en el presente caso. Es así como se dice que “Declarante. Es la persona jurídica que tiene el derecho a disponer de la mercancía directamente o en virtud de un contrato, razón por la que solicita tránsito aduanero y se responsabiliza por el pago de los tributos aduaneros suspendidos”.

Conforme obra a folios 5, 11,14 y 16 del cuaderno de antecedentes la actora manifestó ante la aduana que se responsabilizaba por el traslado de las mercancías que a continuación relacionaba.

Igualmente, según consta a folio 153 del cuaderno principal, la póliza constituida lo fue para amparar “Disposiciones legales vigente referentes al transporte de mercancías...”.

Los actos administrativos acusados se fundamentaron para su expedición, entre otras normas, en la Resolución 3333 de 6 de diciembre de 1991, expedida por el Director General de Aduanas, en cuyo artículo 2º se previó que “Las garantías se constituirán por la finalización del régimen y/o para asegurar el valor de los derechos de importación y demás impuestos comprometidos”.

Del texto de la disposición antes mencionada y de lo que ha quedado reseñado, deduce la Sala que cuando se utiliza la conjunción y/o se hace con el fin de exigir una u otra garantía, o ambas, dependiendo de si el transportador es a la vez declarante o no.

De tal manera que la referida resolución está regulando dos situaciones.

Asunto diferente es que en el presente caso los actos administrativos acusados no hubieran tenido en cuenta, como lo advierte también la actora en el cargo 3º de la demanda, su calidad de transportadora y, por ende, su única obligación de garantizar la finalización del régimen aduanero.

Luego, si la actora solo estaba obligada a responder por la finalización del régimen aduanero, debe accederse a decretar la nulidad parcial de los actos administrativos acusados, como se solicita en forma subsidiaria en la pretensión 4ª de la demanda, pues, la efectividad de la garantía está referida únicamente a la finalización del régimen aduanero y no al pago de los tributos aduaneros, junto con los intereses aduaneros. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho se dispondrá que la entidad demandada le restituya a aquella, debidamente actualizadas, las sumas de dinero que haya cancelado por concepto de la obligación impuesta de pagar tributos aduaneros, junto con los intereses legales desde la fecha en que se hizo el pago, hasta cuando se efectúe la devolución...”.

Comoquiera que, en este caso, como ya se dijo, la DIAN únicamente hizo exigible la póliza que se constituyó para garantizar la finalización del tránsito aduanero, más no para cobrar los tributos aduaneros, en la medida en que la actora no desvirtuó el incumplimiento, los actos acusados que así lo declararon conservan la presunción de legalidad; y como la consecuencia de la declaratoria del incumplimiento es la efectividad de la garantía, al haber dispuesto tal efectividad sobre la base del monto de los tributos aduaneros, no desconocieron norma superior alguna.

En consecuencia, debe la Sala revocar la sentencia apelada para disponer, en su lugar, la denegatoria de las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone:

DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de noviembre de 2005».

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