•Sentencia 1573 de noviembre 26 de 1998

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

SUPRESIÓN DE EMPLEOS DEPARTAMENTALES

POR ORDENANZA O POR DECRETO DEL GOBERNADOR

EXTRACTOS: «De acuerdo con el numeral 7º del artículo 300 de la Carta Política, corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas:

“Determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo (...)”.

En concordancia con esta disposición, a través del inciso tercero del numeral 12 del prenotado artículo, se estipula que:

“Las ordenanzas a que se refieren los numerales 3º, 5º, y 7º de este artículo, las que decreten inversiones, participaciones o cesiones de rentas y bienes departamentales y las que creen servicios a cargo del departamento o los traspasen a él, sólo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del gobernador”.

Vale decir, frente a las atribuciones del numeral 7º la asamblea departamental carece de iniciativa regulatoria, siendo por tanto compartida la competencia a partir de la presentación del proyecto de ordenanza por parte del gobernador.

Conviene ahora preguntarse: ¿Qué significa determinar la estructura de la administración departamental?

En concepto de la Sala la atribución para estructurar la administración departamental engloba la posibilidad de que la asamblea cree los elementos que la integran, disponiendo al mismo tiempo sobre la unidad y relación de cada una de sus partes, tanto desde el punto de vista de su localización orgánica como en lo concerniente al cumplimiento de sus funciones. Dicha potestad comprende todos los aspectos orgánicos de la administración correspondiente al nivel central, y por contera, la planta de personal departamental. La que a su turno se podrá ver afectada total o parcialmente por las ordenanzas de reestructuración, ya por adición o fusión de cargos, ora por la simple supresión de algunos. Y es que no sería factible hablar de procesos de estructuración o de reestructuración in abstracto esto es, sin referencia a los empleos, pues como bien se puede advertir, la estructura orgánica de la administración sólo puede realizarse merced al desarrollo práctico de los empleos, que a su vez se erigen como vehículos del circuito funcional que informa la misión de los órganos de la administración. Por ello mismo, ¿qué efecto práctico podría tener una elaboración estructural de la administración que sólo diera razón de sus dependencias, oficinas e instancias, vale decir, con absoluta prescindencia de los empleos? En verdad sería tanto como hablar de la importancia domiciliaria de una casa eternamente deshabitada.

En autos consta que mediante Ordenanza Nº 15 del 23 de noviembre de 1992 la Asamblea Departamental de Caldas determinó la planta de cargos en la administración central del departamento de Caldas, clasificó por niveles y grados salariales los cargos de empleados públicos, se acogió la remuneración de los trabajadores oficiales de la secretaría de fomento, desarrollo y obras públicas, se suprimieron unos cargos y se dictaron otras disposiciones en materia de planta de personal.

La censura del actor recae sobre el literal a del artículo 2º de esta ordenanza, esto es, sobre la supresión de todos los cargos de la oficina de contratos nacionales adscrita al despacho de la gobernación; oficina que por ende desapareció de la estructura de la administración.

Sobre el particular la Sala observa que no hay lugar a quebrantamiento alguno, pues según se vio, la facultad para estructurar o reestructurar la admininistración departamental entraña la de crear, fusionar o suprimir empleos. Máxime si se tiene en cuenta que con arreglo al nuevo ordenamiento constitucional las ordenanzas que se dicten con fundamento en el numeral 7º del artículo 300 superior requieren la iniciativa del gobernador, como en efecto ocurrió en el sub judice.

Ahora bien, cosa distinta ocurre cuando el gobernador, a través de un acto administrativo independiente de cualquier ordenanza, en ejercicio de las facultades que le otorga el numeral 7º del artículo 305 superior crea, suprime o fusiona empleos de sus dependencias, pues a la vez que actualiza su indiscutible competencia sobre tal materia, de cara al numeral 7º del artículo 300 ibídem, pone de presente la coexistencia de procedimientos que autoriza la Carta de 1991 para disponer sobre la creación, supresión o fusión de empleos, esto es, que a partir de su iniciativa bien puede el gobernador propiciar un desdoblamiento nominativo como acto colegiado o como acto singular. O lo que es lo mismo, como ordenanza o como decreto departamental.

Así las cosas, la ordenanza acusada habrá de mantener la presunción de legalidad que la ampara».

(Sentencia de noviembre 26 de 1998. Expediente 1573-98. Consejero Ponente: Dr. Carlos A. Orjuela Góngora).

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