Sentencia 15767 de septiembre 26 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 11001-03-27-000-2005-00060-00 (15767)

Consejera Ponente:

Dr. Ligia López Díaz

Actor: Claudia Ximena Fino Carantón

Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Bogotá, D.C., veintiséis de septiembre dedos mil siete.

Se decide la demanda de nulidad presentada por Claudia Ximena Fino Carantón contra la expresión “Que los bienes, insumos y servicios fueron adquiridos para el uso exclusivo de la respectiva institución” contenida en el literal b) numeral 3º del artículo 4º del Decreto 2627 de 1993, expedido por el Gobierno Nacional.

EXTRACTOS: «El acto acusado

La demanda recae sobre la parte subrayada del literal b) del numeral 3º del artículo 4º del Decreto 2627 de 1993, cuyo texto es el siguiente:

DECRETO NÚMERO 2627 DE 1993

(Diciembre 28)

“Por el cual se establece el procedimiento para la devolución del impuesto a las ventas a las instituciones estatales u oficiales de educación superior”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 92 de la Ley 30 de 1992 y 851 del estatuto tributario,

DECRETA:

ART. 1º—Devolución del impuesto a las ventas a las instituciones estatales u oficiales de educación superior.

Las instituciones estatales u oficiales de educación superior tienen derecho a la devolución del impuesto a las ventas que paguen por los bienes, insumos y servicios que adquieran.

(...).

ART. 4º—Requisitos de la solicitud de devolución del impuesto a las ventas. La solicitud de devolución del impuesto a las ventas deberá presentarse diligenciando el formato correspondiente y cumplir los siguientes requisitos:

1. Que se presente en forma personal por el representante legal de la institución.

2. Que se presente dentro de la oportunidad señalada y en la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales correspondiente.

3. Que se acompañe los siguientes documentos:

a) Certificación del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES en la que se acredite la representación legal de la institución y la calidad de institución estatal u oficial de educación superior, cuya fecha de expedición no debe ser superior a seis (6) meses.

b) Certificación de contador público o revisor fiscal en la que conste:

— Identificación de cada una de las facturas de adquisición de bienes, insumos y servicios indicando el número de la factura, fecha de expedición, nombre o razón social y NIT del proveedor, vendedor o quien prestó el servicio, valor de la transacción y el monto del impuesto a las ventas pagado.

— El valor total del impuesto pagado objeto de la solicitud de devolución.

— Que en las facturas se encuentra discriminado el impuesto a las ventas y cumplen (sic) los demás requisitos legales.

— Que los bienes, insumos y servicios fueron adquiridos para el uso exclusivo de la respectiva institución.

[…]”.

(...).

Consideraciones de la Sala

La Sala debe decidir sobre la legalidad de la expresión “Que los bienes, insumos y servicios fueron adquiridos para el uso exclusivo de la respectiva institución” contenida en el literal b) del numeral 3º del artículo 4º del Decreto 2627 de 1993, expedido por el Gobierno Nacional “Por el cual se establece el procedimiento para la devolución del impuesto a las ventas a las instituciones estatales u oficiales de educación superior” consagrada en el artículo 92 de la Ley 30 de 1992.

La norma demandada dispone que la solicitud de devolución del impuesto a las ventas deberá presentarse diligenciando el formato correspondiente y cumplir los siguientes requisitos:

1. Que se presente personalmente por el representante legal.

2. Que se presente oportunamente.

3. Que se acompañe los siguientes documentos:

a) Certificación del ICFES sobre la representación legal de la institución de educación superior y la calidad de estatal u oficial.

b) Certificación de contador público o revisor fiscal en la que conste:

— Identificación de cada una de las facturas de adquisición de bienes, insumos y servicios con el número, fecha, nombre o razón social y NIT del proveedor del bien o servicio, valor de la transacción y monto del IVA pagado.

— El valor total del IVA pagado objeto de devolución.

— Que en las facturas se encuentra discriminado el IVA y que cumplen los requisitos legales.

Que los bienes, insumos y servicios fueron adquiridos para el uso exclusivo de la respectiva institución.

[…]”.

La demandante considera que esta exigencia transgrede los artículos 6, 92 y 120 de la Ley 30 de 1992, porque es un requisito no previsto legalmente y desconoce que la intención del legislador fue dotar a las universidades públicas de la posibilidad de obtener más recursos para hacerlas más competitivas, fortalecerse académica y tecnológicamente, abrir más cupos y ampliar su infraestructura física. El requisito cuestionado, limita esa posibilidad, lo cual pone en desventaja a las universidades públicas frente a las privadas.

Pues bien, mediante la Ley 30 de 28 de diciembre de 1992, se organizó el servicio público de la educación superior y su artículo 92 estableció el beneficio fiscal en los siguientes términos:

“Las instituciones de educación superior, los colegios de bachillerato y las instituciones de educación no formal, no son responsables del IVA. Adicionalmente, las instituciones estatales u oficiales de educación superior tendrán derecho a la devolución del IVA que paguen por los bienes, insumos y servicios que adquieran, mediante liquidaciones periódicas que se realicen en los términos que señale el reglamento (1) ”.

La Corte Constitucional en Sentencia C-925 de 2000 decidió la acción de inconstitucionalidad contra la expresión subrayada del artículo 92 de la Ley 30 de 1992, porque a juicio del demandante se vulneraba, principalmente, el principio de igualdad entre las instituciones de educación superior, estatales u oficiales, y las privadas.

Esa corporación decidió que la disposición era exequible porque el legislador podía establecer este tipo de beneficios fiscales según las capacidades y de acuerdo con la posición y necesidades de los distintos sectores sociales, así como los objetivos del recaudo, la equidad de las obligaciones y la progresividad de las contribuciones.

Frente a la justificación de la exoneración del tributo señaló, que las instituciones educativas, tanto oficiales como privadas, cumplían una función similar, pero por mandato constitucional (art. 67), la educación en las instituciones del Estado debían ser gratuitas y correspondía al Estado garantizar una adecuada y completa prestación del servicio, asegurando el acceso y la permanencia en el sistema, y concluyó:

En otros términos, es mucho mayor, en cuanto a sus dimensiones económicas, la carga que la Constitución ha establecido en cabeza de las instituciones públicas, que la asumida por los particulares, y son también mayores las exigencias que la población puede hacer al Estado en relación con la materia, a lo cual debe agregarse que los tributos que pagan las entidades oficiales van a las mismas arcas del Estado —al tesoro público— lo que explica que, con el propósito de incentivar y fortalecer a sus propios organismos encargados de cumplir los objetivos constitucionales de la educación, el Estado les devuelva, en los términos que indique la ley, todo o parte de lo que, como gravamen, han cancelado.

[…].

Además, la medida resulta idónea para alcanzar esos cometidos constitucionales, ya que al consagrar la devolución de lo que las instituciones públicas educativas han pagado por concepto del impuesto al valor agregado por ciertos bienes y servicios, el Estado cuenta con mayores recursos para cumplir de manera más eficiente todas aquellas funciones que, en materia educativa, la Carta le ha asignado”.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que el beneficio fiscal establecido a favor de las instituciones públicas de educación superior, consiste en dotarlas de mayores recursos y mejorar las condiciones económicas para prestar un mejor servicio educativo, mediante la ampliación tanto de su cobertura, como de sus infraestructuras físicas.

Ahora bien, la Ley 30[6] de 1992 señala cuáles son los objetivos de la educación superior y de sus instituciones (2) , así:

“a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la educación superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país.

b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país.

c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución.

d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional.

e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas.

f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines.

g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades.

h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus homólogas a nivel internacional.

i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura ecológica.

j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país”.

A juicio de la Sala, esta disposición consagra una serie de enunciados sobre los propósitos de la educación superior (3) , los cuales, naturalmente, se cumplen más fácilmente, si se cuentan con más recursos de los que les corresponden por ser un gasto público social, como son las partidas asignadas dentro del presupuesto nacional (C.N., arts. 350 y 356).

También, con mayores recursos, se puede dar mejor cobertura a los programas de extensión autorizados por el artículo 120 de la Ley 30 de 1992, tales como “programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad”.

Ahora bien, el decreto reglamentario precisa que el medio probatorio para tener derecho a la devolución, es que allegue un certificado del contador o del revisor fiscal de la institución en el que se acredite que los bienes, insumos y servicios, fueron adquiridos para el uso exclusivo de la misma, lo cual a juicio de la Sala, no limita el alcance del beneficio legal, ni restringe su derecho.

La devolución del IVA consagrada en el artículo 92 de la Ley 30 de 1992, como se señaló, atiende precisamente a la calidad de pública u oficial de la institución de educación superior. Se trata de una ventaja en cabeza de una persona de derecho público, con el ánimo equiparar las condiciones económicas frente a las instituciones privadas, por las razones que expuso la Corte en la sentencia citada. En consecuencia, es una concesión de carácter personal.

Por lo anterior, la exigencia demandada se ajusta a la norma superior, pues, el uso exclusivo de los bienes, insumos y servicios adquiridos por la institución es coherente con el carácter personal del beneficio establecido en su favor.

En efecto, la exclusividad que advierte el reglamento debe entenderse en el sentido de que el beneficio no se extienda a personas diferentes a la institución pública, que es la titular, pues si el Estado deja de percibir un ingreso lo hace precisamente porque es un beneficio de una entidad pública de educación superior y no de una persona natural.

Así las cosas, el decreto reglamentario da una correcta interpretación del artículo 92 de la Ley 30 de 1992, pues, es incuestionable que los bienes, insumos y servicios, sobre los que procede la devolución del IVA pagado, los adquiere la institución oficial, para sí, y no para un tercero.

Por las anteriores razones, el Gobierno Nacional, ejerció su facultad reglamentaria dentro del marco de la ley que reglamentó, se ajustó a su contenido y alcance, en consecuencia, la Sala no encuentra razón para anular la disposición demandada, por lo que se denegarán las pretensiones de la accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las súplicas de la demanda

RECONÓCESE PERSONERÍA a la abogada Biviana Nayibe Jiménez Galeano para representar a la parte demandada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Se deja constancia de que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) La frase subrayada fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C- 925 de 2000.

(2) Las instituciones de educación superior son las instituciones técnicas profesionales, las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y las universidades (L. 30/92, art. 16). Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial, mientras que las instituciones estatales u oficiales de educación superior que no tengan el carácter de universidad, deberán organizarse como establecimientos públicos del orden nacional, departamental, distrital o municipal (art. 57 ibídem).

(3) Conforme al artículo 1º de la Ley 30 de 1992, la educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.

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