Sentencia 1577 de marzo 6 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN B

DOCENTES

COMPATIBILIDAD DE PENSIÓN Y SUELDO

EXTRACTOS: «Por disposición del artículo 3º del Decreto-Ley 2277 de 1979, los educadores que prestan sus servicios a entidades oficiales del orden nacional, departamental, distrital y municipal, son empleados oficiales de régimen especial. El régimen especial previsto en dicho estatuto se orienta a regular las condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de las personas que desempeñan la profesión docente en los distintos niveles y modalidades que integran el sistema educativo nacional.

El régimen especial de los docentes oficiales, no comprende solo aspectos atinentes a administración de personal, sino que de tiempo atrás el ordenamiento jurídico ha previsto regulaciones especiales en materia salarial y prestacional a su favor.

En efecto, han disfrutado de algunas prerrogativas especiales, como la posibilidad de percibir simultáneamente pensión y sueldo (D. 224/72, art. 5º) algunos de ellos gozan de la denominada “pensión gracia” cuya regulación contienen las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, prestación reiterada en las leyes 91 de 1989, 100 de 1993, artículo 279, 115 de 1994, artículo 115.

La Ley 60 de 1993, artículo 6º, inciso tercero dispuso:

“El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad”.

Lo anterior, sirve de base a la actora, para que en su condición de docente oficial al servicio del municipio de Medellín —docente territorial—, solicite a dicha entidad, directamente el reconocimiento y pago de la pensión con base en el régimen prestacional vigente en la entidad territorial.

Es indispensable en primer término esclarecer la posibilidad que tiene la demandante para acceder al reconocimiento y pago de la pensión y continuar prestando sus servicios docentes. En otros términos, se plantea la vigencia de las normas que permiten a los docentes oficiales percibir simultáneamente pensión y sueldo.

La entidad demandada estima que las normas que contemplan la compatibilidad entre pensión y sueldo (D. 224/72, 2277/79, L. 91/89, entre otras) fueron derogadas tácitamente por el literal g del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.

Para dilucidar este extremo, se exponen las siguientes razones:

El artículo 128 de la Constitución Política prevé que nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, salvo los casos expresamente determinados por la ley. En otros términos para acceder simultáneamente a una doble asignación del tesoro público, se requiere de una disposición legal que expresamente así lo autorice.

Para los docentes oficiales, el ordenamiento jurídico ha contemplado normatividad que expresamente así lo permite: Normas reguladoras de la pensión gracia, las que permitían simultáneamente percibir pensión y sueldo.

La Ley 4ª de 1992 en el artículo 19 desarrolló las previsiones del artículo 128 de la Constitución Nacional, reiterando la mencionada prohibición y estableció los eventos en que expresamente se permite percibir más de una asignación del tesoro público. En el literal g prescribió:

“g) Las que al entrar en vigencia la presente ley, beneficien a los servidores docentes pensionados” (negrilla).

En algunas oportunidades la Sala al resolver asuntos similares ha considerado que la disposición legal antes transcrita derogó tácitamente las disposiciones que permitían a los docentes oficiales percibir simultáneamente más de una asignación del tesoro público, bajo el entendido, de que, sólo quedaron beneficiados con la excepción, aquellos docentes que al entrar en vigencia la Ley 4ª de 1992 ya estaban pensionados. En ese sentido se pronunció la Sala en sentencias de 5 de septiembre de 1996 dictada en el proceso 13.149 y 17 de abril de 1997 dictada en el proceso 13.154. En la primera de ellas, en lo pertinente se dijo:

“Así las cosas, la primera precisión que debe hacerse es que la excepción sólo rige para los servidores docentes oficiales que a 18 de mayo de 1992 hubieren adquirido el derecho a la pensión. Lo anterior quiere significar que los docentes que a esa fecha no reunían los requisitos legales para obtener el reconocimiento de pensión, no puede recibir las dos asignaciones del tesoro público, aunque una de ellas tenga el carácter de pensión; aún más, que a partir de esa fecha, no hay posibilidad legal de percibir doble asignación, una como docente y otra como pensionado”.

Sin embargo, un nuevo análisis de la excepción a la prohibición de percibir simultáneamente más de una asignación del tesoro público, consagrada en el literal g del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, conduce a una perspectiva diferente, como a continuación se explica:

La Ley 4ª de 1992, señaló las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos en ella comprendidos. Entre los objetivos y criterios para ilustrar el presente asunto se destaca la disposición de la misma ley en cuanto estableció que en ningún caso se podrían desmejorar los salarios y prestaciones de los servidores oficiales.

Al desarrollar las previsiones del artículo 128 de la Constitución Nacional, la Ley 4ª de 1992, artículo 19, estableció expresamente las excepciones a la prohibición de percibir simultáneamente más de una asignación del tesoro público y en la parte que interesa para resolver el sub lite, en el literal g preservó las normas que a la fecha de entrar en vigencia dicha ley, beneficiaran a los docentes pensionados.

Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.

Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las existentes.

El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la fecha de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se siguieran beneficiando de la normatividad que les permitía percibir simultáneamente pensión y sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión gracia, siempre y cuando cumplieran todas las exigencias legales.

La anterior apreciación la corrobora el mismo Iegislador, que en los años siguientes a la expedición de la Ley 4ª de 1992, reiteró la compatibilidad en examen, como lo establecen, los artículos 6º de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley 100 del mismo año y 115 de la Ley 115 de 1994.

En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, artículo 19, literal g al establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha ley beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto 224 de 1972 que dispone:

“El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad”.

Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada».

(Sentencia de 6 de marzo de 2003. Expediente 1577-01. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Órdoñez Maldonado).

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