Sentencia 15770 de marzo 26 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN HERMANO PARA SER BENEFICIARIO

EXTRACTOS: «La demanda tuvo como objeto la declaración de nulidad de las resoluciones 1509 de agosto 23 de 1994 y 0738 de mayo 26 de 1995, por medio de las cuales el gerente de la caja de seguridad social del departamento de Risaralda negó a la demandante la sustitución pensional vitalicia de su hermano fallecido.

(...).

Se discute en este caso la legalidad de los actos por los cuales se le denegó a la actora el reconocimiento de una sustitución pensional. Sea lo primero hacer referencia a la Resolución 1509 de 19947, la cual, tal como lo advirtió el a quo desapareció del ámbito jurídico en lo atinente a su artículo primero por virtud de la Resolución 0475 de 1995. Por lo mismo, esta Sala habrá de confirmar la decisión inhibitoria edificada en torno a la Resolución 1509.

Ahora bien, teniendo en cuenta que los actos impugnados se produjeron después de haber entrado en vigencia la Ley 100 de 1993, lo indicado será entonces plantear el examen de aquellos a la luz de esta preceptiva. En efecto:

El artículo 38 de la Ley 100 prevé:

“Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.

En concordancia con el artículo 39 ejusdem resulta claro que esta norma tiene como destinatarios directos a los afiliados y no a los hermanos del pensionado que fallece. En lo concerniente a los motivos determinantes de la invalidez la disposición no hace distinción al predicar que “... por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente...”.

Ocurre que el asunto bajo examen no se encuadra dentro de la anterior hipótesis, toda vez que la demandante no está actuando en condición de afiliada. Mejor aún, ella está haciendo un pedimento apoyada en su calidad de hermana del señor Lisímaco Henao Montoya, siendo por tanto aplicable lo previsto en el literal d del artículo 47 de la Ley 100 a propósito de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Obsérvese cómo este literal señala como una especie de tales beneficiarios, en el último orden, a los hermanos inválidos del causante que dependían económicamente de él. Vale decir, para acceder a la pensión de sobrevivientes son dos los requisitos que deben satisfacer los hermanos del empleado: invalidez, no necesariamente laboral, y, dependencia económica respecto del de cujus.

Se pregunta la Sala, ¿cuál habrá de ser el porcentaje de invalidez requerido para satisfacer el primer requisito? Por analogía resulta forzoso darle aplicación al artículo 38 de la Ley 100, exigiendo al punto una disminución no inferior al 50% en la capacidad sicomotriz o laboral del respectivo peticionario.

En cuanto al segundo requisito conviene recordar que con arreglo al artículo 10 del Decreto 2150 de 1995:

“En las actuaciones administrativas, suprímese como requisito las declaraciones extrajuicio para el reconocimiento de un derecho particular y concreto. Para estos efectos, bastará la afirmación que haga el particular ante la entidad pública, la cual tendrá los mismos efectos y consecuencias de la declaración extrajuicio”.

En otras palabras, sin perjuicio de los medios idóneos para acreditar ciertos hechos, la dependencia económica se puede probar con la simple aseveración del solicitante, toda vez que al amparo del artículo 83 de la Carta Política:

“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas”.

Por manera que no sería de buen recibo exigirle al solicitante más requisitos que aquellos con que la ley ha querido salvaguardar el imperio de los derechos estipulados en favor de los beneficiarios determinados en el último orden sucesoral ya referenciado. En este sentido no sobraría recordarle a la administración la necesidad de acatar los principios de la economía y la celeridad, de tan caro reconocimiento en el estatuto antitrámites.

En el plenario consta que la recurrente presentó en sede administrativa su petición de sustitución pensional acompañando los siguientes documentos: Registro de defunción del pensionado, partida eclesiástica de matrimonio, partida eclesiástica de bautismo del causante, partida eclesiástica de bautismo de la actora y tres declaraciones extrajuicio relativas a la dependencia económica de la libelista (fls. 42 a 50). Igualmente obra en el expediente el dictamen médico laboral Nº 077 del 23 de mayo de 1995 (fl. 65) emitido por médico laboral del trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el cual se dice respecto de la demandante:

“Los diagnósticos clínicos considerados anteriormente corresponden al grupo de enfermedades comunes. Igualmente, vale la pena aclarar que al realizar el examen físico de la paciente se encontraron todos los signos clínicos propios de los padecimientos consignados.

Lo considerado anteriormente me permite concluir que la señora María Bertha Henao Montoya, actualmente presenta un estado de invalidez laboral, por una pérdida de su capacidad laboral mayor del 66% sesenta y seis por ciento de acuerdo con los grados de deficiencia, discapacidad y minusvalía contemplados en el Decreto 1836 de 1994” (fl. 65).

De lo anterior dimana con singular acento la satisfacción de los presupuestos establecidos en el literal d del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, siendo del caso reconocerle a la recurrente el derecho suplicado.

Es conveniente advertir también que el sentido y alcance de la ley debe asumirlo el intérprete y el ejecutor buscando su genuino cumplimiento, antes que prefabricando mecanismos de elusión o entrabamiento, pues además no estaría bien continuar contemporizando con ese proceder inserto en la historia que narra Kafka sobre el hombre que llega ante el guardián de la ley con el fin de ser admitido, pero que por culminante respuesta sólo recibe una puerta que se cierra.

Consecuentemente la Sala considera que las pretensiones de la actora están llamadas a prosperar».

(Sentencia de marzo 26 de 1998. Expediente 15770. Consejero Ponente: Dr. Carlos A. Orjuela Góngora ).

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