Sentencia 15771 de abril 24 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 68001-2331-000-10966-01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Saavedra Becerra

Actor: Carlos Julio Ariza Ruiz y otros

Demandada: La Nación - Ministerio de Salud - y otros

Ref.: Apelación sentencia indemnizatoria (15.771)

Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación que formuló el departamento de Santander, en juicio de dos instancias (1) , con el objeto de que revoque la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

La Sala precisa previamente que la providencia no es consultable toda vez que la condena no alcanza la cuantía que exige al efecto la ley y comoquiera que el único apelante es el departamento de Santander, el presente análisis se limitará a la materia propuesta por este sujeto.

El departamento solicitó la revocatoria de la sentencia con fundamento en que no incurrió en falla y en que la muerte de la señora se produjo por su propia culpa, toda vez que fue ella misma quien se causó la muerte.

Procede por tanto la Sala a verificar lo probado en el caso concreto, a efecto de constatar la prueba de los elementos que configuran la responsabilidad demandada.

2. Hechos probados.

— El 14 de abril de 1994, la señora Ariza Pardo ingresó al hospital psiquiátrico San Camilo remitida por el hospital de Vélez. Se dejó constancia en el acta de atención de urgencias, que agredió a su esposo con un arma cortopunzante e inició fase depresiva para culminar en un episodio de agresividad con intención manifiesta de quitarse la vida.

— El 1º de mayo de 1994 se registró en la correspondiente historia clínica lo siguiente:

“Paciente en aceptables condiciones generales, colaboradora orientada en las tres esferas, deprimida. Manifiesta que esta mañana tuvo ideas suicidas ‘rompí un frasco y quise cortarme las venas’. Pero esta idea ya no está y no sabe porqué pensó en esto (...)” (Registro individual de egreso hospitalario, epicrisis, acta de atención de urgencias e historia cínica en copia auténtica; fls. 25 a 55 c. 2 y 31 - 41 c. 3).

— El 8 de mayo de 1994, la señora Mercedes Ariza Pardo falleció a consecuencia de una anoxia pulmonar secundaria o asfixia mecánica por ahorcamiento. Así lo acreditan el registro civil de defunción, el acta de levantamiento del cadáver y el acta de necropsia (fls. 7 c. 2; 1, 16 a 18 c. 3).

Al momento de su fallecimiento la señora Ariza Pardo se encontraba internada en el hospital psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga, porque presentaba un episodio psiquiátrico agudo, con un cuadro de cerca de 20 días de evolución, caracterizado por un comportamiento bizarro.

En el acta de levantamiento del cadáver se anotó que en su familia se presentaba un antecedente de 5 hermanos esquizofrénicos, como también que se le encontró un pedazo de tela alrededor del cuello, sujetada a la varilla de las ventanas (fls. 1 c. 2).

Sobre las circunstancias que rodearon el suceso, consta en el expediente un informe de la Fiscalía General de la Nación, del siguiente tenor:

“(...) la enfermera Maria Isabel Prada de Cordero (...) quien manifestó que la paciente fue remitida del hospital regional de Vélez el 14 de abril de 1994, (...) presentando episodio psiquiátrico agudo con 20 días de evolución, caracterizado por comportamiento zizarro (sic). El día ocho de mayo en horas de la mañana se había subido a un árbol siendo bajada y al manifestar a las enfermeras que tenía sueño la pasaron al alojamiento de la unidad de terapia electroconvulsiva: momentos después Maria Isabel Prada fue solicitada en la portería para atender una llamada y al mismo tiempo comunicarle que el esposo de la paciente (occisa) había llegado a visitarla, al devolverse nuevamente el alojamiento para comunicarle la noticia, la encontró pendiendo de una tela (sabana (sic)) la cual había sido sujetada por ella misma a las varillas de la ventana” (fl. 5, c. 2).

Mediante providencia del 17 de noviembre de 1994 la Fiscalía General de la Nación, se declaró inhibida para abrir investigación por la muerte de la señora Ariza Pardo con fundamento en que la conducta investigada era atípica (fls. 56 y 57, c. 2).

— El 3 de junio de 1996 se recibió declaración del señor Jesús Anselmo Pardo Ayala, quien dijo ser agricultor y haber conocido a la señora Mercedes Ariza. Al ser interrogado sobre como era el comportamiento de la señora con su esposo y sus hijas antes de ser internada en el hospital psiquiátrico, dijo que “Ella se comportaba normalmente con su esposo y sus hijas” y que “Era una mujer trabajadora, sí, ella cumplía con sus deberes de esposa y de madre porque era una persona normal, antes de ser llevada al manicomio”.

En esa misma fecha declararon los señores Virgilio Benavides Pardo y Jesús Quiroga Pardo, quienes coincidieron en afirmar que conocían a la señora Ariza Pardo; que ella se comportaba muy bien con su esposo e hijas; como también que cumplía fielmente con sus obligaciones de madre y esposa (fls. 185 - 187, c. 3).

— En testimonio rendido por el señor Douglas Quintero, el 7 de noviembre de 1996 afirmó haber atendido a la señora Ariza, explicó que a su llegada al hospital presentó un cuadro de enfermedad afectiva - psicosis maniaco depresiva circular, con agitación y estado logorreico, por lo cual fue tratada inicialmente con neurológicos y antidepresivos.

Al ser interrogado, si de acuerdo a la patología descrita el suicidio era un desenlace esperado, contestó que “la iniciativa del suicidio en esta entidad es muy alta, pero no podemos decir que era esperado porque estábamos precisamente esperando que no se diera esa situación, de ahí que como manifestaba anteriormente la sorpresa ante el nuevo hecho que se presentó en el servicio y la forma como lo hizo la paciente cuando investigamos el lunes que era lo que había sucedido” (fls. 208 a 211, c. 3).

En declaración del 7 de noviembre de 1996 María Isabel Prada de Cordero, afirmó ser la enfermera que atendió a la señora Ariza. Explicó que el día del suicidio escuchó cuando una de sus compañeras le decía a Mercedes Ariza que se bajara de un árbol; que la paciente descendió del mismo y le manifestó que pensaba en su familia y en un disgusto que había tenido con su esposo. Adujo que la paciente se dirigió a un cuarto que estaba abierto, se acostó y aparentemente se quedó dormida; que cuando ella estaba haciendo las notas de enfermería, el cónyuge de la señora Ariza se presentó ante esa institución; que ella le recomendó a este que la reanimara y que cuando se dirigió a llamar a la paciente, la encontró con una sábana en el cuello, colgada de la ventana. Explicó que aterrada por la escena, avisó de inmediato a la jefe de enfermeras y al médico de turno, quien, una vez que tomó los signos vitales, constató que había fallecido (fls. 212 a 215, c. 3).

En la misma fecha declaró la señora Martha Clarissa Plata Serrano, enfermera del hospital psiquiátrico San Camilo, quien se pronunció en similar sentido; agregó que el cónyuge de la señora Ariza se enteró de inmediato de la situación porque se hallaba en la sala de espera e incluso pidió ayuda a un amigo que se encontraba en el hospital para que lo ayudara a gestionar el traslado de la señora (fls. 224 a 227, c. 3).

— En experticio suscrito por el médico neuro - psiquiatra Javier Jerez Medina, allegado al proceso el día 12 de diciembre de 1993, se lee lo siguiente:

“(...) Revisé el expediente y estudié como documento básico la historia clínica 56.804, del hospital psiquiátrico San Camilo.

Considero prudente señalar que sobre el hecho en sí, el acto por el cual falleció la señora Mercedes Ariza Pardo es prudente abstenerme de juicios hacia responsabilidades, pues fue suficientemente investigado y concluido como accidental y de elaboración suicida.

Para el supuesto de recuperación hipotética, para el que se me pide mi participación, tengo que hilvanar un análisis secuencial de la evolución y posible naturaleza de la enfermedad por la cual fue atendida en el hospital psiquiátrico San Camilo; encontrando que:

— Fue remitida el 14 de abril de 1994 desde el hospital regional integrado San Juan de Dios del municipio de Vélez y se refieren trastornos en comportamientos iniciados veinte (20) días antes, que indican alteración profunda severa y primaria del afecto por el predominio de expresiones concomitantes de ruina total y tendencias suicidas, derivadas también de su alteración mental con sobre valoraciones deliroides de dominio demoníaco. Esto nos ubica en un diagnóstico de episodio psicótico agudo depresivo, de enfermedad maniaco depresiva que se concatena con información certificada en hoja de remisión del hospital de Vélez en donde se remarca el dato de existencia de diátesis o predisposición heredo - familiar (madre, tía y cinco (5) hermanos con enfermedades psiquiátricas mayores). Psicopatías que investigué y corroboré en archivos de historias clínicas del hospital psiquiátrico San Camilo.

No existen estadísticas universales confiables sobre el número de decesos por autoeliminación; pero la enfermedad maniaco depresiva es la que potencialmente conlleva a desenlaces suicidas, muchas veces súbitos e imprevisibles por las características de fluctuación del afecto (distimias) bruscas, como el caso de Mercedes.

Su enfermedad era indudablemente de evolución crónica que exigía tratamiento permanente, de por vida. En el hipotético caso de haber podido continuar el tratamiento, la remisión de su crisis aguda se podría prever obtenible en un tiempo comprendido entre los treinta (30) y los cuarenta y cinco (45) días desde el inicio de la atención específica psiquiátrica” (fls. 233 y 234, cdno. ppal.).

3. La responsabilidad del Estado por daños a personas que están bajo su cuidado.

La Sala ha precisado que las entidades encargadas de atender a los enfermos mentales y a los menores, tienen el deber de protegerlos con especial cuidado, incluso respecto de las propias acciones, toda vez que estos sujetos, por su incapacidad síquica o inmadurez, se encuentran en situación vulnerable y de mayor indefensión.

Ha explicado además que, cuando un enfermo que se encuentra internado en una institución siquiátrica se suicida, resulta procedente imputar dicha muerte al Estado si “la persona sufría un trastorno psíquico o emocional que hacía previsible el hecho y que a pesar de ser conocida esa circunstancia por las autoridades encargadas de su seguridad, no se le prestó ninguna atención médica especializada, ni se tomó ninguna determinación tendiente a alejarlo de las situaciones que le generaran un estado de mayor tensión o peligro” (2) .

En caso contrario, esto es, si se demuestra que dicho comportamiento le resultaba al estado anormal o sorpresivo, porque justificadamente ignoraba la perturbación sicológica del sujeto, el hecho sería solo imputable a su autor, por ser imprevisible e irresistible para él.

En efecto, el hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva del daño, impone a quien lo alega, la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible. De no ser así, de tratarse de un hecho o acto previsible o resistible para la entidad que lo invoca, se revela una falla del servicio, en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal, no previno o resistió el suceso, pues como lo advierte la doctrina “solo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor” (3) .

Al decir de los hermanos Mazeaud, el hecho de la víctima solo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima” (4) .

La Sala, en numerosas sentencias, ha exigido la imprevisibilidad e irresistibilidad del suceso invocado por la entidad demandada como eximente de responsabilidad, bajo la modalidad de hecho exclusivo de una víctima que se suicida.

Así por ejemplo en sentencia del 30 de noviembre de 2000, Expediente 13329, se excluyó la responsabilidad de la Nación por el suicidio de un conscripto dentro del batallón al cual prestaba sus servicios, con fundamento en que su conducta fue del todo imprevisible e irresistible para la entidad; se dijo entonces:

“En este orden de ideas, para que surja el deber del Estado de reparar el daño causado por el suicidio de un recluso o un conscripto es necesario acreditar que por el trato que recibía en el establecimiento militar o carcelario fue inducido a tomar esa decisión, o bien que la persona sufría un trastorno síquico o emocional que hacía previsible el hecho y que a pesar de ser conocida esa circunstancia por las autoridades encargadas de su seguridad, no se le prestó ninguna atención médica especializada, ni se tomó ninguna determinación tendiente a alejarlo de las situaciones que le generaran un estado de mayor tensión o peligro. En caso contrario, esto es, en el evento de que la decisión del soldado o retenido sea libre porque obedezca al ejercicio de su plena autonomía, o en el evento de que su perturbación o la necesidad de ayuda sicológica, por las especiales circunstancias del caso, no hubiera sido conocida las autoridades encargadas de su protección, el hecho sería solo imputable a su autor por ser imprevisible e irresistible para la administración(5) (resalta la Sala).

También, en sentencia proferida 4 de marzo de 2004, Exp. 14340, la Sala, con fundamento en la previsibilidad del suicidio de un soldado conscripto, consideró que no estaba configurado el hecho de la víctima como causa extraña del daño y dedujo una falla del Estado, porque no adoptó las medidas necesarias para evitarlo:

“(...) consta en el referido informe, que coincide con las declaraciones recepcionadas durante la actuación penal militar, que Tirado manifestó varias veces que estaba aburrido por el maltrato y que quería suicidarse, que en oportunidad anterior consumió pastillas con ese propósito, luego de lo cual el único ‘tratamiento’ que recibió fue con el capellán. Lo anterior es muestra del incumplimiento de los deberes del Estado para con sus soldados, pues frente a las manifestaciones de malestar de Tirado Vargas debió proporcionarle el correspondiente tratamiento especializado e impedir su contacto con armas o actividades que implicaran su proximidad a elementos peligrosos” (6) .

Ahora bien, respecto de la responsabilidad por el suicidio de un demente, la Sala ha precisado que no obstante lo dispuesto en el artículo 2346 (7) del Código Civil, resulta procedente analizar la configuración del hecho de la víctima como causa exclusiva del daño, aunque se trate de un sujeto incapaz, en el entendido de que dicha limitación solo cobija eventos en los que se imputan los daños a los incapaces (8) .

Ha expresado además que se configura la falla del servicio cuando el proceder de la víctima, de acuerdo con el tipo de enfermedad y de conformidad con el comportamiento presentado, permitía a la entidad prever el suicidio y realizar todo lo necesario para evitarlo:

“Tampoco puede afirmarse que se trató de una acción impulsiva, imposible de prever y evitar, cuando es claro que presentaba una psicosis, con conducta agresiva y con una amenaza de suicidio, factores que implicaban un alto riesgo de intento o consumación del suicidio. Frente a esta situación previsible no se tomo medida alguna para evitarla, cuando se tuvo el tiempo suficiente para hacerlo. Sin duda, en el momento en que Ivonne Paola advirtió que se iba a ahorcar, su situación cambió, pues además de requerir atención por la psicosis maniaca que padecía, se presentaba un nuevo síntoma, el del suicidio, que era necesario afrontar. No se dio aviso alguno a los médicos del hospital sobre el asunto, no se tomó ninguna medida de seguridad para evitar que se ahorcara, como la de retirar los objetos que lo facilitaran, y no se vigiló de manera estrecha a la paciente, cuando se trataba de un riesgo inminente” (9) .

La anterior postura fue reiterada por la Sala en varias providencias, como en la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2004 en la que dedujo la falla del servicio de la entidad demandada, por no evitar el daño que podía causarse a sí mismo o a los demás, un paciente que reveló esta tendencia: “... se concluye que el suicidio del señor Saúl Arenas Carmona es imputable al servicio seccional de salud de Risarlada, porque en el hospital mental de Pereira, a cargo de esa entidad, no se le brindaron las medidas de seguridad que su situación ameritaba, de acuerdo con su historia clínica, examen mental, manifestaciones externas de su enfermedad y conducta reciente” (10) .

4. La responsabilidad en el caso concreto.

La Sala considera probada la falla del servicio consistente en el incumplimiento de la obligación de proteger y atender eficazmente a una paciente internada al cuidado del Estado.

En efecto, está claramente probado:

— que la señora Ariza presentaba síntomas propios de una enfermedad afectiva - psicosis maniaco depresiva;

— que ingresó al hospital siquiátrico San Camilo el 14 de abril de 1994 con un episodio psicótico agudo, luego de agredir a su esposo con arma cortopunzante;

— que la señora Ariza murió el 8 de mayo siguiente esto es antes de cumplir un mes de permanencia en dicha institución;

— que la muerte se produjo por el ahorcamiento que se provocó la señora Ariza con elementos del hospital;

— que en ese breve lapso durante el cual permaneció la paciente en el hospital ya había intentado quitarse la vida, conforme consta en anotación del 1º de mayo de 1994;

— que la paciente reveló otros comportamientos peligrosos, como el de subir a un árbol en el hospital;

— que la enfermedad diagnosticada a la paciente, permitía inferir que lo intentaría nuevamente.

Advierte así la Sala que la demandada no realizó todo lo necesario para evitar que la señora se suicidara, a pesar de que se hallaba interna por una afección mental y no obstante haber exteriorizado intenciones de causarse la muerte. La situación de la paciente, claramente conocida por la demandada, le imponía a esta la adopción de todas las medidas idóneas y suficientes para evitar que la señora Ariza intentara nuevamente atentar contra su vida.

Es por lo expuesto, que la Sala encuentra claramente demostrada la previsibilidad del suicidio de la señora Ariza; su proceder no le resultaba sorpresivo, ni anormal a la entidad toda vez que la naturaleza de su enfermedad y las actitudes desplegadas por ella, antes y durante su permanencia en el hospital, revelaban claramente la inminencia del mismo.

Lo anterior revela la ocurrencia de una falla del servicio, por el incumplimiento de los deberes de atención, protección y cuidado para con la paciente; omisiones que fueron determinantes en la producción del daño por cuya reparación se adelantó la presente acción.

Se deduce además que no se probó el hecho exclusivo de la victima, como causa del daño porque, como se explicó, su proceder no fue imprevisible, ni irresistible para la entidad que lo invocó. Conclusión que conlleva a confirmar la sentencia que declaró la responsabilidad demandada.

5. La entidad responsable.

La Sala advierte que se abstendrá de modificar la providencia por la posible falta de legitimación en la causa por pasiva que planteó, en forma extemporánea, la Nación, Ministerio de Salud, toda vez que este sujeto la propuso como excepción, cuando el término legal para contestar la demanda estaba cumplido y a pesar de verse condenada por el tribunal a quo, no apeló la sentencia de primera instancia.

No obstante, cabe señalar que le asiste razón al Ministerio de Salud cuando, al alegar de conclusión en la primera y en la segunda instancia, afirma que la prestación de los servicios de salud en el departamento de Santander, no está a su cargo.

En efecto, conforme lo prevé nuestro ordenamiento jurídico y lo ha expuesto la Sala en anteriores providencias (11) , mediante decretos extraordinarios 350, 356 y 526 de 1975, se crearon y organizaron los servicios seccionales de salud, como “organismos básicos para la dirección del sistema nacional de salud a nivel departamental, intendencial, comisarial y del Distrito Especial de Bogotá”. Los jefes de los servicios seccionales actuaban como agentes del Ministerio de Salud para el cumplimiento de la política nacional de salud. Además, debían someter a la junta seccional y posteriormente al ministerio el plan seccional de salud y el proyecto anual de presupuesto para el servicio, entre otras obligaciones.

La Ley 10 de 1990 señaló a las entidades responsables de la dirección y prestación del servicio de salud; así asignó a los municipios, distritos y áreas metropolitanas la dirección y prestación de servicios de salud de primer nivel de atención; en tanto que a los departamentos, intendencias y comisarías asignó la dirección y prestación de los servicios de salud de segundo y tercer nivel de atención. La dirección nacional del sistema de salud quedó a cargo del ministerio, al cual le correspondía “formular las políticas y dictar todas las normas científico-administrativas, de obligatorio cumplimiento por las entidades que integran el sistema”. Esta ley también previó que, en desarrollo del principio de subsidiariedad, las entidades responsables de la prestación de servicios de salud en determinado nivel de atención, podían prestar transitoriamente servicios correspondientes a niveles inferiores (art. 3º).

La Ley 60 de 1993 (12) señaló las funciones que, en materia de dirección y prestación del servicio de salud, corresponden a las entidades territoriales y al Ministerio de Salud, a quien le asignó la dirección del sistema nacional de salud. De igual manera excluyó las funciones referidas a la prestación directa de tales servicios, los cuales debían ser asumidos por las entidades territoriales o descentralizadas. Dispuso además que la asunción de estas competencias por parte de estas entidades seccionales y locales, debía producirse en el término de 5 años, contados a partir de la expedición de la Ley 10 de 1990, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 de dicha ley y 35 del Decreto Reglamentario 1762 del mismo año.

La Ley 100 de 1993 estableció que “la prestación de los servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará a través de las empresas sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las asambleas y concejos, según el caso”. Así la prestación de los servicios de salud, que fue desconcentrada en las entidades seccionales y posteriormente asumidas por las entidades territoriales, fue finalmente asignada a las empresas sociales del Estado.

Cabe señalar que en el expediente no obra prueba indicativa de que el hospital en el que ocurrió la muerte de la señora Ariza, fuese para entonces una entidad autónoma administrativamente. Por ende, la Sala habrá de inferir que la falla se produjo con ocasión de la prestación de los servicios de salud asignados al departamento de Santander, razón por la cual el daño ocurrido en el centro hospitalario resultan imputables a esa entidad.

Ahora bien, en consideración a que la Nación —Ministerio de Salud— no apeló la sentencia en la que se le declaró solidariamente responsable y toda vez que una modificación de la sentencia, por este aspecto, implicaría el desmejoramiento de la situación del apelante único —departamento de Santander— la Sala confirmará la sentencia apelada en aplicación al principio de la no reformatio in pejus.

6. Los perjuicios.

La Sala considera acertada la condena impuesta por el tribunal por concepto de perjuicios morales, toda vez que se demostró que Patricia, Ana Milena, Fany y Paola Andrea Ariza Ariza eran hijas de la señora Mercedes Ariza Pardo (registro civil de nacimiento, fls. 2 a 4, 8, c. 3), como también que Carlos Julio Ariza Ruiz, era su esposo (registro de matrimonio, fl. 6, c. 3). Este parentesco y los testimonios de personas allegadas a la familia, indicativos de que la muerte de la señora Ariza les causó gran congoja y tristeza, permiten considerar probado este perjuicio.

Advierte igualmente la Sala que, como los valores acogidos por el tribunal para reparar los perjuicios morales se ajustan a los parámetros adoptados por la jurisprudencia de la sección en casos como el presente, resulta procedente confirmar la sentencia, con la precisión de que la condena se tasará en salarios mínimos legales mensuales, en aplicación de las pautas jurisprudenciales adoptadas a partir de la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2001, en la que se afirmó: “la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que este cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, que en la fecha de la sentencia corresponda (...)” (13) .

Como el valor dispuesto por el tribunal para cada uno de los demandantes es el equivalente en pesos a mil gramos de oro, máximo reconocido por la jurisprudencia a la fecha de la sentencia de primera instancia, habrá de considerarse que corresponde al valor máximo acogido en la actualidad, esto es, a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno (14) .

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFÍCASE la sentencia apelada, proferida el Tribunal Administrativo de Santander el 14 de julio de 1998. Quedará así:

1. DECLÁRASE solidariamente responsable a la Nación, Ministerio de Salud y al departamento de Santander por la muerte de la señora Mercedes Ariza Pardo.

2. A consecuencia de lo anterior condénase solidariamente a la Nación, Ministerio de Salud y al departamento de Santander a pagar a cada uno de los demandantes el equivalente en pesos a 100 salarios mínimos legales mensuales.

3. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. CÚMPLASE la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(1) El actor pretende una indemnización a partir de $ 16’000.000 que, afirma, corresponde al valor de lucro cesante. Esta suma supera ampliamente la exigida a la fecha de presentación de la demanda, 22 de agosto de 1995, que para la fecha corresponde al valor de $ 9’610.000 para que el proceso sea de mayor cuantía.

(2) Sentencia del 30 de noviembre de 2000, Exp. 13329.

(3) Luis Josserand, Derecho Civil, tomo II, vol. I; Ed. Bosh y Cía, Buenos Aires, 1950, pág. 341.

(4) Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333.

(5) C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(6) C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(7) Esta norma establece: “Los menores de 10 años y los dementes no son capaces de cometer delito o culpa; pero de los daños por ellos causados serán responsables las personas a cuyo cargo estén dichos menores o elementos, si a tales personas pudiera imputárseles negligencia”.

(8) Sentencia del 25 de mayo de 2000, Exp. 11.253 dijo la Sala: “Es claro que, dado el carácter objetivo del nexo causal, como elemento de la responsabilidad, poco importa que el hecho de la víctima que da lugar a la producción del daño sea culposo o no. Por la misma razón, es claro que la norma citada (C.C., art. 2346) se refiere a hechos ilícitos considerados fuentes de obligaciones, por lo cual se aplica al menor que causa daño, mas no al que lo sufre”.

(9) C.P. Alier Hernández Enríquez.

(10) Expediente 14250, C.P. Ruth Stella Correa.

(11) Al efecto cabe tener en cuenta lo expuesto en Sentencia 14250 ya citada y en sentencia del 27 de abril de 2006, Exp. 15352.

(12) Hoy derogada por la Ley 715 de 2001.

(13) Sección Tercera del Consejo de Estado. Expedientes acumulados 13.232 y 15.646. Actores: Belén González y otros - William Alberto González y otra.

(14) En este sentido se ha pronunciado la Sala en anteriores providencias; al efecto cabe consultar Sentencia 20376 del 7 de marzo de 2007.

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