Sentencia 15783 de febrero 22 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación 250002327000200400547 01

Número interno 15783

Consejero Ponente:

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Servi Japonés Ltda. en Liquidación contra la DIAN

Fallo

Bogotá, D.C., veintidós de febrero de dos mil siete.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 1º de septiembre de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos por los cuales la DIAN rechazó las excepciones presentadas por la demandante dentro del proceso administrativo de cobro iniciado en su contra por dicha entidad.

Antecedentes

Mediante Resolución 111 de 29 de julio de 1998 la DIAN concedió a Servi Japonés Ltda. en Liquidación, facilidad para el pago del impuesto de renta por los años 1996 y 1997; IVA bimestres 4, 5 y 6 de 1995; 1, 2, 4, 5 y 6 de 1996; 1, 2, 4, 5 y 6 de 1997 y 1 de 1998; y retenciones en la fuente por los meses 9 y 12 de 1995 y 6 a 10 de 1996.

La facilidad fue modificada por resoluciones 193 de 31 de marzo de 1999, 572 de 2000 y 428 de 2001, para incluir nuevas obligaciones y modificar el plazo y los intereses. Por medio de Resolución 134 de 2002, la DIAN dejó sin efectos la citada facilidad.

El 2 de septiembre de 2003 la administración profirió mandamiento de pago 5052 contra Servi Japonés Ltda. en Liquidación, por concepto contra el mandamiento,(sic) la actora propuso las excepciones de falta de título o incompetencia del funcionario que la profirió y prescripción de la acción de cobro del IVA por los bimestres 2 y 4 de 1998 y retenciones por los meses 4, 6, 7 y 8 del mismo año.

Por Resolución 52 de 14 de noviembre de 2003, la DIAN rechazó las excepciones propuestas. Dicho acto administrativo fue confirmado en reposición por Resolución 52 de 26 de diciembre del mismo año.

(...).

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, debe la Sala precisar si se ajustaron a derecho los actos por los cuales la DIAN rechazó las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago 5052 de 2 de septiembre de 2003. En concreto, debe determinar si hubo prescripción de las obligaciones tributarias por concepto de IVA por los bimestres 2 y 4 de 1998 y retenciones por los periodos 4, 6, 7 y 8 del mismo año; si hubo falta de título ejecutivo, y si el funcionario que expidió el mandamiento de pago era competente para hacerlo.

1. Prescripción de la acción de cobro.

La demandante consideró que había prescrito la acción de cobro de las obligaciones tributarias por concepto de IVA bimestres 2 y 4 de 1998 y retenciones de los periodos 4, 6, 7 y 8 del mismo año, porque si bien la DIAN le concedió facilidad para el pago de estas y otras obligaciones tributarias, dicha facilidad no tuvo la virtualidad de interrumpir la prescripción, dado que no existió porque la DIAN la declaró sin efecto.

Conforme al artículo 817 del estatuto tributario, el término de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales es de cinco años, que se contaban a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles (1) .

De acuerdo con el artículo 818 ibídem, dicho lapso se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, el otorgamiento de facilidades de pago, la admisión de la solicitud de concordato y la declaratoria oficial de liquidación forzosa administrativa. Una vez interrumpida la prescripción, el término empieza a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, la terminación del concordato o la terminación de la liquidación forzosa administrativa, según el caso.

A su turno, el artículo 814-3 del estatuto tributario, faculta a la DIAN para dejar sin efecto las facilidades de pago, en caso de que el beneficiario de las mismas dejare de cancelar alguna de las cuotas, o incumpliere el pago de una obligación tributaria surgida con posterioridad a su notificación. La norma también dispone que la administración debe declarar sin vigencia el plazo concedido, hacer efectiva la garantía hasta concurrencia del saldo de la obligación garantizada y ordenar la práctica del embargo, secuestro y remate de los bienes.

Así pues, cuando se declara sin efecto una facilidad de pago, la consecuencia no es la inexistencia del acuerdo de pago. Precisamente porque la facilidad existió y tuvo plena vigencia, es que debe declararse que el plazo concedido dejó de regir, hacerse efectivas las garantías y ordenarse la práctica de las medidas cautelares y el remate de los bienes, como claramente lo dispone el artículo 814-3 del estatuto tributario.

De otra parte, el artículo 818 del estatuto tributario, prevé que la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por el otorgamiento de una facilidad de pago, entre otros motivos. No condiciona, entonces, tal interrupción al hecho de que la facilidad se mantenga vigente; por lo que debido a la claridad del tenor literal de la norma en comentario, no caben interpretaciones acomodadas de su contenido (C.C., art. 27).

Así las cosas, basta el otorgamiento de una facilidad de pago para que la prescripción de la acción de cobro de una obligación tributaria se interrumpa, o lo que es lo mismo, el término de prescripción, que es de cinco años, vuelva a correr.

Sin embargo, si la facilidad de pago se declara sin efectos por la administración y, por ende, el plazo concedido para cancelar las obligaciones fiscales pierde vigencia, el término de prescripción, que fue interrumpido, debe contarse de nuevo, a partir de la notificación de la resolución que dejó sin efectos el acuerdo de pago.

En el caso concreto, la actora alegó la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones por concepto de IVA por los bimestres 2 y 4 de 1998 y retención en la fuente por los periodos 4, 6, 7 y 8 del mismo año.

Conforme al Decreto 3049 de 1997, que fijó los plazos para declarar y pagar durante 1998, el vencimiento para declarar IVA y retenciones por los periodos cuya prescripción alegó la actora, y, por ende, para hacer exigibles tales obligaciones, al igual que el término de prescripción, eran los siguientes:

ConceptoPeriodoExigibilidadPrescripción
IVABimestre 2 199819 de mayo de 199820 de mayo de 2003
IVABimestre 4 199818 de sept. de 199819 de sept. de 2003
Retenciones4 de 199819 de mayo de 199820 de mayo de2003
Retenciones6 de 199822 de julio de 199823 de julio de 2003
Retenciones7 de 199820 de agosto de 199821 de agosto de2003
Retenciones8 de 199818 de sept. de 199819 de sept. de 2003

Por su parte, el mandamiento de pago 5052 fue notificado el 26 de septiembre de 2003 (fl. 68).

No obstante, las obligaciones fiscales en mención no estaban prescritas, pues, por Resolución 111 de 29 de julio de 1998 la DIAN concedió a la actora facilidad para el pago de las obligaciones, entre otras, por retención por el periodo 4 de 1998 (fls. 43 a 46). Asimismo, por Resolución 428 de 2001, la DIAN incluyó dentro de la facilidad el IVA por los bimestres 2 y 4 de 1998 y las retenciones por los periodos 6, 7 y 8 del mismo año (fls. 52 a 54). Cabe anotar, además, que la facilidad inicialmente otorgada también fue modificada por Resoluciones 193 de 1999 y 572 de 2001 (fls. 47 a 49 y 55 a 60).

Mediante Resolución 134 de 30 de septiembre de 2002, la DIAN dejó sin efecto la facilidad de pago otorgada a la actora y, como consecuencia, dispuso declarar sin vigencia el plazo concedido e iniciar el proceso administrativo de cobro (fls. 64 a 66). Dicho acto fue notificado por correo el 18 de octubre de 2002 (fl. 81).

Así las cosas, la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones en mención, se interrumpió por el otorgamiento de la facilidad de pago respecto de la retención por el periodo 4 de 1998 y por la notificación de la Resolución 428 de 2001, en relación con los demás periodos en mención. Y, solo volvió a contarse el término de prescripción (cinco años), a partir de la notificación de la resolución que dejó sin efectos la aludida facilidad (oct. 18/2002).

Por ende, fue oportuno el mandamiento de pago de 2 de septiembre de 2003, notificado el 26 de septiembre (fl. 68), pues la administración tenía plazo hasta el 18 de octubre de 2007 para notificarlo. En consecuencia, no hubo prescripción de las referidas obligaciones.

2. Falta de título ejecutivo e competencia del funcionario que expidió el mandamiento de pago.

La recurrente sostuvo que no existió título ejecutivo, pues el mandamiento se profirió con base en un estado de cuenta, y en el expediente administrativo no estaban los originales de las declaraciones privadas. Además, afirmó que el funcionario que expidió el mandamiento de pago no estaba facultado para ello.

De acuerdo con el artículo 828 [1] del estatuto tributario, norma que hace parte del procedimiento administrativo de cobro, prestan mérito ejecutivo, entre otros documentos, las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación.

En el caso concreto, el mandamiento de pago 5052 de 2 de septiembre de 2003 fue dictado con base en las declaraciones de renta de 1998; IVA por los bimestres 2, 4, 5 y 6 del mismo año y 1 y 2 de 1999 y retenciones por los periodos 4, 6, 7, 8, 9, 11 y 12 de 1998. Además dichas declaraciones se encuentran plenamente identificadas con su número (fl. 67). En consecuencia, no es cierto que el mandamiento de pago se profirió con base en un estado de cuenta.

De otra parte, figura en el expediente administrativo copia auténtica de cada una de las declaraciones privadas que sirvieron de base al mandamiento de pago 5052 de 2003 (fls. 156 a 201). Tales copias constituyen título ejecutivo, pues tienen el mismo valor probatorio del original (CPC., art. 254 , aplicable por remisión del CCA, art. 267). Además, ha precisado la Sala que la copia del título es suficiente para efectuar el cobro de la obligación, siempre que los originales reposen en la administración, como sucede con los actos administrativos que se presumen legales (2) o las declaraciones tributarias presentadas por los contribuyentes.

En relación con la incompetencia del funcionario que expidió el mandamiento de pago, la Sala precisa:

Conforme al artículo 824 del estatuto tributario, tienen competencia para exigir el cobro coactivo, el subdirector de cobranzas, los administradores de impuestos y los jefes de las dependencias de cobranzas. También son competentes para exigir el cobro coactivo de las deudas fiscales, los funcionarios de cobranzas y recaudación que tengan expresa delegación de dichas funciones.

El artículo 5º del Decreto 1071 de 1999 dispone que corresponde a la DIAN la administración de los impuestos a su cargo y tal administración incluye su cobro. A su vez, el artículo 65 [a] de la Resolución 5632 del mismo año (3) , por la cual se distribuyeron las funciones en la DIAN, preveía que corresponde a la división de cobranzas de las administraciones “coordinar, controlar y desarrollar los procesos de cobro persuasivo y coactivo de los impuestos, gravámenes, anticipos, retenciones, sanciones, multas e intereses” de competencia de la entidad.

Por su parte, mediante Resolución 4127 de 4 de mayo de 2001, el director general de la DIAN asignó las funciones como jefe del grupo interno de trabajo de secretaría de cobranzas de la división de cobranzas de la administración de personas jurídicas de Bogotá a William Alfonso Saltaren Díaz Granados (fls. 253 a 255). Adicionalmente, por Resolución 436 de 5 de junio de 2001, se delegó en dicho funcionario la facultad de proferir, entre otros actos administrativos, mandamientos de pago (fl. 34).

En consecuencia, el citado funcionario estaba plenamente facultado para proferir el mandamiento de pago 5052 de 2003, tal y como expresamente lo manifestó en dicho mandamiento (fl. 12).

Por lo demás, es irrelevante que el funcionario que expidió el mandamiento de pago fuera técnico en ingresos públicos y no profesional, pues el artículo 824 del estatuto tributario no dispuso que la delegación de funciones solo era permitida si los delegatarios eran profesionales.

De conformidad con las anteriores razones no prospera el recurso de apelación. En consecuencia, se impone confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia de 1º de septiembre de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(1) En virtud de la modificación de dicha norma, efectuada por el artículo 86 de la Ley 788 de 2002, la acción de cobro prescribe en el lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de vencimiento del término para declarar, cuando la declaración se presenta oportunamente; de la presentación de la declaración, en el caso de ser presentada extemporáneamente; de la presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores y de la fecha de ejecutoria del acto de determinación o discusión.

(2) Sección Cuarta, sentencia de 13 de abril de 2005, expediente 14107, C.P., doctora Ligia López Díaz.

(3) La Resolución 5632 de 1999 del director general de la DIAN, fue derogada por la 1618 de 2006.

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