Sentencia 15793 de septiembre 27 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 25000-23-27-000-2004-00725-01(15793)

Consejera Ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa

Actor: Claudia Marcela Quintero Peña

Fallo

Bogotá, D.C., veintisiete de septiembre de dos mil siete.

EXTRACTOS: «Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada, contra la sentencia de septiembre 1º de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, mediante la cual se anularon los actos administrativos que declararon no probadas las excepciones propuestas en el proceso de cobro coactivo adelantado en contra de la actora.

Antecedentes

El 21 de octubre de 2003, la división de recaudación de la Administración Especial de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Bogotá, libró el mandamiento de pago 304-005, contra la Sra. Claudia Marcela Quintero Peña, para vincularla solidariamente respecto de las deudas adquiridas por la sociedad Industria Automotriz Inauto Ltda., correspondientes al 19.92% de los impuestos dejados de pagar de los periodos comprendidos entre el año 1999 y 2003, equivalentes a la suma de $ 188.769.000.

Contra el acto anterior, propuso las excepciones de renuncia tácita a la solidaridad por parte de la administración, falta de título ejecutivo e incompetencia del funcionario que profirió el mandamiento, las cuales fueron decididas en forma negativa mediante la Resolución 312-029 de diciembre 23 de 2003.

El 19 de enero de 2004 interpuso recurso de reposición contra la decisión mencionada, y mediante la Resolución 311-006 de enero 30 de 2004, notificada el 12 de febrero de 2004, confirmó el acto recurrido.

(...).

Consideraciones de la Sala

En esta instancia procesal la Sala debe decidir los recursos de apelación incoados por las partes demandante y demandada contra la sentencia de primera instancia, que anuló los actos administrativos y se abstuvo de condenar en costas a la demandada.

La controversia jurídica gira en torno a determinar si prospera la excepción de “falta de título ejecutivo” que la actora deduce de la ausencia de liquidaciones privadas, actos administrativos ejecutoriados o sentencias en firme, como soporte del mandamiento de pago, y que a juicio del tribunal prosperó por una razón diferente, relacionada con que la administración omitió producir un acto previo (título ejecutivo) para vincular al deudor solidario, en atención a la jurisprudencia de la corporación.

Por su parte, la administración argumenta que la ley estableció que en todos los casos los socios responden solidariamente por los impuestos de la sociedad, a prorrata de sus aportes y por el tiempo poseído en el periodo gravable, en cuyo caso los títulos ejecutivos contra el deudor principal, lo serán contra los solidarios, los cuales se encuentran relacionados en el mandamiento de pago.

La Sala observa que en el mandamiento de pago 304-005 de octubre 21 de 2003 (fl. 71 e.), se menciona que “los títulos ejecutivos los constituyen las declaraciones privadas presentadas por la sociedad Industria Automotriz Inauto Ltda. y los actos administrativos proferidos por la Administración Especial de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Bogotá”, para lo cual en el acto se realiza una relación que describe la clase y número de acto, fecha, concepto, año, periodo y valor.

La actora en el escrito contentivo de las excepciones (fl. 76 e.) adujo “falta de título ejecutivo” por cuanto “revisado el expediente adelantado por la administración ... se observa que no existe ningún título ejecutivo que preste mérito ejecutivo en los términos del artículo 828 del estatuto tributario” por lo que dedujo que se trataba de un simple estado de cuenta que no sirve de soporte para el cobro coactivo.

La administración en el acto que decide las excepciones (Res. 312-029 dic./23/03, fl. 87 y 89 e.) le manifestó que los títulos ejecutivos base del proceso administrativo de cobro coactivo y que prestan mérito ejecutivo, para el subjudice, son las liquidaciones privadas contenidas en las declaraciones tributarias presentadas por la sociedad Industria Automotriz Inauto Ltda., que lo son también para la deudora solidaria, para lo cual efectúa nuevamente la relación correspondiente, y concluye que tales declaraciones presentadas por la sociedad deudora prestan mérito ejecutivo, al constituir obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles.

La deudora solidaria en la reposición (fl. 99 e.) insistió en que no existe título ejecutivo, pues las declaraciones relacionadas por la Administración al resolver las excepciones no obran en el expediente.

La DIAN al decidir el medio de impugnación le expresa que “en ningún momento se ha acercado a la oficina de cobranzas de la Administración Especial de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Bogotá, donde cursa el proceso, a examinar el expediente a través del cual se adelanta el proceso de cobro y a que hace referencia, pues no es viable jurídicamente exponer argumentos con la simple suposición o presunción, si se tiene en cuenta que son las pruebas las que finalmente conllevan a la convicción del fallador para decidir en derecho”. Y “recomienda al apoderado verificar la existencia de los títulos ejecutivos y demás documentos que obran en el proceso ...”.

En vía jurisdiccional la actora reiteró el mismo argumento expuesto ante el ente fiscal, falta de título ejecutivo porque en el expediente no obran las declaraciones y actos administrativos que son base del mandamiento de pago. Por su parte, la demandada reiteró que los títulos ejecutivos son las liquidaciones privadas, sin allegarlos en ninguna de las instancias procesales.

Visto lo anterior, la Sala encuentra que asiste razón a la accionante al aducir la excepción de “falta de título ejecutivo”, como quiera que en su calidad de socia (deudora solidaria) de Industria Automotriz Inauto Ltda. no conocía ni los actos administrativos, ni las liquidaciones privadas presentadas por dicha sociedad, de ahí que ante un mandamiento de pago en su contra reclama ante la Administración que se ponga en su conocimiento, para constatar no solamente su existencia, sino el origen de la obligación y la correspondencia con los valores cobrados.

No obstante, se advierte que la entidad demandada con una actitud negligente, ante la insistencia de la actora sobre la inexistencia de los títulos ejecutivos en el expediente, se limitó a recomendarle que verificara su presencia dentro del expediente.

Correspondía a la administración dar a conocer a la actora en su calidad de socia, en el caso concreto cuáles eran los actos administrativos y/o declaraciones privadas del ente social Industria Automotriz Inauto Ltda. que conformaban el título que fundamentó el mandamiento de pago y en esa medida se pudiera hacer efectiva la solidaridad. Sin embargo, no se evidencia que fueran anexadas a los actos surtidos en vía gubernativa, ni arrimadas al proceso judicial.

Así las cosas, y como la Sala no observa que en el informativo reposen los títulos ejecutivos que sustentan el mandamiento de pago 304-005 de octubre 21 de 2003 contra la Sra. Claudia Marcela Quintero Peña, no existe manera de realizar su confrontación, por lo que se trata de una relación o listado de actuaciones y liquidaciones privadas que carecen de la virtud ejecutiva prevista en el artículo 828 del estatuto tributario, lo que hace prosperar la excepción de “falta de título ejecutivo”.

Por tanto, la discusión no se centra en que el título ejecutivo contra el principal sirva contra el solidario, sin necesidad de títulos adicionales (E.T., art. 828-1, inc. segundo), como lo invoca la demandada, sino que en el sub lite el cobro se basa en un listado o relación, sin que aparezcan los títulos ejecutivos respectivos.

Para la Sala llama la atención la negligencia de la Administración, que al contar con un archivo magnético y documental de las declaraciones tributarias y actuaciones administrativas, omitió hacerlas visibles en sede administrativa o allegarlas a la jurisdicción, dado que se limitó a esperar que el contribuyente las verificara, lo que desconoce que la accionante como deudora solidaria (socia), si bien asume a prorrata de sus aportes, las obligaciones tributarias del ente social del que hacía parte, no cumple directamente con los deberes fiscales, por lo que en ejercicio del derecho de defensa y con base en el debido proceso, debió dársele a conocer los títulos ejecutivos que motivaron el proceso coactivo en su contra.

En cuanto a las costas, a pesar del descuido y desinterés del ente fiscal en el cuidado de los intereses del erario público, no se advierte la configuración de una conducta temeraria como lo exige el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, ni se desprende de la jurisprudencia aducida por la actora, como quiera que la viabilidad de la excepción de falta de título ejecutivo no se produce como lo señalan las sentencias por la ausencia de un acto previo (título ejecutivo) que vincule al deudor solidario, sino porque no se dieron a conocer por la Administración los documentos con mérito ejecutivo que respaldaron la orden de pago, por lo cual la Sala confirmará lo decidido en primera instancia, pero por las razones aducidas en el presente proveído.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, pero por las razones expuestas en la providencia.

2. RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la entidad demandada al doctor Héctor Julio Castelblanco Parra, en los términos y para los efectos del poder conferido.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

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