Sentencia 15799 de diciembre 11 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 25000 23 27 000 2003 00987 01

Número Interno: 15799

Consejero Ponente (E):

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Actor: Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero C/ Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

FALLO

Bogotá, D.C., diciembre once de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «Antecedentes

La Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, en Liquidación, presentó las declaraciones privadas del impuesto a las transacciones financieras por las semanas de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 1999.

El 24 de enero de 2001, se expidió los requerimientos ordinarios de información 58000043-050 y 58000043-086 mediante los cuales se solicitó información relacionada con el impuesto de transacciones financieras 2x1000, por los períodos gravables del año 1999.

La división de control regímenes e impuestos especiales de la DIAN, profirió en el 2001, los requerimientos especiales 16 del 7 de junio, 25 del 12 de julio, 33 del 6 de agosto y 43 del 3 de septiembre, en los cuales se propuso modificar las declaraciones de dicho tributo durante los períodos antes citados.

La división de liquidación de la administración especial de impuestos de los grandes contribuyentes expidió en el 2002, las liquidaciones oficiales de revisión 4 de 11 de febrero, 10 de 19 de marzo, 13 de 12 de abril, 15, 24, 25 y 26 de 20 de mayo. Contra dichos actos se interpuso los recursos de reconsideración.

La decisión definitiva sobre las anteriores actuaciones, se profirió en el 2003 mediante las resoluciones 622-000002 de 26 de febrero, 622-000003, 622-000008 de 27 de febrero, 622-200027, 622-200028, 622-200029 y 622-200030 de 28 de mayo.

(...).

Consideraciones de la Sala

De acuerdo con los términos de los recursos de apelación interpuestos, se resuelve sobre la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se determinó la “contribución sobre transacciones financieras” durante las semanas correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 1999 del impuesto a las transacciones financieras.

1. Operaciones de traslados de fondos efectuadas para el pago de impuestos a la dirección del tesoro nacional.

Con la expedición del Decreto Legislativo 2331 de 1998, se estableció temporalmente hasta el 31 de diciembre de 1999 una “contribución sobre transacciones financieras”, como un tributo a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-136 del 4 de marzo de 1999, determinó que se trataba de un impuesto y no de una contribución.

El artículo 29 ibídem, señaló las operaciones sobre las cuales se causaba el tributo, y en el literal e) contempló “las transacciones que realicen los usuarios de las cuentas de depósito en moneda nacional o extranjera abiertas en el Banco de la República mediante las cuales se disponga de recursos depositados en dichas cuentas”.

Igualmente estableció las operaciones exentas de la contribución, dentro de las cuales se encuentran los débitos en cuentas de depósito del Banco de la República, destinadas a cubrir las operaciones de canje en cámara de compensación, así como las operaciones de reporto celebradas con el Banco de la República y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Al respecto la Corte en la Sentencia C-136 de 1999 señaló lo siguiente condicionando la exequibilidad de la norma:

“En cuanto a las excepciones que se contemplan en el literal d) del artículo 29, es decir las relativas a operaciones de reporto celebradas con el Banco de la República y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, tienen, como corresponde a su naturaleza, un carácter restrictivo que por tanto debe ceñirse única y exclusivamente al alcance que resulta de la literalidad del precepto. En lo que no sea estricta y específicamente operaciones de reporto no puede darse la excepción, ya que resultaría burlada la regla legal que consagra el impuesto y que se declarará exequible. En otros términos, el Banco de la República no tiene autorización legal, según el precepto que se estudia, para abrir las puertas hacia la evasión del tributo, facilitando que operaciones como las enunciadas en el aludido literal se lleven todas a cabo por su conducto. Acudir a ese mecanismo tendría que llevar, de acuerdo con la ley, a la responsabilidad y sanción de los servidores públicos que lo propiciaran o admitieran.

(...).

Obsérvese, para complementar lo dicho en el caso del literal d), que es el propio legislador extraordinario el que indica cuáles operaciones están sometidas al impuesto y cuáles no, por lo cual está excluida toda posibilidad de que autoridades administrativas de cualquier nivel, incluido el propio Presidente de la República por la vía reglamentaria, establezca reglas diversas o contrarias, contemple excepciones que no surgen de la norma bajo examen, exonere a determinados entes o actividades o “aclare” el sentido del artículo 29 para conceder exenciones en él no previstas. El texto de la norma, con las precisiones que en este fallo se hacen, es suficientemente claro y específico”.

La parte resolutiva de la providencia de la Corte Constitucional dispone:

“La exequibilidad del artículo 29 (D. 2331/98) se declara en el entendido de que las exenciones en él contempladas son taxativas y de interpretación estricta, de modo que solo pueden ser suprimidas por el legislador”.

Así las cosas, obligado es concluir en cuanto se refiere al año 1999, período en el que era aplicable el Decreto 2331 de 1998, no estaba consagrada la exclusión o excepción alguna del gravamen cuando se realizaba el hecho generador por disponer de recursos consignados en cuentas de depósito del Banco de la República con el fin de trasladar impuestos diferentes al de las transacciones financieras, ni hizo referencia alguna al pago de impuestos.

La demandante en el transcurso de la vía gubernativa y jurisdiccional, argumentó que el artículo 8º del Decreto 2578 de 1999, es una norma interpretativa que ratifica que el traslado de impuestos, no se sometía al tributo en los períodos liquidados por la administración.

El artículo 8º del Decreto 2578 de 1999, que reglamentó parcialmente la Ley 508 de 1999 (declarada inexequible), estableció:

“Dentro de las operaciones realizadas por la dirección general del tesoro a que se refiere el parágrafo 3º del artículo 116 de la Ley 508 de 1999, se encuentran incluidas aquellas transferencias que realizan los establecimientos financieros, de recursos que correspondan al recaudo de impuestos, incluidos los que provengan del recaudo del impuesto a las transacciones financieras, a las cuentas de la dirección general del tesoro” (negrilla fuera de texto).

De otra parte, el artículo 116 de la Ley 508 de 1999, creó el impuesto a las transacciones financieras de carácter temporal, que regía entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2000 a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman. En el parágrafo 3º, estableció: “También están exentas del impuestos las operaciones que realice la dirección general del tesoro directamente o a través de los órganos ejecutores...”.

El artículo 150 numeral primero de la Constitución Política asignó al Congreso de la República, entre otras, la función de interpretar, reformar y derogar las leyes. Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-270 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo expresó:

“(...).

“Es esta —la legislativa, auténtica o por vía de autoridad— una de las formas que admite la interpretación de las leyes. Tiene, al igual que las otras, el fin de establecer el alcance y el significado de las normas proferidas por el legislador, pero se diferencia de las vías judicial y doctrinaria por el sujeto que la efectúa, el propio legislador, quien no necesita motivarla dado que precisamente actúa como tal, y por su carácter obligatorio y general, lo cual quiere decir que goza de la misma fuerza jurídica vinculante de la norma interpretada, aunque su objeto no radica en establecer nuevos mandatos o prohibiciones, ni en introducir reformas o adiciones a lo dispuesto en aquella, sino en precisar el sentido en que debe entenderse lo ya preceptuado” (negrilla fuera de texto).

Así las cosas, el Decreto 2578 de 1999 en su artículo 8º, expedido por el ejecutivo, no puede ser considerado como una norma interpretativa y por lo tanto no puede dársele el alcance vinculante para extender los efectos de la exención consagrada en el parágrafo del artículo 31 del Decreto 2331 de 1998, al período gravable de 1999.

En consecuencia, forzoso es concluir que solo a partir del 1º de enero de 2000 y durante la vigencia de la Ley 508 de 1999, no se generó el impuesto a las transacciones financieras por concepto del traslado de los recursos percibidos por el tesoro público a través de depósitos efectuados a favor de la dirección general del tesoro nacional, en los establecimientos financieros.

Otro de los argumentos del demandante, es que el pago de los impuestos por los usuarios del sistema financiero y el posterior traslado del valor recaudado, no constituyen hechos independientes, por lo que la transferencia de los tributos que hacen las entidades crediticias no es un hecho generador del impuesto a las transacciones financieras.

Al respecto la Sala en sentencia de 6 de marzo de 2003, Exp.: 12474, C.P. Ligia López Díaz, expresó:

La Sala no comparte la anterior apreciación y al contrario considera que sí son hechos diferentes susceptibles de causar independientemente el gravamen a las transacciones financieras por las siguientes razones:

En primer lugar, el sujeto pasivo sería diferente en cada una de las operaciones; el contribuyente que cancela sus impuestos con cargo a su cuenta bancaria y por otro lado, la entidad financiera que traslada posteriormente al tesoro nacional la totalidad de los valores recaudados.

Además la cuenta de depósito que se afecta al transferir los valores recaudados, no es la misma utilizada al cancelar los impuestos con cargo a cuentas corrientes o de ahorros.

Las dos transacciones se realizan en momentos diferentes, pues las entidades autorizadas para recaudar tributos tienen la posibilidad de mantener los dineros por un lapso determinado, de acuerdo con las regulaciones existentes.

En consecuencia, el argumento resulta infundado, toda vez que si bien el parágrafo del artículo 31 del Decreto 2331 de 1998 señaló a la dirección general del tesoro nacional como entidad no sujeta del gravamen, el alcance de la exención no era extensible por analogía a las entidades financieras, ya que la exención es taxativa y de interpretación restrictiva.

2. Operaciones de reporto pasivo vía Sebra.

En relación con las operaciones de reporto pasivo vía Sebra, según el literal d) del artículo 29 del Decreto 2331 de 1998, la contribución se causará sobre: “La readquisición de cartera o de títulos que hayan sido enajenados con pacto de recompra y el pago de los créditos interbancarios, con independencia del medio utilizado para su celebración o formalización, con excepción de las operaciones de reporto celebradas con el Banco de la República y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras” (resaltado fuera de texto). En consecuencia las operaciones de reporto ciertamente las cobija la exención del gravamen.

La Circular Externa 58 de 1996, que modificó la Circular Externa 100 de 1995, expedida por la Superintendencia Bancaria (5) , hoy Superintendencia Financiera, autoriza las operaciones repo y negociaciones de cartera, cuando con ello se busque subsanar exclusivamente situaciones de tesorería. Su celebración debe obedecer a los mismos, o a similares, criterios de los créditos interbancarios, de suerte que puedan cumplir adecuadamente su propósito de servir exclusivamente como mecanismos para la transferencia de liquidez.

Respecto al contrato de reporto, la doctrina ha indicado: “Su función económica es permitir a quien posee títulos de crédito (reportado) procurarse dinero por cierto tiempo, sin enajenarlos definitivamente, y a quien tenga dinero disponible (reportador) hacer de él un seguro y productivo empleo, a término breve, o sea, con la posibilidad de recuperar pronto, en restitución el dinero” (6) .

Para la mayoría de los doctrinantes se trata de un contrato real que solo se perfecciona por la entrega de los títulos. Generalmente se exigen algunas formalidades o solemnidades como hacerlo constar por escrito. Es un contrato principal, bilateral, porque de su celebración surgen obligaciones para ambas partes y conmutativo, esto es, las dos conocen “ab initio” los resultados económicos o la existencia de contraprestaciones equivalentes (7) .

La Superintendencia Bancaria en la circular citada, indicó los parámetros para la celebración de operaciones “repo” y estableció entre otros en el literal a) la documentación en la cual debe de soportarse la transacción: “por razones de seguridad jurídica es necesario que los elementos fundamentales de las operaciones “repo” consten en uno o varios documentos (un escrito, oferta aceptada, télex cruzados, etc.), para consignar en forma clara y precisa los términos de la negociación, principalmente, la identificación de los títulos negociados; el precio de recompra; los títulos objeto de restitución; el plazo de la operación; las modalidades de pago; las formas de entrega de los títulos; el beneficiario de los derechos accesorios correspondientes a los títulos dados en “repo” y demás condiciones que rijan las negociación(sic)”.

Así las cosas y toda vez que el actor debe probar la procedencia de la exención contenida en el literal d) del artículo 29 del Decreto 2331 de 1998, para las operaciones de reporto celebradas con el Banco de la República, debe aportar los soportes emitidos por el reportador (Banco de la República) en el cual se identifique las operaciones y el valor por el cual se ejecuta la operación.

Se observa en los antecedentes administrativos que con la respuesta al requerimiento especial, la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación aportó lo siguientes:

• Soportes de movimiento débito cuenta depósito Banco de la República 62030119 de cada una de las semanas cuestionadas durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 1999.

• Movimientos débito de la cuenta de depósito 62030119 de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 1999.

• Certificado del contador público, señor Fredy Alonso Vásquez Vargas, en el cual se expresa:

“En mi calidad de contador público, en ejercicio de mis funciones como coordinador de impuestos, certifico la veracidad de las operaciones relacionadas a continuación, cifras extraídas de los libros de contabilidad de la Caja Agraria”.

Del análisis de la anterior documentación no se observa documento en donde conste la realización y existencia de las operaciones “repo” que el actor solicita como exentas, toda vez que no discrimina la clase de operación, la entidad con la cual se celebra, los términos en que fue pactada la negociación, los títulos objeto de negociación; en fin para que dichas operaciones puedan ser demostradas mediante certificación de contador público o revisor fiscal, deben identificarse expresamente los soportes y cuentas que afectan las operaciones.

De conformidad con el artículo 777 del estatuto tributario, la certificación de contador público o revisor fiscal constituye prueba contable suficiente, de conformidad con las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad (E.T., art. 774). Razón por la cual debe expresar si la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales; si los libros se encuentran registrados en la cámara de comercio; si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos, y reflejar la situación financiera del ente económico. Pero principalmente, deben permitir llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar.

Así las cosas, las pruebas allegadas no son idóneas (E.T., art. 743) para probar la existencia de las operaciones repo con el Banco de la República; además de carecer de los elementos fundamentales que debe tener la prueba contable (E.T., art. 774).

3. Desconocimiento de la exclusión del impuesto respecto de los aportes a la seguridad social.

La administración tributaria, desconoció la exención por “Traslados de fondos vía Sebra aportes ISS”, por falta de pruebas.

Por su parte, el tribunal reconoció la exención por tal concepto en las semanas 3, 4 y 5 del mes de marzo de 1999 al encontrar en el extracto de cuenta del Banco de la República, cuenta 62030119 a nombre de la Caja de Crédito Agrario, los traslados de fondos Sebra por aportes al ISS y desconoció los otros períodos al considerar que el actor no había alegado en vía gubernativa ni en la demanda.

Al respecto se advierte en la demanda, que el cargo segundo se titula nulidad de los actos demandados por violación del artículo 777 del estatuto tributario desconocimiento del sustento probatorio de los aportes a la seguridad social, canalizados por la Caja Agraria, los cuales no se encuentran sometidos al tributo y en el fundamento indica entre otros, que “Dentro de los movimientos débito de la cuenta de depósitos en el Banco de la República se destacan las operaciones denominadas “traslados de fondos vía Sebra aportes ISS” las cuales suponen el pago de los aportes referidos a la seguridad social, utilizando los servicios de transferencia electrónica de fondos, proporcionados por la banca central”.

Así las cosas, encuentra la Sala que son claros los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones de la demanda al efectuar el cargo de nulidad de los actos demandados respecto a dicho rubro; razón por la cual efectuará el estudio frente a cada uno de los actos demandados por este cargo.

Examinado en conjunto las pruebas que obran en los cuadernos de antecedentes, se encuentran los extractos de la cuenta 62030119 de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero expedidos por el Banco de la República, unidad de cuenta corriente, de los meses de marzo y abril de 1999, en los cuales se detallan las operaciones de traslado de fondos Sebra por aportes al ISS.

El Sebra es un servicio electrónico prestado por el Banco de la República a las instituciones del sector financiero, que les permite efectuar las transacciones y las comunicaciones con el emisor, de una manera ágil eficiente y segura. Entre los servicios que presta el sistema se encuentra la transferencia electrónica de fondos.

De acuerdo con el artículo 228 de la Constitución Política, debe primar lo sustancial, frente a las formalidades, razón por la cual los extractos aportados por la demandante son prueba idónea para probar tales movimientos; en consecuencia se identificará en ellos, los traslados de fondo Sebra por aportes al ISS que fueron gravados por la DIAN en cada período:

Marzo:

En el extracto del mes de marzo aparecen los traslados de fondo Sebra al Instituto de los Seguros Sociales los que cotejados con los anexos 1, 2, 3 y 4 de la liquidación oficial de revisión 4 del 11 de febrero de 2002 obrantes a folios 80 a 99 del cuaderno de antecedentes, se advierte que no se liquidó el impuesto a las transacciones financieras a los realizados en las semanas 3 (15 a 19), 4 (23 a 26) y 5 (29 a 31) por lo que se deduce que fueron tratados como exentos; a contrario sensu, gravó los efectuados en la primera semana, período del 1º al 5 de marzo; así:

MesSemanaVr. transacciónImpuesto liquidadoNº documento según extractoFecha operac.Folio
Marzo1 - 5563.227.221.4567.58701-41-1999-2760276
  385.268.330.5346.23201-41+1999-6270478
  266.672.789.0032.00101-41-1999-4710579
  Total145.820   

Lo anterior muestra que erró el tribunal al desconocer la exención correspondiente a la primera y segunda semana y reconocerla respecto de los traslados de la tercera, cuarta y quinta semana del mes de marzo, toda vez que si bien figuran las transacciones en el extracto bancario estas no fueron gravadas con el impuesto a las transacciones financieras.

Abril, mayo y junio

Revisadas las liquidaciones oficiales de revisión y sus anexos (9) , no se encuentra que la administración de impuestos hubiera efectuado cargo por las operaciones de traslado de fondos Sebra al Instituto de los Seguros Sociales en las semanas correspondientes a estos meses.

Lo anterior conlleva a desconocer el argumento de la demandante, pues si bien las operaciones por los traslados de fondo Sebra al Instituto de los Seguros Sociales, se pueden probar con el extracto expedido por el Banco de la República, este por sí mismo no establece que hubieran sido gravadas con el impuesto.

En consecuencia, se revocará el numeral segundo de la sentencia apelada que ordenó la exención de dicho gravamen en las semanas 3, 4 y 5 de marzo de 1999; para ordenar la exención del impuesto liquidado por la primera semana de marzo (1 al 5).

3. Provisión de fondos, remesas internas y traslado de depósitos judiciales.

El artículo 29 literal e) del Decreto 2331 de 1998, establece que la contribución se causará sobre las transacciones que realicen los usuarios de las cuentas de depósitos en moneda nacional o extranjera abiertas en el Banco de la República mediante las cuales se disponga de recursos depositados en dichas cuentas.

Al respecto, el actor indica que en el traslado de depósitos judiciales, la provisión de fondos y las remesas internas, no existe disposición de recursos y por lo tanto no es predicable la existencia del hecho generador de la obligación tributaria.

De la norma transcrita se infiere que el hecho generador se causa con la disposición de los fondos en las cuentas de depósitos en el Banco de la República, es decir, al momento de ejercer el titular el derecho primordial de obtener su reembolso directo, a través de cheques de gerencia, transferencias o cargos en cuenta; no así los débitos que se efectúen en las cuentas de depósito que mantienen los establecimientos de crédito en el Banco de la República para cubrir sus operaciones de canje en la cámara de compensación, por disposición expresa del parágrafo 2º del artículo 20 ibídem.

En consecuencia, las operaciones de traslado de depósitos judiciales, provisión de fondos y las remesas internas que efectuó la Caja de Crédito Agrario en Liquidación, mediante un débito en la cuenta del Banco de la República se encuentran sujetas al impuesto a las transacciones financieras por el período objeto de investigación.

4. Cheques de gerencia.

Al respecto es preciso señalar, que el artículo 29 literal c) del Decreto 2331 de 1998, establece como hecho generador de la contribución: “La emisión de cheques de gerencia, salvo cuando se expidan con cargo a recursos de la cuenta corriente o de ahorros del ordenante”.

Así las cosas, en el caso específico de los cheques de gerencia, la exención se origina cuando se expidan con cargo a recursos de la cuenta corriente o de ahorros del ordenante, por lo tanto no puede ser de recibo el argumento del demandante cuando expresa que no existió una transacción gravable entre el banco y un tercero usuario ya que estos se originaron por obligaciones propias que igualmente podrían ser pagadas en dinero en efectivo.

En consecuencia, las operaciones que fueron canalizadas mediante cheques de gerencia por la Caja de Crédito Agrario en Liquidación, se encuentran sujetos al impuesto a las transacciones financieras.

5. Sanción por inexactitud.

Comparte la Sala la decisión del tribunal al levantar la sanción por inexactitud, toda vez que el menor impuesto declarado obedeció a diferencia de criterios en la interpretación del derecho aplicable.

Por todo lo anterior, los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada no tienen vocación de prosperidad, por lo que se revocará el numeral segundo de la sentencia apelada que ordenó la exención de dicho gravamen en las semanas 3, 4 y 5 de marzo de 1999; para ordenar la exención del impuesto liquidado por la primera semana de marzo (1 al 5).

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE el numeral segundo de la sentencia del 7 de septiembre de 2005. En su lugar, se dispone:

MODIFÍCASE la liquidación oficial de revisión 4 del 11 de febrero de 2002 y la Resolución 622-000008 del 27 de febrero de 2003, en relación con la declaración del impuesto a las transacciones financieras correspondiente a la semana de 1º al 5 de marzo de 1999, así:

RenglónConceptoLiquidación privadaLiquidación de revisiónLiquidación corporación
1Retiros o traslados de cuentas corrientes256.454.000256.454.000256.454.000
2Retiros o traslados de cuentas de ahorro78.747.00078.747.00078.747.000
3Pagos del establecimiento de crédito con abonos a cuenta corriente o ahorro2.813.0002.813.0002.813.000
4Cheques de gerencia9.813.00032.548.00032.548.000
5Operaciones repo5.239.0005.239.0005.239.000
6Pagos por créditos interbancarios7.204.00(sic)7.204.0007.204.000
7Trans. cuenta depósito Banco República05.524.0005.378.000
8Otras transacciones1.047.0001.047.0001.047.000
9(-) Contribución descontable178.225.000178.225.000178.225.000
10Subtotal183.092.000211.351.000211.205.000
12Sanciones045.214.0000

2. En lo demás CONFÍRMASE la sentencia apelada.

3. RECONÓCESE personería a la abogada Jackeline E. Prada Ascencio, como apoderada de la Administración de Impuestos Nacionales, en los términos del poder a ella conferido.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(5) Régimen Financiero y Cambiario, código interno 16040, pág. 1488.

(6) Bernal Gutiérrez, Rafael. Usufructo, prenda, anticresis y reporto de acciones, en derecho comercial sin fronteras. Biblioteca Jurídica Dike, 1991, 1ª Edición.

(7) Rodríguez, Azuero Sergio. Contratos bancarios, su significación en América Latina. 2ª Edición. Bogotá, Felaban, 1979. Pág. 472.

(8) Fl. 769.

(9) Liquidación oficial de revisión 10 de 19 de marzo de 2002, (fls. 483 a 502, c. a.) vs. extracto de cuenta 62030119 (fls. 015 a 102, c. a.).

Liquidación oficial de revisión 13 del 12 de abril de 2002, correspondiente al mes de mayo (fls. 457 a 499, c. a.).

Liquidación oficial de revisión 15 del 20 de mayo de 2002, semana del 31 de mayo al 4 de junio (fls. 773 a 796, c. a.).

Liquidación oficial de revisión 24 del 20 de mayo de 2002, semana del 8 al 22 de junio (fls. 726 a 798, c. a.).

Liquidación oficial de revisión 25 del 20 de mayo de 2002, semana del 15 al 18 de junio (fls. 776 a 797, c. a.).

Liquidación oficial de revisión 26 del 20 de mayo de 2002, semana del 21 al 25 de junio (fls. 776 a 799, c. a.).

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