Sentencia 15819 de septiembre 12 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 15819

Acta Nº 44

Magistrado Ponente:

Fernando Vásquez Botero

Bogotá, D.C., doce de septiembre de dos mil uno.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de Jaime Rodrigo Romero González contra la Sentencia del 20 de junio de 2000, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que el recurrente le promovió a la Cervecería Unión S.A.

EXTRACTOS:

Para la Corte la lacónica argumentación del tribunal frente al tema debatido, configura la indebida aplicación de la ley que denuncia el censor, al sostenerse que por el hecho de un trabajador pertenecer a una organización sindical y habérsele adelantado una investigación previa al despido, esa situación por sí sola genera ipso jure una incompatibilidad para la reanudación del vínculo contractual laboral. Y es que una aplicación del precepto legal con fundamento en esos soportes fácticos, constituye un yerro jurídico, por cuanto ninguno de ellos, objetivamente considerados, permiten negar el reintegro por ser desaconsejable, pues ello no se ajusta a la regulación del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 que le exige al juez realizar una evaluación de las circunstancias anteriores, posteriores o concomitantes al despido para optar por la indemnización o la incorporación al empleo.

Así se asevera porque, si el sindicalizarse es una opción que se le brinda a los trabajadores y que inclusive es reconocido constitucionalmente en su artículo 39 en virtud al derecho de asociación sindical, el cual además es protegido y garantizado por el ordenamiento legal: artículos 353 y 354 Código Sustantivo del Trabajo, la negativa de ordenarse el reintegro pretendido bajo el único pretexto de pertenecer a una organización sindical, contradice franca y abiertamente ese ejercicio legítimo, al desconocer el derecho a la estabilidad laboral por el uso de otro derecho de rango supralegal, como es el de asociación, mecanismo democrático que busca básicamente la protección de la clase más débil de la relación obrero patronal.

En el anterior contexto, al concluir el tribunal que el reintegro del demandante no era aconsejable dada la calidad de trabajador sindicalizado, con ello está dándole una indebida aplicación al artículo 8º del Decreto 2351 de 1965. Además, ello inclusive podría configurar un acto atentatorio contra el derecho de asociación sindical, prohibido por el numeral 2º literal b) del artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 39 de la Ley 50 de 1990.

De otra parte, el haberse adelantado por parte de la empleadora y previamente al despido, un proceso tendiente a comprobar las faltas endilgadas al trabajador, ese sólo hecho tampoco es un argumento objetivamente válido para concluir que a raíz de tal circunstancia se impide el normal desarrollo de la relación obrero patronal y, por ende, no es aconsejable el reintegro reclamado. Otra cosa es, y así no lo expone el tribunal, que la inconveniencia del reintegro puede surgir de las actitudes o manifestaciones que asuma el asalariado en el curso de las diligencias que se surtan con ocasión de ese trámite, mas no porque simplemente se haya agotado éste.

Empero, si bien lo antes puntualizado permite tener como fundada la acusación, ello no es suficiente para darle prosperidad a los cargos, dado que de hacer la Corte consideraciones de instancia, llegaría a la misma conclusión del tribunal en cuanto atañe a la incompatibilidad del reintegro pretendido.

Así se afirma por cuanto, si bien las faltas que la empresa demandada le imputó a su trabajador, en sentir del sentenciador de segundo grado, no alcanzan a ostentar la entidad suficiente para justificar la drástica determinación de dar por terminado el contrato de trabajo, tampoco puede desconocerse que de todos modos los hechos imputados para el despido ocurrieron, y así no tengan ellos la naturaleza de grave, dada la reincidencia del actor en percances de esa misma clase, ocurridos a lo largo de la relación laboral (rotura de envases), según lo informan las documentales visibles a folio 78 y siguientes del expediente, tal circunstancia da sustento para concluir que no es aconsejable el reintegro porque la empresa demandada perdió la confianza respecto a su trabajador, como también todo lo indica éste no la tiene en relación a sus superiores, ya que en el curso de los descargos aseveró que el supervisor presentaba informes adulterados sobre su comportamiento laboral.

Adicionalmente, el cúmulo de informes que posee el demandante en su hoja de vida, todos ellos relacionados con la violación de las normas que procuran mantener el orden, la paz, la seguridad y la disciplina al interior de la empresa demandada, al punto de haber sido sancionado disciplinariamente por algunas de ellas, reafirman aún más el resquebrajamiento de las relaciones cordiales y armoniosas que de doble vía debe caracterizar el contrato de trabajo, lo que de contera se convierte en un obstáculo para permitir que se prosiga con la relación contractual laboral.

Lo anterior conlleva a que el reintegro solicitado se torne no aconsejable.

No se condenará en costas por el recurso porque pese a que no prospera se concluyó que era fundado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia del 20 de junio de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín - Sala Laboral, en el juicio que Jaime Rodrigo Romero González le promovió a la sociedad Cervecería Unión S.A.

Sin costas en recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

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