Sentencia 15820 de abril 24 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN EN LO RELATIVO A QUERELLA

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD

EXTRACTOS: «1. El Decreto 2700 de 1991 y sus normas complementarias, como la Ley 294 de 1996, no establecieron para el delito de violencia intrafamiliar la querella. Esta condición de procedibilidad fue establecida en el artículo 35 de la Ley 600 de 2000 respecto del tipo penal previsto en el artículo 229 de la Ley 599 del citado año, el cual subrogó el artículo 22 de la Ley 294 ídem.

2. La querella es la solicitud que hace el sujeto pasivo de la conducta punible para que se inicie la correspondiente investigación penal ante la comisión de un ilícito para el cual el legislador estableció esa condición. Los delitos que son querellables por razón de lo dispuesto en el artículo 35 del Código de Procedimiento Penal, admiten desistimiento (art. 37, ídem) y como consecuencia de éste, si corresponde a una manifestación libre, expresada antes de que se profiera sentencia de primera o única instancia, se extingue la acción penal (art. 38, ibíd.).

El legislador, con acierto, ha reconocido de manera expresa que algunas disposiciones de naturaleza procesal generan efectos sustanciales (D. 2700/91, art. 10 y L. 600/2000, art. 6-2), como ocurre con las disposiciones que regulan los recursos, los términos, los medios de defensa, los motivos de detención preventiva, los presupuestos de procedibilidad y las causas que dan lugar a la extinción de la acción penal, entre otras.

Resultan, pues, innegables los efectos procesales y sustanciales que se derivan de la querella.

Efectos procesales. Si se le mira como presupuesto para que el Estado pueda adelantar la acción penal, o como requisito previo a la adopción de una decisión, desde luego que las disposiciones que regulan la institución en comento tienen alcance de mera sustanciación y ritualidad para el juicio.

Un ejemplo de los efectos procesales de la querella, viene dado en los motivos que la ley previó para disponer la terminación de la acción penal. La querella legítima habilita la iniciación, adelantamiento y terminación de la investigación penal. Su ausencia está legalmente prevista como motivo de culminación de la actuación cumplida, impidiendo al funcionario resolver de fondo el asunto sometido a su consideración. Así por ejemplo, los artículos 327 y 39 del Código de Procedimiento Penal, ordenan dictar resolución inhibitoria, preclusión de la acción penal o cesación de procedimiento, cuando se establezca que la acción no podía iniciarse o proseguirse. Más aún, no es posible proferir sentencia, si está ausente el presupuesto procesal de la querella.

Efectos sustanciales. Cuando el efecto de un acto procesal incide en la decisión final que se ha de adoptar en un proceso penal, por ejemplo, impidiendo al funcionario judicial la declaración de responsabilidad de una persona y la consiguiente imposición de la sanción, en relación con un hecho determinado, contribuyendo de paso a mantener incólume el buen nombre (ingrediente de la dignidad humana), dado que no genera antecedente penal, o porque habilita la ejecución de otros actos procesales que producen tales consecuencias, debe admitirse, que éstas superan el ámbito procesal, se trasladan con naturaleza sustancial al asunto objeto del proceso penal. Estos efectos son precisamente los que se generan en el caso de los delitos querellables en relación con el desistimiento, la conciliación o la indemnización integral.

3. El Decreto 2700 de 1981 y las modificaciones introducidas por la Ley 81 de 1991, rigieron hasta el 24 de julio de 2001, pues al día siguiente entró en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000). En estas condiciones, los actos y diligencias procesales, así como los fallos de instancia en este asunto, fueron cumplidos bajo el régimen del anterior Código de Procedimiento Penal, como también para el recurso de casación, como así lo interpretó la Sala, habida consideración del fallo de inexequibilidad del la Ley 533 que también afectó las disposiciones pertinentes de la Ley 600 de 2000.

A los trámites agotados se les aplica el principio de preclusión, según el cual, el proceso se desarrolla a través de una sucesión ordenada y continua de actos procesales que deben ejecutarse en un plazo predeterminado. Al expirar el término o agotarse la actuación, queda clausurada la oportunidad procesal y habilitado el trámite subsiguiente. De esta manera se confiere seguridad y precisión al procedimiento como también firmeza a las decisiones judiciales, cuyos efectos deben ser acatados en el proceso en que se profieran, en la medida en que se respeten los derechos y las garantías fundamentales de los intervinientes.

En este caso, para los efectos de la decisión que se adopta y considerando los señalamientos anteriores, se debe tener en cuenta que en un tránsito de legislación de las características señaladas, para las investigaciones adelantadas a partir de las disposiciones que impusieron la querella para los delitos de violencia intrafamiliar, para hacer referencia exclusiva al delito que ocupa la atención de la Sala, y las actuaciones no terminadas e iniciadas oficiosamente, se impone la necesidad de obrar con prudencia, justicia y equidad, debiéndose considerar en la aplicación de los contenidos jurídicos, el estado en que se encuentre el proceso, lo pertinente a ese momento crucial y, mediante un juicio razonable, coherente y lógico, optar por la solución adecuada y justa.

En este caso, la aplicación que se reclama por la vía del principio de favorabilidad de los artículos 35, 37 y 38 del Código de Procedimiento Penal actual, depende de que en su momento en el expediente adelantado en contra de Horacio Galvis Peña se hubiesen cumplido los presupuestos fácticos de los citados preceptos. De lo contrario, de no estar satisfechos esos supuestos, el cumplimiento de dicha normatividad comprometería los alcances de los principios de preclusión y seguridad jurídica.

4. Durante el trámite del proceso, es evidente que la ofendida hizo conocer libremente su voluntad de desistir del proceso, antes de que se profiriera la sentencia de primera instancia, condiciones estas que son las únicas establecidas en el actual Código de Procedimiento Penal para la validez del desistimiento.

La investigación preliminar se inició por denuncia de Ana Rosa Torres Rojas, antes de proferirse resolución de apertura de investigación se amplió su denuncia (jun. 28/97), diligencia en la que solicitó expresamente al fiscal instructor no continuar adelantando la investigación, afirmación que por el texto de lo declarado se infiere fue hecha libremente, sin apremio alguno, pues precisó que vivía en unión libre con el proceso hacia 19 años, con quien había procreado dos hijos, relación que a pesar del incidente que dio lugar a este proceso se ha restablecido, existiendo armonía, dada la situación normal en el trato de pareja y de hogar.

No cabe duda que la víctima de la conducta punible, Ana Rosa Torres Rojas, desistió de la acción penal, propósito que consignó por escrito en diligencia judicial y que ratificó con su firma ante la autoridad que adelantaba la investigación, desistimiento que no obstante haberse expresado antes de la apertura de investigación no fue considerado por la fiscalía considerando que para entonces la actuación era oficiosa, pero son precisamente las anteriores premisas las que soportan la aplicación de la norma más favorable, pues sin haber cobrado ejecutoria los fallos de instancia entró en vigencia la Ley 600 de 2000 asignándole la naturaleza de querellable a la violencia intrafamiliar, único aspecto del que dependía la extinción de la acción penal, pues los demás supuestos (el desistimiento expresado libremente por la titular del bien jurídico) estaban cumplidos en las instancias.

El ordenamiento jurídico expresamente reguló el momento procesal en que debía hacerse conocer el propósito de desistir de la acción penal al funcionario judicial (antes de la sentencia de primera o única instancia, como lo hizo Ana Rosa Torres Rojas) pero no señaló expresamente un momento preclusivo para considerar la petición. Y, si además se tiene en cuenta que el principio de favorabilidad puede aplicarse en cualquier estado del proceso, resulta procedente en este caso declarar la extinción de la acción penal.

En la audiencia de formulación de cargos para sentencia anticipada se imputó al procesado maltrato físico y verbal a su cónyuge, sin mencionarse la agresión a John Heilbelberg Galvis Torres. En estas condiciones la conducta del procesado en relación con su hijo no fue objeto de los fallos de instancia, luego sobre tal situación no puede la Sala hacer pronunciamiento alguno como lo sugiere la delegada. Dicha irregularidad no es de carácter sustancial, pues sobre ese respecto, cuando la investigación no se ha ocupado del número total de conductas punibles cometidas por el proceso, correspondería la expedición de copias por la autoridad competente, si es que la acción no está ya prescrita.

En consecuencia, el pronunciamiento de la Sala debe corresponder estrictamente a la conducta punible atribuida al procesado, esto es, al maltrato a su compañera Ana Rosa Torres Rojas, por haber sido ésta la única objeto de pronunciamiento en la sentencia de segunda instancia.

5. La favorabilidad es una situación jurídica que se genera ante la vigencia de normas derogatorias sucesivas, razón por la cual el funcionario judicial se ve abocado a examinar el carácter benigno de la ley al momento de aplicarla en el caso concreto.

La Sala con ponencia (1) de quien ahora cumple igual misión, refiriéndose a la aplicación del principio de favorabilidad en relación con la normas de carácter procesal y, en ciertas circunstancias, a los efectos sustanciales de la querella, por extinguir la acción penal a través del desistimiento, señaló:

(1) CSJ, Sentencia de Casación 13 de junio de 2001. Radicado 15.833, M.P. Herman Galán Castellanos.

“En los procesos iniciados, por tratarse de delitos investigables de oficio, si no ha culminado la actuación y entra a regir una disposición que exige querella, no cabe duda que el desistimiento resulta admisible, por los efectos favorables que ello aplica en la relación jurídica penal con el procesado”.

La favorabilidad en este caso, se predica de una norma procesal posterior (L. 600/2000, art. 35) a la de la ocurrencia de los hechos (feb. 16/97), que prevé la querella como requisito de procedibilidad para el delito de violencia intrafamiliar, situación de la cual se deriva para el procesado el derecho a que se considere el desistimiento como forma de extinción de la acción penal, y no el anterior Código de Procedimiento Penal (ley preexistente al hecho), en el cual ese delito se investigaba oficiosamente. Esta situación, como se explica en esta providencia, emerge de las actuaciones cumplidas en el proceso, sin desconocer la ley procesal vigente al momento en que se agotó el acto procesal, ahora lo único que se hace es aplicar literalmente el texto de las nuevas disposiciones por su carácter permisivo.

Habida cuenta que en materia de garantías fundamentales no opera el principio de limitación para la Corte (CPP, art. 216), naturaleza de la cual participa el hecho examinado, la Sala aplicará por sus efectos favorables los artículos 35, 37 y 38 del Código de Procedimiento Penal, en consecuencia cesará el procedimiento, con las siguientes precisiones:

En estricto sentido no es dable atribuir error in procedendo o in iudicando en relación con la actuación o con la sentencia del tribunal, porque no se desconocieron las disposiciones relacionadas con la querella, el desistimiento y la extinción de la acción penal.

Jurídicamente, lo único que resulta procedente es cesar el procedimiento por la ocurrencia de un motivo que hace que no pueda proseguirse la acción penal, y como consecuencia de esa decisión que se adopta en la sentencia que ahora profiere la Sala, se debe dejar sin efectos jurídicos la del Tribunal de Bucaramanga en lo que atañe al delito de violencia intrafamiliar de que fue víctima Ana Rosa Torres Rojas, para resguardar la garantía de la aplicación de la ley más favorable al procesado, prevista en los artículos 29 de la Carta Política y 6º del Código de Procedimiento Penal, disposiciones estas que por mandato del artículo 85 de la misma Carta Política son de aplicación inmediata.

Con esta decisión, que puede ser adoptada en cualquier momento del “juicio” (CPP, art. 39), y que oficiosamente puede tomar la Sala, se da curso a una pronta y efectiva enmienda en guarda del ordenamiento constitucional y de una garantía de la misma naturaleza.

La Sala advierte si, que la decisión que se adopta en esta oportunidad sólo es posible en situaciones excepcionales como ésta, en donde sobresalen las siguientes especificidades: a) Antes de proferirse la sentencia de primera instancia se hizo explícita la voluntad libre de desistir la acción penal. b) Para la aplicación del texto favorable no se retrotrae la actuación ni se desconoce la validez de los actos cumplidos conforme a la ritualidad que regía a ese momento.

Queda claro entonces, que el mecanismo apropiado para establecer en un momento dado si hay lugar a la aplicación del principio de favorabilidad es el examen de las circunstancias especiales en que la situación se ha presentando».

(Sentencia de Casación, 24 de abril de 2003. Radicación 15.820. Magistrado Ponente: Dr. Herman Galán Castellanos).

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