Sentencia 15840 de octubre 27 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 76001233100019950196201

Ref.: 15840

Consejera Ponente:

Dra. María Elena Giraldo Gómez

Actor: Edilma Toro Rodríguez y otros

Demandada: Nación (Fiscalía General de la Nación).

Bogotá, D.C., veintisiete de octubre de dos mil cinco.

I. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación que interpuso la Nación, parte demandada, frente a la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 22 de mayo de 1998, y por medio de la cual resolvió:

EXTRACTOS: «II. Antecedentes procesales

A. Demanda:

La presentó, en ejercicio de la acción de reparación directa, el día 30 de octubre de 1995, la señora Edilma Toro Rodríguez, en nombre propio y en representación de sus menores hijos M.G.T y F.G.T y J.F.M.T (fls. 26 a 30 c. 1A).

1. Pretensiones:

‘1. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación (Fiscalía General de la Nación) de los perjuicios causados, a la demandante con motivo de la privación injusta de su libertad causada por la errónea adecuación típica del proceso penal (etapa de instrucción) radicado con el número 8031, por parte del fiscal 210 Regional de la ciudad de Santiago de Cali.

2. Condenar a la Nación (Fiscalía General de la Nación) a pagar a la doctora Edilma Toro Rodríguez y a sus menores hijos, el equivalente en pesos de las siguientes cantidades de oro fino según su precio internacional certificado por el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

1. Para Edilma Toro Rodríguez, tres mil (3000) gramos oro en su condición de directa perjudicada por la detención injusta.

2. Para J.F.M.T, M.G.T , F.G.T, (500) gramos de oro para cada uno en su condición de hijos de la detenida injustamente.

3. Que se le cancelen los perjuicios ocasionados por la inactividad de la finca Llano Grande de propiedad de la doctora Edilma Toro Rodríguez, la cual quedó a la disposición de la Fiscalía Regional y del Consejo Nacional de Estupefacientes por espacio de once (11) meses en los que su propietaria estuvo detenida injustamente, teniendo en cuenta la fórmula matemática financiera aceptada por el honorable Consejo de Estado para lograr la tasación consolidada y futura’ (fl. 26 c.1A).

2. Hechos:

‘1. La doctora Edilma Toro Rodríguez, profesional y excelente directora de una familia, intachable conducta tanto familiar, social y profesionalmente, reconocida no solamente en la ciudad de Santiago de Cali y en otros municipios del Valle del Cauca.

2. Madre ejemplar de cuatro hijos (E.M.T, J.F.M.T, M.G.T, F.G.T).

3. Con fecha calendada del 26 de julio de 1994, recibió una llamada de su menor hijo J.F.M.T para que de manera urgente se presentara en la finca ‘Llano Grande’. Esta creyendo que había sucedido una desgracia, se presentó en dicha finca, donde la espera el operativo donde fue detenida; operativo este realizado por miembros o efectivos de la Sijin antinarcóticos de la metropolitana de Cali, sindicada del delito de violación a la Ley 30 de 1986, podemos aquí en este instante advertir el desfase operativo de estos agentes quienes al no estar presente en la finca la doctora Edilma Toro Rodríguez, se detuvo por varias horas a los menores J.F.M.T y unos amigos de este.

4. Al legalizarse la captura de la doctora Edilma Toro Rodríguez, por la Fiscalía de Permanencia de Vijes es traída a los calabozos de la policía en Cali.

5. Posteriormente fue vinculada penalmente al proceso penal mediante indagatoria en la Fiscalía Regional de Cali, por ser la presunta propietaria de varias canecas de sustancias preculsoras (sic) en el procesamentos (sic) de drogas. Las canecas fueron encontradas en la finca de propiedad d el (sic) doctora Edilma Toro Rodríguez.

6. Al resolverse la situación jurídica con detención preventiva, detención que duró por espacio de once (11) meses.

7. Es de anotar que en varias oportunidades se le solicitó al agente instructor que por no existir una prueba directa que diera tan siquiera un indicio grave contra mi poderdante, se le otorgara el derecho a la libertad, es este (sic) no acudió a la normatividad procesal penal que configura ‘Que el fiscal está en la obligatoriedad procesal de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al procesado’.

Axioma legal omitido por el agente instructor pues este solo tuvo en cuenta sus criterios subjetivos para menoscabar el bien jurídico (derecho subjetivo) de la libertad de mi poderdante.

8. Once (11) meses una mujer íntegra soportó el escarnio y los inris de delincuente que una sociedad cerrada como la colombiana, y lo que es peor por un agente administrador de justicia, como el fiscal regional que erróneamente instruyó el proceso radicado con el Nº 8031 ya que íntegramente desconocía los principios constitucionales y penales tales como el principio de inocencia que reza que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario y exista prueba directa no meros indicios, el principio in dubio pro reo que reza ‘toda duda favorece al sindicado’ y el derecho a la libertad entre otros.

9. Pero, no es raro encontrar tales desafueros procedimentales penales en la llamada jurisdicción regional en especial la fiscalía regional ya que aquí, se parte del principio anticonstitucional de ‘Que toda persona es culpable hasta que no demuestre lo contrario o sea que es inocente’ y fue así, como mi poderdante estuvo recluida en la cárcel del Buen Pastor, por concepciones jurídicas erróneas del agente fiscal que instruyó el proceso radicado con el número 8031.

10. Fue tan claro el desfase judicial del agente instructor del proceso aludido anteriormente que el representante del Ministerio Público delegado para los asuntos penales, elevó la correspondiente impugnación (apelación) de la resolución de acusación; apelación surtida ante la fiscalía delegada ante el tribunal nacional en Santa Fe de Bogotá.

11. En la providencia fechada el día 12 de junio de 1995 la fiscalía delegada ante el tribunal nacional revocó la resolución de acusación que había proferido el agente instructor del proceso radicado con el Nº 8031, por observar el ad quem que existía un grave error judicial al tener detenida injustamente a la doctora Edilma Toro Rodríguez.

12. Fueron innumerables los daños materiales y morales; tales como: el desprestigio profesional y la deshonra social, el deterioro, destrucción espiritual de una familia unida siempre, el lucro cesante tanto su profesión de abogada como el de la consecuencia lógica empobrecimiento causadas tanto a mi poderdante, como a su familia por la falta del servicio judicial de la jurisdicción fiscalía regional, al tenerla injustamente detenida por un hecho en que jamás tuvo injerencia tal lo vieron así: Los varios defensores que tuvo esta, el Ministerio Público y la fiscalía delegada ante tribunal nacional.

13. El artículo 20 de la Constitución Nacional dice: ‘Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares’. Es precisamente en desarrollo de este precepto que el Consejo de Estado ha elaborado una serie de jurisprudencia que condenan los abusos judiciales, y es este el de detener injustamente a una persona, sin tener un acervo probatorio contundente que exprese una responsabilidad absoluta en el hecho punible investigado.

14. El artículo 90 de la Constitución Nacional dice: ‘El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas; en este caso hubo un comportamiento irregular de la sobriedad judicial Fiscalía General de la Nación.

15. El artículo 414 del Código de Procedimiento Penal determina la responsabilidad de las autoridades penales, cuando detienen arbitrariamente las personas sin distingo de nacionalidad.

16. Se me ha conferido poder para iniciar la presente acción” (fls. 26 a 28 c. 1A).

(...).

III. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación que interpuso la entidad demandada frente a la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 22 de mayo de 1998 mediante la cual se acogieron parcialmente las súplicas de la demanda.

A. Imputaciones fácticas y jurídicas.

La demanda atribuyó a la Nación (Fiscalía General de la Nación) responsabilidad por la detención injusta de Edilma Toro Rodríguez que soportó desde el 27 de julio de 1994, fecha en que fue capturada, hasta el 14 de junio de 1995 día en que recobró la libertad, en virtud de la providencia que dictó la fiscalía delegada ante el tribunal nacional en la que se concluyó que la encartada no desarrolló la conducta imputada como delito. Y citó como fundamentos jurídicos de sus peticiones los artículos 90 de la Constitución Nacional y 414 del Código de Procedimiento Penal, entre otros (hechos 11, 12, 14 y 15).

B.Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad:

Cuestión preliminar:

La conducta dañosa que los actores le endilgan a la demandada tuvo ocurrencia desde el 27 de julio de 1994 hasta el 14 de junio de 1995, por privación injusta de la libertad, momento en el que estaban vigentes la Constitución Política de 1991, la Ley 30 de 1986 y el Decreto-Ley 2700 de 1991 (1) (CPP).

El artículo 90 de la Carta Política establece la cláusula general de responsabilidad del Estado en la que no se hace distinción alguna de las autoridades sujetas a tal obligación y en la que se exige la ocurrencia de un daño antijurídico, que el particular no esté en el deber de soportar, y la imputabilidad de este al Estado, por acción u omisión.

Y la ley vigente al momento de los hechos demandados dispone, en el artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal, que “Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

Por su parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha puntualizado, en varias oportunidades, tal situación como fuente de responsabilidad del Estado objetiva (2) , en cuanto que dicha ley le impone al Estado la obligación de indemnizar en los casos que la persona ha sido objeto de la medida de aseguramiento de detención preventiva y posteriormente es liberada por decisión de la autoridad competente porque el hecho no ocurrió, no le es imputable o la conducta investigada no constituye delito; y que con esa disposición legal se asegura el resarcimiento del afectado por la vulneración de uno de los derechos más preciados del ser humano como es la libertad individual en su vertiente de la locomoción, concretada en la posibilidad de trasladarse o no dentro del territorio nacional por voluntad propia, derecho limitado solo en casos excepcionales con la imposición de medidas ordenadas por la autoridad pública. Así mismo la jurisprudencia ha referido a otras normas jurídicas como laLey 74 de 1968 que aprobó e incorporó a la legislación nacional el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (art. 9º) y la Ley 16 de 1972 aprobatoria del Pacto de San José (art. 7º) en las cuales se establece como derecho inalienable y fundamental de las personas la libertad de locomoción, y excepcionalmente se reconoce la limitación a este derecho por medidas establecidas previamente en el ordenamiento legal y por imposición del órgano o autoridad competente.

En efecto, la Sala ha dicho que la responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de las autoridades encargadas de administrar justicia se derivó en vigencia de la Constitución Política de 1886, de lo dispuesto en el artículo 16 según el cual “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares”.

Posteriormente, en la Constitución de 1991 ese tipo de responsabilidad y cualquiera otro quedó definida en el artículo 90, que estableció la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de todas las autoridades públicas.

Luego en consonancia con la última y precitada norma constitucional, la Ley 270 de 7 de marzo 1996, posterior a la ocurrencia de los hechos demandados, reguló ampliamente la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados “por la acción o la omisión de sus agentes judiciales” y estableció que esa responsabilidad se daría o por el defectuoso funcionamiento en la administración de justicia, o por el error jurisdiccional y la privación injusta de la libertad (arts. 65 a 69).

En claro esas situaciones se hará referencia a los derechos subjetivos cuya garantía la parte demandante invocó en la demanda, la regulación legal de la detención preventiva para el momento de ocurrencia de los hechos alegados y los supuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado fundados en esta circunstancia.

Derecho a la libertad:

En la Carta Fundamental de 1991 sobre tal derecho y en especial con la “libertad de movimiento”, se concretó así:

“ART. 28.—Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas:

• En el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968 en la cual se expresa, igualmente, que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta...”.

• En la Convención americana de derechos humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972 que prescribe: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental relativo, porque está restringido en eventos precisos y bajo las condiciones de orden constitucional o legal. Este tema no es nuevo en la jurisprudencia; en tal sentido la Corte Constitucional ha dicho:

“( )esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no solo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la Nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas’” (3) .

Presunción de inocencia:

Es de categoría constitucional, por virtud del cual toda persona sindicada de cometer un delito está eximida de presentar pruebas que demuestren su inocencia y por tanto las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado (4) . Tal derecho estaba previsto desde antes de la expedición de la Carta de 1991, es decir bajo la vigencia de la Constitución de 1886, en las siguientes normas con fuerza material de ley:

• Ley 74 de 1968, que como ya se dijo antes ratificó el Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Su artículo 11 enseña que “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa” (resaltado fuera del texto original).

• Ley 16 de 1974, por la cual se ratificó la Convención americana sobre derechos humanos o Pacto de San José, en la cual el artículo 8º dispone: “Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...”.

• Decreto-Ley 50 de 1987 por medio del cual se expidió el Código Penal; su artículo 3º indicó la presunción de inocencia, al disponer que “Toda persona a quien se atribuya un hecho punible se presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en sentencia ejecutoriada”.

En la Constitución de 1991 se consagró en el inciso 4º del artículo 29: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”.

Luego, el legislador extraordinario en el Decreto-Ley 2700 dictado el día 30 de noviembre de 1991, Código de Procedimiento Penal, expresa en el artículo 2º que: “En desarrollo de las actuaciones penales prevalece el principio de la presunción de inocencia según el cual toda persona se presume inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se produzca una declaración definitiva sobre su responsabilidad”. El precitado decreto ley entró en vigencia el día 1º de julio de 1992, según términos del artículo 1º transitorio (5) .

Detención preventiva en la ley penal:

Constituye una medida de aseguramiento, entre otras, por virtud de la cual la ley permite la limitación del derecho a la libertad de la persona sindicada “en aras de la persecución y prevención del delito confiadas a la autoridad”, que garantiza “el juzgamiento y penalización de las conductas tipificadas en la ley, entre otras cosas para asegurar la comparecencia del acusado al proceso” (6) e impide “al imputado la fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementos probatorios importantes para la instrucción (7) . Y tiene respaldo en las siguientes fuentes jurídicas:

Bajo la Constitución de 1991 el artículo 28, atrás citado textualmente, prevé la detención preventiva en determinadas y estrictas condiciones. Y el legislador extraordinario en el Decreto 2700 de noviembre 30 de 1991 dispuso:

“ART. 397.—La detención preventiva procede en los siguientes casos:

1. Para todos los delitos de competencia de jueces regionales.

2. Cuando el delito que se atribuya al imputado tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos años.

3. En los siguientes delitos:

• Cohecho propio (art. 141);

• Cohecho impropio (art. 142);

• Enriquecimiento ilícito (art. 148);

• Prevaricato por acción (art. 149);

• Receptación (art. 177);

• Fuga de presos (art. 178);

• Favorecimiento de la fuga (art. 179);

• Fraude procesal (art. 182);

• Incendio (art. 189);

• Provocación de inundación o derrumbe (art. 191);

• Siniestro o daño de nave (art. 193);

• Pánico (art. 194);

• Falsificación de moneda nacional o extranjera (art. 207);

• Tráfico de moneda falsificada (art. 208);

• Emisiones ilegales (art. 209);

• Acaparamiento (art. 229);

• Especulación (art. 230);

• Pánico económico (art. 232);

• Ilícita explotación comercial (art. 233);

• Privación ilegal de libertad (art. 272);

• Constreñimiento para delinquir (art. 277);

• Fraudulenta internación en asilo, clínica o establecimiento similar (art. 278);

• Acceso carnal abusivo con menor de catorce años (art. 303);

• Lesiones personales con deformidad (art. 333);

• Lesiones personales con perturbación funcional (art. 334);

• Lesiones personales con perturbación psíquica (art. 335);

• Lesiones personales con pérdida anatómica (art. 336);

• Hurto agravado (art. 351);

• Los contemplados en el Decreto 1730 de 1991.

4. Cuando en contra del sindicado estuviere vigente sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso o preterintencional que tenga pena de prisión.

5. Cuando se hubiere realizado la captura en flagrancia por delito doloso o preterintencional que tenga prevista pena de prisión.

6. Cuando el sindicado, injustificadamente no otorgue la caución prendaria o juratoria dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que la imponga o del que resuelva el recurso de reposición o cuando incumpla alguna de las obligaciones establecidas en el acta de caución, caso en el cual perderá también la caución prendaria que hubiere prestado.

7. En los casos de lesiones culposas previstas en los artículos 333, 334, 335, 336 del Código Penal, cuando el sindicado en el momento de la realización del hecho se encuentre en estado de embriaguez aguda o bajo el influjo de droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica demostrado por dictamen técnico o por un método paraclínico, o abandone sin justa causa el lugar de la comisión del hecho”.

Respecto de la naturaleza excepcional de la detención preventiva y las condiciones necesarias para su procedencia resulta ilustrativo tener en cuenta lo manifestado por la Corte Constitucional.

• “Los artículos 29 de la Constitución y 9º del Pacto internacional de derechos políticos y civiles impiden que, con base en simples indicios, se persista en la prolongación de la detención luego de un cierto lapso que de ninguna manera puede coincidir con el término de la pena ya que siendo ello así se desvirtuaría la finalidad eminentemente cautelar de la detención preventiva que terminaría convertida en un anticipado cumplimiento de la pena y se menoscabaría el principio de presunción de inocencia. Pese a que no es posible en abstracto traducir el concepto de detención preventiva razonable a un número determinado de días, semanas, meses o años o a una equivalencia según la gravedad de la ofensa, entre los múltiples factores a tener en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo de detención preventiva debe considerarse el tiempo actual de detención, su duración en proporción a la ofensa, los efectos materiales o morales sobre la persona detenida, la conducta que exhiba el acusado durante la reclusión, las dificultades objetivas propias de la investigación —complejidad respecto a los hechos, número de testigos o acusados, necesidad de una evidencia concreta, etc., la conducta de las autoridades judiciales competentes, el peligro de fuga, la posibilidad de reincidencia y la capacidad de destrucción de la evidencia’ (8) .

• “La detención preventiva, que implica la privación de la libertad de una persona en forma temporal con los indicados fines, previo el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 28, inciso 1º, de la Constitución Política, no quebranta en sí misma la presunción de inocencia, dado su carácter precario que no permite confundirla con la pena, pues la adopción de tal medida por la autoridad judicial no comporta definición alguna acerca de la responsabilidad penal del sindicado y menos todavía sobre su condena o absolución.

La persona detenida sigue gozando de la presunción de inocencia pero permanece a disposición de la administración de justicia en cuanto existen razones, previamente contempladas por la ley, para mantenerla privada de su libertad mientras se adelanta el proceso, siendo claro que precisamente la circunstancia de hallarse este en curso acredita que el juez competente todavía no ha llegado a concluir si existe responsabilidad penal” (9) .

• “El postulado constitucional y abstracto de la libertad individual encuentra una legítima limitación en la figura de la detención preventiva cuya finalidad, evidentemente, no está en sancionar al procesado por la comisión de un delito, pues está visto que tal responsabilidad solo surge con la sentencia condenatoria, sino en la necesidad primaria de asegurar su comparecencia al proceso dándole vía libre a la efectiva actuación del Estado en su función de garante de los derechos constitucionales...” (10) .

La secuencia normativa y la jurisprudencia indicada muestran que el derecho positivo colombiano consagró y consagra el derecho a la libertad como un derecho fundamental no absoluto, limitado a ciertas condiciones y supuestos o constitucionales o legales; que una de las particulares restricciones a tal derecho es la detención preventiva que tiene carácter excepcional y está condicionada a supuestos también legales fundamentados en la efectividad de la presunción de inocencia.

Supuestos para la configuración de responsabilidad por detención preventiva:

La Sección Tercera del Consejo de Estado en la interpretación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal ha adoptado dos clases de posiciones: una tesis “subjetiva o restrictiva” y otra “objetiva o amplia”. El contenido de esa norma es la siguiente: “ART. 414.—Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

La primera de esas tesis, “subjetiva o restrictiva”, condiciona la mencionada responsabilidad del Estado en cuanto a la conducta, a que la imputada esté fundada en decisiones jurisdiccionales arbitrarias y abiertamente ilegales; al respecto pueden verse las siguientes providencias:

— Sentencia proferida el 1º de octubre de 1992; sostuvo que la providencia judicial que ordenó la detención preventiva que causa el daño debe contener una decisión ilegal, ostensible y manifiestamente errada (11) .

— Sentencia dictada el día 25 de julio de 1994; precisó que “La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual”, de manera que “la absolución final ( ) no prueba, per se , que hubo algo indebido en la retención” (12) .

— Sentencia del 15 de septiembre de 1994 en la cual se destacó que el error judicial es conducta que puede dar lugar a la responsabilidad del Estado; se dijo:

“En relación con la responsabilidad de la administración por privación injusta de la libertad, la Sala desea hacer las siguientes precisiones, por la vía jurisprudencial, a saber:

a) Ella toma apoyo en el artículo 90 de la Constitución Nacional y en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y se ubica en el ámbito de la responsabilidad directa del Estado por error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, y previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso, o como lo ha dicho la Corte Constitucional italiana: ‘Todo procedimiento judicial que prive a la persona de uno de sus derechos fundamentales y que luego sea considerado erróneo’ (Sent. 12, feb. 2/78).

b) El error judicial puede responder a una errónea apreciación de los hechos, o a una desfasada subsunción de la realidad fáctica en la hipótesis normativa, o a una grosera utilización de la normatividad jurídica, en el caso sometido a consideración del juez.

c) El error de hecho, por sí solo, jamás será determinante de la responsabilidad administrativa, pues como lo enseña bien el profesor Guido Santiago Tawil, ‘( ) cualquiera que sea el vicio determinante de la resolución, el error judicial no estará en los hechos o en las pruebas, en sí mismos considerados, sino en el modo de subsumir a estos en el ordenamiento jurídico, cuya aplicación en cada caso resulte obligada’ (la responsabilidad del Estado y de los magistrados y funcionarios judiciales por mal funcionamiento de la administración de justicia. Depalma, p. 54).

d) La responsabilidad de la administración, dentro del ámbito que se estudia, no opera solo en los casos contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, pues la Constitución Nacional ordena reparar el daño que se genere por una conducta antijurídica de ella. Con esto se quiere significar que el error judicial se debe reparar, no solo en los casos de una injusta privación de la libertad, sino en todos los eventos en que se demuestre, con fuerza de convicción, la existencia de una manifiesta equivocación. (...).

e) Además de la existencia del error judicial, en el pronunciamiento judicial, debe probarse la existencia de un daño físico o moral, evaluable económicamente, y una relación de causalidad entre el error y el daño indemnizable.

f) Condictio sine qua non para que se pueda declarar la responsabilidad de la administración es la de que no se registre una actitud dolosa o culposa por parte del sindicado o de los damnificados. (...).

g) La reparación por el daño causado debe ser integral, esto es, se debe indemnizar tanto el daño emergente, como el lucro cesante y el daño moral. Ni la Constitución Nacional ni ley alguna han puesto limitaciones en este particular” (13) .

— Sentencia pronunciada el día 17 de noviembre de 1995, se precisó que fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal el demandante debe demostrar no solo que la detención preventiva que se le dispuso fue injusta, sino que fue injustificada y que “habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no sería otra que el error jurisdiccional” (14) .

— Sentencia dictada el día 2 de octubre de 1996 (15) ; indicó que “Para configurar la responsabilidad reclamada en este proceso, la privación de la libertad ha debido ser injusta, es decir fruto de decisiones contrarias al derecho o abiertamente arbitrarias, con desconocimiento de disposiciones tanto constitucionales como legales, constitutivas de verdaderas garantías de ese derecho fundamental de las personas, las cuales en ningún momento se vieron vulneradas por la medida privativa de la libertad”.

En la segunda tesis jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado causada en detención preventiva, “objetiva o amplia”, se sujeta esta responsabilidad y en cuanto a la conducta imputada a que la persona que ha sido privada de la libertad y que posteriormente ha sido liberada como consecuencia de una decisión de autoridad competente, esta haya sido fundamentada en que el hecho no ocurrió, o no le es imputable o que no constituyó conducta punible, sin necesidad de valorar la conducta del juez o de la autoridad que dispuso la detención. La Sala adoptó esta última posición jurisprudencial con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991 y mediante la interpretación del artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991; expresó que bastaba la demostración de la antijuridicidad del daño imputable a la administración para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que fuera menester la evaluación de la conducta del funcionario judicial y la comprobación de si la misma era errada, ilegal, arbitraria o injusta. Los principales lineamientos de esta jurisprudencia están contenidos en las siguientes providencias:

— Sentencia proferida el día 30 de junio de 1994 (16) : “el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal consagra una acción indemnizatoria en contra del Estado y a favor de quien ha sido privado injustamente de la libertad, cuando sea exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible. Como en el sub iudice se determinó la inexistencia de hecho punible, el actor tiene derecho a reclamar del Estado colombiano, una indemnización por los perjuicios sufridos. Este artículo 414 es fiel desarrollo del artículo 90 de la Carta Política, solo que circunscrito al daño antijurídico proveniente de las precisas circunstancias allí previstas”.

— Sentencia proferida el día 12 de diciembre de 1996 (17) : “Se reitera que es un tipo de responsabilidad objetiva en la medida en que no requiere la existencia de falla del servicio, razón por la cual no tiene ninguna incidencia la determinación de si en la providencia que ordenó la privación de la libertad hubo o no error judicial; y no es posible la exoneración de responsabilidad de la administración con la sola prueba de diligencia que en este caso se traduce en la demostración de que dicha providencia estuvo ajustada a la ley (...). Por las mismas consideraciones, en estos casos tampoco puede exigirse al demandante, como requisito de procedibilidad de su pretensión indemnizatoria que haya interpuesto los recursos legales contra la providencia que ordenó la detención; y este es el motivo por el cual, a juicio de la Sala, la Ley 270 de 1996 al enunciar los presupuestos de la responsabilidad estatal por error judicial dentro de los cuales se encuentra el de que el afectado haya interpuesto los recursos de ley, exceptúa los casos de privación de la libertad, disponiendo que en dichos eventos no es necesario el cumplimiento de tal requisito”.

— Sentencia proferida el día 27 de septiembre de 2001 (18) : No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones categóricas, para suponer que, en determinados casos, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio. He aquí la demostración de que la injusticia del perjuicio no se deriva de la ilicitud de la conducta del agente del Estado” (resalta la Sala)”.

Posición actual de la Sala y respecto del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, exclusivamente, por cuanto los hechos demandados ocurrieron bajo su vigencia:

Se reitera lo dicho en la sentencia precitada, de 27 de septiembre de 2001, porque se considera que en esos eventos la responsabilidad del Estado existe cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de un sujeto que fue absuelto:

• o porque la detención resultó injusta;

• o porque fue exonerado por sentencia absolutoria definitiva debido: o a que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible.

Al respecto no queda duda, pues así lo indica el artículo 414 antes trascrito.

No es necesario demostrar, generalmente, la existencia de una decisión errónea; conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que una providencia judicial proferida conforme a la ley que prevé y regula la detención preventiva, puede causar un daño antijurídico cuando en el curso de la investigación penal no se desvirtúa la presunción de inocencia del sindicado que, en cumplimiento de dicha providencia, ha sido privado de la libertad.

Por tanto se precisa que no es de recibo el argumento aducido por la Nación (Fiscalía General de la Nación), según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de derechos humanos y en la Carta Política de 1991.

Al efecto cabe tener en cuenta que la Sala consideró, en sentencia proferida el día 18 de septiembre de 1997 que:

“No puede aceptarse que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar, privados de la libertad los sindicados, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función depende el buen éxito de la investigación y desde luego solamente con una adecuada prueba, indicio grave de responsabilidad, se repite, era procedente la imposición de la medida de aseguramiento” (19) .

Nótese que descomponiendo el contenido de dicha norma se advierten dos situaciones para la indemnización de los daños padecidos por las personas que han sido detenidas; así:

• Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios; y

• Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política el Estado es patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, de manera que si un sujeto es privado de la libertad en desarrollo de una investigación penal e incluso es enjuiciado hay lugar a la indemnización cuando se prueba o que fue injustamente privado de la libertad, o porque fue exonerado por sentencia absolutoria definitiva o por su equivalente en aIguno de los eventos anotados.

El estudio anterior sobre el sentido del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal muestra que la responsabilidad patrimonial del Estado procede cuando, se recaba, demostrado el daño, se cumplen además los siguientes supuestos:

1. o cuando una persona ha sido privada injustamente de la libertad;

2. o cuando ha sido exonerada por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, en este último caso cuando se dé alguno de los siguientes eventos: - porque el hecho no existió, - porque el sindicado no lo cometió, o - porque la conducta no constituía hecho punible (20) .

Partiendo del principio de legalidad analizado y de la interpretación de la jurisprudencia se analizarán los hechos demandados y los medios de convicción.

1. Conducta dañosa:

El Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91) vigente en el momento en que ocurrieron los hechos demandados, consagraba como mecanismos para resolver la situación jurídica de los sindicados de cometer delitos y para asegurar su comparecencia al proceso, las medidas de aseguramiento de conminación, caución, prohibición de salir del país, detención domiciliaria y detención preventiva, aplicables cuando contra el sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad (art. 388) (21) . Lo anterior significa que el derecho a la libre locomoción no es absoluto y puede ser susceptible de restricción pero siempre en aras de proteger un interés superior, como la seguridad nacional o el orden público (22) .

Sobre este elemento de responsabilidad se probaron los siguientes hechos:

1. Según la investigación penal adelantada contra la señora Edilma Toro Rodríguez, la fiscalía delegada ante los juzgados regionales le endilgó la vulneración al artículo 43 de la Ley 30 de 1986 (23) o estatuto nacional de estupefacientes, que antes de ser modificado por la Ley 365 de 1997 decía: ‘El que ilegalmente tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como: éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes, disolventes u otras sustancias que se utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años...’. Estas diligencias fueron remitidas por el Director Regional de Fiscalías de Cali, prueba solicitada en la demanda y ordenada por el tribunal administrativo, documento público que será valorado en su integridad en atención a que cumple con lo establecido en los artículos 254 y 289 del Código de Procedimiento Civil (fls. 29, 70 y 72 c.1A y 1 a 263 c. 2).

2. La captura de la señora Edilma Toro Rodríguez se realizó el día 26 de julio de 1994 conforme consta en: el acta de derechos de la capturada, la orden de custodia dirigida al Comandante de la Policía de Cali, la orden de encarcelación 690 y la petición de mantener la reclusión enviadas a la cárcel del Buen Pastor (documentos públicos integrantes de la investigación penal fls. 5, 19, 21 y 49 c. 2).

3. Mediante auto del 3 de agosto de 1994 la fiscalía le resolvió la situación jurídica a la encartada, providencia aclarada posteriormente y en la que se le impuso a Toro Rodríguez como medida de aseguramiento la detención preventiva (documento público fls. 37 y 43 a 45 c. 2).

4. La fiscalía delegada ante el tribunal nacional resolvió el 13 de junio de 1995 revocar la resolución de acusación con la que se calificó el mérito del sumario adelantado contra Edilma Toro Rodríguez; precluir la instrucción y disponer su libertad inmediata, providencia que quedó ejecutoriada el día 28 de junio siguiente. Este documento, fue aportado por la actora con la demanda, reconocido como prueba por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y emitido por la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual esta prueba será objeto de valoración al cumplir los requisitos de los artículos 252 y 289 del Código de Procedimiento Civil (fls. 2 a 19, 29, 70, 101 y 141 c. 1A). En tal providencia, revocatoria de la medida de aseguramiento que se le impuso a Edilma Toro Rodríguez, la fiscalía delegada ante el tribunal nacional afirmó que, de acuerdo a diferentes piezas procesales de la investigación penal, es incierta la participación de la sindicada en el delito investigado y que su actividad no encuadra en la conducta rectora del punible endilgado (documento público fls. 10, 11 y 14 c. 1A).

Al respecto, merece la pena recordar las precisiones sentadas por esta Sala sobre las diferencias entre la sentencia como acto jurídico y la sentencia como prueba documental (24) , esta última que da fe de su fecha y de las declaraciones que hizo el funcionario, conforme lo establece el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil según el cual los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza.

5. La fiscalía delegada ante el tribunal nacional solicitó la libertad inmediata e incondicional de la sindicada Edilma Toro Rodríguez mediante el Oficio 7876 del 14 de junio de 1995 dirigido a la dirección de la cárcel del Buen Pastor (documento público fl. 21 c.1A).

De las anteriores piezas procesales de la investigación penal se comprueba que Edilma Toro Rodríguez padeció injustamente la privación de la libertad, toda vez que la fiscalía al revocar la medida de aseguramiento señaló que no se demostró la participación de la sindicada en el delito investigado y que su actividad no encuadra en la conducta rectora del punible endilgado.

2. Daño:

La demanda afirmó la existencia de daños moral y material; moral causado por la privación de la libertad para Edilma Toro Rodríguez como directamente implicada y para sus menores hijos J.F.M.T, M.G.T y Felipe (fl. 26 c. 1A); y daño material por la pérdida económica causada durante su detención tanto por lo que pudo ganar ella como producir un inmueble de su propiedad. El tribunal solo condenó por perjuicios morales a favor de Edilma Toro Rodríguez y sus hijos F.G.T y J.F.M.T. Y el recurso de apelación lo interpuso únicamente la Nación (Fiscalía General); por lo cual el estudio de la Sala se limitará a la verificación del daño moral, en aplicación del principio de la non reformatio in pejus, esto es que no puede agravarse la situación del apelante único (CPC, art. 357).

Para el Consejo de Estado, al igual que para el tribunal a quo, se demostró el daño moral de Edilma Toro Rodríguez; resulta claro que probado el hecho de privación injusta de la libertad se deduciría el daño moral; pero este hecho se estableció con el testimonio de Jorge Carranza (fl. 265 c. 2) quien dijo y explicó que la señora Toro Rodríguez como sus hijos, F.G.T y J.F.M.T se afectaron moralmente con esa situación.

La condición de hijos se estableció con el registro civil de nacimiento de aquellos, en los cuales figura como madre la señora Toro Rodríguez (documentos públicos, fls. 33 y 32 c. ppal.) y de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 del Decreto-Ley 1260 de 1970.

3. Nexo de causalidad:

Se acreditó que el daño moral sufrido por Edilma Toro Rodríguez y sus hijos F.G.T y J.F.M.T tiene su causa jurídica eficiente en la privación injusta de la libertad. Por consiguiente, acreditados los supuestos que exige el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos demandados, hay lugar a declarar responsable a la Nación (Fiscalía General) a indemnizar a dichas personas.

E. Cuantificación del perjuicio:

La sentencia de primera instancia del 22 de mayo de 1998 condenó a la Nación (Fiscalía General) a indemnizar, de una parte, en el equivalente a mil (1000) gramos de oro a Edilma Toro Rodríguez y, de otra, en el equivalente a quinientos (500) gramos de oro tanto a F.G.T y J.F.M.T.

Pero el Consejo de Estado, a partir del 6 de septiembre de 2001 (25) modificó su jurisprudencia sobre el patrón para indemnizar perjuicios morales; y del gramo oro pasó al salario mínimo legal, en consideración a que, entre otras cosas, la modificación de ese valor es por lo general muy inferior a la pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano, la inexistencia de un nexo entre las variaciones del valor de estos dos rubros, la exigencia de reparar integral y equitativamente el daño de acuerdo al artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y las nuevas razones de orden jurídico fundamentadas en otras de orden práctico.

Sobre la cuantificación del perjuicio moral el juzgador es el encargado de tasar el perjuicio de acuerdo con las circunstancias probadas; y la indemnización de tal perjuicio es solo un paliativo de la afectación porque no resarce ni repone el bien afectado. La Sala estima que la condena impuesta por el tribunal para que la Nación (Fiscalía General) indemnice el perjuicio moral de las personas mencionadas es acertada; por tanto convertirá la condena impuesta en gramos oro a pesos colombianos, la cual equivale en salarios mínimos legales a los siguientes:

Así las cosas, el valor del gramo de oro para el 16 de agosto de 2005 cuando se elabora esta sentencia, determinado por el Banco de la República (26) es por $ 32.718,18; la condena impuesta por el tribunal a favor de:

• Edilma Toro Rodríguez fue por 1000 gramos de oro que equivalen en pesos colombianos a $ 32.718.180; y a favor de

• cada uno de los hijos de la detenida, la indemnización de 500 gramos de oro, equivaldría a $ 16.359.090.

Teniendo en cuenta que el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2005 según el Decreto 4360 de diciembre de 2004 es de $ 351.500, la conversión a salarios mínimos legales mensuales de las condenas impuestas será: Para Edilma Toro Rodríguez 93,1 y para cada uno de los hijos 46,5.

Por consiguiente la sentencia de primera instancia se confirmará en cuanto a la declaratoria de responsabilidad y se modificará solo para variar el patrón utilizado para cuantificar los perjuicios morales causados, debido a que luego de que se emitió dicha sentencia el Consejo de Estado varió su jurisprudencia en ese aspecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 22 de mayo de 1998 en cuanto declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación (Fiscalía General de la Nación) por los daños morales que sufrieron Edilma Toro Rodríguez, F.G.T y J.F.M.T con la pérdida injusta de la libertad que sufrió directamente la primera persona de las nombradas.

2. MODIFÍCASE la condena impuesta en gramos, en dicha sentencia, y en contra de la Nación (Fiscalía General de la Nación) para indemnizar los perjuicios morales de la siguiente manera: Para Edilma Toro Rodríguez en 93.1 salarios mínimos legales mensuales de 2005, esto es treinta y dos millones setecientos dieciocho mil ciento ochenta pesos mcte. ($ 32’718.180). Y F.G.T y J.F.M.T en 46,5 salarios mínimos legales mensuales de 2005, para cada uno, estos son dieciséis millones trescientos cincuenta y nueve mil noventa pesos mcte. ($ 16’359.090).

3. Las sumas liquidadas ganarán intereses comerciales moratorios a partir del día siguiente de la fecha de ejecutoria de la sentencia.

4. Deniéganse las demás súplicas de la demanda.

5. Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con la observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 expedido el 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a los demandantes serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(1) Publicado en el Diario Oficial 40190 de noviembre 30 de 1991.

(2) Ver entre otras, sentencias de la Sección Tercera del 12 de diciembre de 1996 expediente 10299, actor: José Ángel Zabala y del 28 de septiembre de 2000 expediente 11601, actora: Ana Ethel Moncayo, consejero ponente Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(3) Sentencia C-397 de 1997, del 10 de julio de 1997; actor: Alberto Yépez.

(4) Al efecto puede consultarse la Sentencia C-774 del 25 de julio de 2001, de la Corte Constitucional, actor: Diógenes Escobar.

(5) Diario Oficial 40.190 de 30 de noviembre de 1991.

(6) Cfol. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-301 de 1993. Actor: Pedro Pablo Camargo.

(7) Sentencia C-395 de 8 de septiembre de 1994. Actor: Mario Nicolás Cadavid y otro.

(8) Sentencia C-301 de 1993.

(9) Sentencia C-689 de 5 de diciembre de 1996. Actor: María Carola Zuluaga.

(10) Sentencia C-634 de 31 de mayo de 2000. Actor: Luis Gonzalo Peña y otro.

(11) Expediente 7.058. Sección Tercera. Actor: Carmen Aminta Escobar Mejía.

(12) Expediente 8.666. Sección Tercera. Actor: María Berenice Martínez de Bolívar y otros.

(13) Expediente 9.391. Sección Tercera. Actor: Alberto Uribe Oñate.

(14) Expediente 10.056. Sección Tercera. Actor: Ferney Guateros y otros.

(15) Expediente 19.923. Actor: Rafael Antonio Niño.

(16) Expediente 9734. Actor: Nerio José Martínez Ditta.

(17) Expediente 10.299. Actor: José Ángel Zabala Méndez.

(18) Expediente 11601. Actor: Ana Ethel Moncayo.

(19) Expediente 11.754. Sección Tercera. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves.

(20) Ver sentencia de 27 de noviembre de 2003. Sección Tercera. Radicación 52001-23-31-000-1996-07866-01. Actor: José María Gerardo Cháves López y otros. Consejera Ponente Dra. María Elena Giraldo. Demandado: Nación (Fiscalía General de la Nación) expediente 14.530. Apelación sentencia indemnizatoria.

(21) Sobre la constitucionalidad de las medidas de aseguramiento ver sentencias Corte Constitucional C-301 de 1993 actor: Pedro Pablo Camargo, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-395 de 1994, actor: Mario Nicolás Cadavid, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.

(22) Con respecto a la restricción de la libertad individual consultar entre otras, sentencias Corte Constitucional C-689 de 1996, actor: María Carola Zuluaga, M.P. José Gregorio Hernández y C-634 de 2000, Actor: Luis Gonzalo Peña, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo.

(23) Publicado en el Diario Oficial 37335 el 5 de febrero de 1986.

(24) Sentencia de 26 de septiembre de 2002, actor: Leonel Ramírez Chilito y otros, expedientes acumulados 11437 y 13311, Consejero Ponente Dra. María Elena Giraldo Gómez.

(25) Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera de septiembre 6 de 2001, actor: Belén González y otros, expedientes acumulados 13232 y 15646, M.P. Dr. Alier Hernández.

(26) Información consultada el 17 de agosto de 2005 en www.banrep.gov.co.

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