Sentencia 15869 de junio 5 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN IMPROCEDENTE

Debe disminuirse si la determinación oficial del impuesto es anulada parcialmente.

Ref.: Expediente 76001 23 25 000 2000 00754 01 (15869)

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Aluminio Nacional S.A. contra la Nación - DIAN

Sanción por devolución improcedente

Fallo

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la sala

La Sala determinará la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Cali, impuso sanción por compensación improcedente en relación con el saldo a favor registrado en la declaración de renta correspondiente al año gravable de 1995.

En primer lugar, debe determinar si para imponer la sanción por compensación improcedente, en lo que respecta al saldo a favor generado del impuesto sobre la renta por el año gravable 1995, debía aplicarse el artículo 131 de la Ley 223 de 1995, que modificó el artículo 670 del estatuto tributario, o si, como lo consideró el tribunal, la norma aplicable era la vigente para la época de los hechos sancionados.

En el caso sub examine, la sanción tuvo como fundamento la determinación oficial del impuesto sobre la renta a cargo de la actora por el año de 1995, efectuada mediante Liquidación Oficial de Revisión 900047 del 9 de abril de 1999 en la que se determinó como saldo a favor de la sociedad la suma de $ 408.756.000, por lo tanto y como se le había compensado mediante Resolución 1122 del 11 de octubre de 1996, la suma de $ 1.512.399.000 (saldo a favor de la declaración inicial) se impuso la sanción en cuantía de $ 1.103.643.000, la cual fue modificada mediante Resolución 900039 de 2 de noviembre de 1999, en la suma de $ 1.006.650.000.

En la sentencia apelada se aplicó el artículo 670 ibídem antes de la modificación de que fuera objeto por parte del artículo 131 de la Ley 223 de 1995 y se afirma para establecer la improcedencia de la devolución, que el término para proferir la sanción venció el 11 de octubre de 1998, dos años después de proferido el acto administrativo que ordenó la compensación.

Para el caso sub examine, la norma aplicable es el artículo 670 del estatuto tributario, con la modificación introducida por la Ley 223 de 1995 (1) , pues es evidente que la actuación administrativa, empezó el 11 de octubre de 1996 con la expedición de la resolución que ordenó la compensación, y por lo tanto, el término para imponer la sanción era de dos años contados a partir de la fecha en que se notificó la liquidación oficial de revisión que modificó el saldo a favor objeto de la compensación, por lo cual la actuación debía regirse por la ley vigente al tiempo de iniciación del proceso de revisión.

La Sala observa que dentro del proceso 76001-23-31-000-2000-00703-01-15075, se estudió la legalidad de la Liquidación Oficial de Revisión 900047 del 9 de abril de 1999 que modificó la declaración de renta y complementarios del año gravable de 1995 a cargo de la sociedad Aluminio Nacional S.A., Alumina, actuación que originó los actos administrativos que se discuten en la presente litis.

Así las cosas y teniendo en cuenta que los actos administrativos demandados Resolución Sanción 900264 del 3 de junio de 1999 y la Resolución 900039 del 2 de noviembre de la misma anulidad, se expidieron a los dos meses de haberse proferido la liquidación oficial, es decir, dentro del término que establece la norma citada para proferir la sanción, la actuación administrativa se ajustó a la normatividad vigente y aplicable al caso en estudio, procediendo en consecuencia la revocatoria de la sentencia apelada, denegando las súplicas de la demanda.

De acuerdo con lo anterior, en el presente caso surge evidentemente que como por el proceso de determinación oficial del impuesto se liquidó un nuevo saldo a favor de la sociedad, inferior al que había sido devuelto, la sociedad debía reintegrar la suma improcedente más los intereses de mora aumentados en un cincuenta por ciento (50%).

Pero también surge de este criterio, que si la determinación oficial del impuesto has sido sometida a control jurisdiccional y la misma fue declarada parcialmente nula, la sanción por devolución improcedente debe disminuirse en proporción al valor indebidamente reintegrado. No significa lo anterior que los dos procesos, el de determinación y el sancionatorio se confundan, sino que se parte del reconocimiento de los efectos que uno tiene en el otro (2) .

Ahora bien, en el presente caso, la demanda contra la Liquidación de Revisión 900047 del 9 de abril de 1999 y la resolución que decidió el Recurso de Reconsideración 900018 del 28 de septiembre de 1999, dio origen al proceso 76001-23-31-000-2000-00703-01-15075, el cual terminó con sentencia de fecha 3 de abril de 2008, consejero ponente doctor Héctor Romero Díaz, en la que se anuló parcialmente los actos demandados y se fijó como total saldo a favor de la sociedad por impuesto de renta 1995, la suma de $ 1.122.331.000.

En efecto, si a la sociedad mediante Resolución 1122 del 11 de octubre de 1996 se le devolvió la suma de $ 1.512.399.000 por concepto del saldo a favor del impuesto de renta de 1995 y en la jurisdicción se decidió y fijó como saldo a favor por ese impuesto y periodo la suma de $ 1.122.331.000, resulta como devolución improcedente la suma de $ 390.068.000 y no la suma de $ 1.006.650.000 determinada como la sancionable en la Resolución 900039 del 2 de noviembre de 1999 que decidió el recurso de reconsideración contra el acto sancionatorio.

Así las cosas, la sanción impuesta en la cuantía indicada resulta improcedente, debiéndose declarar nulidad parcial, como consecuencia obvia del pronunciamiento de la Sala que anuló parcialmente los actos que modificaron el saldo a favor en el que se sustentaba la sanción y fijó un nuevo saldo a favor de la contribuyente.

En consecuencia y sin ser necesarias consideraciones adicionales, la Sala revocará la decisión de primera instancia para en su lugar anular parcialmente los actos administrativos que impusieron a la actora sanción por improcedencia de la devolución del saldo a favor del impuesto sobre la renta por el año gravable de 1995 y fijará la sanción en la suma que de acuerdo a la siguiente liquidación resulte:

Suma compensada por la DIAN a la sociedad actora por concepto de saldo a favor del impuesto de renta del año gravable de 1995 según Resolución 900264 del 3 de junio de 1999.$ 1.512.399.000
Saldo a favor determinado en la sentencia del Consejo de Estado del 3 de abril de 2008 por concepto del impuesto de renta por el año gravable de 1995$ 1.122.331.000
Saldo que resulta como devuelto en forma improcedente a favor de la sociedad$ 390.068.000

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada, en su lugar

2. DECLÁRASE la nulidad parcial de las resoluciones 900264 del 3 de junio de 1999 y 90039 del 2 de noviembre de 1999 por medio de las cuales la DIAN, administración especial de grandes contribuyentes de Bogotá, impuso a la sociedad Aluminio Nacional S.A., Alumina, sanción por devolución improcedente del saldo a favor del impuesto de renta por el año gravable de 1995 en cuantía de $ 1.006.650.000 más los intereses moratorios incrementados en un 50%.

3. A título de restablecimiento del derecho y de conformidad con la liquidación inserta en la parte motiva de esta providencia FÍJASE como sanción por devolución improcedente del saldo a favor del impuesto de renta por el año gravable de 1995, la suma de $ 390.068.000 más los intereses moratorios incrementados en un 50% de conformidad con el artículo 670 del estatuto tributario.

4. RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la entidad demandada a la doctora Sandra Patricia Moreno Serrano, de conformidad con el poder que obra al folio 147 del expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) El artículo 131 de la Ley 223 de 1995 (dic.22) estableció el término de dos años para imponer la sanción por improcedencia de las devoluciones, contados a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión.

(2) La Sala ha reiterado que los actos sancionatorios, como en este caso, la resolución que ordena el reintegro de sumas devueltas o compensadas, hacen parte de una actuación oficial diferente a la de la determinación del impuesto, como es la liquidación de revisión. Se ha distinguido entre la actuación administrativa relacionada con el reintegro de la devolución efectuada y la correspondiente al proceso de determinación oficial del tributo, como dos actuaciones diferentes y autónomas, aun cuando la orden de reintegro se apoye fácticamente en la actuación de revisión (sents. de fechas jul. 19/2002, Exp. 12866 y 12934, C.P. Dra. Ligia López Díaz, y de feb. 23/96, Exp. 7463 C.P. Dr. Julio E. Correa R.).

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