Sentencia 15869 de septiembre 26 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

LESIONES PERSONALES

CAUSADAS A UN MIEMBRO DEL NÚCLEO FAMILIAR

EXTRACTOS: «1. A manera de cuestión preliminar, como quiera que podría pensarse en un fenómeno de atipicidad sobreviniente, la Corte ha de adentrarse en la situación derivada de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal (L. 599/2000), habida cuenta que, en apariencia, la conducta que tipificaba el artículo 23 de la Ley 294 de 1996, denominada como maltrato constitutivo de lesiones personales no fue replicada en aquel cuerpo normativo, como sí se incorporaron los delitos de violencia intrafamiliar y maltrato mediante la restricción de la libertad física (L. 294, arts. 22 y 24, ahora C. P. , arts. 229 y 230).

Empero esto no significa que el comportamiento que recogía el citado artículo 23 de la Ley 294 de 1996 haya sido descriminalizado, sino que hubo un desplazamiento de la tipicidad, de modo que sus contornos fácticos están descritos a cabalidad en el nuevo Código Penal.

Véase que la referida Ley 294, dentro del capítulo de delitos contra la armonía y la unidad de la familia, describía de la siguiente manera el de maltrato constitutivo de lesiones personales:

“El que mediante violencia física o síquica, trato cruel o intimidatorio o degradante, cause daño en el cuerpo o en la salud sicológica a un integrante de su grupo familiar, incurrirá en la pena privativa de la libertad prevista para el respectivo delito, aumentada de una tercera parte a la mitad.

PAR.—Para los efectos de este artículo, obligar o inducir al consumo de sustancias sicotrópicas a otra persona o consumirlas en presencia de menores, se considera trato degradante”.

Ahora, la Ley 599 de 2000, agrupa como una especie de conductas punibles que atentan contra la familia, las constitutivas de violencia intrafamiliar, las cuales son, como se dijo, la que lleva este mismo nombre y el maltrato mediante restricción a la libertad física, pero desde luego, el acto consistente en causarle a otro daño en el cuerpo o en la salud continúa siendo reprimido, como se observa en el artículo 111, bajo el nomen iuris de lesiones, correspondiéndole la sanción prevista en el inciso 2º del artículo 113 ibídem, cuando el daño reporta, como en este caso, una deformidad física de carácter permanente, esto es, prisión de 2 a 7 años, la que se incrementa de una tercera parte a la mitad, entre otras circunstancias, si la víctima es ascendiente, descendiente, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad, o es colocada en situación de indefensión o inferioridad, o el agente se aprovecha de la misma, según los artículos 104-1,7 y 119 del Código Penal.

Colígese de lo anterior, entonces, que la conducta por la que se le irrogó sentencia a la procesada continúa siendo delictiva, como también lo era en el derogado Código Penal, si se hace abstracción de la especial tipificación contenida en la Ley 294 de 1996, dado que estaba descrita en los artículos 331, 333, 339 y 324 del Decreto 100 de 1980, con similar punibilidad, cuyos hitos máximos le abrían paso a este recurso extraordinario.

(...).

3. En cuanto a la sugerente disquisición del delegado respecto de la omisión de los juzgadores consistente en no imponerles a los procesados la obligación de cumplir actividades de reeducación o reentrenamiento (...), cabe señalarse que en virtud del tránsito legislativo una tal discusión se antoja inane.

Si bien puede admitirse que frente a los delitos que atentaban contra la armonía y la unidad de la familia, la obligación de realizar ese tipo de actividades adquiría el carácter de una pena accesoria, aparejada siempre, en caso de condena, a la principal que se impusiera por alguna de esas conductas punibles (L. 294/96, art. 26, 2º inc.), ha de repararse que el nuevo Código Penal no configuró sanción igual, semejante o siquiera equivalente dentro del catálogo de esa clase de penas; además, en virtud del artículo 474 ibídem, al entrar en vigencia esa novísima normatividad se produjeron efectos derogatorios tácitos respecto de las disposiciones que “modifican y complementan, en lo que tiene que ver con la consagración de prohibiciones y mandatos penales” el Decreto 100 de 1980, sufriendo tales consecuencias los contenidos en el artículo 26 de la citada Ley 294».

(Sentencia de casación, 26 de septiembre de 2002. Radicación 15.869. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

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