Sentencia 15871 de agosto 14 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 68001 23 15 000 2001 00910 01(15871)

Consejero Ponente (E):

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Actor: Empresa de Telecomunicaciones S.A. ESP de Bucaramanga c/ municipio de Bucaramanga

Industria y comercio 1998

Bogotá, D.C., catorce de agosto de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «Antecedentes

Telebucaramanga S.A. ESP, antes denominada Empresas Públicas de Bucaramanga, radicó ante el municipio la declaración de industria y comercio por el año gravable 1998, en la cual declaró unos ingresos brutos por valor de $ 29.346.753.000 y liquidó un impuesto a cargo por $ 220.100.518.

El 12 de enero de 2000 la demandada practicó a la sociedad actora, visita contable para verificar los ingresos y deducciones correspondientes al año gravable 1998. Para tal fin se exhibió la declaración de renta correspondiente a dicho periodo y el libro mayor y balance. Como resultado de la diligencia, determinó una base gravable por valor de $ 61.651.565.400 y un impuesto a cargo por $ 462.386.740.

El 18 de febrero de 2000, le fue remitido el requerimiento especial 000013, en el que se propuso la modificación de la declaración de industria y comercio y avisos y tableros, incrementando la base gravable y como consecuencia se liquidó un mayor impuesto a cargo por $ 462.386.740 y la sanción por inexactitud del 200%, que asciende a $ 445.806.410.

El 26 de septiembre de 2000, se expidió la liquidación de revisión 000083 de 2000.

El 1º de diciembre de 2000, la sociedad contribuyente presentó recurso de reposición ante el grupo de impuestos de la Secretaría de Hacienda de la alcaldía de Bucaramanga, el cual fue resuelto negativamente mediante Resolución 381 del 21 de diciembre de 2000.

(...).

Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la actuación administrativa mediante la cual el municipio de Bucaramanga, determinó el impuesto de industria y comercio y, avisos y complementarios de la Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. ESP, antes Empresas Públicas de Bucaramanga, correspondiente al año gravable 1998.

En primer lugar, la Sala se pronunciará frente a la pretensión efectuada por la sociedad demandante, relacionada con la declaratoria de nulidad del Requerimiento especial 000013 del 18 de febrero de 2000.

En varias oportunidades esta corporación ha precisado que el requerimiento especial, es un acto de simple trámite que no crea una situación jurídica de carácter particular; se trata de un acto que propone las modificaciones que la administración pretende efectuar a la liquidación privada y que debe ser expedido previamente a la práctica de la liquidación oficial. Por tanto, atendiendo a su naturaleza de preparatorio, no es autónomamente un acto objeto de control jurisdiccional.

En cuanto al asunto de fondo, corresponde a la Sala establecer la normatividad aplicable al caso objeto de estudio, teniendo en cuenta que la entidad demandada adelantó el procedimiento gubernativo con base en el Acuerdo 039 de 1989 cuando se encontraba vigente la Ley 383 de 1997.

Precisa la Sala, que la Ley 383 de 1997, disponía en el artículo 66 (1) :

“Los municipios y distritos para efectos de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos aplicarán los procedimientos establecidos en el estatuto tributario para los impuestos del orden nacional”.

De la norma transcrita se advierte que los procedimientos previstos en el estatuto tributario para los impuestos del orden nacional relativos a las actuaciones indicadas en el precepto legal, deberán ser aplicados en los municipios y distritos, en los tributos administrados por ellos. Lo anterior implica que corresponde a los concejos municipales expedir las reglamentaciones en relación con los tributos locales, con sujeción a la limitación prevista en el artículo 313 [4] de la Constitución Política y dentro del marco legal preexistente.

En el caso sub júdice, la administración municipal profirió la Liquidación de revisión 0083 del 26 de septiembre de 2000, previo requerimiento especial, siguiendo el procedimiento establecido en el Acuerdo 039 de 1989, mediante el cual se expidió el estatuto municipal de impuesto de industria y comercio y avisos y tableros para el municipio de Bucaramanga (2) , según el cual se aplica una sanción de inexactitud del 200% sobre el valor dejado de declarar y el término para contestar el requerimiento es de dos meses a partir de la fecha de notificación (3) .

Es evidente que con tal proceder la administración, desconoció el artículo 66 de la Ley 383 de 1997 que se encontraba vigente al momento de proferirse los actos ahora impugnados (2000), toda vez que estos debían estar sometidos al procedimiento establecido en los artículos 702 al 714 del estatuto tributario nacional.

La Sala advierte que tanto el requerimiento especial (4) como la liquidación oficial de revisión (5) , carecen de explicación sobre los ingresos que se adicionaron; en el primero de los actos, en el numeral 2º indica que los ingresos fueron tomados de la declaración de renta del año gravable 1998 y del libro mayor y balance 11457 y, en la motivación de la liquidación oficial se dice que “la sociedad no logró aclarar y/o desvirtuar mediante las correspondientes pruebas y soportes contables”, sin que pueda conocerse por qué el funcionario llegó a esa conclusión.

Al respecto, la Sala debe precisar que la explicación sumaria de las modificaciones propuestas a la liquidación privada y los fundamentos de la liquidación oficial que exige el artículo 712 del estatuto tributario, suponen que en forma sucinta se le indiquen al contribuyente los soportes fácticos y jurídicos de la decisión. Igualmente de acuerdo con el artículo 707 ibídem, el término para dar respuesta al requerimiento es de tres meses a partir de la fecha de notificación.

Indica lo anterior que se violó el derecho de defensa, porque este no constituye un simple formalismo para que se pronuncie el administrado sino que debe tener la oportunidad efectiva de ser escuchado con miras a controvertir los cargos que en forma precisa se le endilgan y correlativamente la administración tiene el deber de analizar los argumentos y exponer las razones por las cuales los acepta o los rechaza.

Ha sido jurisprudencia constante de la Sala (6) , considerar que tanto el requerimiento especial como la liquidación oficial, son actos administrativos que requieren ser motivados, pues si la autoridad tributaria rechaza la liquidación privada presentada por el contribuyente, debe poner en conocimiento de este los motivos de desacuerdo para permitirle ejercer su derecho de contradicción.

En efecto, de conformidad con el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos que contienen decisiones que afectan a los particulares deben motivarse al menos de forma sumaria, pues el análisis de los hechos y razones que fundamentan la decisión, garantizan el derecho de defensa y de audiencia del contribuyente y enmarcan el contenido de la liquidación de revisión y su discusión. Por lo anterior, los motivos de los actos administrativos constituyen un elemento estructural y su ausencia o la falsa motivación generan la nulidad del acto, de conformidad con el artículo 84 ibídem. Del mismo modo, si el acto previo de la liquidación de revisión se expide sin explicación sumaria, se afecta la validez del proceso administrativo, con base en precisas normas tributarias como son los artículos 730-4 del estatuto tributario.

Las razones anteriores permiten a la Sala concluir que los actos administrativos impugnados trasgredieron el procedimiento establecido en el estatuto tributario nacional y en consecuencia incurren en las causales de nulidad establecidas en el artículo 730 numeral 2º, 4º y 6º ibídem.

De conformidad con las consideraciones que anteceden, se confirmará la sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(1) Con la reforma tributaria contenida en la Ley 788 de 2002 se sustituyó la norma mencionada, en el artículo 59 que expresa: “Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el estatuto tributario nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos.

(2) Folios 101 a 187.

(3) Artículo 68 y 106 del Acuerdo 039 de 1989 (fls. 101-187).

(4) Folio 27.

(5) Folio 28.

(6) Sentencias de 5 de octubre del 2001, Expediente 12095; de mayo 18 del 2006, Expediente 14778; de 14 de junio de 2007, Expediente: 15680, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

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