Sentencia 15877 de 11 de diciembre de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Número interno: 15877

Rad. 11001032700020060000300

Consejero Ponente (e):

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Luis Gabriel Morcillo Méndez contra La Nación - DIAN

Fallo

Bogotá, D.C., once de diciembre de dos mil ocho.

En ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, Luis Gabriel Morcillo Méndez solicitó se declare la nulidad de la expresión “impuesto sobre las ventas”, contenida en el artículo 14 de la Resolución 4240 de 2 de junio de 2000, expedida por la directora general de la DIAN, que reglamenta el Decreto 2685 de 28 de diciembre de 1999.

“RESOLUCIÓN NÚMERO 4240 DE 2000

(Junio 2)

Por la cual se reglamenta el Decreto 2685 de diciembre 28 de 1999.

La Directora General de Impuestos y Aduanas Nacionales,

en uso de las facultades conferidas en el literal i) del artículo 19 del Decreto 1071 de 1999, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2685 de 1999, por el cual se modifica la legislación aduanera colombiana;

Que para efectos de su aplicación, se hace necesario desarrollar y precisar algunos de los procedimientos, trámites, requisitos y términos establecidos en el citado decreto;

En mérito de lo expuesto, la directora general de Impuestos y Aduanas Nacionales,

RESUELVE:

(…).

TÍTULO II

Declarantes y auxiliares de función aduanera

CAPÍTULO I

Sociedades de intermediación aduanera

ART. 14.—Responsabilidad de las sociedades de intermediación aduanera. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 2685 de 1999, las sociedades de intermediación aduanera responderán directamente por los gravámenes, derechos de aduana, impuesto sobre las ventas, tasas, sobretasas, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las actuaciones que realicen como declarantes autorizados”.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Decide la Sala la nulidad de la expresión “impuesto sobre las ventas”, contenida en el artículo 14 de la Resolución 4240 de 2 de junio de 2000, expedida por la directora general de la DIAN, cuyo texto es el siguiente:

“ART. 14.—Responsabilidad de las sociedades de intermediación aduanera. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 2685 de 1999, las sociedades de intermediación aduanera responderán directamente por los gravámenes, derechos de aduana, impuesto sobre las ventas, tasas, sobretasas, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las actuaciones que realicen como declarantes autorizados”.

El problema jurídico a resolver consiste en establecer si la expresión demandada incluye una obligación adicional para las sociedades de intermediación aduanera, consistente en responder directamente por el impuesto sobre las ventas derivado de las actuaciones que realicen como declarantes autorizados, violando el artículo 22 del Decreto 2685 de 1999, que no incluye esta obligación.

El artículo 22 del Decreto 2685 de 1999 (1) , fue modificado por el artículo 1º del Decreto 2883 de 2008, el cual rige a partir de 6 de septiembre de 2008, y por lo tanto la disposición vigente en este sentido se encuentra en el artículo 27-4 ibídem, que consagra la responsabilidad administrativa para las agencias de aduanas por las infracciones derivadas del ejercicio de su actividad y especialmente por la exactitud y veracidad de la información que presenten ante la autoridad aduanera; pero el estudio de legalidad se hará conforme a la norma supuestamente violada que invoca el actor y que se encontraba vigente en el momento de la demanda.

La Sala advierte que las sociedades de intermediación aduanera, hoy denominadas agencias de aduanas, cumplen una importante actividad auxiliar de la función pública aduanera y de conformidad con el artículo 12 del Decreto 2685 de 1999, tienen como fin esencial colaborar con las autoridades aduaneras en la estricta aplicación de las normas legales relacionadas con el comercio exterior para el adecuado desarrollo de los regímenes aduaneros y demás actividades y procedimientos derivados de los mismos, por lo tanto, es importante determinar con claridad las obligaciones a su cargo y su régimen de responsabilidad.

El artículo 3º del Decreto 2685 de 1999, determina que son responsables de las obligaciones aduaneras que se deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante, en los términos previstos en el mencionado decreto.

Las agencias de aduanas pueden actuar ante las autoridades aduaneras como declarantes a nombre y por encargo de los importadores y exportadores, con el objeto de adelantar los procedimientos y trámites de importación, exportación o tránsito aduanero.

El artículo 22 del Decreto 2685 de 1999, reglamentado por la norma acusada, establecía la responsabilidad administrativa en cabeza de estas sociedades por la exactitud y veracidad de la información contenida en los documentos presentados ante la DIAN, e igualmente por los gravámenes, tasas, sobretasas, multas o sanciones pecuniarias derivados de las actuaciones que realicen como declarantes autorizados.

Ahora bien, con el fin de determinar la legalidad de la norma incluida en la Resolución 4240 de 2000, sobre la responsabilidad de las agencias de aduanas por el impuesto sobre las ventas, esta disposición debe ser interpretada de forma sistemática y armónica con otras normas sobre la misma materia contenidas en el Decreto 2685 de 1999, reglamentado.

En este sentido, es importante resaltar que el artículo 26 del mencionado decreto, al establecer las obligaciones de las sociedades de intermediación en el ejercicio de su actividad, consagraba entre otras, las siguientes:

“a) Suscribir y presentar las declaraciones y documentos relativos a los regímenes de importación, exportación y tránsito aduanero, en la forma, oportunidad y medios señalados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

b) Responder por la veracidad y exactitud de los datos consignados en las declaraciones de importación, exportación, tránsito.

c) Liquidar y cancelar los tributos aduaneros y sanciones a que hubiere lugar, de acuerdo con lo previsto en este decreto” (negrillas fuera de texto).

Los tributos aduaneros a los que se refiere la norma transcrita comprenden los derechos de aduana y el impuesto sobre las ventas de conformidad con lo establecido por el artículo 1º del mismo decreto y por lo tanto, en ejercicio de sus funciones, las agencias de aduanas, actúan como declarantes y responsables del pago de este impuesto ante la autoridad aduanera, a nombre y por encargo de los importadores y exportadores y responden administrativamente por la veracidad y exactitud de la información presentada y por las sanciones que surjan como consecuencia de su actividad.

Lo anterior no implica la creación de un nuevo tributo, sino la determinación de la persona responsable de su pago ante la autoridad aduanera, en este caso, las agencias de aduanas actúan como declarantes a nombre y por encargo del importador, significando que le corresponde a este suministrar todos los documentos, información y dinero necesarios que requiera la importación o exportación, donde se incluye el pago de los tributos aduaneros y por consiguiente el IVA. Si con ocasión de la gestión del intermediario, se presenta error o inexactitud en la liquidación y declaración del impuesto, la sociedad está llamada a responder por el mayor valor del tributo y por las sanciones a que haya lugar.

Sobre la actividad de intermediación aduanera y la responsabilidad de las sociedades que cumplen esta función, la Sala se pronunció en el siguiente sentido:

“... como se señaló, tal vez la intervención más importante durante el trámite de la importación es la de las sociedades de intermediación aduanera que a nombre y por encargo de los importadores adelantan todo el procedimiento.

En efecto, entre otras labores, tienen a su cargo, presentar la declaración de importación y la liquidación y pago de los tributos aduaneros, los cuales se tasan conforme a la clasificación arancelaria de la mercancía, función que también tienen en su poder... [ ].

Es responsabilidad entonces de las sociedades de intermediación aduanera que la clasificación arancelaria sea correcta, por lo tanto también es su responsabilidad y así tienen que asumirlo, cuando la partida no corresponde a los bienes importados y ello da lugar no solo a sanciones sino a mayores tributos aduaneros.

No significa lo anterior que se trate de un nuevo tributo aduanero surgido como consecuencia de la intervención de la sociedad de intermediación aduanera, como lo considera el demandante, sino que se trata del tributo correcto que se debe cancelar por la importación y que siempre ha sido responsabilidad de la intermediaria tanto liquidarlo como cancelarlo, como lo señalan las normas mencionadas. Tampoco significa que se libere al importador del pago completo del tributo, pues en él recae la obligación sustancial de su pago” (2) .

Como se observa, el intermediario debe responder por la correcta liquidación y pago del tributo aduanero y consecuentemente por los mayores tributos y sanciones derivados del error en el ejercicio de su gestión.

Cabe precisar que no le asiste razón al demandante cuando sostiene que la expresión “impuesto sobre las ventas” contenida en el artículo 14 de la Resolución 4240 de 2000, crea un nuevo sujeto pasivo de este impuesto y fija una responsabilidad más gravosa para el ejercicio de la actividad de las anteriormente denominadas sociedades de intermediación aduanera, por cuanto al realizar un análisis sistemático del Decreto 2685 de 1999, como quedó anotado, es claro que el mismo establece un régimen riguroso de responsabilidad para este tipo de sociedades en ejercicio de sus funciones y expresamente les obliga a realizar la liquidación y cancelación del impuesto sobre las ventas, como tributo aduanero autorizado por la ley.

Por último, se observa que la directora de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, expidió la norma demandada en ejercicio de las facultades conferidas en el literal i) del artículo 19 del Decreto 1071 de 1999 y por lo tanto no incurrió en extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Dado que la expresión acusada se encuentra conforme a las normas jurídicas superiores, se impone la declaración de su legalidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda de nulidad instaurada por Luis Gabriel Morcillo Méndez contra la Nación - DIAN.

2. No se reconoce personería a la abogada Jacqueline E. Prada Ascencio porque no se acreditó la vinculación del funcionario que como representante de la demandada, otorgó el poder.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) El artículo 22 del Decreto 2685 de 1999 fue modificado por los artículos 27 [2] y 27 [4] del Decreto 2883 de 2008.

(2) Sentencia de 27 de septiembre de 2007, Expediente 15557, C.P. María Inés Ortiz.

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