Sentencia 15878 de enero 29 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 11001-03-27-000-2006-00004-00

Número interno: 15878

Consejero Ponente (e):

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Carlos Alfredo Ramírez Guerrero contra la Nación, ministerios de Hacienda y Crédito Público y Comercio, Industria y Turismo.

Fallo

Bogotá, D.C., enero veintinueve de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «La norma acusada prevé:

“DECRETO NÚMERO 4553 DE 2005

(Diciembre 9)

“Por el cual se adoptan medidas transitorias para la terminación de la modalidad de importación temporal para perfeccionamiento activo en desarrollo de sistemas especiales de importación-exportación cuando hay certificación de cumplimiento total de los compromisos de exportación”.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades que le confiere el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, con sujeción a los artículos 3º de las Ley 6ª de 1971 y 2º de la Ley 7ª de 1991, previo concepto favorable del comité de asuntos aduaneros, arancelarios y de comercio exterior,

DECRETA:

ART. 2º—Terminación de la modalidad. Los importadores de bienes de capital y de los repuestos de que trata el artículo anterior que acrediten el cumplimiento de los compromisos de exportación en los términos allí señalados y deseen dejarlos definitivamente en el país, deberán someterlos a la modalidad de importación ordinaria mediante la liquidación y pago del impuesto sobre las ventas y la presentación y entrega a la autoridad aduanera de la relación de todas las declaraciones de importación.

Para el efecto, el importador deberá diligenciar el recibo oficial de pago en bancos de tributos aduaneros o sanciones cambiarias, en el que consolide el impuesto sobre las ventas correspondiente a las declaraciones de importación”.

(...).

Consideraciones de la Sala

Sea lo primero precisar que la Sala no decretará la audiencia pública solicitada por el actor en la demanda (fl. 5, cdno. 1), porque lo que pretende con su realización es la reiteración oral de lo expresado a lo largo del debate, finalidad para la cual no está prevista su práctica en la norma que la consagra, además de considerarse innecesaria, pues los elementos de juicio aportados por las partes resultan suficientes para dilucidar los puntos de hecho y de derecho materia de la controversia.

Decide la Sala sobre la legalidad de la expresión “la liquidación y pago del impuesto sobre las ventas y” contenida en el artículo 2º del Decreto 4553 de 2005, del siguiente tenor:

“DECRETO NÚMERO 4553 DE 2005

(Diciembre 9)

“Por el cual se adoptan medidas transitorias para la terminación de la modalidad de importación temporal para perfeccionamiento activo en desarrollo de sistemas especiales de importación-exportación cuando hay certificación de cumplimiento total de los compromisos de exportación”.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades que le confiere el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, con sujeción a los artículos 3º de las Ley 6ª de 1971 y 2º de la Ley 7ª de 1991, previo concepto favorable del comité de asuntos aduaneros, arancelarios y de comercio exterior,

DECRETA:

ART. 1º—Ámbito de aplicación. Las disposiciones consagradas en este decreto regulan la importación de bienes de capital y repuestos importados al amparo de los artículos 173 literal c) y 174 del Decreto-Ley 444 de 1967, que acrediten el cumplimiento de los compromisos de exportación hasta el 28 de febrero de 2006.

ART. 2º—Terminación de la modalidad. Los importadores de bienes de capital y de los repuestos de que trata el artículo anterior que acrediten el cumplimiento de los compromisos de exportación en los términos allí señalados y deseen dejarlos definitivamente en el país, deberán someterlos a la modalidad de importación ordinaria mediante la liquidación y pago del impuesto sobre las ventas y la presentación y entrega a la autoridad aduanera de la relación de todas las declaraciones de importación.

Para el efecto, el importador deberá diligenciar el recibo oficial de pago en bancos de tributos aduaneros o sanciones cambiarias, en el que consolide el impuesto sobre las ventas correspondiente a las declaraciones de importación” (resaltado fuera de texto).

Las razones de ilegalidad según el accionante, se concretan en la violación del literal b) del artículo 428 del estatuto tributario que prevé la no causación del impuesto sobre las ventas a la importación de materias primas que van a ser transformadas en desarrollo del plan importación-exportación de que trata el Decreto-Ley 444 de 1967 (sección segunda, cap. X) conocido como plan Vallejo, cuyos artículos 173 literal c) y 174 reglamentó el Decreto 4553 de 2005 acusado parcialmente, exige el pago del tributo al exportador que ha cumplido dicho plan.

También considera que el acto acusado fue expedido con exceso del ejercicio de la función pública legislativa del numeral 20 artículo 189 y usurpando la del numeral 11 del artículo 150 de la Constitución Política, porque no es un acto de cumplimiento de la ley, sino que la modifica.

Se advierte que la norma demandada se refiere a la causación del impuesto sobre las ventas que deben liquidar y pagar los importadores de bienes de capital y repuestos que acrediten el cumplimiento de los compromisos de exportación y deseen dejarlos definitivamente en el país, mientras que la norma supuestamente infringida (E.T., art. 428) que se remite al Decreto-Ley 444 de 1967, se refiere a materias primas y demás insumos que hayan de utilizarse en la producción de artículos exclusivamente destinados a su venta en el extranjero (art. 172) o aunque no estén destinados directamente a mercados externos, vayan a ser utilizados por en su totalidad por terceras empresas para producir bienes de exportación (art. 173).

El Decreto 4553 de 2005 tiene como finalidad primordial otorgar un procedimiento ágil para terminar la modalidad de importación temporal de los importadores de bienes de capital y de repuestos que acreditaron el cumplimiento de los compromisos de exportación a 28 de febrero de 2006, debían someterse a la modalidad de importación ordinario respecto de estos bienes.

El artículo 428 [b] del estatuto tributario preceptúa:

“Las siguientes importaciones no causan el impuesto sobre las ventas:

(...).

“b) La introducción de materias que van a ser transformadas en desarrollo del plan importación-exportación de que trata la sección segunda del capítulo X del Decreto-Ley 444 de 1967.

(...)”.

El artículo 172 del Decreto-Ley 444 de 1967 establece que las materias primas y demás insumos que hayan de utilizarse en la producción de artículos destinados exclusivamente a su venta en el extranjero, están exentas de depósito previo, de licencia y de derechos consulares y aduaneros.

Las anteriores disposiciones son concordantes con el artículo 176 del mismo estatuto jurídico, que preceptúa que si por causas justificativas las materias primas y otros insumos importados bajo el régimen del artículo 172 o los productos fabricados con ellos, no se exportan y vencido el término de la garantía o de sus prórrogas, el interesado deseare nacionalizarlos, deberá obtener las licencias de importación y de cambio y pagar los derechos de aduana correspondientes con un recargo del 100%. Si las licencias no son otorgadas por no convenir a los intereses de la economía nacional, la reexportación será forzosa.

Cabe resaltar que el artículo 175 del Decreto 2685 de 1999, cuya expresión en subrayas fue declarada ajustada a derecho (1) , establece la terminación de la importación temporal en desarrollo de los sistemas especiales de importación-exportación de bienes de capital y repuestos por cumplimiento de los compromisos de exportación en los siguientes términos:

“Cuando se hayan importado bienes de capital y repuestos bajo la modalidad de importación temporal en desarrollo de los sistemas especiales de importación-exportación, al amparo de los artículos 173 literal c) o 174 del Decreto-Ley 444 de 1967, una vez que el Incomex o la entidad que haga sus veces, expedida la certificación de cumplimiento de los compromisos de exportación de los bienes producidos, el usuario dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de expedición de la citada certificación, deberá reexportar los bienes de capital y repuestos, o modificar la declaración de importación inicial para declararlos en importación ordinaria, liquidando y pagando en este último caso el impuesto sobre las ventas correspondiente” (2) .

Lo anterior permite establecer que de incumplirse la reexportación de los bienes de capital y repuestos importados y previa certificación de cumplimiento de los compromisos de exportación de los bienes producidos, para optar por la importación ordinaria se deben cumplir los requisitos establecidos para la misma que incluyen el pago de impuesto a las ventas.

La finalidad del sistema de importación-exportación (plan Vallejo), estableció medidas tendientes a estimular las exportaciones, por lo que exoneró a los exportadores del pago de gravámenes e impuestos sobre las materias primas, insumos, bienes de capital y repuestos importados utilizados en la fabricación de productos destinados a la exportación o a servicios directamente relacionados con la actividad exportadora.

En esta medida los beneficiarios del plan Vallejo debían exportar total o parcialmente la producción obtenida a partir de los bienes y materias primas importadas. En efecto, si las materias primas una vez transformadas no se exportan, termina la importación temporal y en consecuencia, estas deben ser legalizadas mediante la modificación de la declaración inicial para ser declaradas en importación ordinaria y en consecuencia se hacen exigibles los derechos aduaneros y el pago del impuesto sobre las ventas como lo establece la norma acusada.

Concluye la Sala que no existe contradicción entre la disposición aduanera acusada, que prevé el pago del impuesto a las ventas cuando los importadores de bienes de capital y de los repuestos en desarrollo del sistema de importación-exportación de materias primas que acrediten el cumplimiento de los compromisos de exportación y deseen dejarlos definitivamente en el país, y la norma tributaria definida como infringida que consagra la no causación del impuesto a las ventas, pero siempre que se cumpla con la obligación de exportar los bienes producidos con las materias primas importadas.

Los artículos 189 [20] y 150 [11] de la Constitución Política, tampoco violan el acto demandado porque el Presidente de la República no excedió ni usurpó funciones legislativas al Congreso. Precisamente, lo expidió con base en dicha norma, en el numeral 25 del artículo 189 y las leyes 6ª de 1971 y 7ª de 1991, previo concepto favorable del comité de asuntos aduaneros, arancelarios y de comercio exterior. Solamente reglamentó la modificación de importación temporal a ordinaria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Sentencia de 3 de octubre de 2002, radicación 12263. Consejo de Estado, Sección Cuarta, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(2) Ibídem.

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