Sentencia 15883 de marzo 2 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 25000-23-27-000-2003-00104-01

Interno 15883

Consejero Ponente:

Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Pardo García-Peña S. en C. C/ Distrito Capital de Bogotá.

Recurso de Queja

Auto

Bogotá, D.C., marzo dos de dos mil seis.

Conoce la Sala del recurso de queja interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad actora, contra el auto del 17 de noviembre de 2005, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no repuso la providencia de agosto 11 de 2005, por medio de la cual rechazó la apelación contra la sentencia de fecha 27 de abril de 2005.

Antecedentes

La Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de fecha 27 de abril del año 2005, denegó las súplicas de la demanda instaurada por conducto de apoderado judicial, por la Sociedad Pardo García-Peña y Cía. S. en C. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución LCS-IPC-045 del 3 de diciembre de 2001 que le practicó liquidación oficial de corrección sanción y la Resolución 521 del 9 de diciembre de 2002, por la cual se resolvió el recurso de reconsideración.

El 6 de mayo de 2005, el apoderado judicial de la sociedad demandante presentó escrito de apelación contra la mencionada providencia.

Mediante auto de fecha 11 de agosto de 2005, la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal de Cundinamarca, resolvió rechazar por improcedente el recurso de apelación, teniendo en cuenta que el proceso es de única instancia en relación con la cuantía, porque no excede los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes de acuerdo con la Ley 954 de 2005.

Contra la decisión del a quo de rechazar el recurso de apelación, la sociedad actora, interpuso recurso de reposición y en subsidio solicitó la expedición de copias con el fin de interponer el recurso de queja.

Señaló que el auto recurrido tuvo como fundamento lo preceptuado por el artículo 1º de la Ley 954 del 27 de abril de 2005, que dispuso que los tribunales conocerían en única instancia de los procesos cuya cuantía sea prevista de hasta 100, 300, 500 y 1500 salarios mínimos mensuales vigentes en el artículo 42 de la Ley 446 de 1998, según el caso.

Indicó que dicha norma resulta contraria al ordenamiento constitucional por lo que solicita su control por vía de excepción, toda vez que es violatoria de los artículos 29 y 31 de la Carta Política, es decir de los principios de la doble instancia y del debido proceso; al disponer una readecuación temporal de competencias, que hace que la gran mayoría de los procesos de doble instancia pasen a ser de única con lo que lo excepcional que es la única instancia se convierte en la generalidad.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante providencia del 17 de noviembre de 2005 dispuso no reponer la providencia recurrida porque subsisten las mismas razones expuestas en el auto que negó el recurso de apelación; al efecto, transcribió apartes de la providencia del Consejo de Estado del 10 de agosto de 2005, consejera ponente doctora María Inés Ortiz Barbosa.

Recurso de queja

El apoderado de la parte actora sustenta el recurso de queja con la finalidad de que se conceda el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, para el efecto, hizo alusión a la incompatibilidad que existe entre el artículo 31 de la Carta Política y la aplicación de la Ley 954 del 27 de abril de 2005, porque el primero prevé el principio de la doble instancia, que es contrario a lo sucedido a partir de la entrada en vigencia de la segunda, pues los procesos que inicialmente eran de doble instancia quedaron de única. La eliminación de las instancias en razón de la cuantía debe aplicarse a los procesos que están por iniciarse y no a los ya iniciados ante la jurisdicción, porque de lo contrario se vulnera lo previsto por los artículos 29 y 31 de la Carta Política.

Para resolver, SE CONSIDERA:

Decide la Sala si estuvo bien denegado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que lo rechazó por improcedente por tratarse de un proceso de única instancia de acuerdo al artículo 1º de la Ley 954 del 2005.

La parte actora, controvirtió la decisión del a quo de rechazar por improcedente el recurso de alzada interpuesto contra la sentencia del 27 de abril de 2005, por que el artículo 1º de la Ley 954 del 2005 en el cual se fundamentó el tribunal, debe ser inaplicado por inconstitucional, puesto que contradice los artículos 29 y 31 de la Constitución Política.

Se hace pertinente indicar que la Ley 954 de 2005 modificó, adicionó y derogó algunos artículos de la Ley 446 de 1998, entre ellos, lo dispuesto en el parágrafo de su artículo 164, que establece las normas de competencia en la jurisdicción contencioso administrativa, mientras entran a operar los juzgados administrativos, así:

“ART. 1º—Readecuación temporal de competencias previstas en la Ley 446 de 1998. El parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, quedará así:

“PAR.—Las normas de competencia previstas en esta ley se aplicarán, mientras entran a operar los juzgados administrativos, así:

Los tribunales administrativos conocerán en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 100, 300, 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstas en el artículo 42, según el caso, y en primera instancia cuando la cuantía exceda de los montos. Así mismo, en única instancia del recurso previsto en los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, en los casos de los municipios y distritos y de los procesos descritos en el numeral 9º del artículo 134b adicionado por esta ley, salvo los relativos a la acción de nulidad electoral de los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento, que serán revisados en primera instancia”.

“Los tribunales administrativos continuarán, en única y primera instancia, con el ejercicio de las competencias de que tratan los artículos 39 y 40.

“Las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los tribunales administrativos según el artículo 41, corresponderán en segunda instancia al Consejo de Estado. Y las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los jueces administrativos según el artículo 42, corresponderán en segunda instancia a los tribunales administrativos.

“El Consejo de Estado asumirá en única y segunda instancia, las competencias asignadas en los artículos 36, 37 y 38.

“Las competencias por razón del territorio y por razón de la cuantía, previstas en el artículo 43 de la Ley 446 de 1998, regirán a partir de la vigencia de la presente ley” (negrilla fuera de texto).

En relación con la excepción de inconstitucionalidad propuesta por el recurrente, la Sala indica que la Corte Constitucional en anteriores oportunidades ha manifestado que más que una facultad es una obligación, para las autoridades que tienen competencia para adoptar una decisión en relación con una situación concreta, establecer la existencia de la contradicción manifiesta entre la norma a aplicar y la Constitución y que dado el caso, se debe inaplicar la primera y hacer prevalecer la segunda.

Entonces, para la procedencia de dicha excepción se deben cumplir unos requisitos, entre ellos, la palmaria y flagrante oposición entre los textos constitucionales y la norma cuya aplicación se pretende (1) .

En el caso en particular la parte actora manifestó que existe una contradicción entre los artículos 1º de la Ley 954 de abril 27 de 2005 y 31 de la Constitución Política, razón por la cual se debe inaplicar el artículo de la nueva ley, dando prevalencia a la Constitución y por tal motivo resulta procedente el recurso de apelación.

Ahora bien, la Sala considera que si bien el artículo 31 de la Constitución, permite en principio que toda sentencia sea apelada o consultada, también lo es, que remite a la ley respecto de la consagración de las excepciones y precisamente la ley ha regulado lo concerniente a las instancias de acuerdo con los factores que determinan la competencia (2) .

Justamente, la Ley 954 de 2005, en su artículo 1º, readecuó las competencias previstas en la Ley 446 de 1998 para la jurisdicción contenciosa administrativa, ello en atención a la facultad que le asiste al legislador de configuración de los procedimientos judiciales, que incluye la de señalar en qué casos estos se tramitarán en una o dos instancias. En este sentido la corporación ha establecido (3) que la misma puede fijar los efectos de las nuevas disposiciones, en atención a diferentes factores, entre ellos, agilizar la efectiva y pronta culminación, de los procesos a cargo de esta jurisdicción, tal como se señala en la exposición de motivos de la Ley 954 del 2005.

Es por la anterior razón que no puede aseverarse válidamente la vulneración del artículo 29 de la Constitución, porque el derecho al debido proceso no supone necesariamente que en todo proceso debe accederse a la doble instancia y que por ello se vulneren los principios y valores de la Carta Política.

Con lo anterior, para la Sala, en el caso sub examine no existe una contradicción manifiesta entre la disposición legal y las constitucionales invocadas por la parte actora que admita la procedibilidad de la excepción de inconstitucionalidad.

De otro lado, la Sala observa que el recurso de apelación se interpuso el 6 de mayo de 2005, es decir bajo la vigencia de la Ley 954 de 2005 que entró a regir el 28 de abril de ese año, por lo que es esta ley la aplicable al asunto en estudio.

Y es precisamente de conformidad con la Ley 954 de 2005 en concordancia con la Ley 446 de 1998 que a su vez modificó el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, que los tribunales administrativos conocen en primera instancia, entre otros, de los procesos de impuestos, tasas y contribuciones, cuando la cuantía sea superior a 300 salarios mínimos legales mensuales.

Ahora bien, la cuantía del proceso, de acuerdo con la actuación demandada es de $ 19.664.000, monto que de conformidad con el artículo 1º de la Ley 954 de 2005 no supera el tope de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivalen a $ 114.450.000, necesarios para que el proceso se tramite en segunda instancia ante esta corporación. Sin más consideraciones, la Sala estima bien denegado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 27 de abril de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. ESTÍMASE bien denegado el recurso de apelación interpuesto por la sociedad actora contra la sentencia del 27 de abril de 2005, proferida por el Tribunal de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.

2. ENVÍESE la presente actuación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, para que forme parte del expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Héctor J. Romero Díaz, Presidente—Ligia López Díaz—María Inés Ortiz Barbosa—Juan Ángel Palacio Hincapié.

Raúl Giraldo Londoño, Secretario.

(1) En este sentido la Sala precisa que la Corte Constitucional en la Sentencia C-123 de noviembre 29 de 2005, magistrado ponente doctor Alfredo Beltrán Sierra, declaró exequible el artículo 3º transitorio (parcial) de la Ley 954 de 2005, que hace alusión a la creación en el Consejo de Estado de las salas especiales transitorias de decisión, encargadas de decidir los recursos extraordinarios de súplica que a la fecha de entrada en vigencia de dicha ley, tengan proferido auto admisorio. Además en la Sentencia C-046 de 2006, magistrado ponente doctor Álvaro Tafur Galvis, se declaró exequible el inciso 1º del parágrafo del artículo 1º de la Ley 954 de 2005, en relación con la competencia de los tribunales administrativos para conocer en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes mientras entran a operar los juzgados administrativos.

(2) En este sentido se ha pronunciado la Sala en auto del 23 de enero del 2003, expediente 13629, Actor: Bavaria S.A., C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa.

(3) Auto del 6 de octubre de 2005, expediente 15535, Actor: Constructora de Vivienda Estrella del Norte - Conviest Ltda., C.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié.

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