Sentencia 15913 de junio 18 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 25000-23-27-000-2002-00339-01-15913

Consejera Ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa

Actor: Jaime Castaño Salazar.

C./ Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

Cobro coactivo.

Fallo

Bogotá, D.C., dieciocho de junio de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación de la parte demandante corresponde a la Sala determinar la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Dirección de Impuestos Nacionales administración de personas naturales de Bogotá, negó las excepciones propuestas por Jaime Castaño Salazar, parte demandante, contra el mandamiento de pago dictado en su contra dentro del proceso administrativo de cobro coactivo adelantado por el impuesto de renta de 1995 a cargo de Humberto Grisales Parra.

Según los antecedentes administrativos, las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago y que dieron lugar a la expedición de los actos administrativos que aquí se demandan fueron la de falta de título ejecutivo, falta ejecutoria del título ejecutivo y la falta de calidad de deudor solidario y conforme a la demanda y al recurso de apelación, la controversia se centra en determinar si existió título ejecutivo que permitiera a la DIAN expedir el mandamiento de pago al demandante en su calidad de deudor solidario y si el demandante gozaba de tal calidad.

Según el demandante, la DIAN no surtió el procedimiento para aceptar a un deudor solidario, solo expidió un acuerdo de pago sin haber constituido previamente el título ejecutivo en el que se aceptara la solidaridad propuesta y se indicara si la garantía ofrecida era suficiente para cubrir las deudas pendientes de pago.

Aduce también que la DIAN no resolvió sobre la renuncia a la calidad de deudor solidario presentada por el demandante, sino que hizo referencia a ella con la solicitud de revocatoria directa, que precisamente estaba fundamentada, entre otros puntos, en el hecho de no haberse estudiado la mencionada petición.

Pues bien, sobre el tema de la vinculación del deudor solidario a un proceso de cobro coactivo, la Sala ha señalado en reiteradas oportunidades que no es la notificación del mandamiento de pago la oportunidad y el medio para hacer tal vinculación, sino que se requiere un acto administrativo debidamente notificado en el que se establezca su calidad de deudor solidario, la proporción de su participación, los periodos gravables a que corresponden las deudas objeto del cobro y la cuantía de las mismas.

Conforme al artículo 793 del estatuto tributario, “responden solidariamente con el contribuyente por el pago del tributo: [...] f) los terceros que se comprometan a cancelar obligaciones del deudor”.

En el caso bajo examen, el 25 de septiembre de 1998 el demandante manifestó a la DIAN - división de cobranzas, que se obligaba solidariamente con el contribuyente Humberto Grisales Parra para cancelar la obligación por concepto del impuesto de renta por el año gravable de 1995 en cuantía de $ 229.103.000 (fl. 70, c.a. 2).

El mismo día el demandante Jaime Castaño Salazar, en su calidad de deudor solidario solicitó a la DIAN una facilidad de pago de 36 meses para pagar en cuotas mensuales. Como garantía ofreció un bien inmueble de su propiedad (fl. 69, c.a. 2).

La DIAN mediante Resolución 000273 de 17 de diciembre de 1998 aprobó la garantía ofrecida por el deudor solidario y concedió a Humberto Grisales Parra y a Jaime Salazar Castaño un plazo de 36 meses en cuotas fijas para el pago de la deuda del impuesto de renta de 1995 a cargo del primero (fl. 21 del cdno. ppal.).

Para constatar el vencimiento de las cuotas 1, 2 y 3 de la facilidad de pago y su incumplimiento, la división de cobranzas, mediante oficios 5362, 7193 y 7194 (de 17 de marzo y las dos últimas de 14 de abril 1999), solicitó a Humberto Parra Grisales y Jaime Castaño Salazar allegar las pruebas del pago, so pena de dejar sin efecto el plazo concedido y continuar con el proceso de cobro administrativo coactivo.

Teniendo en cuenta que no hubo respuesta, la DIAN mediante la Resolución 000516 de 29 de abril de 1999 declaró sin vigencia el plazo concedido en la Resolución 00273 y ordenó hacer exigibles los saldos insolutos objeto de la facilidad ($ 222.103.000) y el secuestro y remate de los bienes ofrecidos como respaldo (fl. 154 c.a. 2).

El 1º de julio de 1999 la DIAN profirió en contra de Jaime Castaño el mandamiento de pago 000575 por $ 222.103.000 en calidad de deudor solidario de Humberto Grisales Parra, a quien en la misma fecha se le expidió el mandamiento de pago 000574 a cargo de Humberto Grisales Parra (fl. 160 c.a. 2).

El mandamiento de pago 000575 de 1º de julio de 1999 fue modificado por el Mandamiento de Pago 900006 de 26 de julio de 2001, por cuanto se había incluido la obligación del impuesto de renta a cargo del señor Humberto Grisales del año 1996 cuando la solidaridad solo era por el impuesto de renta de 1995 y por otro valor.

Contra este acto administrativo el demandante propuso las excepciones cuya decisión es la que se controvierte en este proceso.

Pues bien, de acuerdo con lo narrado, no hay sustento jurídico para considerar la inexistencia del título ejecutivo porque la garantía que prestó el demandante, por sí sola, es un documento que presta mérito ejecutivo, desde la ejecutoria del acto de la administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.

En efecto, conforme con el artículo 828 numeral 4º, prestan mérito ejecutivo: “las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias a partir de la ejecutoria del acto de la administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas”.

Como se anotó, el deudor solidario ofreció como garantía un inmueble de su propiedad descrito en el oficio presentado el 25 de septiembre de 1998 y esta garantía fue aprobada por la Resolución 000273 de 17 de diciembre de 1998 (art. 1º), acto administrativo que al haber concedido el plazo para el pago de la deuda, haber aprobado la garantía ofrecida por el deudor solidario, estaba aceptando al demandante en tal calidad, por lo tanto, en el caso de autos, sí existió título ejecutivo desde el momento en que la administración declaró sin vigencia la facilidad de pago y ordenó hacer efectiva la garantía.

El demandante en el recurso de apelación señala que la facilidad de pago concedida no le fue notificada y por tanto no le es vinculante, sin embargo, aunque no fue un tema de la demanda y su alegato en el recurso de apelación es inoportuno, la Sala observa que la Resolución 000273 de 17 de diciembre de 1998 fue notificada por correo certificado el 21 de diciembre de ese año, por lo tanto queda sin piso el argumento del apelante.

De otra parte, el acto administrativo que declaró el incumplimiento de la facilidad, Resolución 000516 de 29 de abril de 1999, quedó ejecutoriado en esa fecha, toda vez que contra el mismo no se interpuso ningún recurso; por el contrario, el 27 de agosto de 1999 Jaime Castaño solicitó a la DIAN que le concediera hasta el 28 de diciembre de 1999 para cancelar la totalidad de la deuda, que no secuestrara el bien embargado y que si transcurrido el término no hubiera pagado, podían proceder contra el inmueble.

Por todo lo anterior, a juicio de la Sala, sí existe título ejecutivo, por lo que el cargo no está llamado a prosperar.

En relación con la calidad de deudor solidario observa la Sala que la solidaridad surgió en virtud del compromiso adquirido por el demandante ante la DIAN para el pago de la deuda a cargo de Humberto Grisales según lo dispuesto en el artículo 793 literal f) del estatuto tributario y según el artículo 1571 del Código Civil señala que el acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por este pueda oponérsele el beneficio de la división.

La renuncia a la solidaridad está prevista en el artículo 1573 del Código Civil y dispone que el acreedor puede renunciar expresa o tácitamente la solidaridad respecto de uno de los deudores solidarios o respecto de todos [...] se renuncia la solidaridad respecto de todos los deudores solidarios, cuando el acreedor consciente en la división de la deuda. Por tanto, es una facultad en cabeza exclusiva del acreedor y no del deudor solidario, por lo que su manifestación en tal sentido, presentada el 26 de septiembre de 2000 a la DIAN, no tenía ningún efecto.

Finalmente a juicio de la Sala no se desvirtúa la existencia del título ejecutivo ni la calidad de deudor solidario por el hecho de que la DIAN haya resuelto sobre la renuncia a la solidaridad en la Resolución 900006 de 31 de julio de 2001 que resolvió sobre la revocatoria directa interpuesta contra el Mandamiento de Pago 000575 de 1º de julio de 1999 (fl. 469 de c.a. 3) y luego cuando resolvió el recurso de reposición contra la decisión de excepciones interpuestas contra el Mandamiento de Pago 900006 de 26 de julio de 2001, es decir, en la Resolución 9000033 de 20 de diciembre de 2001 (fl. 561 del c.a 3).

Por las razones anteriores, la Sala no encuentra mérito para revocar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones del demandante, por lo que forzosamente se confirmará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

RECONÓCESE PERSONERÍA a la abogada Amparo Pabón Pérez como apoderada de la demandada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

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