Sentencia 15926 de noviembre 19 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

VIGENCIA DE CONVENCIONES COLECTIVAS QUE CREARON BENEFICIOS ESPECIALES

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado del Sindicato de Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia “Sintrafec” contra la sentencia del 13 de octubre de 2000, proferida por la Sala de descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que el recurrente le promovió a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Antecedentes

El Sindicato de Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia “Sintrafec” demandó a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, para que, previos los trámites de un proceso ordinario laboral de primera instancia, se hagan las “siguientes pronunciamientos y condenas”:

“1. Declarar que entre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y la Organización Sindical Sindicato Nacional de Trabajadores de la la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Sintrafec en las Convenciones Colectivas de Trabajo suscritas en 1964, 1965, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984 y 1988, se creó y reglamentó un organismo denominado Fondo de Asistencia Social FAS para prestar atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria de drogas, odontológica, oftalmológica, de rayos X, para los familiares de los trabajadores que dependen económicamente de ellos.

2. Declarar que entre la demandada y su sindicato, se firmaron convenciones colectivas de trabajo en los años de 1964, 1965, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984 y 1988, 1996 en las que las partes acordaron la prestación de asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, de drogas, odontológica de rayos X, para los trabajadores de la demandada.

3. Declarar que los pactos hechos en las convenciones colectivas citadas están vigentes.

4. Como lógica consecuencia de lo anterior, condenar a la patronal a cumplirle al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, con lo dispuesto en los artículos 21, 23 y 27 de la Contratación Colectiva de 1964.

5. Condenar a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia a cumplirle a mis mandantes con lo dispuesto en los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 13, 23 de lo pactado por las partes en las convenciones colectivas suscritas entre la demanda y su sindicato en 1965 y 1970 respectivamente.

6. Condenar al patrono a dar estricto cumplimiento a los trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, con los acuerdos que contienen los artículos 13, 23; noveno, catorce y la cláusula séptima de las convenciones colectivas de trabajo firmada entre las partes en 1972, 1974 y 1976.

7. Condenar a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, a cumplirle estrictamente a los actores con lo dispuesto en los artículos 5º literales d) y e), 23; 22, 24 y su anexo 2, de los convenios colectivos firmados en 1978 y 1980 respectivamente.

8. Condenar al patrono a dar absoluto cumplimiento a los demandantes con lo pactado en los artículos 9º; 12; 10; y 3º con su parágrafo 1º, de la Contratación Colectiva de 1982, 1984, 1988 y 1996 respectivamente.

9. A las costas del proceso”.

(...).

La primera instancia terminó con sentencia del 21 de septiembre de 1999, en la que se absolvió a la empresa demandada de todas y cada una de las pretensiones. Apelada tal decisión, la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con providencia del 13 de octubre de 2000, la confirmó en su totalidad.

(...).

Se considera

En la sentencia de primera instancia para decidirse la controversia se razonó en dirección a que no obstante las obligaciones convencionales que contrajo la empresa demandada para a través del denominado Fondo de Asistencia Social “FAS” brindar servicios médicos de gran calidad a los trabajadores y sus familiares, de todos modos frente al nuevo esquema de la seguridad social integral previsto en la Ley 100 de 1993, ese fondo quedó sin piso jurídico y, por ende, sin operancia legal, al permitírsele a los trabajadores inscribirse a la Empresa Promotora de Salud que voluntariamente elija, dado que no es procedente la inscripción simultánea a dos empresas promotoras de salud, EPS, y la doble cotización al sistema.

Y se trae a colación lo anterior por cuanto el tribunal para negar los pedimentos de la demanda, también, acogió las precitadas argumentaciones jurídicas del juzgador de primer grado, al expresar en uno de sus partes del fallo recurrido lo siguiente:

“En lo referente a la salud de sus trabajadores tenemos que, cuando el trabajador libremente determina, a cual de las entidades promotoras de salud quiere afiliarse, cesa para la empresa, en principio, la obligación convencional. (...). En este orden de ideas y por considerar que las esgrimidas por el a quo están conforme al criterio, aquí brevemente expuesto, se procederá a confirmar la sentencia recurrida”.

Como son situaciones fácticas incontrovertibles que entre la empresa demandada y su sindicato de trabajadores, se acordó, desde 1964, por convención colectiva de trabajo, la creación de lo que se identificó como un Fondo de Asistencia Social “FAS”, para la prestación de los servicios médicos y asistenciales a los trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros y los familiares de éstos, para lo cual también se pactó que la administración del mismo se haría en forma conjunta y, que para el sostenimiento del fondo la empresa demandada se comprometió a hacer un aporte mensual del 2% de la nómina y a descontar a los trabajadores el 1% de su sueldo mensual con destino al mismo, la Corte, en primer lugar, analizará el aspecto jurídico de la controversia, que se circunscribe básicamente a la coexistencia o no del aludido fondo frente al nuevo sistema de seguridad social integral adoptado por la Ley 100 de 1993; advirtiendo que al proceso no se allegó prueba que respalde la aseveración del opositor en el sentido que para el año de 1995 las normas convencionales fundamento del derecho reclamado no se encontraban vigentes, pues al respecto hay que tener en cuenta lo que dispone el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo.

Ahora bien, el novedoso esquema de seguridad social integral introducido en nuestro país con la expedición de la Ley 100 de 1993 y sus decretos que la reglamentan, consagra el mínimo de derechos y garantías a que tienen derecho los trabajadores y demás beneficiarios y afiliados a cada uno de los regímenes que integran el sistema tanto en salud, pensiones y en riesgos profesionales, lo que implica que a través de pactos o convenciones colectivas de trabajo se puedan acordar otra clase de beneficios que los superen o complementen, claro está, sin salirse del esquema rector que la ley prevé y los principios que caracterizan el sistema.

Y la aludida ley con el fin de preservar los derechos adquiridos con anterioridad a su vigencia y que guardan relación con la seguridad social integral, mantuvo la vigencia de ellos en tanto no se sustraigan a los principios básicos del sistema, a los objetivos generales y específicos de cada uno de sus regímenes y a las modalidades previstas en su normativas. Así se afirma por cuanto son los artículos 11 y 283 de la pluricitada ley que así lo dispone, al expresar: Esta ley no vulnera derechos adquiridos mediante convenciones colectivas del sector privado o público, sin perjuicio del derecho de denuncia que asiste a las partes”.

Así mismo, para la viabilidad en cuanto al replanteamiento del contenido de las normas convencionales en esa materia y buscando una armonía y conciliación con aquellas normas generales que regulan el sistema de seguridad social integral, la Ley 100 previó el mecanismo idóneo para ello, como es la figura jurídica de la denuncia de la convención colectiva de trabajo. Esto es lo que claramente se desprende de los dos artículos antes citados y del 48 del Decreto Reglamentario 692 de 1994 al disponer:

“Modificación de convenciones colectivas. Con el objeto de armonizar las convenciones o pactos colectivos de trabajo a las disposiciones de la Ley 100 de 1993, los trabajadores y empleadores podrán ejercer el derecho de denuncia que les asiste y el tribunal de arbitramento, si se llegare a convocar tendrá la facultad de dirimir las diferencias, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de dicha ley”.

Ya esta Sala de la Corte ha precisado el alcance de las normas legales antes mencionadas, como en la sentencia de homologación de junio 28 de 1996, radicación número 9046 así:

“(...) Sin embargo, y ante el postulado de universalización de la seguridad social, concebido en el artículo 48 de la Carta Política de 1991 como un servicio público obligatorio y esencial, desarrollado por la Ley 100 de 1993, en armonía con el artículo 55 de la misma Constitución, y teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 11 y 283 de la citada ley y en el artículo 48 del Reglamentario 692 de 1994, a la jurisprudencia memorada tuvo la Corte que hacer la salvedad respecto de todo lo concerniente al sistema de seguridad social integral; advirtiendo que fuera de las excepciones previstas por el propio legislador, los destinatarios del nuevo sistema integral de seguridad social, unilateralmente o por convenio entre ellos, no pueden sustraerse de la aplicabilidad general de las normaciones que conforman la estructura o lineamientos básicos del mismo, sin perjuicio de los regímenes complementarios de beneficios que establezcan o acuerden, y que si bien no es dable desconocer las situaciones individuales concretas consolidadas en favor de los beneficiarios de los diversos regímenes, porque constituyen derechos adquiridos, es menester la adecuada articulación del sistema convencional con el contenido en la Ley 100 de 1993 y las normas que la desarrollan, en donde se invoca la facultad de denunciar los convenios colectivos y de someter el punto a arbitramento, y se consagra la competencia de éste para dirimir las diferencias que se presenten, aunque la iniciativa provenga de una sola de las partes”.

Así mismo, en sentencia de homologación del 17 de marzo de 2000, radicación 14010, se expresó:

“3. Acerca de la armonización o eliminación de beneficios.

El Decreto Reglamentario 692 de 1994 en su artículo 48 prevé que con el objeto de armonizar las convenciones o pactos colectivos de trabajo a las disposiciones de la Ley 100 de 1993, los trabajadores y empleadores podrán ejercer el derecho de denuncia que les asiste y el tribunal de arbitramento, si se llegare a convocar tendrá la facultad de dirimir las diferencias, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de dicha ley.

“El concepto de armonización en cuanto implica poner en armonía la convención con la ley es bastante amplio y obviamente no excluye la posibilidad de que se eliminen determinados aspectos del régimen convencional, en cuanto riñan con los principios o disposiciones legales o impidan en concreto la realización de los objetivos propuestos por el legislador. Pero desde luego la desmejora o eliminación debe aparecer debidamente justificada ya que de lo contrario no puede ser aceptable, pues por principio la negociación colectiva tiene como finalidad el mejoramiento de los derechos de los trabajadores”.

Y más adelante continúa la Corte:

“XIII. Cláusulas de la convención que terminan su vigencia.

El tribunal dispuso la eliminación de las cláusulas novena, sobre derechos convencionales por enfermedad; decimonovena, sobre pensión de invalidez y sexagésimo séptima, sobre procedimiento para aplicar sanciones (...).

“En lo que hace a las cláusulas novena y décimo novena decidió el tribunal eliminarlas del todo (...) porque las materias han sido reguladas mediante normas de seguridad social (...). Sin embargo, no encuentra la Sala que la razón esgrimida sea de suficiente entidad, pues si bien el sistema de seguridad social regula la enfermedad y la invalidez, es claro que las normas convencionales en cuestión no se oponían necesariamente a la Ley 100 de 1993, sino que podrían servir de complemento a sus previsiones, de modo que Metrosalud sólo estaría obligada a complementar lo no cubierto por la entidad de seguridad social. Así por ejemplo en lo que toca a la enfermedad, si la respectiva entidad no llagare a disponer de profesionales, equipos y medios especiales de diagnóstico y tratamiento para atender adecuadamente a los trabajadores, Metrosalud los remitirá a instituciones acreditadas o a especialistas idóneos. Y en lo que hace a la invalidez, nada obsta para que si la seguridad social la cubre Metrosalud atiende un mayor valor si lo hubiere, frente a lo establecido por la convención (...)”.

En consecuencia, de acuerdo a lo antes transcrito, al haber concluido el tribunal que las obligaciones que amparan los derechos de los trabajadores y sus familiares pactados convencionalmente a través del fondo de asistencia social, cesaron al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, no obstante de haberse reconocido que la citada ley mantuvo los derechos adquiridos pactados en convenciones, se incurrió en la violación a la ley que se denuncia en el segundo cargo, por aplicación indebida, al hacerles producir un efecto distinto a los artículos 11 y 283 de la Ley 100 de 1993 y 48 del Decreto 692 de 1994. Y esto porque, se repite, salvo que por convención colectiva de trabajo se haya producido la armonización en tal materia, será en cada caso concreto en que habrá de determinarse si las normas convencionales relativas a la atención en salud se oponen a lo que prevé la Ley 100 de 1993, o si por el contrario sirven de complemento a aquélla para satisfacer lo que no cubra la entidad de seguridad social a la que se encuentra vinculado el beneficiario de los acuerdos convencionales.

De modo, pues, que toda la argumentación de la demandada fundada en que unilateralmente quedó desligada de las obligaciones que convencionalmente asumió en salud aduciendo la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no es de recibo. Y es que al respecto valga anotar que el criterio expuesto por la Corte en los fallos de homologación que se han traído a colación, como también en otros, y que en este asunto se reitera, se corrobora aún más si se tienen cuenta lo que dispuso el artículo 236 de la Ley 100 de 1993 a saber.

“Las cajas, fondos y entidades de seguridad social del sector público, empresas y entidades del sector público de cualquier orden, que con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley presten servicios de salud o amparen a sus afiliados riesgos de enfermedad general y maternidad, tendrán dos años para transformarse en empresas promotoras de salud, adaptarse al nuevo sistema o para efectuar su liquidación, de acuerdo con la reglamentación que al respecto expida el Gobierno Nacional.

La transformación en entidades promotoras de salud será un proceso donde todos los trabajadores recibirán el plan de salud obligatorio de que trata el artículo 162 y en un plazo de cuatro años a partir de la vigencia de esta ley, éstos pagarán las cotizaciones dispuestas en el artículo 204, ajustándose como mínimo en un punto porcentual por año, y la entidad promotora de salud contribuirá al sistema plenamente con la compensación prevista en el artículo 220. Cuando el plan de beneficios de la entidad sea más amplio que el plan de salud obligatorio, los trabajadores vinculados a la vigencia de la presente ley y hasta el término de la vinculación laboral correspondiente o el período de jubilación, continuarán recibiendo dichos beneficios con el carácter de plan complementario, en los términos del artículo 169. Las dependencias que presten servicios de salud de las cajas, fondos, entidades previsionales o entidades públicas con otro objeto social podrán suprimirse o convertirse en empresas sociales del Estado, que se regirán por lo estipulado en la presente ley (...)” (subraya la Corte).

Con lo anterior se quiere destacar que ni siquiera para el sector oficial que prestaba directamente los servicios de salud a sus servidores, la entrada en vigencia de la Ley 100 implicó que éstos perdieran los beneficios que en tal materia venían gozando.

En resumen, es pertinente concluir y afirmar que las normas convencionales relativas al “FAS” deben entenderse como complementarias a las previsiones en salud de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y, por ende, ellas sólo impondrían a la demandada la obligación de satisfacer lo no cubierto por la entidad de seguridad social a la que obligatoriamente deben estar afiliados los trabajadores y sus familiares. Y es esta misma circunstancia, como se precisará más adelante, la que impide que se haga una declaración en el sentido que las convenciones en esa materia están vigentes, ya que tal pronunciamiento y condenas consecuenciales al mismo, sólo podrían hacerse en virtud de demanda de persona cobijada por el acuerdo convencional y analizadas las circunstancias de hecho en cada caso en particular.

(...).

Empero, lo hasta aquí puntualizado sólo permite que la Corte tenga como fundados los cargos, pero no que les dé prosperidad a los mismos quebrando el fallo recurrido, ya que al entrar en las consideraciones de instancia tendría que concluir que la persona jurídica demandante carece de legitimación en la causa para formular los “pronunciamientos y condenas” que a través de este proceso se solicitan.

Y es que basta con analizar el contenido de cada uno de esos pronunciamientos y condenas que textualmente se transcriben al comienzo de esta sentencia, para que se pueda afirmar que ninguno de ellos se ajusta a lo que dispone el artículo 475 del Código Sustantivo del Trabajo.

Así se asevera porque si bien el sindicato de trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Sintrafec, como tal, está legitimado por la norma antes citada para exigir el cumplimiento de la convención colectiva o el pago de daños y perjuicios, esa disposición debe entenderse que es con relación a normas convencionales que contengan obligaciones a favor de la entidad como persona jurídica o consagren derechos colectivos para los asociados.

Y ocurre que ninguna de las dos precitadas circunstancias se da en este asunto porque, en primer lugar, las normas convencionales relativas al FAS no están pactadas para o favor de la persona jurídica denominada Sintrafec y, en segundo término, ellas sí concretan en beneficio de las personas cobijadas por la convención un derecho que frente a su insatisfacción pueden reclamar su cumplimiento o la indemnización de perjuicios.

Para la Sala el anterior alcance que le otorga al artículo 475 del Código Sustantivo del Trabajo lo corrobora lo dispuesto por el artículo 476 ibídem, pues al aludir al mismo que el trabajador obligado por la convención está legitimado para “exigir su cumplimiento o el pago de daños y perjuicios, siempre que el incumplimiento lo ocasione un perjuicio individual (...), lo que está indicando es que si la norma convencional concreta un derecho en cabeza de cada uno de los trabajadores, en éste, salvo que delegue el ejercicio de su acción en el sindicato como lo permite el precepto, el que debe acudir como parte demandante en el proceso pidiendo su cumplimiento o la indemnización del daño y perjuicios.

De no dársele el anterior entendimiento a uno y otro de los artículos citados, necesariamente se tendría que concluir que en todos los casos el sindicato frente al incumplimiento de cualquier cláusula convencional podría acudir a la jurisdicción para que se hiciera declaración en ese sentido y se ordene al empleador que la cumpla; lo que no es así porque la agremiación sindical, por ejemplo, tratándose de una disposición de la convención que consagra una bonificación anual para todos los trabajadores de la empresa, so pretexto que ésta incumple ese convenio, no estaría legitimado para pedir a los jueces que hagan ese pronunciamiento y se ordene cumplir con el pago.

Lo hasta aquí precisando quiere decir, entonces, que siendo la obligación de la demandada hacer descuentos y aportes con destino al fondo de asistencia social a través del cual garantiza, en los términos previstos en el reglamento del mismo, atención de salud para los trabajadores y su familia, será, en cada caso concreto, que habrá de determinarse cuál es el alcance de esa obligación de dar frente a las nuevas disposiciones de la Ley 100 de 1993 y qué responsabilidad le cabe a la empleadora para efectos de su cumplimiento o la indemnización del daño y perjuicios que reclama el beneficiario de la convención colectiva de trabajo.

Es por lo anterior que en el caso que se trata, no es pertinente acoger los “pronunciamientos y condenas” solicitadas en la demanda con que se inició este proceso, pues su mismo contenido general y abstracto está indicando, se repite, que debe ser en cada caso concreto, con relación a los beneficiarios del acuerdo convencional, que habrá de determinarse si tales pronunciamientos y condenas deben o no prosperar, máxime cuando, como también ya se dijo, las normas convencionales relativas al “FAS” deben tenerse como complementarias a las previsiones en salud de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y, por ende, ellas sólo impondrían a la demandada la obligación de satisfacer lo no cubierto por la entidad de seguridad social a la que obligatoriamente tienen que estar afiliados los trabajadores y sus familiares.

Aunque el recurso se pierde, como la acusación es fundada, no se impondrán costas por el mismo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 13 de octubre de 2000, proferida por la Sala de descongestión laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio que el sindicato de trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia le promovió a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia».

(Sentencia de casación, noviembre 19 de 2001. Radicación 15.926. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Vásquez Botero).

SALVAMENTO DE VOTO

Compartimos los razonamientos expuestos por la ponencia para que se tuvieran por fundados los cargos, mas no los alusivos a la falta de legitimación de la organización sindical para representar a sus afiliados en la reclamación que originó este proceso.

En efecto, la decisión mayoritaria de la cual nos apartamos, conduce al desconocimiento de las conquistas laborales que en materia de salud logró el ente sindical a favor de los trabajadores de la empresa y de sus familiares, representación que en nuestra opinión sí goza de legitimación, porque de conformidad con el numeral 5º del artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo, este tipo de agremiaciones, tiene por función, entre otras, la de

“Representar en juicio o ante cualquier autoridad u organismos los intereses económicos comunes o generales de los agremiados o de la profesión respectiva, y representar esos mismos intereses ante los patronos y terceros en caso de conflictos colectivos que no hayan podido resolverse por arreglo directo, procurando la conciliación”.

No cabe duda que la prestación de los servicios en salud a través del Fondo de Asistencia Social “FAS”, comporta un interés común para todos los trabajadores agremiados, lo mismo que para sus familiares, siendo esta razón suficiente para concluir que la organización sindical demandante, sí le asistía la facultad de representarlos.

Son estos los motivos por los que consideramos que ha debido casarse la sentencia recurrida, dejando de esta forma salvado nuestro voto.

Con todo respeto,

Carlos Isaac Náder—Luis Gonzalo Toro Correa. 

SALVAMENTO DE VOTO

En términos muy breves me permito expresar las razones de mi disidencia.

Comparto las explicaciones emitidas para que se tuvieran por fundados los cargos, pero discrepo de la decisión final de la Sala, relativa a la falta de legitimación del demandante, pues a mi modo de ver “Sintrafec” está legitimado cuando menos para que se concretaran en la parte resolutiva las declaraciones que se hicieron en la motiva del fallo.

En efecto la vigencia o no de una cláusula convencional por motivo de la expedición de una ley es un conflicto jurídico que afecta al sindicato como tal, independientemente de los perjuicios que puedan ocasionarse a los beneficiarios de la convención, pues lo que está en juego no son estos perjuicios individuales sino la desaparición de una conquista laboral conseguida por el sindicato.

En esta forma queda entonces salvado mi voto.

Francisco Escobar Henríquez 

SALVAMENTO DE VOTO

Si bien comparto la decisión de la Sala de no casar la sentencia del 13 de octubre de 2000 del Tribunal Superior de Bogotá, en el juicio seguido por el Sindicato de Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros “Sintrafec” contra Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, discrepo respetuosamente en los siguientes puntos:

1. Desde un punto de vista técnico, considero que habiéndose presentado dos cargos, por sendas vías, era conveniente indicar, en forma precisa, cuál de los dos era el fundado, si el de la vía de los hechos o el del sendero directo.

2. De otra parte, soy de la opinión que no es posible considerar que una parte tenga legitimación para actuar en casación y, luego de estimar fundado el cargo, advertir, en instancia, que carece de tal legitimidad.

3. Por lo demás, se hubiera podido llegar a la misma solución si se da aplicación al régimen complementario, acogiendo los parámetros señalados por la jurisprudencia laboral en sentencia de homologación de 8 de noviembre de 1999, radicación 12915, en que se precisó:

“... no se encuentran razones que conduzcan a desvirtuar la conclusión del tribunal en estos aspectos, pues conforme a la convención colectiva actuante en el expediente, los trabajadores oficiales del departamento de Antioquia se reconocen sujetos al régimen de la Ley 100 de 1993 en materia de salud, sólo que convinieron una serie de prestaciones y derechos adicionales para ellos y sus familiares. Así las cosas este esquema en principio no resulta ilegal, pues en materia de salud es imprescindible la afiliación de todos los trabajadores al sistema de seguridad social en salud, pero sin perjuicio de que en virtud de la negociación colectiva se pacte un régimen complementario que supere en cobertura y en calidad el que ofrece la ley. Consiguientemente no se advierten motivos que conduzcan a la anulación de este aspecto, ni tampoco a disponer una complementación pues se reitera que en los términos del laudo se estudiaron y decidieron todos los puntos”.

Por tanto se desprende del contexto de la ley de seguridad social (100/93) conservar la estructura básica de afiliación y cotizaciones al sistema general de salud obligatorio y disponer que los recursos adquiridos por los trabajadores por conquistas extralegales complementen esos beneficios, con lo cual se obtiene una protección socialmente mayor y se evita la duplicidad de beneficios.

Con mi respeto acostumbrado,

José Roberto Herrera Vergara. 

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