Sentencia 15938 de octubre 10 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN PREVIA

NOTIFICACIÓN AL IMPUTADO CONOCIDO

EXTRACTOS: «El artículo 81, inciso 5º, de la Ley 190 de 1995 señalaba que en caso de existir imputado o imputados conocidos a éstos se les debía notificar la iniciación de la investigación para que ejercieran su derecho a la defensa, deber que se extendió a la comunicación del comienzo de las diligencias de indagación preliminar, en virtud de pronunciamientos de la Corte Constitucional (cfr. sents. C-150/93, T-361/97, SU-960/99, entre otras), en los cuales se hizo referencia a que también hacía parte del diseño constitucional del debido proceso la notificación 31 imputado del inicio de 13 investigación previa, a fin de garantizar el derecho a la defensa y su correlato de controversia probatoria.

Desde luego, tal exigencia adquiere racionalidad siempre y cuando se entienda que al ordenarse el comienzo de una indagación preliminar existe un imputado conocido. Véase que la finalidad de ese estadio, de acuerdo con el artículo 319 del estatuto procesal penal vigente para el momento en que se tramitó la correspondiente a este caso, era la de despejar las dudas en torno a la ocurrencia del hecho, determinar si estaba previsto como punible, establecer la procedibilidad de adelantar la acción penal, y recaudar las pruebas necesarias para identificar o individualizar a los a atores o partícipes.

Dado el caso, entonces, que se ordenara seguir una indagación preliminar para la obtención de este último fin, deviene como conclusión lógica que al no haber un imputado específico, caracterizado al menos en su individualidad, la exigencia de notificarlo se torna imposible. Cosa diferente es que en esa fase preprocesal se logre la identificación o individualización del procesado, lo cual no genera automáticamente la obligación de notificarle su existencia, pues lo que se impone, si hay bases para pregonar la existencia del hecho y de su naturaleza punible, es la apertura de la instrucción».

(Sentencia de casación, octubre 10 de 2002. Radicación 15.938. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

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