Sentencia 15947 de febrero 20 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Rad. 76001-23-31-000-1999-01853-01(15947)

Actor: Palmas Oleaginosas Salamanca S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Bogotá, D.C., veinte de febrero de dos mil ocho.

Fallo

EXTRACTOS: «La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN contra la sentencia del 5 de agosto de 2005, mediante la cual el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, declaró la nulidad del Pliego de Cargos 78-48 del 6 de marzo de 1998, la Resolución Sanción 520 del 25 de septiembre de 1.998 y la Resolución 900019 del 30 de marzo de 1999 que la confirmó, actos por medio de los cuales la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Cali, impuso sanción por errores en la información en medios magnéticos a la sociedad demandante.

Antecedentes

Por medio del Pliego de Cargos 78-48 del 6 de marzo de 1.998, la División de Fiscalización de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Cali, propuso imponer la sanción por “información suministrada en forma errónea” a cargo de la sociedad Palmas Oleaginosas Salamanca S.A. por concepto del impuesto de renta, año gravable de 1.995, determinada teniendo como base el valor de la información exigida y suministrada en forma errónea, la suma de $ 8.542.775.000 a la tarifa del 3% para un total a pagar de $ 256.283.250, pero toda vez que para dicho año gravable la sanción máxima era de $ 113.800.000, la sanción se determinó en dicha suma.

El 17 de abril de 1998, respondió el pliego de cargos alegando violación al debido proceso, indebida aplicación de sanciones, falta de motivación del pliego de cargos por no informar en que consistía el error cometido en el envío de la información y que la Administración no dio a conocer al demandante, la existencia de inconsistencias en la información enviada.

A través de la Resolución 520 del 25 de septiembre de 1998 la división de liquidación de la misma administración impuso a la mencionada sociedad sanción en la suma de $ 113.800.000, (sanción máxima) señalando: “… NOTA: los campos definidos como numéricos no permiten grabar caracteres especiales tales como puntos (.), comas (,) signos pesos ($), etc.”.

Interpuesto el recurso de reconsideración, éste fue resuelto a través de la Resolución 900019 del 30 de marzo de 1999, confirmando la resolución recurrida, agotando de ésta forma la vía gubernativa.

(...).

Consideraciones de la sección

El debate planteado en la segunda instancia se contrae básicamente a determinar si la sanción que se le impuso a la sociedad actora por enviar información en medios magnéticos con errores en su contenido, es o no procedente.

La sanción por no enviar información de que trata el artículo 651 del estatuto tributario se genera en cuatro hipótesis, a saber: 1) Cuando las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria no suministren la información solicitada, 2) Cuando la suministren extemporáneamente, 3) Cuando la suministre con errores en su contenido, 4) Cuando la información suministrada no corresponda a lo solicitado.

Según los antecedentes de la actuación, la sanción en el presente caso se impuso con base en la tercera conducta, toda vez que el contenido de la información presentada por la sociedad actora registraba errores consistentes en la colocación de puntos en las cifras informadas con la finalidad de separar decenas, centenas, miles o millones.

Frente a la imposición de la sanción, anota la Sala que la Sentencia C-160 de 1998 la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de las expresiones demandadas del artículo 651 del estatuto tributario (relativas a los errores en el suministro de las informaciones) a que “los errores generaran daño”, precisando al efecto que “no todo error cometido en la información que se remite a la administración puede generar las sanciones consagradas en la norma acusada”, que los errores “requieren ser analizados y evaluados por la administración, antes de imponer la correspondiente sanción” y que “la Administración está obligada a demostrar que el error lesiona sus intereses o los de un tercero”, por lo que al respecto destacó: “los errores que, a pesar de haberse consignado en la información suministrada, no perjudiquen los intereses de la Administración, no pueden ser sancionados”. Y en el caso de autos, en torno a este aspecto se destaca que la entidad demandada y apelante manifestó en el pliego de cargos:

“…la suscrita Jefe de la división para control y penalización tributaria de esta administración, en uso de las facultades otorgadas por los artículos 684 y 688 del estatuto tributario, artículos 6º, 25 al 28 del Decreto 1693 de 1997 y artículo 45 del Decreto 1725 de 1997, procede a formular el siguiente pliego de cargos en desarrollo del Programa Informantes Inexactos año gravable 1995, de acuerdo a las Normas antes mencionadas, estableciendo los siguientes hechos sancionables:

“(x) Información exigida según lo dispuesto por la Resolución 138 de diciembre de 1997, artículo 631 del estatuto tributario y suministrada en forma errónea” (fl. 49 exp.).

En la explicación sumaria de la Resolución sanción 520 del 25 de septiembre de 1998 se fundamentó la sanción así:

“En cuanto al error de sintaxis que es el caso en cuestión, me permito transcribir la parte pertinente del artículo 3º de la Resolución 2808 de diciembre 22 de 1993, que dice:

“…

“NOTA: los campos definidos como numéricos no deben permitir grabar caracteres especiales tales como punto (.) comas (,) signo pesos ($) etc”.

“El artículo 651 del estatuto tributario en su contenido no hace referencia a que tipo de error se aplicará la sanción, sino que simplemente habla de error en su presentación, de lo cual puede inferirse que en ella se encuentran contemplado cualquier tipo de error.

“…

“Ahora bien, el artículo 2º de la Resolución 2004 del 31 de octubre de 1997 literal c) expresa:

“c) si la información reportada por las personas o entidades obligadas a reportarla, presentan errores en más de un 30% generará para el informante una sanción del (3%) sobre el monto de los registros errados”.

“De acuerdo con el listado que reposa en el expediente el valor de los registros errados suman $ 6.959.934.000, que al aplicar la tarifa del 3% resulta como sanción la suma de $ 208.798.020, la cual se limita al tope existente máximo legal de $ 113.800.000.oo de conformidad con los artículos 651 del estatuto tributario y artículo 1º del Decreto 2324 del 29 de diciembre de 1995 y teniendo en cuenta que el contribuyente subsanó los errores, pero no acreditó el pago o acuerdo de pago de la sanción reducida.

“Mediante oficio 72260 de septiembre 15 de 1998 el doctor Andrés Hernández Jiménez jefe del grupo de información exógena subdirección de fiscalización para el control y penalización tributaria, manifiesta que la información presentada por el contribuyente de la referencia puede tomarse como aceptada”. (fls. 39 y 40, exp).

A folio 65 del cuaderno 2 de antecedentes figura el oficio 72260 del 15 de septiembre de 1998, suscrito por el jefe de grupo información exógena de la subdirección de fiscalización para el control y penalización tributaria y dirigido a la jefe de la división de liquidación de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Cali, donde se anota:

“Para lo de su competencia me permito informarle el resultado de la validación de la corrección a la información año gravable 1995 del contribuyente Palmas Oleaginosas Salamanca S.A. NIT: 800.037.792 y el listado indica que se encontraron los siguientes errores:

“Se rechazó un (1) registro de un total de ochenta y siete (87) ya que el primer valor informado presenta error de sintaxis, sin embargo dado que los errores no son representativos con volumen total procesado, la información puede tomarse como aceptada”.

La información fue corregida antes de la imposición de la sanción, mediante escrito de respuesta al pliego de cargos, radicado ante la DIAN con 8367 del 17 de abril de 1998 (fl. 67, exp.), información que fue validada y aceptada por el grupo de información exógena de la subdirección de fiscalización mediante oficio 72260 del 15 de septiembre de 1988. (fl. 65, exp.)

Para la Sala conforme a lo establecido en el artículo 651 del estatuto tributario, los hechos constitutivos de la infracción tributaria se concretan en no suministrar la información, informar extemporáneamente y/o suministrar información cuyo “contenido” presente errores, teniendo en cuenta que tales hechos deben recaer sobre la información que debe ser suministrada por quien tiene el deber de informar, y no sobre una información diferente (1) .

Conforme al artículo 631 del estatuto tributario se debe partir del presupuesto de que las informaciones solicitadas tienen como finalidad efectuar los estudios y cruces de información para el debido control de los tributos.

Precisado lo anterior, se observa que en el caso de autos la sanción discutida fue impuesta por errores “de forma” en la información, relativos a errores de sintaxis consistentes en la inclusión de caracteres especiales tales como punto, coma, etc.

Igualmente se observa que desde la respuesta al pliego de cargos la sociedad se opuso a la sanción y envió en medio magnético la información corregida.

Teniendo en cuenta lo anterior se advierte que en el caso los mencionados errores en que incurrió la actora, que a la postre corrigió, no pueden entenderse como conducta sancionable, pues como ya se dijo, el legislador se refirió expresamente a los errores de contenido.

En cuanto a la lesión o daño a la administración, se advierte que en la Sentencia C-160 de 1998 la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de las expresiones demandadas del artículo 651 del estatuto tributario (relativas a los errores en el suministro de las informaciones) a que “los errores generaran daño”, circunstancia no alegada por la administración.

Finalmente, la Sala anota que el pliego de cargos es un acto de trámite que no pone fin a una actuación administrativa, razón por la cual no es susceptible de control jurisdiccional, y toda vez que el a quo declaró su nulidad, habrá de revocar el numeral 2º de la sentencia apelada, declarándose inhibida la Sala para pronunciarse al respecto.

En lo demás, a Sala confirmará la sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE el numeral segundo de la sentencia apelada y en su lugar, se declara inhibida la Sala para estudiar la solicitud de nulidad del pliego de cargos 78-48 del 6 de marzo de 1998, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. CONFÍRMASE la sentencia apelada en todo lo demás.

3. RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la entidad demandada a la doctora Nidia Amparo Pabón Pérez., de conformidad con el poder que obra al folio 172 del cuaderno principal.

Cópiese, Notifíquese, Comuníquese y Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase».

(1) En este sentido se pronunció la Sala en las sentencias de mayo 12 de 2000, Expediente 9934, C.P. Delio Gómez Leyva y de setiembre 15 de 2000, Expediente 10497, C.P. Daniel Manrique Guzmán.

_________________________________________