Sentencia 1595-01 de octubre 1º de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 25000 2326 000 2004 01595 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Martha Luz Antonia Ospina Bozzi.

Bogotá, D.C., primero de octubre de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «V. Las consideraciones de la Sala

Pretende la accionante la protección de sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, de petición, al trabajo en condiciones dignas y a la seguridad social, los cuales considera vulnerados por el reiterado incumplimiento de las entidades demandadas a las obligaciones constitucionales y legales relacionadas con el traslado de sus cesantías al Fondo Nacional de Ahorro, FNA, según los hechos a que se hizo referencia en el primer acápite de este proveído, por lo que solicitó que se ordenara a las demandadas adoptar las medidas tendientes a hacer efectiva su afiliación al citado fondo, así como efectuar ante el mismo el giro y la consignación de las cesantías causadas hasta la fecha y las que se causen en el futuro.

Sea lo primero observar que, contrario a lo afirmado por las entidades demandadas en sus escritos de contestación a la presente acción, en el sub lite sí resulta procedente la acción de tutela, como quiera que la accionante no pretende el reconocimiento y pago de una acreencia o prestación de carácter laboral, propósito para el cual esa vía es abiertamente improcedente como lo ha señalado tanto la Corte Constitucional como esta corporación en reiterada jurisprudencia, sino que se le respondan en forma clara y concreta unas peticiones y se adopte una solución en relación con su caso.

En ese orden de ideas, la Sala coincide con el tribunal a quo cuando afirma en el fallo impugnado que la accionante carece para el efecto de mecanismo alguno de defensa judicial, como quiera que no existe título alguno en virtud del cual pueda intentar la acción ejecutiva de carácter laboral o alguna acción ordinaria de esa misma estirpe, habida cuenta de que, como ya se dijo, a través de esta acción no pretende la satisfacción de ninguna prestación de carácter económico.

Ahora bien, una vez cotejada la solicitud de tutela con los escritos de contestación a la misma, así como con los documentos allegados por las partes, la Sala observa que, como con acierto lo señaló el tribunal a quo en el fallo impugnado, en el asunto sub examine aparece claramente vulnerado el derecho de petición de la accionante por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como quiera que el mismo no ha dado respuesta a la solicitud que la reclamante, junto con otros miembros de la unidad de trabajo legislativo del Senador Antonio Navarro Wolf, le formularon el 4 de noviembre de 2003, con el fin de que les explicaran las razones por las cuales esa cartera no ha efectuado las cotizaciones de ley sobre sus cesantías con destino al Fondo Nacional de Ahorro, FNA, entidad a la que decidieron trasladar sus aportes por ese concepto desde febrero o marzo del mismo año, así como la fecha en que la entidad preveía hacerlo, teniendo en cuenta que la ley señala como plazo para ello el mes de enero del año en curso.

Su petición tenía como fundamento, según se lee en la copia que de la misma obra a folio 13, conocer las razones de la demora en efectuar el traslado de sus cesantías al FNA, habida cuenta que esa omisión perjudica a los interesados para efectos de puntaje en caso de solicitar créditos ante el fondo, pese a lo cual el ministerio demandado nunca les respondió, por lo que resultaba procedente conceder el amparo del derecho de petición de la trabajadora y, por haber presentado la solicitud en forma conjunta, de los demás peticionarios, como lo hizo el tribunal en la decisión de primer grado, razón por la cual la misma será confirmada en ese sentido.

Además de lo anterior, para la Sala es claro que ha habido una omisión injustificada por parte de la dirección general del Senado de la República en remitir oportunamente a la dirección general del Presupuesto Nacional la información que le solicitó el subdirector general del Estado mediante el oficio 2465 del 4 de abril de 2003, reiterado con oficio del 29 de julio del año en curso, al día siguiente de que le fuera notificada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la existencia de la presente acción, con el fin de que la aludida dependencia de presupuesto pudiera programar el traslado de cesantías de los funcionarios del Congreso al FNA, razón por la cual considera también acertada la decisión del a quo en cuanto ordenó al Senado enviar esos datos al ministerio para que este, a su vez, solucione la petición de la actora.

Al respecto encuentra la Sala que pese a que mediante comunicación del 12 de agosto del año en curso la directora administrativa del Senado cumplió con lo ordenado por el a quo, toda vez que ya remitió al subdirector de la administración general del Estado del ministerio demandado el listado de senadores y funcionarios que solicitaron afiliación al FNA, el fallo impugnado no puede ser revocado en cuanto al Senado se refiere, como quiera que al momento en que se adoptó esa decisión dicha entidad estaba vulnerando el derecho de la accionante de recibir no solo una respuesta a su petición, sino de que la misma fuera efectiva para solucionar su problemática, garantía que también hace parte del derecho de petición, razón por la cual la sentencia de primera instancia también debe confirmarse en cuanto a ese punto se refiere.

Ahora bien, en lo que respecta a la orden impartida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que, dentro de los dos meses siguientes al recibo de la información a la que se hizo alusión en el párrafo anterior, realice las gestiones necesarias tendientes a que los dineros correspondientes a las cesantías de la accionante se entreguen al FNA, la Sala la modificará en el sentido de disponer que esa cartera proceda a ello previo recibo del respectivo anteproyecto de presupuesto para la próxima vigencia fiscal, en el cual se incluyan los requerimientos de recursos para el efecto por parte del Senado de la República, todo ello dentro de los términos y los parámetros previstos en las normas que rigen el presupuesto general de la Nación.

En concordancia con lo anterior, se ordenará así mismo al Senado de la República que dentro de los términos y parámetros antes referidos, incluya dentro del anteproyecto de presupuesto para la próxima vigencia fiscal los requerimientos de recursos tendientes a efectuar el traslado de cesantías a que se ha venido haciendo alusión, sentido en el que se adicionará el fallo impugnado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMANSE los ordinales primero, segundo, cuarto y quinto de la sentencia impugnada.

2. MODIFÍCASE y ADICIÓNASE el numeral tercero de esa decisión, el cual quedará así:

Tercero: Se ordena al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, dentro de los términos y los parámetros previstos en las normas que rigen el Presupuesto General de la Nación y una vez reciba la información a la que se refiere el ordinal segundo de esta decisión, realice las gestiones necesarias tendientes a que los dineros generados a favor de la accionante por concepto de cesantías, desde la fecha en que se afilió al Fondo Nacional de Ahorro, sean trasladados a esa entidad, así como los que se causen en el futuro por ese mismo concepto, a lo cual deberá proceder esa cartera previo recibo del respectivo anteproyecto de presupuesto para la próxima vigencia fiscal, en el cual se incluyan los requerimientos de recursos para el efecto por parte del Senado de la República, entidad esta a la que se ordena incluir tales requerimientos dentro del referido anteproyecto, así mismo, dentro de los términos y parámetros antes aludidos.

3. Por secretaría, envíese copia de esta decisión al tribunal de origen y, dentro del término de ley, envíese a la Corte Constitucional para que se surta la eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 1º de octubre de 2004».

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