Sentencia 15953 de octubre 10 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación 25000-23-27-000-2003-00292-01

Número interno 15953

Consejero Ponente:

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Antonio José López Domínguez contra la DIAN

Fallo

Bogotá, D.C., diez de octubre de dos mil siete.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia de 25 de enero de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió a las súplicas de la demanda, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos por los cuales la DIAN impuso al actor sanción por no enviar información en medios magnéticos del año 1999.

Antecedentes

Por Resolución 1975 de 1999 Antonio José López Domínguez debía presentar información en medios magnéticos ese año.

Mediante pliego de cargos notificado el 25 de septiembre de 2001, la oficina de fiscalización de la DIAN propuso imponerle sanción por no enviar información por $ 199.400.000. En respuesta, el actor se acogió a la sanción reducida, para lo cual entregó la información, que fue validada por la DIAN, y solicitó un plazo de sesenta días para cancelar $ 18.240.000, teniendo en cuenta que la máxima sanción permitida era $ 182.400.000.

El 8 de marzo de 2002 el actor solicitó a la oficina de cobranzas que le otorgara facilidad de pago por $18.240.000.

Por Resolución 320642002000211 de 14 de marzo de 2002, notificada el 26 del mismo mes, la DIAN impuso al contribuyente sanción por $ 182.400.000 y negó la sanción reducida, porque, según informe de cobranzas, hasta el 25 de febrero de 2002 este no había solicitado facilidad de pago.

El 14 de mayo de 2002 el actor envió recibo de pago por $ 12.240.000 y manifestó que quedaba un saldo de $ 6.000.000, el cual sería cancelado el 8 de junio del mismo año.

Por Resolución 320662002000008 de 30 de octubre de 2002, la administración confirmó en reconsideración la decisión recurrida, por cuanto el actor no allegó el acto administrativo en el que se le otorgó la facilidad de pago.

Mediante Oficio 025343 de 23 de octubre de 2002, la división de cobranzas le informó al contribuyente que no daría trámite a la solicitud de facilidad de pago, porque no cumplió los requisitos exigidos en la Orden Administrativa 005 de 23 mayo de 2001, antes de que se profiriera la resolución sanción.

El 7 de noviembre de 2002 el actor anexó recibo oficial de pago por $ 6.000.000.

La demanda

Antonio José López Domínguez solicitó la nulidad del pliego de cargos y de las resoluciones mediante las cuales la DIAN le impuso sanción por no enviar información. A título de restablecimiento del derecho pidió que se declare que solo está obligado a pagar la suma de $ 18.240.000, equivalente al 10% de la sanción máxima.

Invocó como normas vulneradas los artículos 23, 29 y 209 de la Constitución Política; 683, 742 y 744 del estatuto tributario y 2º, 9º, 11, 12, 31, 33 y 35 del Código Contencioso Administrativo, cuyo concepto de violación desarrolló así:

La administración impuso la máxima sanción y negó la reducción de la misma, sin tener en cuenta que en la respuesta al pliego de cargos, el actor entregó la información y solicitó facilidad de pago, que formalizó el 8 de marzo de 2002, con el cumplimiento de todos los requisitos, que fueron conocidos por la DIAN antes de imponer la sanción.

La DIAN debió dar trámite a la solicitud de facilidad de pago, formulada en la respuesta al pliego de cargos. Sin embargo, al imponer la sanción negó que existía dicha petición, la cual fue ratificada el 8 de marzo de 2002, cuando aún no había proferido el acto sancionatorio.

Si la administración consideraba que no podía dar trámite a la solicitud de reducción de la sanción porque estaba incompleta, debió advertirlo al actor, como lo ordena el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo. Además, no hubo coordinación entre las distintas dependencias de la DIAN.

La demandada dejó de aplicar el artículo 651 del estatuto tributario, pues este señala que para que proceda la sanción reducida al 10%, el contribuyente debe demostrar el pago o el acuerdo de pago antes de que se notifique la resolución que impone la sanción. Sin embargo, consideró que los requisitos se debían acreditar antes del vencimiento del término para contestar el pliego de cargos.

De otra parte, ocho meses después de solicitada, la administración resolvió no dar trámite a la facilidad sin tener en cuenta los principios de economía, celeridad, eficiencia e imparcialidad y sin constatar que dicha petición había sido efectuada antes de que profiriera la sanción.

Contestación de la demanda

La demandada solicitó reconocer ajustada a derecho la actuación administrativa y al efecto expuso:

El actor incurrió en la conducta del artículo 651 del estatuto tributario, porque no envió información en medios magnéticos, cuando por disposición legal estaba obligado para ello.

Para que proceda la reducción de la sanción es necesario que el contribuyente presente solicitud expresa e impulse el trámite de la petición.

Cuando la sanción se impone en resolución independiente, el contribuyente debe acreditar los requisitos en el término de un mes. Luego, frente a la petición de plazo de sesenta días para hacer el pago, la administración solo debía expedir la resolución sanción, pues, es distinta de la facilidad o acuerdo de pago otorgada. Además, la solicitud de pago fue extemporánea, pues, cuando la oficina de cobranzas conoció el oficio de 8 de marzo de 2002, ya se había proferido la resolución sanción.

El no envío de información por parte del contribuyente causó daño a la administración, dado que, la extemporaneidad en la entrega impidió que pudiera cumplir sus funciones de fiscalización.

La sentencia apelada

El tribunal se declaró inhibido respecto a la nulidad del pliego de cargos porque no es un acto definitivo y accedió a las súplicas de la demanda por las siguientes razones:

El actor cumplió los requisitos del artículo 651 del estatuto tributario para acogerse a la sanción reducida, por cuanto, suministró la información y antes de que la DIAN impusiera la sanción, solicitó la facilidad de pago. Además, canceló el monto de la sanción reducida, según los recibos que existen en el expediente.

Recurso de apelación

La demandada solicitó que se revoque la sentencia por los motivos que se resumen así:

El actor contestó el pliego de cargos dentro de la oportunidad legal, subsanó la omisión y solicitó un plazo de sesenta días para el pago de la sanción. Sin embargo, dicha petición no implica que se haya cumplido el requisito de pago o acuerdo de pago previsto en el artículo 651 del estatuto tributario, pues, era necesario que la administración hubiera proferido el acto mediante el cual concedía el acuerdo.

La solicitud formal de facilidad de pago fue presentada por el actor cuatro meses después de haber vencido el plazo del artículo 651 del estatuto tributario para acogerse a la reducción de la sanción, con los requisitos que señala el artículo 814 del estatuto tributario.

El pago de la sanción reducida solo se acreditó siete meses después de haber vencido el plazo dado en el pliego de cargos y dos meses después de haberse impuesto la sanción.

Alegatos de conclusión

La actora alegó de conclusión en los siguientes términos:

La administración debió reducir la sanción del artículo 651 del estatuto tributario al 10%, pues, está probado que antes de la notificación de la resolución que impuso la sanción, se habían cumplido los requisitos que señala la norma.

La DIAN no atendió oportunamente la solicitud de facilidad de pago, hecho que no puede imputarse al contribuyente bajo el argumento de que es a este a quien le corresponde impulsar la petición; además, se demostró el pago de la sanción reducida antes de ser resuelto el recurso de reconsideración, es decir, antes de que se decidiera de fondo el asunto.

La demandada reiteró que la sanción plena impuesta al contribuyente es procedente, porque para acceder al beneficio de la sanción reducida, es necesario que se acredite, dentro del plazo para contestar el pliego de cargos, el cumplimiento de los requisitos del artículo 651 del estatuto tributario. Como el actor no aportó la constancia de pago o el acto administrativo mediante el cual se le aceptó la facilidad de pago, no tenía derecho a la sanción reducida.

El Ministerio Público no emitió concepto.

Consideraciones

En los términos de la apelación la Sala precisa si se ajustaron a derecho los actos por los cuales la DIAN impuso al actor sanción plena por no enviar información de 1999 y le negó la reducción de la sanción al 10% de la misma. Para el efecto, analiza si debe entenderse cumplido el requisito del pago de la sanción reducida.

El literal a) del artículo 651 del estatuto tributario prevé que serán sancionados con multa hasta de $ 182.400.000 (Decreto 2649 de 1998 vigente para el año 1999), quienes no suministren información dentro del plazo establecido para ello, o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, según los siguientes criterios:

1. Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo extemporáneamente.

2. Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

De otra parte, conforme al artículo 651 del estatuto tributario, la sanción por no enviar información puede ser objeto de reducción al 10% de la misma, si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción, o al 20%, si la información es corregida dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción.

Para tener derecho al beneficio en comentario, es necesario que el obligado presente un escrito de aceptación de la sanción reducida, en el cual acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.

En este caso, se encuentran probados los siguientes hechos:

La división de fiscalización tributaria de la administración de personas naturales profirió al actor pliego de cargos, en el que propuso sancionarlo por no informar por el año 1999. Dicho acto se notificó el 25 de septiembre de 2001 (fl. 7 c.a.).

En respuesta de 26 de octubre de 2001, radicada ante la división de liquidación, el actor se acogió a la sanción reducida, subsanó la omisión y solicitó plazo de sesenta días para pagar el monto de la misma ($ 18.240.000) (fl. 12 c.a.). La información fue validada por la DIAN (fls. 39 a 47 c.a.).

El 8 de marzo de 2002 el contribuyente solicitó ante la división de cobranzas facilidad de pago de la sanción reducida (fls. 30 a 36, 75 y 76 c.a.).

El 22 de marzo de 2002 la DIAN notificó al actor la resolución que impuso la sanción plena y negó la reducción de la sanción, porque hasta el 25 de febrero de 2002 no había solicitado facilidad de pago (fls. 19 a 25, c.a.).

En escrito de 14 de mayo de 2002 el demandante aportó recibo oficial de pago por $ 12.240.000, correspondientes a las cuotas de abril y mayo de 2002, y manifestó que quedaban pendientes $ 6.000.000 que cancelaría en junio del mismo año. En dicho documento consta que tales pagos los hace “De acuerdo con lo convenido con la doctora Yaquelín (sic) Castillo”. Esta comunicación tiene constancia de recibido de la citada funcionaria de cobranzas (fls. 28 y 29 c.a.).

El 23 de octubre de 2002 la división de cobranzas, mediante memorial suscrito por Jacqueline Castillo, le comunicó al demandante que no dio trámite a la facilidad, porque la solicitud no cumplió los requisitos de la Orden Administrativa 05 de 2001, antes de haberse proferido la resolución sanción por parte de la división de liquidación (fl. 63 c.a.).

El 7 de noviembre de 2002 el contribuyente aportó a la división de cobranzas el recibo oficial de pago por $ 6.000.000, correspondiente al saldo de la sanción reducida (fls. 82 y 83, cdno. ppal.).

En el asunto en estudio, el actor cumplió con los requisitos para acogerse a la sanción reducida del 10% de la plena, antes de que la administración le notificara la resolución mediante la cual le impuso la sanción. Lo anterior, porque en la respuesta al pliego de cargos aportó la información solicitada, aceptó la sanción reducida y solicitó facilidad para el pago de $ 18.240.000, la cual debió ser tramitada de inmediato por la administración, pues, pedir plazo para el pago equivale a acuerdo de pago.

En consecuencia, la DIAN en cumplimiento de los artículos 11, 12 y 33 del Código Contencioso Administrativo, debió remitir la solicitud a la oficina competente y esta advertir al actor qué documentos le hacían falta para tramitarla.

De todos modos, ante la falta de respuesta a su petición de plazo para el pago de la sanción reducida, el demandante hizo una nueva solicitud de facilidad de pago el 8 de marzo de 2002, cuando todavía no se le había notificado la resolución sanción.

Y, entendió, que, según lo conversado con la funcionaria de cobranzas, la administración le había dado la facilidad, por lo cual el 14 de mayo de 2002, anexó el recibo de pago de las cuotas de abril y mayo de ese año, quedándole un saldo de $ 6.000.000, que finalmente también canceló.

Además de que la DIAN no dio trámite a la petición de facilidad de pago inicialmente formulada en la respuesta al pliego de cargos, tampoco tuvo en cuenta que el 8 de marzo de 2002 el actor había insistido en su solicitud y profirió la sanción sin advertir tal circunstancia, lo que pone en evidencia la total falta de coordinación en dicha entidad.

A su vez, el demandante actuó de buena fe al cancelar las cuotas de la facilidad que entendió concedida, pues, solo ocho meses después de haber insistido en la facilidad, se le informó que la misma no había sido tramitada.

Dado que se encuentra probado que el actor pagó efectivamente el monto de la sanción reducida ($ 18.240.000) y que actuó de buena fe, mientras que la administración fue negligente, en aplicación del artículo 228 de la Constitución Política, que da prevalencia al derecho sustancial sobre los aspectos formales, se tendrá por satisfecho el requisito del pago de la aludida sanción.

En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 25 de enero de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de Antonio José López Domínguez contra la DIAN.

2. RECONÓCESE personería al abogado Hermes Ariza Vargas, como apoderado de la DIAN.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Magistrados: Juan Ángel Palacio Hincapié, Presidente—María Inés Ortiz Barbosa—Ligia López Díaz, ausente—Héctor J. Romero Díaz.

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