Sentencia 15964 de noviembre 8 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 25000232700020030043701 (15964)

Consejera Ponente:

Dr. María Inés Ortiz Barbosa

Actor: Dow Química de Colombia S.A.

Ref.: Apelación de la sentencia del 8 de febrero de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter fiscal.

Fallo

Bogotá D.C., noviembre ocho de dos mil siete.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 8 de febrero de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que denegó las súplicas de la demanda.

Antecedentes

La sociedad presentó declaración de renta y complementarios del año gravable de 1998, el 20 de abril de 1999 en la que determinó un saldo a favor de $ 1.313.773.000.

El 27 de agosto de 1999 solicitó su devolución, reconocida mediante la Resolución 261 de septiembre 10 de 1999 por la división de recaudación de la Administración de Impuestos Nacionales de Grandes Contribuyentes de Bogotá.

El 26 de julio de 2001 se expidió el Requerimiento Especial 310632001000211, para proponer la modificación del denuncio rentístico mencionado, al rechazarle la deducción por concepto de intereses en cuantía de $ 111.611.951 y por regalías de $ 406.698.000.

Previa respuesta al acto mencionado, se profirió la liquidación oficial de revisión 310642002000006 de marzo 15 de 2002, que limitó el rechazo de la deducción de intereses a $ 20.247.663 y se confirmó lo relacionado con regalías.

El 16 de mayo de 2002 interpuso recurso de reconsideración, decidido mediante la Resolución 310662002000058 de noviembre 28 de 2002, en el sentido de confirmar el acto oficial.

La demanda

La actora demandó en acción de nulidad y restablecimiento del derecho la actuación administrativa compuesta por la liquidación oficial de revisión y la resolución que la confirmó, para que sean declaradas nulas y como restablecimiento del derecho se reconozca la deducción por regalías de $ 406.698.000, además de condenar en costas a la demandada.

Invocó como disposiciones violadas los artículos 26.107, 702, 703, 707 y 720 del estatuto tributario; 29 y 95 numeral 9º de la Constitución Política.

La aplicación de las sentencias de la Corte Constitucional por regla general del artículo 45 de la Ley 270 de 1996 es hacía el futuro, la excepción es cuando dispone que tenga efectos ex tunc, para la efectividad de los derechos fundamentales como el acceso a la justicia reconocido en el artículo 229 de la Carta Política, evento en que debe aplicarse desde la expedición del acto del legislador declarado contrario al ordenamiento superior.

En los actos acusados cuyo antecedente es el requerimiento especial de julio 26 de 2001, se infringió por falta de aplicación la Sentencia C-1714 de diciembre 12 de 2000, que declaró inexequible el artículo 540 del estatuto tributario, al apoyar el desconocimiento de las regalías en un texto legal retirado de la normatividad.

Lo anterior desconoció el artículo 703 ib. porque el requerimiento especial previo al acto de revisión, inicia el proceso o abre la primera instancia de determinación.

De ahí que no se debe tomar en cuenta la presentación de la declaración tributaria, pues es el cumplimiento de un deber formal o de colaboración, al paso que los artículos 707 y 720 determinan la facultad de impugnar dentro del proceso iniciado con el requerimiento especial o de recurrir la liquidación de revisión.

Si en el caso, el proceso de determinación se inició el 26 de julio de 2001, el acto definitivo de revisión ha debido dar por inexistente el artículo 540 del estatuto tributario, al ser declarado inconstitucional el 12 de diciembre de 2000.

Por tanto, al no ser exigible el pago del impuesto de timbre relacionado con el contrato de regalías para el reconocimiento de la respectiva deducción, se transgredieron los artículos 26 y 107 ib., que ordenan reconocer tal expensa.

La oposición

La Dian se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

La sociedad actora registró en la contabilidad en la cuenta PUC 539595 “Otros gastos no operacionales”, durante los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 1998, el valor de $ 406.698.000, solicitado en la declaración de renta del año gravable de 1998 en el renglón 48 CX “Otras deducciones”, por concepto de regalías pagadas a The Dow Chemical Company, en desarrollo del contrato celebrado entre esta última sociedad bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, y Dow Química de Colombia S.A., constituida bajo las leyes de Colombia.

De su contenido se estableció que a pesar de ser de cuantía indeterminada era determinable al finalizar su ejecución, lo que conduce al pago del impuesto de timbre de conformidad con lo dispuesto en el artículo 519 del estatuto tributario, con la modificación introducida por los artículos 35 y 36 de la Ley 383 de 1997, vigente para la época.

La revisión realizada a la cuenta PUC 236565 “Pasivo cuentas por pagar retención en la fuente impuesto de timbre”, evidenció que la sociedad no contabilizó el tributo por dicho contrato y por consiguiente no fue cancelado, hecho aceptado por la contribuyente, para lo cual corrigió las declaraciones de retención en la fuente de septiembre y diciembre de 1998, en las que sostuvo que incluyó el valor del impuesto sobre las regalías pagadas y anexó los recibos de pago de sanción e intereses.

Las declaraciones privadas de retención se corrigieron ante la red bancaria el 29 de mayo de 2001, con el aumento de la retención en la fuente a título de impuesto de timbre nacional en $ 940.000 [sep./98], y por $ 775.000 [dic./98] por el mismo concepto.

Tales declaraciones se dieron por no presentadas mediante los autos 900004 y 900005 de junio 8 de 2001, al haberse presentado por fuera del término concedido en el artículo 588 del estatuto tributario.

En la liquidación oficial se concluyó que ante el hecho de haberse dado por no presentadas las declaraciones, no existía un mayor impuesto de timbre declarado y por tanto, era inaceptable la deducción por pago de regalías de $ 406.698.432, máxime que el impuesto de timbre generado por los meses de marzo, junio y julio de 1998 no fue liquidado ni cancelado.

El texto del artículo 540 del estatuto tributario era aplicable para el año gravable de 1998 al encontrarse vigente, en la medida en que la sentencia de la Corte Constitucional C-1714 de diciembre 12 de 2000, que lo declaró inexequible tiene efectos hacía el futuro [L. 279/96, art. 45].

La disposición en comento supedita la admisión de los documentos o actuaciones relacionadas con el impuesto de timbre al pago del mismo, por lo que no pueden ser tenidos como prueba por la autoridad pública, mientras no se haya cancelado su valor.

Los artículos 516, 519, 539-1 y 539-2 del estatuto tributario en concordancia con el artículo 23 del Decreto 2064 de 1992, contemplan que la prueba para demostrar el pago del impuesto de timbre lo constituye no solo las declaraciones tributarias de retención en la fuente, sino el certificado expedido con el mismo fin o la certificación expedida por el retenedor con la firma del revisor fiscal o el contador.

En el caso se demostró que la sociedad no anexó certificado de revisor fiscal o contador con la información que debe suministrar el retenido, pues era imposible certificar lo que no se encontraba soportado ni registrado en la contabilidad, de ahí que no resulte procedente la deducción.

La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, mediante sentencia de febrero 8 de 2006, negó las súplicas de la demanda. Las razones de la decisión fueron:

Las sentencia de la Corte Constitucional dictada en ejercicio del control que le corresponde hace tránsito a cosa juzgada erga omnes, tiene efecto hacia el futuro a menos que resuelva lo contrario, según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, declarado exequible con la Sentencia C-037, al efectuar la revisión del proyecto de Ley 58 de 1994 Senado y 264 de 1995 Cámara, “Estatutaria de la administración de justicia”.

El artículo 540 del estatuto tributario fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1714 de diciembre 12 de 2000, con efectos hacia el futuro, en tanto no se señaló lo contrario.

En el sub examine Dow Química de Colombia S.A. celebró contrato de licencia de tecnología con la sociedad extranjera The Dow Chemical Company, con efectividad el 1º de enero de 1998 —en vigencia del artículo 540 del estatuto tributario— por tanto al haberse realizado el hecho generador del impuesto de timbre de que trata el artículo 519 del estatuto tributario, el agente de retención debía realizar la correspondiente retención a título de impuesto, así como declarar y pagar en el formulario de retención en la fuente, el tributo causado en el respectivo mes, en los plazos señalados por el Gobierno Nacional.

La actora corrigió las declaraciones de retención de los meses de septiembre y diciembre de 1998, con el fin de incluir el impuesto de timbre causado en el referido contrato. Sin embargo, la administración mediante los autos declarativos 900004 y 900005 de junio 8 de 2001, las tuvo como no presentadas, por haberse presentado por fuera del término que concede el artículo 588 del estatuto tributario, por lo que no se demostró el pago de dicho gravamen.

En virtud de lo anterior, no es procedente aceptar como deducción por el pago de regalías la suma de $ 406.698.432, solicitada en la declaración de renta del año gravable de 1998, al encontrarse vigente el artículo 540 del estatuto tributario, que establecía que ningún documento debía ser tenido como prueba mientras no se pagara el impuesto de timbre, sin que obre ningún tipo de prueba que lo demuestre.

El recurso de apelación

Inconforme con lo decidido en primera instancia, la sociedad demandante manifestó:

Se vulnera el derecho fundamental al debido proceso y acceso a la justicia al exigirse el impuesto de timbre del contrato de regalías, en cuya expensa incurrió y que los actos demandados se niegan a retirar de la base gravable, posteriores a la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 540 del estatuto tributario por la Sentencia C-1714 de 2000.

En el caso en estudio no se está ante una situación constituida y consolidada con anterioridad al fallo mencionado, de donde se extrae que no era aplicable la disposición legal [art. 540], y menos en los actos liquidatorios posteriores al 12 de diciembre de 2000.

Además se considera que por el contrato que originó el gasto rechazado se pagó el impuesto de timbre pero por la inexequibilidad del artículo 540 se le niega todos los efectos, lo que infringe los artículos 26 y 107 del ordenamiento fiscal.

Alegatos de conclusión

La parte demandante reiteró lo dicho en la apelación.

La parte demandada retomó los argumentos aducidos a lo largo del proceso.

Concepto del Ministerio Público

La Procuradora Sexta Delegada ante la corporación estimó que debía revocarse la sentencia, y en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. Fundamentó su concepto así:

El artículo 540 del estatuto tributario disponía que ningún documento se tendría como prueba mientras no se cancelara el impuesto de timbre, norma declarada inexequible mediante la Sentencia C-1714 de 2000.

Debe tenerse en cuenta la connotación del mecanismo de recaudo de dicho impuesto a título de “sanción tributaria” esgrimida en el fallo de inexequibilidad, de donde se infiere que si al hecho del no pago del impuesto de timbre se le diera el alcance de desconocer deducciones, ello equivaldría a una sanción no prevista en materia tributaria y menos en el precepto mencionado.

No podría afirmarse que por el hecho de haberse incurrido en el no pago en vigencia de la norma, los efectos probatorios a que se refería el artículo 540 del estatuto tributario, tuvieran que permanecer aún después de su inconstitucionalidad, puesto que dicha norma no reguló nada en materia de deducciones, ni estableció el pago de dicho impuesto para su reconocimiento.

Consideraciones de la Sala

En esta instancia procesal la Sala debe decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primer grado que negó las súplicas de la demanda.

El tribunal fundamentó su decisión en el hecho de que el artículo 540 del estatuto tributario se encontraba vigente en el año gravable de 1998 e incluso al presentarse la declaración en 1999, dado que fue declarado inconstitucional en la Sentencia C-1714 de diciembre 12 de 2000 y como tiene efectos hacía el futuro [L. 270/96, art. 45], al no disponer otra cosa, era exigible el pago del impuesto de timbre en el contrato que originó la deducción de regalías, so pena de no ser tenido como prueba.

Para el apelante debe reconocerse como gasto la suma de $ 406.698.432, porque cuando se exigió la cancelación del gravamen con ocasión del proceso de determinación del tributo, el precepto legal había desaparecido del mundo jurídico por efecto de su inconstitucionalidad y de todas maneras fue pagado al corregirse las declaraciones de retención de los meses de septiembre y diciembre de 1998.

Entonces, el problema jurídico a dilucidar se circunscribe en establecer si es procedente o no la deducción por regalías de $ 406.698.432, por cuanto se acusa el contrato soporte de las mismas, de no haber cancelado el respectivo impuesto de timbre.

Al respecto la Sala observa que Dow Química de Colombia S.A. celebró un contrato de “Licencia de tecnología” con la sociedad The Dow Chemical Company, constituida y existente bajo las leyes de Estados Unidos, en el que pactó:

“Licencia de tecnología

Con efectividad el 1º de enero de 1998, se ha celebrado el presente contrato entre The Dow Chemical Company, sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio principal en 2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, Estados Unidos de América (en adelante TDCC), y Dow Química de Colombia S.A., sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio principal en la transversal 18 Nº 78 - 80, apartado aéreo 75240-75241, Bogotá, Colombia (en adelante la licenciataria).

(...).

ART. 1º—Definiciones.

A continuación se establecen los significados para algunos términos utilizados durante el curso del contrato:

1.08. Regla especifica de producto (R1), significara el porcentaje de regalías corrientes pagaderas sobre las ventas comerciales por la tecnología de los productos licenciados, (...) los cuales serán en (sic) incluidos en suplementos al anexo A durante la vigencia de ese contrato, a medida que TDCC lo autorice.

1.09. Regalía de soporte significará el porcentaje de regalías corrientes pagaderas sobre las ventas comerciales por los avances tecnológicos que se aplique en la fabricación de los productos licenciados, de acuerdo con el anexo A o sus suplementos, según lo autorice TDCC, a medida que se licencien nuevos productos licenciados durante la vigencia de este contrato. la regalía de soporte (R2) es la suma de dos componentes: regalía especifica de negocios (R), con base en gastos de investigación que apoyen directamente a los productos licenciados y nuevos productos licenciados y apoyo periférico (R3) con base en gastos para la solución de cuestiones ambientales, de salud y seguridad, transferencias y protección de tecnología, que apoyen en forma periférica los productos licenciados y nuevos productos licenciados.

1.11. Ventas comerciales significará la suma de las ventas al comercio y transferencias a afiliadas aplicando el precio de fábrica para los productos licenciados y nuevos productos licenciados para los cuales exista licencia en la fecha de la venta o transferencia por parte de la licenciataria a cualquier tercera parte o afiliada de TDCC. Los productos se considerarán vendidos cuando sean facturados (se resalta).

(...).

1.15. Vigencia es el período que comienza en la fecha de efectividad y termina según se describe en el artículo 6º.

(...).

Fecha de efectividad: 1º de enero de 1998.

(...).

ART. 3º—Pagos.

3.01. Considerando las licencias otorgadas mediante los parágrafos 2.01 y 2.02 del presente, la licenciataria pagará a TDCC un porcentaje de sus ventas comerciales de los productos licenciados y nuevos productos licenciados equivalente a:

a) Regalía especifica de producto y

b) Regalía de soporte...”.

La Dian sostuvo que del contenido del contrato se evidencia que era de cuantía indeterminada pero determinable al finalizar su ejecución, lo que implica el pago del impuesto de timbre del 1% conforme al artículo 519 del estatuto tributario (modificado por L. 383/97, arts. 35 y 36, vigente para esa época).

Al revisarse la cuenta PUC 236565 “Pasivo cuentas por pagar retención en la fuente impuesto de timbre” se encontró que no se contabilizó la totalidad del tributo por el contrato en comento, ni se canceló, por lo cual la actora corrigió las declaraciones de retención en la fuente de los meses de septiembre y diciembre de 1998 (fls. 310 y 311, c.a. 2).

En ellas aumentó el renglón IT total retenciones impuesto de timbre nacional en $ 940.000 y $ 775.000 respectivamente, para que le fuera aceptada la deducción por regalías registradas en la declaración de renta y complementarios del año gravable de 1998, en el reglón 48 CX otras deducciones en cuantía de $ 406.698.000.

Tales declaraciones se dieron por no presentadas mediante los autos declarativos 900004 y 900005 de junio 8 de 2001, por haberse presentado por fuera del término que contempla el artículo 588 del compendio fiscal.

Por ende, la administración rechazó la deducción por regalías con fundamento el numeral 3º del artículo 522 ib. que determina que “sin la prueba del pago del impuesto ajustado no serán deducibles en lo referente al impuesto de renta y complementarios, los pagos ni las obligaciones que consten en los instrumentos gravados, ni tendrán valor probatorio ante las autoridades judiciales o administrativas” en concordancia con el artículo 540 que rezaba “Ningún documento o actuación sujeto al impuesto de timbre podrá ser admitido por funcionarios oficiales ni tenido como prueba mientras no se pague el impuesto, las sanciones y los intereses de acuerdo con el artículo 535”.

Esta última disposición [art. 540] fue declarada inexequible mediante la Sentencia C-1714 de diciembre 12 de 2000, en cuyos apartes pertinentes se lee:

“A juicio se la Corte, el contenido de la norma acusada no se aviene con el ordenamiento constitucional, porque para conseguir la eficiencia del recaudo del impuesto de timbre, que es un fin constitucional, el legislador compromete abiertamente el derecho de defensa de los contribuyentes, sin que tales restricciones guarden un grado de razonabilidad y proporcionabilidad con el objetivo legal, de manera que estas se justifique.

(...).

No cabe duda de que resulta plausible y, mas aún, necesario que el legislador consagre instrumentos formales que agilicen y faciliten los procesos de liquidación y recaudo de los tributos, porque esa clase de medidas apuntan a hacer efectiva la obligación de las personas y los ciudadanos de contribuir al financiamiento de los gastos del Estado (C.P., arts. 95, 363); solo que ese motivo por sí solo no es suficiente para legitimar las restricciones que se impongan al derecho de defensa de los contribuyentes (otorgantes, giradores, aceptantes, emisores o suscriptores de documentos sujetos al impuesto), que es lo que entraña la medida en estudio cuando prohíbe, así sea transitoriamente, que los documentos sujetos al gravamen sean admitidos o tenidos como prueba, si no ha sido cubierto el respectivo gravamen”.

De tal manera, que el artículo 540 ib., condicionaba el mérito probatorio del documento al pago del impuesto de timbre, aspecto que para la Corte Constitucional coartaba el derecho de defensa del particular.

En efecto, solo si se demostraba el pago del tributo, la autoridad administrativa o judicial podía apreciar su valor probatorio o de lo contrario no. En el caso en estudio, en el momento en que la administración rechaza la deducción por no haberse cancelado el impuesto de timbre al producirse el requerimiento especial [jul. 26/2001], la norma en cita (E.T., art. 540) había desaparecido del ordenamiento jurídico [sent. dic. 12/2000], con lo cual se trataba de un presupuesto que para nada impedía el análisis del instrumento que originó el pago de las correspondientes regalías junto con los demás elementos de juicio, con el fin de establecer su procedibilidad acorde con lo dispuesto en el artículo 107 del estatuto tributario, máxime cuando la situación jurídica de la empresa se encontraba en debate.

Y es que no puede perderse de vista que el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 determina que los fallos de inexequibilidad rigen hacia el futuro, salvo que en la sentencia se resuelva lo contrario, lo que significa que desde la fecha en que una norma es retirada del ámbito legal desaparece su obligatoriedad, que en el asunto debatido, es la cancelación del impuesto de timbre para que la autoridad [judicial o administrativa] evaluara el valor demostrativo de cualquier documento sometido al gravamen.

Ahora, el numeral 3º del artículo 522 ibídem. [esgrimido en los actos demandados] guarda un principio similar al de la norma declarada inconstitucional (E.T., art. 540), puesto que dispone que sin la prueba del pago del impuesto de timbre ajustado en contratos de cuantía indeterminada no son deducibles en renta, los pagos u obligaciones que consten en los documentos gravados, ni tienen valor probatorio para las autoridades.

Dicho texto legal debe entenderse bajo la perspectiva de que el contribuyente en aras de demostrar la erogación que consta en un determinado documento, acredite el pago del tributo, tal como sucedió en el caso estudiado.

La Sala observa a folios 310 y 311 del cuaderno de antecedentes, obran las declaraciones de retención en la fuente de septiembre y diciembre de 1998, que en la sección de pagos registran en el reglón 32 retención timbre nacional $ 940.000 y $ 775.000; sanciones $ 94.000 y $ 78.000; intereses moratorios $ 502.000 y $ 375.000 y total a pagar de $ 1.536.000 y $ 1.228.000 respectivamente.

Por tanto, independientemente de que las modificaciones de las declaraciones de retención en la fuente de septiembre y diciembre de 1998 carezcan de validez jurídica por haberse presentado por fuera de la oportunidad legal de corrección voluntaria señalada en el artículo 588 del estatuto tributario, en realidad son documentos demostrativos de que la sociedad Dow Química de Colombia S.A. pagó el impuesto de timbre para que se valiera probatoriamente el contrato de “Licencia de tecnología” soporte de la deducción por regalías en la suma de 406.698.000, sin que la Dian desarrollara ningún tipo de actividad fiscalizadora que la condujera a rechazarlo por cualquier otro motivo.

De suerte que al cancelarse el impuesto de timbre generado en el convenio, aún cuando los denuncios tributarios no produzcan consecuencias jurídicas por ser extemporáneos (E.T., art. 588), se cumplió con el presupuesto concebido en la disposición legal (art. 522-3 ib], lo que obligaba a calificar el mérito probatorio que el contribuyente pretendía desprender de tal instrumento, en concreto, la aceptación de la erogación por regalías.

Así, como la administración a pesar de haberse cancelado el tributo, obvió examinar el documento contentivo de las regalías declaradas, sin que se haya aducido otro tipo de circunstancia para que le fuesen rechazadas al contribuyente, tales como una indebida contabilización o carencia de soportes de sus giros al exterior, para la Sala es pertinente aceptarlas, dado que en el convenio de “Licencia en tecnología” se estableció que la actora debía pagar a la entidad extranjera por las ventas comerciales de los productos licenciados y nuevos productos licenciados el equivalente a “a) Regalía específica de producto y b) Regalía de soporte” (art. 3º pagos, fl. 213, c.a. 1).

Por ende, al aceptarse la deducción por regalías de $ 406.698.000, procede la nulidad parcial de los actos demandados, comoquiera que se mantiene el rechazo del gasto de intereses sin certificar en cuantía de $ 20.248.000, que no fue objeto de debate ante la jurisdicción administrativa, razón por la cual la Sala efectúa la siguiente liquidación:

— Renglón 43 DF intereses y demás gastos financieros

$ 3.577.650.000

(Valor declarado $ 3.597.898.000 - 20.248.000 intereses sin certificar)

— Renglón 48 CX otras deducciones

$ 20.380.576.000

(Valor declarado por el contribuyente)

— Renglón 49 DT total deducciones

$ 40.056.608.000

(Valor declarado $ 40.076.856.000 - Deducciones no procedentes $ 20.248.000)

— Renglón 50 CI total costos y deducciones

$ 136.037.537.000

(Valor declarado $ 136.057.785.000 - Deducciones no aceptadas $ 20.248.000)

— Renglón 51 RA renta líquida

$ 1.152.847.000

(Renta liquida declarada $ 1.132.599.000 + Deducciones no procedentes $ 20.248.000)

— Renglón 53 RC renta presuntiva

$ 1.894.155.000

— Renglón 68 FU total impuesto a cargo

$ 497.215.000

— Renglón 76 GR total retenciones año gravable 1998

$ 1.810.988.000

— Renglón 82 HB o total saldo a favor

$ 1.313.773.000

Como la renta líquida ordinaria [$ 1.152.847.000] es inferior a la renta presuntiva declarada [$ 1.894.155.000], se mantiene el mismo saldo a favor liquidado en la privada de $ 1.313.773.000, igual que en el acto oficial, por lo que el restablecimiento del derecho lo constituye el reconocimiento de la deducción por regalías de $ 406.698.000.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada y en su lugar:

ANÚLANSE parcialmente la liquidación oficial de revisión 310642002000006 de marzo 15 de 2002 y la Resolución 310662002000058 de noviembre 28 del mismo año, proferidas por la Administración de Impuestos de Grandes Contribuyentes de Bogotá.

A título de restablecimiento del derecho se declara procedente la deducción por regalías en la suma de $ 406.698.000 y una renta líquida ordinaria de $ 1.152.847.000 por el año gravable de 1998, conforme a la liquidación inserta en la parte considerativa del presente proveído.

RECONÓCESE personería para actuar a nombre de la Nación a la abogada Bibiana Nayibe Jiménez Galeano en los términos del poder que obra en el informativo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

Magistrados: Juan Ángel Palacio Hincapié—Ligia López Díaz—María Inés Ortiz Barbosa—Héctor J. Romero Díaz.

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