Sentencia 1597 de diciembre 4 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Sent. 1597, dic. 4/2003. Exp. 54001-23-31-000-200201597-01

C.P. Germán Ayala Mantilla

Actor: Luis Guillermo Rosso Bautista y otro C/Municipio de Cúcuta. Recurso de apelación.

Fallo

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la providencia del 1º de julio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que concedió el amparo solicitado por los señores Luis Guillermo Rosso Beltrán y Linnette Andrea Gutiérrez en la demanda para la protección de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, al acceso a los servicios públicos, y a que su prestación sea eficiente y oportuna, a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, al goce de un ambiente sano, y a la defensa del patrimonio público.

Antecedentes

Los actores manifestaron que en el barrio Portachuelo, existe un canal vertedor de aguas lluvias el cual es utilizado como desagüe de aguas negras de zonas de toda la ciudad y depósito de basuras en general, como consecuencia de lo anterior, se ha proliferado la existencia de animales como roedores, zancudos, etc., y la aparición de malos olores que lesionan la salud de quienes viven en los alrededores del sector.

Mencionaron que existe un foso abierto o alcantarilla del que emanan malos olores y que constituye un alto riesgo, ya que cualquier persona podía sufrir un accidente, además no existe verja que proteja los costados del vertedor de aguas, esto aumenta el riesgo de accidente, adicionalmente la falta de iluminación en las noches hace que cualquier habitante del sector pueda tropezar y caer.

Ahora bien, los actores con el fin de fundamentar su solicitud, citaron las sentencias T-453 de 1998, T-431 de 1994, de la Corte Constitucional, las cuales tratan del derecho a un ambiente sano y del servicio público de alcantarillado, igualmente citaron jurisprudencia del Consejo de Estado providencia de 12 de octubre de 2000, C.P. Ricardo Hoyos Duque, la cual se refiere al medio ambiente y la providencia de 2 de diciembre de 1999, también del Consejo de Estado, la cual trata sobre el incentivo que se concede al actor.

Pretensiones

Se concreta en que se ordene tapar la boca de la alcantarilla, el cese del paso de las aguas negras por el vertedor de aguas lluvias, la colocación de una verja que proteja a los transeúntes de caer al vertedor, la recolección de basuras y residuos sólidos que se encuentran en los alrededores del sitio, la colocación de señalización de alerta a la comunidad, y conceder el incentivo a los actores.

Contestación de la demanda

La Empresa Industrial y Comercial de Cúcuta, ElS Cúcuta ESP, actuando a través de apoderado y estando dentro del término legal para dar contestación a los hechos de la presente demanda, manifestó que se oponía a todas las pretensiones de la demanda, ya que el mencionado canal de aguas lluvias no estaba siendo utilizado como desagüe de aguas negras, toda vez que la zona del canal cuenta con los servicios de acueducto y alcantarillado, los cuales se prestan por medio de tubos subterráneos.

Alegó que no era la encargada de proveer los servicios de recolección de basuras sólidas y alumbrado público, ya que la Ley 142 de 1994, le había dado la función de prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Indicó que fue el municipio de Cúcuta quien llevó a cabo la obra del canal vertedor de aguas lluvias, y que la finalidad de éste es la recolección de las aguas lluvias y no transportar aguas para el consumo humano o aguas negras, por ello no hace parte de las redes utilizadas para brindar los servicios de acueducto y alcantarillado, así que no es la encargada de construir la verja solicitada, porque no es necesaria debido a que el canal no es una vía peatonal, y para el paso de los transeúntes existen aceras en la zona de ubicación de canal.

En torno a la indemnización de que sería objeto, afirmó que la acción popular estaba consagrada para la protección de bienes de uso público pero en este caso el canal es un bien fiscal ya que hace parte de los que se necesitan para la prestación de los servicios a cargo del Estado.

Ahora bien, de acceder a la pretensión de la construcción de la verja debe ser el municipio de Cúcuta quien debe realizar la construcción y conceder la indemnización pues fue este quien realizó la obra del canal mencionado.

Concluyó afirmando que tampoco era la encargada de tapar las alcantarillas y drenar el canal vertedor de aguas lluvias (fl. 24).

El municipio de San José de Cúcuta, actuando a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la acción, afirmando que, no existen pruebas que evidencien la amenaza a la seguridad pública y al goce de un ambiente sano, pues se necesita que exista un daño concreto que en realidad vulnere los derechos colectivos y no se encuentra probado que este exista.

Manifestó que los ciudadanos debían probar que hay una verdadera afectación ambiental e igualmente demostrar la responsabilidad de la entidad pública por acción u omisión.

Indicó que se había celebrado un contrato de concesión con las empresas Aseo Urbano S.A. y Proactiva Oriente S.A. ESP, para la recolección de basuras, los cuales se encuentran en ejecución, igualmente el municipio adelanta campañas de promoción y prevención ciudadanas para la vigilancia de las zonas no pobladas de la ciudad (fl. 33).

Aseguró que las basuras encontradas en el lugar eran escombros y que su recolección constituía un servicio especial, el cual debía ser asumido directamente por el causante de estos.

Concluyó aseverando que la administración municipal está pendiente de proteger los derechos colectivos, pero que hay situaciones que se escapan de su control y adelantará las medidas tendientes a la recolección de los escombros, siempre y cuando se cuente con la colaboración de las personas y entidades interesadas en la protección de los derechos colectivos.

Pacto de cumplimiento

El tribunal citó a las partes concurrentes, mediante auto del 19 de febrero de 2003, con el fin de llevar a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento el día 12 de marzo de 2003, la cual no se llevó a cabo ya que los accionantes no concurrieron a la diligencia.

Concepto de la procuraduría

El procurador 23 judicial de asuntos administrativos, mediante oficio del 23 de abril de 2003, emitió el Concepto 77, considerando que las pretensiones de la acción no están llamadas a prosperar ya que no se demostró el peligro, amenaza o vulneración de los derechos colectivos, no se demostró la ubicación exacta de la alcantarilla ni la existencia de malos olores en el sector ni la proliferación de moscas, zancudos o roedores que coloquen en riesgo a las personas que habitan el sector.

Manifiesta el procurador, que revisando el proceso se evidencia “la orfandad de pruebas dirigidas a demostrar la carga afirmativa de la demanda, en relación con la vulneración de los derechos colectivos que se consideran violados”.

Alegatos de conclusión

La Empresa Industrial y Comercial de Cúcuta ESP, insiste en que se niegue la acción instaurada exponiendo los mismos argumentos que en la contestación de la demanda, y enfatizó que si bien las fotografías aportadas podían ser las del canal mencionado, podían ser igualmente las de un lugar indeterminado de la ciudad, para el caso, consideró que tenía un cauce natural sin presencia de animales, y que el foso abierto no fue objeto de prueba alguna.

La providencia apelada

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante providencia del 1º de julio de 2003, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que interpusieron para la protección de los derechos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, el goce de un ambiente sano, y la defensa del patrimonio público.

Realizó un análisis de la normatividad que regula las funciones de los municipios y las empresas prestadoras de servicios públicos, para así determinar las competencias y responsabilidades atribuidas a cada una de las autoridades.

Luego de revisar todos los elementos probatorios insertos en el expediente, el a quo concluyó, lo siguiente:

Sostuvo que la EIS “... es la responsable de lo relacionado con los servicios de alcantarillado y de la correntía de aguas negras en el sitio ya que la acción va dirigida contra la ElS en razón del mantenimiento del vertedor (sic) lo que sí le corresponde tal como lo dicen los declarantes de la misma EIS y como se deduce de la reglamentación transcrita” (fl. 99).

Ahora bien con base en lo anterior, la empresa EIS debe revisar periódicamente las redes internas para evitar daños y así interrumpir el cauce de aguas negras por el canal de aguas lluvias.

En torno al tema del cierre de la alcantarilla abierta existente en las inmediaciones del canal, encontró el tribunal improcedente no acceder a esta pretensión, ya que no se determinó el lugar específico de ubicación de aquella, y con respecto a la construcción de la verja para proteger a los peatones, según el tribunal, no se vio sustentada, ya que el sector no es una vía pública y no es apto para el tránsito peatonal.

Ordenó que en lo relacionado con el aseo, le corresponde a la alcaldía del municipio de San José de Cúcuta, a través de la junta de acción comunal, realizar una campaña de educación para que se enfatice en los efectos nocivos de las conductas descritas, para que así los habitantes del sector no entorpezcan la prestación de los servicios públicos, y actúen conforme a los deberes de los ciudadanos, y además condenó al municipio a dejar libre de basuras el sitio objeto de la presente acción.

Al mismo tiempo solicitó la conformación de una comisión de seguimiento y control del cumplimiento de estas obligaciones por él impuestas, y que en el caso de incumplimiento de las mismas, se adelantaran los proceso sancionatorios correspondientes.

Afirmó que en torno a las indemnizaciones solicitadas por los actores en la demanda, no deben ser concedidas, ya que estas corresponden es a las acciones populares consagradas en el artículo 1005 del Código Civil.

Concluyó concediendo el incentivo a los actores fijado en 10 salarios mínimos mensuales vigentes, la cual debe ser pagada en un 50% por cada una de las entidades demandas.

El recurso de apelación

La Empresa Industrial y Comercial de Cúcuta ESP - EIS Cúcuta ESP, inconforme con la decisión del a quo, interpuso recurso de apelación contra la providencia de 1º de julio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, arguyendo que se tomó como cierto el hecho de que por el canal del barrio Portachuelo corrían aguas negras, y para identificar estas aguas es necesario realizar pruebas técnicas y científicas en laboratorios especializados, ya que éstas no son identificables a simple vista (fl. 108).

Alegó que estas aguas correspondían a aguas grises correspondientes al lavado de ropas y pisos, y nunca se demostró que estas aguas estuvieran causando daño a las personas habitantes del sector o existiere el riesgo de producirlo, ni que la existencia de moscas, zancudos, y roedores causaren daño a los habitantes del sector.

Manifestó que no existían quejas de los habitantes del sector en torno a los hechos expuestos en la presente demanda ni tampoco informes de las entidades prestadoras de salud del sector de proliferación de enfermedades que aquejaran a los habitantes del mismo.

Indicó que no era la responsable del vertimiento ocasional de aguas negras, sino que se debía a la ruptura de los colectores lo cual ocurre de manera accidental y esporádica, y que inmediatamente procede a reparar las tuberías, consideró que se probó que la proliferación de aguas negras se debía a “los vecinos del sector ya que se encuentran en forma ilegal en el parámetro del canal...” (fl. 109).

La alcaldía de San José de Cúcuta actuando a través de apoderado judicial inconforme con la decisión del a quo, interpuso recurso de apelación contra la providencia de 1º de julio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, argumentando que la Empresa Proactiva del Oriente S.A. ESP tiene bajo su responsabilidad la prestación del servicio de recolección de basuras de la ciudad de Cúcuta, por ello no es el ente territorial, el sujeto pasivo de la presente acción popular, por falta de competencia.

Manifestó que no se le podía responsabilizar por las obligaciones adscritas a otras entidades en virtud de la celebración de diversos contratos de concesión para la limpieza y recolección de basuras en el municipio.

Indicó que debía revocarse lo dicho por el tribunal, ya que no se integró el litis consorcio necesario pues no se llamó al proceso a las empresas Proactiva del Oriente S.A., ESP y Aseo Urbano S.A., ESP quienes son realmente las encargadas del servicio de limpieza y recolección de basuras, por ello debe conformarse el mismo para así no violar el derecho de defensa y el debido proceso.

Consideró que las fotografías aportadas no debían valorarse como pruebas, pues no se tiene certeza de que estas correspondan al lugar objeto de la acción, por lo tanto, no existen pruebas suficientes, y conducentes a demostrar que existe una vulneración a los derechos colectivos que se consideran violados.

Sostuvo que no se demostró el peligro, amenaza o vulneración de los derechos colectivos supuestamente violados, y por eso el fallo debe ser revocado.

Resaltó el hecho de que los actores hubiesen presentado la acción popular a nombre propio, sin que de manera sumaria se hubiese demostrado su vecindad con el sector, ni su interés particular en la recolección de las basuras y demás peticiones hechas por ellos, de otro lado, el tribunal no notificó la existencia de la acción popular a las empresas prestadoras de recolección de basura, para así constituirlos en terceros directamente afectados con la decisión.

Concluyó afirmando que el municipio de San José de Cúcuta, no viola los derechos e intereses colectivos, ya que no existe plena prueba que confirme los hechos de la demanda, y no es responsable de la prestación de los servicios de limpieza y recolección de basuras del sector.

Consideraciones de la Sala

La Constitución Política de 1991, al reconocer los derechos y garantías de los ciudadanos, y como mecanismo de protección de los derechos colectivos, estableció en su artículo 88 la acción popular, instituida específicamente para la tutela de los intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que definan la ley que reglamenta la materia.

Así, en su artículo 79 estableció que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, de manera que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Estableció en la misma disposición, que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente.

En el artículo 80, impuso en cabeza del Estado, el deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Como mecanismo de protección y aplicación de los derechos, estableció en su artículo 88, la acción popular instituida específicamente para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en la ley que reglamenta la materia.

Con base en el anterior marco constitucional, fue expedida la Ley 472 de agosto 5 de 1998 cuya finalidad es la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares.

Esta ley reguló las acciones populares, sobre las cuales cabe señalar que tienen un carácter preventivo, como quiera que se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible (art. 2º).

Esta clase de acción procede, como ya se anotó, contra toda acción u omisión de las autoridades públicas y particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos o intereses colectivos, sin que se requiera interponer previamente los recursos administrativos como requisitos para su procedibilidad, lo que indica que la acción procede, sin perjuicio de las demás acciones o recursos que tengan a su favor los ciudadanos.

En su trámite, el juez deberá observar los principios constitucionales, en especial el de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, economía y celeridad. Igualmente deberá velar por el cumplimiento del debido proceso y deberá adoptar las medidas conducentes para adecuar la petición a la acción que corresponda.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, la parte actora centra su controversia en las violaciones de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, al acceso a los servicios públicos, y a que su prestación sea eficiente y oportuna, a una infraestructura de servicios que garantice la salobridad pública, a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, al goce de un ambiente sano, y a la defensa del patrimonio público.

Pretende el actor que se le ordene a las entidades demandadas tomar medidas pertinentes para que cese la vulneración de los derechos colectivos amenazados para que se ordene tapar la boca de la citada alcantarilla o foso; igualmente que cese el transporte de aguas negras por el citado vertedor de agua lluvia o que proceda a drenarlo, que se instale una verja que proteja a los peatones de caer al vertedor de aguas lluvias, y además que se ordene la recolección de residuos sólidos y demás basuras que se encuentran a los costados del sitio señalado como barrio Portachuelo, a un costado de la calle 16N de la ciudad de Cúcuta, mejorando la calidad de vida de quienes allí viven y de evitar la proliferación de moscas, zancudos, roedores, etc., del sector indicado.

En el memorial de apelación el apoderado de la Empresa Industrial y Comercial de Cúcuta ESP, ElS controvierte la decisión del a quo porque el tribunal está tomando como hechos ciertos que por el canal del barrio Portachuelo corren aguas negras manifestando que para identificar este tipo de aguas se deben realizar análisis técnicos-científicos en laboratorios especializados, debido a que estas no son identificables a simple vista como se realizó en el proceso.

En cuanto a los hechos que dieron origen a la presente acción popular, la Sala advierte lo siguiente:

A juicio de la Sala y si bien es cierto que las autoridades municipales y las empresas encargadas de prestar los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el municipio de Cúcuta, ya sea en el perímetro urbano o en el área rural, de acuerdo con lo previsto en los numerales 14.22 y 14.23 de la Ley 142 de 1994 deben proveer a los integrantes de su comunidad el acceso a los servicios públicos y adoptar las medidas tendientes a que dicha prestación sea efectiva, en el sub judice no se está en presencia de una amenaza o trasgresión de derechos e intereses colectivos, que conduzcan a su protección por vía de acción popular, de conformidad con las pruebas allegadas, recaudadas en el proceso como son:

1. Oficio 1727 de marzo 27 de 2003, en el cual la ElS de Cúcuta ESP (sic) (fl. 55).

2. Las declaraciones rendidas por Fernando Velandia Caicedo (fl. 56), y Blanca Miriam Maldonado, funcionarios vinculados con la ElS Cúcuta ESP y el departamento de ingeniería sanitaria y al alcantarillado de la ciudad.

3. Los oficios remitidos por el gerente de Aseo Urbano ESP (fl. 57) y Proactiva Oriente ESP (fl. 58).

4. Los registros fotográficos con vista en el proceso.

En efecto, a diferencia de lo expuesto por la parte actora, los anteriores documentos nos permiten demostrar:

1. Que el canal que pasa frente a la urbanización Portachuelo, a un costado de la calle 16 norte, no es un vertedor, sino un conductor de aguas lluvias y aguas de corrientes general entre las cuales se encuentran las aguas grises de lavados de pisos y patios interiores de viviendas. A este canal confluyen el canal natural Atalaya que viene de los alrededores del aeropuerto Camilo Daza y el canal Sevilla-Aeropuerto.

2. Que la existencia del vertedor de aguas lluvias a un costado del Barrio Portachuelo, no es utilizado (sic) como sitio de disposición de aguas negras, aclarando el primero de los testimonios, que excepcionalmente por falla de los colectores en la parte alta, se vierten aguas negras, pero que dichas situaciones son corregidas al arreglarse las tuberías, pero que la ElS Cúcuta ESP, de acuerdo con sus posibilidades técnicas realiza trabajos de descapote, retiro de maleza y retiro de materiales en dicho sector.

3. Que simplemente dentro de las funciones que realizan de recolección de basuras, no se encuentra la de prestar ese servicio en el canal de aguas lluvias ubicado en el barrio Portachuelo.

4. Que las fotografías no demuestran que por el canal circulen aguas negras, aun cuando si se observan desechos no pueden tenerse en cuenta, pues no dan certeza del lugar al que corresponden las mismas.

Ahora bien, en cuanto a la afirmación del actor según la cual las entidades demandadas han sido negligentes en la prestación y el acceso de los servicios públicos presuntamente amenazados, la Sala considera que no existen elementos suficientes que demuestren tal problemática del sector del barrio Portachuelo a un costado de la calle 16N de la ciudad de San José de Cúcuta, o que haya sido puesta en conocimiento de las entidades y que las mencionadas entidades hubieran hecho caso omiso de las denuncias.

Por otro lado, la Sala consideró que en el plenario no hubo elementos suficientes que demostraran que en el sitio ahora estudiado se presente contaminación del medio ambiente, pues no se acreditó que la cantidad, concentración o nivel de las sustancias generadas por las basuras interfieran con el bienestar y la salud de las personas o atente contra la flora y/o la fauna, o degrade la calidad del medio ambiente o afecten los recursos de la Nación o de los particulares.

Por lo tanto, esta Sala ordenó al Tribunal Administrativo de Norte de Santander efectuar inspección judicial al sector donde se originaron las razones de esta acción para identificar plenamente los hechos planteados en la demanda, a lo cual el tribunal allegó a folios 133 a 135 informe sobre la diligencia practicada comunicando que:

“... En cuanto a la verificación de los hechos de la demanda tenemos que en el primero se logra verificar que efectivamente existe un canal de lluvias, entendiéndose como canal que no es construido por el hombre sino es producido por la misma naturaleza, por lo tanto se encuentra formado naturalmente por arena y piedras, en la actualidad dicho canal no está siendo utilizado como desagüe de aguas negras, toda vez, que se encontraron aguas de características similares a las de las aguas grises o de lavado de pisos, aguas que no se consideran aguas contaminantes.

“... Sí se constató que en el canal se encuentran depositados residuos de basura como bolsas plásticas, vasos y escombros de material de construcción depositados por la comunidad”.

“... Respecto al segundo hecho, se verificó que en el canal se encontraron gallinazos y malos olores, pero éstos no son ocasionados por las aguas negras sino por las basuras que arrojan los vecinos del sector; respecto a la afirmación de que esta situación lesiona la salud de los vecinos del sector, se concluyó que no existen factores de riesgo que nos lleve a concluir que por causa de estas basuras se esté afectando el medio ambiente y como consecuencia de ello se esté afectando la salud de los habitantes del sector”.

“Respecto al tercer hecho se verificó que la alcantarilla a la cual se hace referencia se encuentra debidamente tapada con hierro fundido y concreto”.

“Respecto al cuarto hecho, se verificó que no existe la verja la que se considera que no es necesaria por cuanto se trata de un canal natural que recoge aguas lluvias con un cause los (sic) suficientemente grande para ser visto por los peatones lo que permite concluir que no genera riesgo para los peatones, a menos que ellos mismos bajo su responsabilidad se acerquen a límites que le signifique (sic) riesgo, además que la zona en inspección no es peatonal. Igualmente, se constató que existen aceras en zonas aledañas al canal que pueden ser utilizadas con el fin de tránsito peatonal, siendo innecesario que se transite por los costados del canal natural...” (fl. 133).

De los documentos obrantes en el proceso y de la inspección judicial realizada, no se demuestra que se amenace o viole algún derecho colectivo, toda vez que no cruzan aguas negras por el vertidor y que quien arroja las basuras es la comunidad; además se advierte que la zona en mención no es peatonal, luego no existe riesgo alguno para los habitantes del sector. En tales condiciones la Sala conmina a la junta comunal del sector para que realice campañas educativas tendientes al adecuado manejo de las basuras y su efectivo control.

Así las cosas, no existen elementos de juicio que permitan establecer la alegada amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos, por tal razón se revocará la decisión y en su lugar se denegarán las súplicas de la demanda sin que haya lugar al reconocimiento del incentivo previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

Sin embargo, la Sala conmina al municipio de San José de Cúcuta para que vele por el aseo y la salubridad del sector.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, en su lugar, DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Por secretaría remítase copia del fallo al presidente de la junta de acción comunal del barrio Portachuelo.

Cópiese, notifíquese, publíquese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Magistrados: Ligia López Díaz—Germán Ayala Mantilla—María Inés Ortiz Barbosa—Juan Ángel Palacio Hincapié.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

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