Sentencia 15976 de julio 24 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

INVALIDEZ PARA TRABAJAR

DEPENDE TAMBIÉN DEL AMBIENTE Y LAS CONDICIONES LABORALES

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso Guillermo Sarmiento Lozano contra la sentencia del Tribunal de Bogotá, dictada el 31 de octubre de 2000 en el juicio ordinario laboral que promovió el recurrente contra el Instituto de Seguros Sociales.

Antecedentes

Guillermo Sarmiento Lozano demandó al Seguro Social para obtener el restablecimiento de la pensión de invalidez que le había reconocido esa entidad mediante Resolución 02626 del 26 de noviembre de 1987 y que posteriormente suspendió por medio de la Resolución 07005 del 3 de agosto de 1995, así como el pago de las mesadas dejadas de cancelar con los ajustes de ley, la sanción moratoria legal del 100% y la indexación.

Para fundamentar las pretensiones afirmó que estaba afiliado al Seguro Social cuando sufrió un accidente que le originó la amputación de tres dedos intermedios de la mano derecha; que a raíz de ese accidente y de su consecuencia el seguro le reconoció pensión de invalidez mediante resolución emitida por la comisión de prestaciones de Cundinamarca; que por persistir el estado de invalidez, varias veces se prorrogó el pago de la pensión; que mediante resolución de agosto de 1995 se suspendió el pago a partir del 24 de febrero de 1995 por haber considerado la entidad que de acuerdo con el examen practicado por la sección de medicina laboral se dictaminó que la enfermedad del señor Sarmiento Lozano había evolucionado favorablemente; que esa apreciación no es cierta, pues los dedos amputados no habían renacido, de manera que la invalidez continuaba igual; que presentó los recursos de reposición y apelación contra la resolución que suspendió la pensión y agotó la vía gubernativa; que el seguro no desató los recursos, pero el 17 de noviembre de 1995 se ordenó consulta médica para nueva evaluación, que no se llevó a cabo, a pesar de sus gestiones.

El Seguro Social se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones carencia del derecho reclamado y presunción de legalidad de los diferentes actos administrativos.

El Juzgado 18 Laboral de Bogotá, mediante sentencia del 14 de octubre de 1999, ordenó restablecer la pensión de invalidez y el pago de las mesadas atrasadas con la tasa máxima de los intereses de mora.

La sentencia del tribunal

Apeló la parte demandada y el Tribunal de Bogotá, en la sentencia aquí acusada, revocó la del juzgado y, en su lugar, absolvió al Seguro Social.

Dijo el tribunal, en respuesta, a la argumentación del actor, que

“(...) si el ISS estimó efectuar un nuevo examen médico, concluyendo “que su enfermedad ha evolucionado favorablemente” (hecho 6 fl. 3) artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, motivó a que la Sala se apoyara en el personal médico idóneo, para que practicará examen médico al demandante, y lo valora (fl. 126-127), remitiéndolo a la junta regional de calificación de invalidez, la cual le asigna una pérdida de capacidad laboral, que aun cuando se califica con base en el Decreto 917 de 1999, norma posterior a los hechos iniciales, su gradación no estructura ahora invalidez, precisándose que a la fecha son estos entes los llamados a emitir un dictamen, en este caso, aun cuando el estado inicial de invalidez, se decretó mucho antes de su vigencia, para efectos de la discusión planteada, esto es, si aún se estructura la condición del inválido del Sr. Sarmiento, resultaba pertinente apoyarse en ese experticio”.

Alcance de la impugnación

Lo interpuso la parte demandante. Con él pretende que la Corte case la sentencia del tribunal y que, en sede de instancia, confirme la del juzgado.

Con esa finalidad formula un cargo contra la sentencia del tribunal, que fue replicado.

El cargo acusa la sentencia del tribunal por violar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, el artículo 259-2 del Código Sustantivo del Trabajo, 5º del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 de 1966 y subrogado por el artículo 1º del Acuerdo 019 de 1983, aprobado por el Decreto 32 de 1984, 62 del Decreto 433 de 1971, 8º, 9º y 10 del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 de 1966, 4º de la Ley 4ª de 1976 y 1º del Acuerdo 029 de 1985 aprobado por el Decreto 2879 de 1985.

Dice que la violación de la ley fue consecuencia de los siguientes errores de hecho:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el señor Guillermo Sarmiento Lozano sufrió una enfermedad que le originó la incapacidad.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la enfermedad padecida por el señor Guillermo Sarmiento Lozano evolucionó favorablemente.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el señor Guillermo Sarmiento Lozano sufrió un accidente que le produjo la pérdida de 3 dedos de su mano derecha.

4. No dar por demostrado, estándolo, que a la fecha de suspensión del derecho, a la fecha de la demanda, a la fecha de inspección judicial y a la fecha de los dictámenes médicos practicados en el proceso, el señor Guillermo Sarmiento Lozano continúa con sus tres (3) dedos perdidos”.

Sostiene que esos errores se originaron por la equivocada apreciación del interrogatorio de parte absuelto por el representante legal del ISS (fls. 66 y 72 a 77) y la falta de apreciación de la inspección judicial (fl. 85 y 86), el dictamen médico del 26 de noviembre de 1998 de medicina laboral de la dirección regional de Bogotá (fl. 84), el dictamen médico 000969 del 16 de marzo de 2000 de la junta regional de calificación de invalidez (fls. 137 a 140), el Auto 067 del 25 de abril de 1988 (fls. 12 y 103) y el recurso de reposición presentado por Sarmiento Lozano el 5 de octubre de 1995 (fls. 13 a 17).

(...).

Consideraciones de la Corte

La ley se ha ocupado de definir la invalidez para trabajar y ha dicho que se trata de la pérdida de la capacidad para procurarse, mediante un trabajo proporcionado a sus fuerzas, a su formación profesional, y a su ocupación, una remuneración. Esto significa, que la invalidez depende básicamente de las calidades del sujeto, pero también puede adicionalmente depender de las condiciones laborales y del ambiente de trabajo.

Por ello, puede suceder que la evolución del ámbito en el cual prestaba el servicio a una persona permita considerar que aquello que en el pasado llevaba a calificarla de inválida, no cuente ya en el presente, debido a que las nuevas condiciones de trabajo facilitan ahora que se procure una remuneración similar a la que tuvo antes. De ahí también que la ley establezca unos lapsos para efectuar sucesivas calificaciones de la incapacidad y de ahí, igualmente, que establezca entes encargados de determinar los grados de incapacidad para trabajar, en lo cual se tiene en cuenta la función a realizar y las condiciones en que se lleva a cabo. Dentro de tal contexto, que es en rigor el que informa la decisión acusada, resulta claro que la orientación del cargo está distante de atacar el verdadero núcleo de la sentencia del ad quem.

En la providencia ahora impugnada en casación está dicho que la pérdida de los dedos que sufrió el actor, si bien bajo unas circunstancias dadas, pero pretéritas, era suficiente para que el seguro social calificara su condición de invalidez, posteriormente no lo fuera para reconocer el mismo estado. Por ello textualmente se lee en el fallo acusado: “(...) su gradación (de la incapacidad) no estructura ahora la invalidez...”.

A pesar de que la sentencia acusada no es suficientemente clara y en algunos de sus apartes alude a la evolución favorable de la “enfermedad” que padeció el actor, cuando el hecho fue otro, en lo esencial no aparece que haya incurrido en un desatino cuando afirma que por la evolución de las circunstancias el demandante no es ahora inválido.

Como el censor hace énfasis en la apreciación del interrogatorio que absolvió el representante del ISS, es de anotar que en efecto del mismo puede resultar que las secuelas físicas del accidente sufrido por el actor subsisten, pero ese aspecto no es el central de la decisión atacada como ya se dijo, pues el punto está en considerar que aún con esa deficiencia no se dan las condiciones para aceptar el estado de invalidez, para lo cual, incluso, se apoya en el Decreto 917 de 1999 que no aparece atacado en el cargo, con cual subsiste otro de los apoyos del fallo, el cual involucra además un aspecto jurídico, como es el determinar la norma aplicable frente a una deficiencia física configurada al amparo de una ley pero revisada a la luz de una normatividad posterior, aspecto que no es posible revisar ahora por tratarse de un cargo orientado por la vía indirecta.

No prospera el cargo, en consecuencia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre del la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal de Bogotá, dictada el 31 de octubre de 2000 en el juicio ordinario laboral que promovió Guillermo Sarmiento Lozano contra el Instituto de Seguros Sociales».

(Sentencia de Casación, julio 24 de 2001. Radicación 15.976. Magistrado Ponente: Dr. Germán Valdés Sánchez).

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