•Sentencia 15979 de marzo 25 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

REMOCIÓN DE EMPLEADOS DEL SENADO

COMPETENCIA Y REQUISITO DE SOLICITUD PREVIA

EXTRACTOS: «En la demanda la actora solicitó la nulidad del artículo 2º de la Resolución 1029 de julio 29 de 1994. También, la nulidad de la Resolución 1137 de agosto 9 del mismo año. Con las actuaciones allí contenidas, se declaró la insubsistencia del nombramiento de la accionante en el cargo de transcriptor grado 04 de la comisión de derechos humanos del Senado de la República.

En esencia, la demandante como fundamento para solicitar la nulidad de los actos censurados, estima que los mismos fueron expedidos por funcionario incompetente, pues no era el director general del Senado a quien le correspondía removerla de su cargo, sino que tal función se debía cumplir a solicitud expresa de la mesa directiva, diligencia previa que nunca se cumplió, por lo que se violó así de manera flagrante el numeral 5º, artículo 376 de la Ley 5ª de 1992.

Se trata entonces de dilucidar la legalidad de los actos acusados en cuanto a la competencia para su expedición se refiere, y ver si con ellos pudo existir la desviación de poder alegada por la actora en su concepto de violación.

En los folios 2 a 5 del cuaderno principal del expediente, se observa el texto de la Resolución 1029 de julio 29 de 1994, expedida con fundamento en el numeral 6º del artículo 376 de la Ley 5ª de 1992, en cuyo artículo segundo se declara la insubsistencia del nombramiento de la demandante en el cargo de transcriptor grado 04 de la comisión de derechos humanos del Senado.

El numeral 6º, artículo 376 de la Ley 5ª de 1992, fundamento del acto acusado, es del siguiente tenor:

“Nombrar, promover y remover funcionarios de los cargos de carrera administrativa, previo el lleno de los requisitos, evaluaciones, concursos y demás procedimientos establecidos para la carrera administrativa de la rama legislativa”.

Lo anterior como una de las funciones que le competen al director general del Senado.

Ahora bien, preceptúa el artículo 376 de la Ley 5ª de 1992, en su numeral 5º, inciso primero, lo siguiente:

“Director General. Funciones. Son funciones del Director General: (...).

5. Nombrar, promover y remover, de conformidad con las disposiciones legales, a solicitud y por postulación de la mesa directiva del Senado y de los parlamentarios, en los casos de los empleados de su unidad de trabajo legislativo, al personal de planta de libre nombramiento y remoción. Las mesas directivas de las comisiones postularán los candidatos para el cargo de asistente administrativo de comisión y conductores de las comisiones constitucionales.

Vista la transcripción que antecede, ha de precisar la Sala el alcance de la norma en cuanto a la “unidad de trabajo” se refiere. Veamos lo que al respecto señala el artículo 388 de la misma Ley 5ª.

“Unidad de trabajo legislativo de los congresistas. Cada congresista contará, para el logro de una eficiente labor legislativa, con una unidad de trabajo a su servicio integrada por no más de seis (6) empleados y/o contratistas. Para la provisión de estos cargos cada congresista postulará, ante la mesa directiva, en el caso de la Cámara y, ante el director general, o quien haga sus veces, en el caso del Senado, el respectivo candidato para su libre nombramiento y remoción o para su vinculación por contrato.

La planta de personal de cada unidad de trabajo legislativo de los congresistas se conformará dentro de las posibilidades que permite la combinación de rangos y nominaciones señalados en este artículo a escogencia del respectivo congresista. El valor del sueldo mensual de dicha planta o unidad de trabajo no podrá sobrepasar el valor de treinta y cinco (35) salarios mínimos para cada unidad...”.

Significa lo anterior, que la “unidad de trabajo legislativo”, es una especie de nómina o planta de personal, integrada por no más de seis (6) empleados y/o contratistas, para el logro de una eficiente labor administrativa, cuyos candidatos serán promovidos en el caso del Senado, ante el director general para su libre nombramiento y remoción.

Precisado lo anterior, la Sala se aparta entonces del criterio expuesto por el tribunal del conocimiento, al señalar en su providencia que la demandante no se encuentra ubicada en la situación jurídica del numeral 5º, artículo 376 de la Ley 5ª de 1992, sin que por tanto sea necesaria la solicitud previa de la mesa directiva o de los parlamentarios, para proceder a retirarla del servicio.

Como bien se observa en el comentado numeral 5º del artículo 376, es requisito sine qua non para poder remover del cargo a un funcionario de libre nombramiento y remoción, como lo es la demandante en el caso sub judice, la solicitud previa de la mesa directiva o de los parlamentarios mismos, con la cual ahí sí, el director general del Senado podía entrar a proferir el acto de insubsistencia que en el sub examine se demanda.

Pero aun en el supuesto de que la formalidad contemplada en el numeral 5º como requisito para desvincular del servicio al funcionario de libre nombramiento y remoción, admitiese discusión alguna, la imperiosidad del mismo se refuerza de manera evidente con lo preceptuado en el artículo 388 de la Ley 5ª que se comenta, porque sin lugar a equívocos esta última disposición reitera la exigencia del requisito y caracteriza la naturaleza de las “unidades de trabajo legislativo” de los congresistas, lo cual define y particulariza el caso sub judice.

No obstante, valga precisar que si bien es cierto la Sala se ha pronunciado en otras oportunidades respecto de la competencia radicada en la mesa directiva del Senado para declarar la insubsistencia de funcionarios y empleados al servicio de esa célula legislativa del Congreso, ello por mandato de claras disposiciones consagradas en las leyes 52 de 1978 y 28 de 1983, dicha competencia tiene hoy su modus operandi en la Ley 5ª de 1992, por la cual se expide el reglamento del Congreso, del Senado y de la Cámara de Representantes.

En efecto, mediante sentencia de julio 18 de 1996, expediente Nº 7152, actora Nancy Núñez Torres, este despacho dijo:

“En consecuencia, no puede alegarse incompetencia de la comisión de la mesa directiva del Senado para declarar la insubsistencia del nombramiento de la demandante como directora de la dirección general de asesoría técnica de esa corporación, por cuanto si por mandato legal le correspondía a esa autoridad administrativa el nombramiento de quienes ocuparan ese empleo, ello quiere decir, que también ostentaba la facultad de declarar insubsistente tal designación, como se hizo en el sub lite, tanto en lo que respecta al nombramiento como a la remoción de la accionante”.

En igual sentido se pronunció la Sala en providencia de septiembre 5 de 1996, dentro del proceso 9097, actora Luz Amanda Ante Flor, con ponencia del consejero doctor Javier Díaz Bueno, en la que se ratifica la competencia de la mesa directiva del Senado para estos casos, con fundamento en las normas atrás citadas.

Al entrar en vigencia la precitada Ley 5ª, la situación de la demandante en este caso queda evidentemente cobijada por este estatuto. Estima la Sala que como quiera que los hechos narrados en el sub lite, y la declaratoria de insubsistencia ocurrieron dentro de su vigencia, el director general del Senado podía remover de su cargo a la actora, a solicitud de la mesa directiva o de los parlamentarios, de conformidad con la facultad prevista en el numeral 5º, artículo 376 de la Ley 5ª que se comenta, requisito no cumplido, y norma dentro de la cual encaja el caso examinado.

En el presente caso, ante la preceptiva de las normas transcritas y su análisis correspondiente y ante el hecho evidente de que el acto acusado por el cual se declara la insubsistencia del nombramiento de la actora en el cargo que ejercía, careció del requisito previo que el numeral 5º, artículo 376 de la Ley 5ª de 1992 exige para estos casos, los cargos que se formulan en el libelo introductorio de la demanda como vicio de los que adolece, tienen prosperidad por las razones ya expuestas.

Por consiguiente, no era viable que la actora fuera desvinculada del servicio en la forma como se hizo, por lo que los actos enjuiciados deben ser anulados, ordenándose el correspondiente restablecimiento del derecho y la indexación de las sumas adeudadas por concepto de salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir durante el tiempo cesante».

(Sentencia de marzo 25 de 1999. Expediente 15.979. Consejero Ponente: Dr. Silvio Escudero Castro).

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