Sentencia 15984 de enero 26 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Número interno: 15984

Expediente: 23000-23-27-000-2004-00920-01

Consejero Ponente (E):

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Actor: Consorcio Metalúrgico Nacional S.A. Colmena

C/Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Fallo

Bogotá, D.C., veintiséis de enero de dos mil nueve.

EXTRACTOS: « Antecedentes

La sociedad Consorcio Metalúrgico Nacional S.A. Colmena presentó la declaración del impuesto de renta del año gravable 2000, en la cual registró como deducción la suma de $ 207’030.000 que fue objeto de hurto.

La Administración de Impuestos de Bogotá previo requerimiento especial, profirió la liquidación oficial de revisión 310642002000095 de 4 de octubre de 2002, para rechazar dicha deducción e imponer sanción por inexactitud.

El acto anterior fue confirmado en reconsideración mediante la Resolución 310662003000061 de 20 de octubre de 2003.

(...).

Consideraciones

En los términos del recurso de apelación la Sala debe establecer si el dinero tiene el carácter de activo para efectos de la deducción por la pérdida del mismo.

El artículo 148 del estatuto tributario, invocado en la demanda, autoriza la deducción de las pérdidas sufridas durante el periodo gravable, de los bienes usados en la actividad productora de renta y ocurridas por fuerza mayor.

Para efectos fiscales los activos movibles son los bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente, a diferencia de los activos fijos que no tienen esta destinación [E.T., art. 60].

Aunque el apelante no clasifica el dinero como activo movible o fijo, en todo caso le otorga el carácter de activo para efectos de la deducción consagrada en el artículo 148 citado, a pesar de reconocer que es un bien fungible.

El artículo 663 del Código Civil, clasifica los bienes muebles en fungibles y no fungibles y establece que las especies monetarias en cuanto perecen para el que las emplea como tales, son cosas fungibles.

La doctrina ha clasificado los bienes en consumibles como aquellos que desaparecen con el primer uso y no consumibles los que por el contrario, permiten una reiterada utilización (1) , caso en el cual se encuentra el dinero si se tiene en cuenta que se puede seguir usando sin causar su destrucción.

De acuerdo con lo anterior, al dinero no se le puede dar el tratamiento de un bien susceptible de valoración para ser enajenado dentro del giro ordinario del negocio, porque no tiene esa finalidad y el hecho de formar parte del patrimonio de una persona no cambia su naturaleza.

Si bien, a través del dinero el contribuyente realiza operaciones con el fin de producir renta, esa circunstancia evidencia que lo utiliza como medio de pago, no como un bien del cual espera obtener una utilidad.

De tal manera que la finalidad de pagar la nómina que en el presente caso esperaba cumplir la demandante con el dinero que le fue hurtado, no justifica el tratamiento de bien deducible que le dio porque contradice lo dispuesto en el artículo 148 citado.

En esas condiciones, es irrelevante examinar las pruebas allegadas para determinar si el hurto de la suma deducida, correspondió a un hecho de fuerza mayor o caso fortuito.

De otra parte, la sanción por inexactitud debe mantenerse por cuanto no existe la diferencia de criterio cuando se presenta un desconocimiento del derecho como el presente caso.

La discrepancia entre el fisco y la contribuyente debe consistir en una argumentación sólida que aunque equivocada, permita concluir que su interpretación en cuanto al derecho aplicable le permitió creer que su actuación estaba amparada legalmente y no cuando se presentan argumentos que a pesar de su apariencia jurídica carecen de fundamento objetivo y razonable (2) .

La demandante a pesar de reconocer el carácter fungible del dinero y que no se clasifica en movible o fijo, en todo caso le otorga la calidad de activo (fl. 188, cdno. p.) sin respaldo legal, para insistir en la deducción solicitada.

Las razones anteriores son suficientes para confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia objeto de apelación.

RECONÓCESE a la abogada Amparo Merizalde de Martínez como apoderada de la demandada en los términos y para los fines del poder conferido.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase al tribunal de origen.

Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) Arturo Valencia Zea, Derechos reales, 1996.

(2) Sentencia de 27 de octubre de 2005, Expediente 14725, C.P. Ligia López Díaz.

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