Sentencia 15986 de diciembre 7 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

SANCIÓN POR NO ENVIAR INFORMACIÓN A LA DIAN

Se debe graduar atendiendo a las circunstancias de cada caso.

EXTRACTOS: «El debate en la presente instancia se concreta en determinar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la administración de Impuestos Nacionales de Personas Naturales de Bogotá impuso a la sociedad Distribuciones y Representaciones Granadina Ltda., Grandina Ltda., la sanción consagrada en el artículo 651 del estatuto tributario por no enviar la información por el año gravable de 1999 de que trata el artículo 631 ibídem, en concordancia con la Resolución 1975 de 1999.

Vistos los antecedentes administrativos se observa que mediante el pliego de cargos Nº 320632001000395 de fecha 27 de septiembre de 2001 se propuso a la sociedad actora la sanción por no enviar la información de que tratan los literales e, f, hei del artículo 631 del estatuto tributario, en cuantía de $ 199.400.000. A dicho pliego de cargos la sociedad dio respuesta el 27 de octubre de 2001 en la cual controvierte la sanción propuesta y anexa la información requerida, subsanando su omisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 651 del estatuto tributario, motivo por el cual solicitó que no se aplicara la sanción inicialmente propuesta.

Posteriormente por medio de la Resolución 320642002000233 de 2 de abril de 2002, la DIAN impuso a la actora una sanción de $ 182.4000.000,(sic) la cual fue el resultado de aplicar el porcentaje consagrado en el literal a del inciso 1º del artículo 651 del estatuto tributario, al valor de la información no suministrada por la contribuyente manifestada con la respuesta al pliego de cargos.

Al resolverse el recurso de reconsideración, la administración consideró que procedía sancionar a la contribuyente por no enviar la información dentro del plazo señalado en la Resolución 1975 de 1999; pues la demora injustificada en la que incurrió la sociedad, retrasa todo el proceso de auditoría sobre las declaraciones que de una u otra forma están relacionadas con la información que esta debía presentar; dentro del mismo escrito, rechazó la solicitud de reducción del diez por ciento (10%) de la sanción, ya que la actora solo cumplió con uno de los requisitos exigidos para acceder a este beneficio.

El tribunal declaró la nulidad parcial de los actos demandados y en su lugar fijó la sanción en la suma de $ 18.904.761, pues consideró que si bien procedía la sanción se debía dar aplicación a los principios de equidad, proporcionalidad y razonabilidad.

En primer término, la Sala precisa que el hecho por el cual se impuso sanción a la actora fue por no enviar la información a que estaba obligada, según lo preceptuado en el artículo 631 del estatuto tributario en concordancia con la Resolución 1975 de 1999, según la cual, quienes en el último día del año gravable 1998, hubieren poseído un patrimonio bruto superior a $ 2.467.800.000 o cuando los ingresos brutos hubieren sido superiores a $ 4.935.600.000, debían presentar la información en medios magnéticos. La norma indicada prevé dos eventos en los cuales se estaría obligado a cumplir con la obligación tributaria de presentar información en medios magnéticos, como son, tener un patrimonio o unos ingresos superiores al tope fijado. Así que de estar en cualquiera de las dos circunstancias surgiría per se el deber de informar y en caso de incumplimiento daría lugar a la imposición de la sanción.

Por lo esgrimido, la Sala considera que si bien los actos demandados se ajustan a derecho en cuanto imponen a la actora sanción por el incumplimiento de una obligación de carácter tributario, pero no dan aplicación a los criterios de proporcionalidad, equidad y justicia que deben ser observados en todas las actuaciones fiscales, incluidas las derivadas de omisiones y yerros de los contribuyentes, pues como se ha reiterado en anteriores oportunidades, el artículo 651 del estatuto tributario establece un margen de flexibilidad que permite a la administración graduar la sanción atendiendo a las circunstancias de cada caso, para lo cual debe explicar los factores que se tienen en cuenta para aplicar el porcentaje específico, ubicándola dentro de los dos extremos previstos en la norma, ya que no puede llegarse válidamente a aplicar el porcentaje más alto por la simple ocurrencia de la conducta sancionable, pues tal proceder haría inoperante la norma.

En esta oportunidad si bien la infracción se consumó, la parte actora, aunque extemporáneamente, allegó la información que no había suministrado, con lo cual se puso en evidencia su interés en colaborar con la administración. De otra parte, la información suministrada por la actora a pesar de ser presentada con posterioridad a la notificación del pliego de cargos, fue validada conforme a certificación del 29 de octubre de 2001, visible a folio 16 del expediente esto es, antes de la notificación de la resolución sanción, por lo cual se entiende que a pesar de no haberse suministrado dentro de la oportunidad legalmente establecida, fue presentada y validada por la administración, cumpliendo su cometido.

Por lo tanto, no entiende la Sala, cuáles fueron las razones que la administración adoptó para darle aplicación al tope máximo de la sanción, pues aunque se alegue que es “discrecional” la graduación de la sanción debe estar motivada o presidida al menos por el espíritu de justicia, de suerte que el legislador al usar el término “Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea” (destacado fuera de texto), le impone a la administración el deber de graduar la sanción dentro del margen señalado, luego para tasar el porcentaje a imponer, hay que tener en cuenta si la información fue o no suministrada, así como la consistencia y oportunidad en la presentación de la misma, de lo contrario se podría catalogar de arbitrario, cuando no hay motivo o causa justificativa para no graduar la sanción de acuerdo a las circunstancias que rodearon el caso.

Ahora, para la Sala tampoco resulta razonable y proporcionada la sanción fijada por el tribunal y equivalente al (0.3%) de la información no suministrada y que asciende a la suma de $ 18.904.761, ubicándola prácticamente en el otro extremo señalado en la norma e imponiendo una sanción mínima, toda vez que la infracción se consumó, pues la demandante no envió dentro del término fijado para ello, la información relacionada con los beneficiarios de los pagos o abonos, de los que recibieron ingresos, de los acreedores y de los deudores; necesarias para que la administración en desarrollo de su función fiscalizadora pudiera efectuar cruces de información para el debido control de los tributos, por lo no que(sic) de ningún modo, puede justificarse el incumplimiento del contribuyente de un deber legal accesorio como es el enviar información.

La Sala en aplicación de los principios de equidad, proporcionalidad y justicia, atendiendo que la infracción se consumó, pero que la información fue suministrada por el demandante dentro del procedimiento sancionatorio, y validada por la administración, además que no está determinado el perjuicio ocasionado a la administración ni el beneficio del contribuyente por no informar, graduará la sanción aplicando una tasa del 1%, sobre las sumas no informadas, cuantificada por la administración en el pliego de cargos en $ 6.301.587.000, obteniendo como resultado un valor de $ 63.015.870, cifra inferior al valor máximo imponible para el año de 1999.

Las anteriores razones son suficientes para concluir la procedencia de la graduación de la sanción por no enviar información impuesta a la actora y en consecuencia la Sala procederá a revocar parcialmente la sentencia en primera instancia en cuanto fijó la cuantía de la sanción en el 0.30 del valor total de la información omitida, para en su lugar, fijar como monto de la sanción la suma de$ 63.015.870.

Como el demandante acreditó pagar la suma de $ 18.240.000, como obra a folio 7 c.p., la administración, previa las verificaciones del caso, tendrá en cuenta el pago mencionado para efectos del cobro del monto que se determina en esta providencia».

(Sentencia de 7 de diciembre de 2006. Expediente 15986. Consejero Ponente: Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié).

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