Sentencia de casación de marzo 16 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

CONTRATOS CELEBRADOS POR DEMENTES

PRUEBA DE LA DEMENCIA

EXTRACTOS: «En la celebración de un contrato puede acontecer que los contratantes se desentiendan de las exigencias legales para su validez, ya de carácter interno o de fondo, ora de linaje externo o de forma y, así en tal evento, la relación contractual, así celebrada, se encuentra afectada en su legalidad, y más concretamente, es nula.

2. Según la entidad del vicio en que se hubiere incurrido en el ajuste del negocio jurídico, la nulidad puede ser absoluta o relativa, tal como lo precisa el artículo 1740 del Código Civil. Y uno de los motivos que señala la legislación como constitutivos de la primera especie está el de haber intervenido en la celebración del contrato una de aquellas personas que la ley, atendiendo a la edad o las deficiencias fisiológicas o mentales, los califica de absolutamente incapaces, señalando como tales a los impúberes, a los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito y, además, a los dementes (C.C., arts. 1504 y 1741).

3. Está fuera de toda duda, entonces, que entre los incapaces absolutos figura el demente. Y cuando una persona, que se dice estar demente, celebra un negocio jurídico, para determinar la nulidad o validez del mismo, a su vez hay que distinguir dos hipótesis: los negocios jurídicos celebrados con posterioridad al decreto de interdicción judicial y los celebrados sin mediar tal decreto. Respecto de los celebrados dentro de la órbita de la primera hipótesis, con claridad dispone el artículo 553 del Código Civil que “serán nulos aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido”. Con relación a la segunda hipótesis, o sea, los celebrados sin que exista decreto de interdicción judicial, la situación también es clara, pero diferente, como quiera que el mencionado precepto expresa que “los actos o contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción, serán válidos; a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente”.

4. Las hipótesis antes reseñadas exteriorizan, a su vez, dos presunciones, la una de derecho y la otra legal, las cuales ciertamente aparecen establecidas en el artículo 553 del Código Civil, que la jurisprudencia de la Corte las ha afirmado de la siguiente manera:

“a) Presunción de derecho de incapacidad del interdicto. Es de derecho la presunción de incapacidad del interdicto por demencia, porque el mencionado artículo 553 establece que serán nulos los contratos que celebre “aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido”. De esta suerte, para declarar la nulidad de todo acto o contrato celebrado por un interdicto por demencia, basta acreditar que con anterioridad se había declarado la interdicción”; no es necesario, pues, demostrar que estaba entonces demente.

b) Presunción legal de capacidad del no interdicto. En cambio la presunción de capacidad es legal, porque el citado artículo 553, en su segundo inciso, admite desvirtuarla si se demuestra que la persona que celebró o ejecutó el acto o contrato “estaba entonces demente”. Por consiguiente, las actuaciones en la vida civil de las personas legalmente capaces que no han sido declaradas en interdicción judicial por insanidad de juicio, están amparadas por la referida presunción legal de capacidad y en tal virtud son válidas, mientras no se declare judicialmente lo contrario. Para este efecto será necesario la plena prueba de que la persona que los celebró padecía entonces una grave anomalía síquica” (Cas. Civ. de 25 de mayo de 1976).

5. Según la reflexión doctrinal precedente, que tiene un claro soporte en la ley civil y en el derecho probatorio, se tiene que para determinar si un contrato celebrado por un demente es válido o, por el contrario, es nulo, es preciso acudir a la distinción antes enunciada, porque si se trata de un demente interdicto, quien alega la nulidad sólo le basta con demostrar que el contratante se encontraba sometido a interdicción vigente y que el negocio jurídico se celebró con posterioridad a tal decreto. Para nada interesa que el contratante, al momento de celebrar el pacto, se encuentre ciertamente en un intervalo lúcido, pues como quedó visto, la incapacidad del demente interdicto se presume de derecho. Empero, si la hipótesis es la otra, o sea, la del demente no interdicto, quien alegue la nulidad del acto o contrato celebrado por éste, le corresponde acreditar que en el tiempo en que se celebró el negocio jurídico, dicha persona padecía una perturbación síquica y, por demás, no de cualquier índole, sino de tal entidad, que adolezca de un desarreglo en sus facultades mentales que le impida emitir un consentimiento pleno, con conciencia de la naturaleza del acto o contrato y sin confusión de espíritu en su proceder o actuación.

6. Es cierto, como principio general, que en tratándose de la prueba de linaje testimonial, la misión y órbita propia de los testigos es la deponer sobre hechos concretos, por ellos percibidos, antes que la de emitir opiniones o sacar consecuencias de los hechos por ellos presenciados. Pero cuando el declarante viene revestido de conocimientos científicos o de conocimientos especiales sobre determinada materia, fácilmente se advierte que declarantes de esa especie conducen o pueden conducir a demostrar con certeza un hecho por ellos narrado, que han percibido y que lo fundamentan en los conocimientos científicos o especiales que tienen. Esta fue la razón, para que a la postre, se admitiera en el derecho probatorio, la figura del testimonio técnico, que en Colombia se encuentra consagrado en el inciso final del artículo 227 del Código de Procedimiento Civil, al expresar que el juzgador rechazará las preguntas orientadas a provocar conceptos del declarante, “excepto cuando se trate de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia”.

7. Ahora bien, aunque el medio de convicción más idóneo para establecer las perturbaciones mentales de una persona es ciertamente la prueba de peritos versados en la ciencia de la siquiatría, se tiene que a partir de la vigencia del Código de Procedimiento Civil ( jul. 1º/71), no tratándose de procesos de interdicción (art. 659), puede lograrse mediante el testimonio técnico, cuando el médico siquiatra, por ejemplo, ha tratado al paciente y al testimoniar sobre su estado conceptúa que padecía de enfermedad mental cuando lo trató.

De suerte que en la legislación probatoria colombiana, no ofrece dificultad para concederle eficacia probatoria al testimonio técnico, el cual se da cuando una persona, sin invadir la esfera propia de la prueba pericial, narra hechos por él percibidos y, por demás, con motivo de sus conocimientos científicos, técnicos o artísticos que tiene sobre los hechos referidos, emiten conceptos apoyados en los conocimientos que ciertamente tiene en ese punto. Empero, no es propio del testigo técnico, en la narración de los hechos, emitir conceptos sobre las causas o los efectos futuros del hecho por él referido, porque se trata de aspectos no percibidos por él, que, en tal evento, resultan ser de la órbita de la prueba pericial, que es el medio de convicción pertinente para dictaminar sobre esos juicios de valor, tal como lo tiene explicado la doctrina más aceptable».

(Sentencia de casación, marzo 16 de 1993. Magistrado Ponente: Alberto Ospina Botero).

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