Sentencia 16013 de enero 29 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 11001-03-27-000-2006-00017-00 (16013)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Sociedad Palmas Oleaginosas Bucarelia S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bucaramanga.

Bogotá; D.C., veintinueve de enero de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala estudiar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se modificó la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable de 2001 a cargo de la Sociedad Palmas Oleaginosas Bucarelia S.A.

El asunto jurídico a dilucidar versa en determinar si es posible que el contribuyente en uso de la facultad de corrección voluntaria [E.T., art. 588] disminuya del valor de los activos fijos [depreciables y no depreciables] en lo referente a los reajustes que contemplaba el artículo 65 de la Ley 75 de 1986 aplicados hasta el año de 1991, y los ajustes integrales por inflación aplicados sobre el costo de los bienes reajustados desde el año de 1992 a 2001, con su consecuente incidencia en un menor valor del patrimonio bruto y líquido del período.

Al respecto la Sala observa que en el Acta de Inspección Tributaria 00030 de junio 22 de 2004 [fl.134, e.], se verificó el patrimonio de la sociedad, con el análisis de los ajustes y modificaciones realizados desde el año de 1990 hasta el 2001, de manera que hasta la vigencia de 1991 aplicó los reajustes fiscales pertinentes [L. 75/86, art. 65] y a partir del año gravable de 1992, los ajustes integrales por inflación sobre el costo reajustado, para integrar su costo fiscal, como lo muestra el siguiente cuadro:

Activos con reajustes fiscalesReajustes (L. 75/86, art. 65)Ajustes por inflaciónTotal costo fiscal/ año 2001
Cultivos de palma2.4619.36311.824
Terrenos198749947
Edificaciones67253320
Maquinaria [más de 10 años]96136144576
Total368713.97917.667
*Cifras en millones

La sociedad realizó ajustes contables al patrimonio sobre los activos fijos citados, al reversar el valor de los reajustes fiscales más los ajustes por inflación, por lo cual el 25 de septiembre de 2002 corrigió la declaración de renta y complementarios del año gravable de 2001 para disminuir su valor en $ 17.667.665.000.

No obstante, el 5 de marzo de 2004 volvió a corregir el denuncio rentístico para aumentar la cuantía de los activos fijos no depreciables en la suma de $ 2.126.861.000, a fin de declararlos de acuerdo con los avalúos catastrales de los predios.

La administración propuso la modificación de la liquidación privada con el objeto de incluir los reajustes y ajustes por inflación de los activos fijos excluidos por la sociedad contribuyente así:

— Activos fijos no depreciables declarados en $ 4.008.728.000 lo aumentó a $ 4.956.208.000.

— Activos fijos depreciables registrados por $ 30.965.878.000 lo aumentó a $ 47.686.063.000.

— Patrimonio bruto de $ 26.463.159.000 a $ 44.130.824.000.

— Patrimonio líquido de $ 15.355.413.000 a $ 33.023.078.000.

En su momento, la Ley 75 de 1986 [art. 65] permitió que en las declaraciones de renta y patrimonio correspondientes al año gravable de 1986, los contribuyentes ajustaran al valor comercial el costo de los activos fijos poseídos a 31 de diciembre de dicho año, ajuste que se tenía en cuenta para efectos de determinar el costo fiscal en caso de enajenación del activo.

Ahora bien, el artículo 267 del estatuto tributario establece que el valor patrimonial de los bienes o derechos apreciables en dinero, incluidos los semovientes y vehículos automotores de uso personal poseídos en el último día del año o período gravable, está constituido por su precio de costo, de acuerdo con las reglas pertinentes contenidas en el mismo ordenamiento.

Es así como tratándose de activos fijos su costo está integrado por el precio de adquisición o el costo declarado en el año inmediatamente anterior, más el valor de los reajustes (art. 70, ib.); el costo de las adiciones y mejoras en el caso de bienes muebles, construcciones, mejoras, reparaciones locativas no deducidas y contribuciones de valorización en el caso de inmuebles; menos la depreciación u otras disminuciones fiscales correspondientes al respectivo año o período gravable [E.T., art. 69].

De otra parte, el artículo 70 ibídem permite para los contribuyentes no obligados a aplicar ajustes integrales por inflación y para los obligados antes de su entrada en vigencia (año 92), ajustar anualmente el costo de los bienes que tengan el carácter de activos fijos en el porcentaje señalado en el artículo 868 ibídem.

Para quienes deben aplicar el sistema integral de ajustes por inflación [los que llevan libros de contabilidad], la base para aplicar los ajustes sobre los activos no monetarios, es el costo fiscal determinado según lo dispuesto en el capítulo II del título I y en los capítulos I y III del título II del libro I del estatuto fiscal, junto con el artículo 65 de la Ley 75 de 1986 [E.T., artículo 353 (1) ]. Esa misma base se debía utilizar para declarar el valor patrimonial de los activos.

Del contexto normativo que enmarca el caso en estudio, la Sala colige que una vez el contribuyente utilizara la prerrogativa fiscal otorgada por el artículo 65 de la Ley 75 de 1986, es decir, ajustara a precio comercial los activos fijos poseídos a 31 de diciembre de 1986, y de ahí en adelante hasta el año de 1991, efectuara los reajustes equivalentes al ciento por ciento del incremento porcentual del índice de precios al consumidor (IPC) en atención a lo dispuesto en los artículos 70 y 868 del estatuto tributario, y antes de entrar en vigencia la aplicación de los ajustes integrales por inflación (1992), tales valores entraron a formar parte del costo fiscal de los bienes y por ende, de su valor patrimonial declarado en las liquidaciones privadas, que al no haber sido objeto de modificación en la oportunidad legal respectiva, impiden por efecto de su firmeza, que diez años después con ocasión de la corrección del denuncio de renta de 2001, sean excluidos por la sociedad.

De tal manera, que si bien es cierto que el legislador previó en la Ley en comento [75/86] una alternativa tributaria [derecho] de acercar a valor comercial los activos fijos, en aras de evitar la tributación sobre una ganancia ocasional ficticia, como lo sostiene la actora, también lo es que si el contribuyente deseaba excluir los reajustes del costo fiscal de los activos fijos, debía hacerlo dentro del plazo legal para modificar las declaraciones de renta de los periodos 1986 a 1991, para que se reflejara en esa forma dentro del haber patrimonial.

Pues una vez vencida la oportunidad para realizar las correcciones de las declaraciones, en concreto la correspondiente al año gravable de 1991, y ante la obligatoriedad del sistema de ajustes por inflación a partir del año gravable de 1992, su aplicación se basaba en el valor patrimonial de los bienes a 31 de diciembre de 1991, que incluyen los reajustes fiscales por ser parte integrante de su costo fiscal.

Por ello, de ahí en adelante para los períodos gravables siguientes (1993 y posteriores incluido el año en discusión de 2001), el procedimiento para realizar el ajuste integral por inflación de activos fijos poseídos durante todo el año, parte del costo del bien en el último día del año anterior, que para declararlo en la vigencia fiscal se incrementaba con el resultado obtenido de multiplicarlo por el PAAG [E.T., art. 332].

La cifra obtenida de costo fiscal ajustado por inflación es el valor patrimonial por el cual deben ser declarados los activos fijos [art. 353, ib.], en cada uno de los años gravables en que tuvo vigencia este sistema.

Lo anterior indica que tanto los reajustes como los ajustes integrales por inflación forman parte del costo fiscal de los bienes e inciden como rubro patrimonial en la liquidación privada, de ahí que no sea posible que el contribuyente utilice la facultad de corrección voluntaria [E.T., art. 588], para modificar guarismos patrimoniales respecto de los cuales se presume su veracidad y ha operado su firmeza [arts. 746 y 714, ib.].

Entonces, la discusión no recae en si el reajuste fiscal concebido en la Ley 75 de 1996 era un derecho renunciable y por ende los ajustes por inflación aplicados sobre ellos, sino en que fue una opción que al ser utilizada en los periodos pertinentes [1986 a 1991] se agotó, y al no ser objeto de modificación en la oportunidad legal es costo fiscal de los activos fijos y por ende, base para aplicar en las vigencias fiscales posteriores los ajustes integrales por inflación, con su configuración como valor patrimonial [E.T., arts. 267 y 353].

De otro lado, la sociedad actora ha argumentado que su actuación de disminuir los reajustes y ajustes por inflación de los activos fijos declarados en el año 2001, se sustentó en los Conceptos emitidos por la DIAN identificados con los números 59415 de junio 29 de 1999 y en el 25692 de 2000.

Al respecto la Sala observa que en el primer concepto citado [59415/99, fl. 110 e.] el tema objeto de estudio fue el referente al procedimiento para disminuir el saneamiento fiscal previsto en el artículo 80 de la Ley 223 de 1995, en donde se permitió a los contribuyentes en las declaraciones de renta y complementarios del año gravable de 1995, ajustar a valor comercial los bienes raíces poseídos a 31 de diciembre de ese año, sin que generara renta por comparación patrimonial, ni sanciones, ni investigaciones, y cuyo ajuste se tendría en cuenta en el momento de la enajenación.

La tesis jurídica giró en torno a que era procedente bajar el costo del bien a precio comercial, siempre y cuando dentro del término señalado en la ley, se corrigiera la declaración de renta y complementarios del año gravable de 1995, de acuerdo con lo normado en el artículo 588 del estatuto tributario, aspecto que también cubría las declaraciones de renta de años posteriores.

Por tanto, la Sala aprecia que en la doctrina mencionada se trata una situación diferente a la disminución de los reajustes del artículo 65 de la Ley 75 de 1986 y los ajustes por inflación aplicados sobre ellos, en la medida en que se refiere a la reversión del ajuste a valor comercial de bienes raíces en la declaración de renta de 1995, en donde los efectos fiscales y el manejo a nivel de normatividad es diferente, aun cuando se enfatiza en que la corrección de la declaración en donde se hizo uso del beneficio tributario [saneamiento fiscal], o sea, la del año gravable de 1995, debía realizarse en la oportunidad legal, aspecto que guardadas las proporciones, y como se ha explicado en acápites anteriores, implicaría que el desmonte de ajustes pretendido por la actora en el período de 2001, es imposible por la firmeza de las declaraciones de 1986 a 1991.

En cuanto al Concepto 25692 de marzo 22 de 2000 (fl. 109, e.), se observa que hace mención a la prerrogativa de los contribuyentes obligados a aplicar ajustes integrales por inflación, de abstenerse de efectuarlos cuando demostraban que el valor de mercado del activo es por lo menos inferior en un treinta por ciento (30%) al costo que resultaría si se aplicara tal ajuste, previa notificación de la decisión al administrador con dos meses de anticipación a la fecha de vencimiento del término para declarar, lo que de igual forma es una situación tanto fáctica como jurídica diferente a disminuir los reajustes y ajustes por inflación con incidencia en el costo fiscal y valor patrimonial de los activos fijos durante varios períodos fiscales.

Así las cosas, es improcedente que la accionante de visos de legalidad a su proceder tributario, con una doctrina oficial ajena al asunto debatido.

De otra parte, la Sala no encuentra que en el acto oficial de revisión cuestionado se aplicara retroactivamente el Concepto 51652 de agosto 17 de 2004, puesto que desde el principio con el requerimiento especial se advirtió que los reajustes [L. 75/86 ] y ajustes por inflación hacían parte del costo fiscal de los activos fijos, constitutivos de valor patrimonial del bien en el último día del año gravable, por eso no podían ser excluidos, de manera que existe identidad en el hecho, sin perjuicio de una mejor argumentación jurídica.

De todas maneras, vale la pena señalar que en el caso de bienes sobrevaluados en relación con su precio comercial por efecto de la aplicación de los ajustes integrales por inflación, el ordenamiento fiscal [E.T (2) , art. 34] preveía la facultad del contribuyente de notificar al administrador de impuestos respectivo, la decisión de no efectuar ajustes, siempre que demostrara que el valor de mercado del activo es por lo menos inferior en un treinta por ciento (30%) al costo que resultaría del ajuste respectivo, informe que debía efectuarse por lo menos con dos (2) meses de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo para declarar.

Ahora bien, la sociedad actora manifiesta que en la corrección de la declaración de renta de 2001 del 5 de marzo de 2004, aumentó el valor de los activos fijos depreciables en $ 2.126.861.000, para declararlos de acuerdo con el avalúo catastral de los predios [$ 4.008.728.000, fl. 18 c.a.], de ahí que la adición patrimonial de los actos oficiales no debía ser por $ 17.677.665.000, sino por $ 15.540.804.000.

Frente a lo anterior, la Sala observa que tanto en la corrección citada, como en las dos anteriores [abr. 9 y sep. 25/2002], la finalidad era excluir del valor de los activos fijos los “reajustes y ajustes fiscales” en la cuantía mencionada de $17.677.665.000, de manera que no se trata de reajustes fiscales eliminados en la primera corrección (sep. 25/2002), y adicionados con ocasión de la segunda modificación (mar. 5/2004], sino de su adecuación a los valores catastrales, para mostrar el valor real de su patrimonio.

En atención a todo lo dicho, ninguno de los cargos propuestos en el libelo demandatorio tiene vocación de prosperidad, razón por la cual la Sala encuentra que los actos administrativos demandados se ajustan a derecho, y por ende, se impone negar las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

DENIEGANSE las súplicas de la demanda

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) Los ajustes integrales por inflación fueron derogados por el artículo 78 de la Ley 1111 de diciembre 27 de 2006.

(2) Los ajustes integrales por inflación fueron derogados por el artículo 78 de la Ley 1111 de diciembre 27 de 2006.

Expediente: 16013

Sociedad Palmas Oleaginosas

Única instancia

Hechos: La DIAN modificó a través de liquidación oficial de revisión, la declaración de renta y complementarios del año gravable de 2001, al proponer un mayor valor en relación con los activos fijos, y por ende en la suma total de patrimonio bruto y líquido, porque no resulta procedente disminuir los reajustes fiscales y los ajustes por inflación del valor fiscal de los bienes declarados en esa vigencia fiscal.

Demanda: La sociedad actora alega que mientras el contribuyente no enajene los activos, los reajustes fiscales de la Ley 75 de 1986 son renunciables, de tal manera que quienes optaron por adicionar estos reajustes pueden validamente renunciar al beneficio por una vez y excluir el reajuste antes de su enajenación, con el fin de que el patrimonio no se encuentre sobreestimado por encima de su valor real.

Proyecto: Se niegan las súplicas de la demanda, puesto que los reajustes [L. 75/86] y ajustes por inflación hacían parte del costo fiscal de los activos fijos, constitutivos de valor patrimonial del bien en el último día del año gravable, por eso no podían ser excluidos. Ahora, en caso de estar los bienes sobrevaluados en relación con su precio comercial por efecto de la aplicación de los ajustes integrales por inflación, el ordenamiento fiscal [E.T., art. 341] preveía la facultad del contribuyente de notificar al administrador de impuestos respectivo, la decisión de no efectuar ajustes, siempre que demostrara que el valor de mercado del activo es por lo menos inferior en un treinta por ciento (30%) al costo que resultaría del ajuste respectivo, informe que debía efectuarse por lo menos con dos (2) meses de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo para declarar.

Apoderados: Luz María Nicolasa Escorcia Vargas.

Biviana Nayibe Jiménez Galeano.

ED

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